Los diputados nacionales Agustín Rossi y Jorge Taiana, que fueron ministros de Defensa durante las presidencias de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, cuestionaron severamente en un congreso organizado por el PJ la política de defensa de la administración libertaria, con especial énfasis en “el alineamiento ciego del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel”.

En su exposición, Taiana dijo que “la Argentina necesita Fuerzas Armadas para defender su soberanía nacional y no guardias nacionales como impulsan algunos países”. Advirtió, en ese sentido que “las Fuerzas Armadas no pueden ser auxiliares de las fuerzas de seguridad, porque tienen la función clave de defender la soberanía del octavo territorio del mundo”.

Con una visión crítica, el excanciller afirmó que “el alineamiento ciego del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel representa un error estratégico profundo”. En el mismo sentido, Rossi sostuvo que “una política de defensa autónoma y soberana es imprescindible para convertir a la Argentina en un actor relevante a nivel internacional”, y remarcó la importancia estratégica del país en el escenario global.

Durante sus gestiones en el área de Defensa, ambos exministros promovieron acercamientos con Rusia y con China, a partir de programas de cooperación militar e intercambio en la formación militar y el interés del gobierno de Xi Jinping por participar de la creación de un polo logístico antártico en Tierra del Fuego, proyecto en el que desde hace unos años también fija su mirada el gobierno de Estados Unidos.

Los lineamientos para la defensa del siglo XXI, la soberanía y los desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas fueron los ejes del Congreso de Defensa Nacional organizado por el PJ en su sede de Matheu 130. Estaba previsto que del debate entre los exfuncionarios participara la exministra Nilda Garré, quien no pudo concurrir por problemas de salud. A lo largo de la jornada, la convocatoria reunió al jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, los senadores Jorge Capitanich y José Mayans, y los diputados Kelly Olmos y Mario Roberto Manrique, entre otros dirigentes.

El congreso del PJ apuntó a delinear una mirada integral de la política de defensa, en momentos en que el gobierno de Milei dispuso un recorte de $59.600 millones del presupuesto de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, restituyó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea la capacidad para realizar contrainteligencia militar, lo que se encontraba vedado desde la gestión de Garré.

Rossi, quien preside la Secretaría de Defensa del PJ, llamó a buscar “lineamientos programáticos y consensos que permitan avanzar en una agenda de trabajo común para fortalecer la soberanía nacional, el desarrollo autónomo y la capacidad de decisión estratégica del Estado”.

“Somos el país que tiene la octava superficie del mundo, con una ubicación geográfica de enorme importancia en esta región. Somos uno de los dos países más australes del planeta, con una mirada cercana sobre el Estrecho de Magallanes y una distancia corta hacia la Antártida”, expresó el exministro Rossi.

Y pronosticó que “con una política de defensa adecuada, la Argentina podrá ocupar un lugar mucho más digno en el mundo”. Y, en otra crítica a la gestión actual, advirtió que “las decisiones políticas en materia de defensa no pueden estar sometidas, como ocurre actualmente, al alineamiento internacional”.

Taiana cuestionó decisiones estratégicas del gobierno de Milei y afirmó que “ni la política exterior, ni la defensa pueden construirse a partir de intereses externos o empresariales promovidos por afinidades ideológicas personales”.

Al respecto, reclamó “una estrategia de defensa nacional a largo plazo”, al señalar que ello implica “proteger datos, infraestructura crítica, recursos naturales, capacidades científicas, soberanía tecnológica y capacidad de decisión política”.

Federico “Fred” Machado, quien durante años financió y prestó aeronaves al entonces diputado nacional, José Luis Espert, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos. Tras meses de clamar su inocencia, aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, y el lunes un juez federal evaluará si convalida la negociación, con la que logró quitarse de encima la acusación por narcotráfico.

El acuerdo representa un giro de 180 grados respecto de la estrategia inicial de Machado, quien días después de su extradición en noviembre pasado se había declarado “no culpable” ante el juez Bill Davis y apostaba a un juicio oral por jurados. Pero tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, el otrora financista de la campaña “Avanza Libertad” de 2019 cambió de táctica.

El acuerdo, plasmado en una serie de documentos presentados en los tribunales esta semana, le permite a Machado evitar un juicio por jurados. El dato político y judicial más relevante es que la nueva acusación formal dejó caer el cargo por narcotráfico, que había sido el eje central de la imputación original.

La audiencia de cambio de declaración quedó fijada para este lunes en los tribunales federales de Texas, como parte de la causa United States v. Mercer-Erwin et al., donde la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

Según los documentos en los que Machado reconoció los hechos para sustentar su culpabilidad, cuya copia obtuvo , el rionegrino admitió haber operado una estafa montada sobre la venta de aeronaves que en realidad eran “invendibles”.

Machado reconoció que, junto a su socia y otros coconspiradores, captaba millonarios depósitos de inversores por aviones que, en realidad, pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta.

En uno de los documentos presentados en los tribunales, Machado detalló tres ejemplos de la operatoria delictiva: en septiembre de 2019, lo hicieron con una aeronave radicada en China; en febrero de 2019, con un avión que pertenecía a All Nippon Airways desde 2010 y estaba registrado en Japón; y en noviembre de 2020, con un avión de Air India, sobre el que se firmó un contrato por un depósito reembolsable de US$ 5 millones. De ese monto, US$ 550.000 fueron transferidos directamente a las cuentas de Machado para fines ajenos a la operación.

La trama, según admitió el rionegrino, funcionaba mediante las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing —controladas por él en Florida— en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que actuaba como agente de depósito en garantía (“escrow”, en inglés) y compartía oficinas, recursos y empleados con Aircraft Guaranty Corporation de Texas, propiedad de Mercer-Erwin.

Aunque el acuerdo se centra en los delitos económicos cometidos por Machado en Estados Unidos, la sombra de la política local permanece. Entre otros motivos, porque la Fiscalía mantuvo como evidencia la transferencia de US$ 200.000 que el rionegrino emitió a favor de Espert en enero de 2020.

Documentada a través del Bank of America con la instrucción “further credit to” —una orden de subacreditación que enmascara al beneficiario final— y vinculada a la aeronave con matrícula N28FM, la operación es utilizada por los investigadores para probar la ruta del dinero que utilizó Machado para sus delitos.

Según Espert, cabe aclarar, esa operación se trató de una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de US$ 1 millón del que solo habría cobrado una cuota. Pero la investigación que instruye en la Argentina el fiscal federal Fernando Domínguez no halló pruebas concretas de que Espert haya realizado esa consultoría.

En Texas, en tanto, los cargos que Machado asumió esta semana conllevan penas considerables. Por la conspiración para lavar activos podría afrontar hasta 20 años de prisión, multas de US$ 250.000 o el doble del beneficio obtenido y hasta 3 años de libertad supervisada. Por la conspiración para cometer fraude, la pena de prisión y la multa potencial son similares, pero la libertad supervisada se amplía hasta los 5 años. En la práctica, sin embargo, el cómputo final surgirá del grado de cooperación de Machado, no de la simple suma de los máximos legales.

La defensa apuesta a que el tribunal le compute los seis meses ya cumplidos en Estados Unidos y los cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en las afueras de Viedma, tras su detención en Bariloche en abril de 2021. Su entorno especula con una liberación en meses o, a lo sumo, pocos años, y un eventual regreso a la Argentina cuando salga de prisión.

Por su parte, la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, ya adelantó que avanzará con el decomiso de bienes y activos. La sentencia final quedará en manos del juez Amos Mazzant III, que tendrá la última palabra sobre la homologación del acuerdo y la condena definitiva del hombre que alguna vez proveyó la logística aérea para la campaña de Espert durante 2019.