El juicio oral por la Causa Cuadernos volvió a quedar envuelto en un clima de tensión luego de un fuerte cruce entre el abogado Juan Manuel Ubeira y el fiscal Carlos Stornelli. El episodio ocurrió durante una audiencia virtual y obligó a intervenir al Tribunal Oral Federal N°7.

El incidente se produjo el martes pasado, cuando Ubeira creyó que tenía el micrófono apagado y lanzó un insulto contra el fiscal: “Hijo de p…”. La frase quedó registrada en el audio oficial de la audiencia.

Al trascender el insulto, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le pidió explicaciones al defensor, que este jueves se presentó en la sala Auditorium de Comodoro Py.

Durante su descargo, Ubeira estuvo lejos de excusarse: confirmó que el insulto estaba dirigido a Stornelli y explicó que surgió en medio de una conversación privada con un colega sobre la investigación judicial.

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“Salió el nombre de Stornelli y dije ‘sí, ese hijo de p…’. Eso fue lo que pasó”, sostuvo el abogado ante los jueces. Además, reconoció que suele referirse de esa manera al fiscal fuera del ámbito judicial.

Frente a esa situación, Méndez Signori exhortó al letrado a evitar expresiones “injuriantes” e “impertinentes” durante el desarrollo del juicio.

La relación entre Ubeira y Stornelli arrastra antecedentes de enfrentamientos en otros expedientes judiciales. El abogado había denunciado al fiscal por presuntas maniobras de espionaje mediante cámaras ocultas, en una causa en la que Stornelli terminó sobreseído.

En el juicio por la Causa Cuadernos, donde se investigan supuestos pagos de sobornos durante los gobiernos kirchneristas y hay más de 80 imputados, Ubeira mantiene una postura crítica sobre la aplicación de la Ley del Arrepentido.

Pese a ofrecer disculpas formales ante el tribunal, el abogado dejó una última frase que volvió a reflejar la tensión del debate: “Jamás en la vida un juez o un fiscal me llamó la atención en público; no lo voy a empezar a permitir a esta altura de mi vida”.

La actualidad de la causa Cuadernos

El sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, una pieza clave en la investigación, declaró este jueves durante ocho horas como testigo en el juicio oral por la causa Cuadernos de las coimas, y confirmó que Oscar Centeno, que fuera chofer del exfuncionario del ex Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, le dio las anotaciones que originaron la causa: “No la abrí pero tenía una idea clara de lo que había adentro”.

Tal como se preveía, Bacigalupo fue el único en declarar en esa jornada. Tras un cuarto intermedio, el tribunal decidió que la audiencia continúe el próximo martes, donde el expolicía seguirá respondiendo las preguntas de las partes.

Bacigalupo es quién guardó los cuadernos con las anotaciones de Centeno. El expolicía juró que nunca los leyó, pero se los entregó al periodista de La Nación, Diego Cabot, quién luego los fotocopió y presentó el material ante la Justicia.

Cuadernos corrupción, Stornelli, Justicia

Un grupo de diputados bonaerenses opositores presentó un proyecto ante la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para crear una comisión bicameral que busque la normalización y fiscalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Se trata de un nuevo intento de la oposición de llevar el tema al recinto, en medio de las denuncias por la falta de coberturas y de prestaciones.

La iniciativa fue presentada por los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) Priscila Minnaard, Alejandra Lorden y Valentin Miranda. Buscan que de esta manera se fiscalizar y normalizar el servicio de la obra social de la provincia de Buenos Aires.

“La iniciativa propone conformar una comisión integrada por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, destinada a auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones y garantizar el acceso a la salud de sus afiliados”, sostuvieron los legisladores.

Entre sus principales funciones, la comisión apunta a relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos y elaborar informes y recomendaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social. “Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, remarcaron los diputados radicales, quienes agregaron que “es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas”.

Según el texto del proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados de PBA, la comisión tendrá atribuciones concretas sobre cuatro ejes. El primero es auditar la deuda con círculos médicos, clínicas, farmacias y laboratorios. El segundo, controlar los procesos de licitación y compra de medicamentos de alta complejidad.

A esos dos ejes se suman la supervisión de los convenios vigentes con prestadores en los 135 municipios bonaerenses y la obligación de que el presidente del IOMA comparezca ante la comisión de forma trimestral. El proyecto establece además que las recomendaciones y planes de saneamiento aprobados por la mayoría de sus integrantes tendrán carácter vinculante para el Directorio del organismo.

Ante el incumplimiento de las metas fijadas, el documento indica que la comisión podrá solicitar al Poder Ejecutivo la remoción de las autoridades responsables o promover acciones judiciales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Los fundamentos del proyecto describen la situación del IOMA como el resultado de “un deterioro sostenido en su capacidad prestacional, financiera y administrativa”, y no como una crisis coyuntural. Además, señalan que el organismo brinda cobertura a más de dos millones de bonaerenses, en su mayoría empleados públicos provinciales, municipales, docentes, policías y jubilados que, por ley, no pueden derivar sus aportes a otra entidad ni elegir libremente su cobertura de salud.

El expediente denomina a ese universo de beneficiarios “afiliados cautivos” y sostiene que esa condición genera una responsabilidad agravada para la provincia: si el servicio es deficiente, el afiliado no tiene alternativa, dado que el Estado es simultáneamente su empleador y el único administrador de su derecho a la salud. Los legisladores argumentan que, ante la imposibilidad de optar por otra cobertura, el control legislativo es la única defensa de esos trabajadores frente al desamparo.

En paralelo al proyecto de comisión bicameral, desde La Libertad Avanza también presentaron una iniciativa para impulsar la normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de denuncias reiteradas por deudas con prestadores, suspensión de servicios y demoras en la atención.

Un grupo de diputados vinculados con Sebastián Pareja, el armador libertario en PBA, hicieron la presentación de la iniciativa. Esta incluye un pedido de informes para citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud, con el objetivo de exigir detalles sobre el monto y la antigüedad de la deuda, los convenios vigentes, los cortes de atención registrados y el plan oficial para regularizar los pagos pendientes.

Además, se propuso la creación de una Mesa de Trabajo Provincial Permanente, conformada por representantes del IOMA, prestadores, afiliados y legisladores, que deberá realizar reuniones mensuales, publicar actas y presentar informes trimestrales ante la Legislatura.

El fiscal Diego Luciani pidió decomisar la casa de Cristina Fernández de Kirchner donde cumple prisión domiciliaria. Se trata del departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

Formaría parte de los embargos en la Causa Vialidad. El inmueble no estaba en el listado original de embargos. También se pidió el decomiso de otras 12 propiedades de CFK.

En este nuevo pedido de Luciani se incluyeron dos cajas de seguridad en dólares de la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner.

Si finalmente decomisan el departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta deberá elegir otra de sus propiedades para cumplir con la prisión domiciliaria. De mudarse, perdería la posibilidad de interactuar con la militancia desde el balcón de su domicilio actual.

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Polémica por un video de la expresidenta en la calle

En las últimas horas se generó una fuerte polémica en redes sociales por la difusión de un video donde se puede ver a la expresidenta Cristina Kirchner en la vía pública. En el registro se la ve bajando de un auto, escoltada por su custodia personal, mientras es saludada a la distancia por un grupo de militantes.

“¿Cómo que Cristina salió de su prisión domiciliaria? Es joda esto», expresó una usuaria de la red social X, que compartió el video. La expresidenta cumple su condena a 6 años de prisión en el domicilio de San José 1111.

Según pudo saber TN, Cristina Kirchner salió de su casa para asistir a una consulta odontológica. “Obviamente autorizada por la Justicia”, remarcaron en su entorno.

El departamento donde CFK cumple su condena por la causa Vialidad suele ser escenario de manifestaciones del peronismo. En este sentido, el kirchnerismo volverá este sábado al domicilio de la expresidenta con una nueva edición de “Unos mates con Cristina”.

Pero detrás de la mateada, la radio abierta y las consignas, el encuentro tiene un objetivo político más amplio: consolidar dentro del peronismo la idea de que la situación judicial de la expresidenta debe convertirse en uno de los ejes ordenadores hacia 2027.

La actividad es organizada por la Casa Cristina Libre, un espacio articulado desde el universo político que rodea al Instituto Patria y a La Cámpora. En los últimos meses comenzó a multiplicar actividades y sedes bajo la lógica de sostener territorialmente la campaña contra lo que el kirchnerismo denuncia como la “proscripción” de la expresidenta y convertir esa consigna en una bandera permanente de militancia.

cristina kirchner, Justicia, Vialidad