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POLITICA

Tras la marcha en reclamo por los fondos, la Universidad Nacional de La Plata anunció otra semana de paro

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Luego de que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retomara el dictado de clases en todas sus facultades el miércoles pasado tras la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria, este viernes distintas organizaciones gremiales anunciaron una nueva semana completa de paro.

La medida de fuerza fue confirmada por la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), la Asociación de Trabajadores de La Plata (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), quienes indicaron que se realizará en la semana del 25 al 31 de mayo.

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“En el marco de lo definido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la Conadu, nuestra organización sindical convoca al paro durante toda la semana del 25 de mayo”, informaron al remarcar que el objetivo será visibilizar la situación del sistema universitario y aumentar la presión sobre el Gobierno nacional.

Aunque las actividades académicas regulares de la UNLP se verán interrumpidas por la protesta gremial, desde ADULP señalaron que durante esa semana se realizarán “jornadas de protesta, clases públicas y otras actividades”. Según la información publicada por el medio platense 0221, se mantendrá el reclamo “por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario, la actualización de las becas y más presupuesto para la universidad pública y la ciencia argentina”.

Miles de personas reclamaron por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (REUTERS)

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no diera respuestas oficiales a la marcha multitudinaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación y la ciencia. Asimismo, advirtieron que podrían extender la medida hasta que la situación no se resuelva.

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Durante la lectura del acta central, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales denunciaron que la situación de las casas de alto estudio públicas era crítica, tras apuntar que “el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

De la misma manera, señalaron que las transferencias de fondos a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Asimismo, indicaron que las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento no superaron el 64% del valor que tenían antes del cambio de gestión.

Al mismo tiempo que reclamaron por una pérdida del poder adquisitivo del 37,13% respecto del salario docente y no docente, apuntaron contra el congelamiento de las Becas Progresar. Una medida que mantiene los mismos valores que se otorgaban en 2023, pese al incremento de la inflación acumulada del 239,30%.

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Desde el Gobierno nacional comenzaron a preparar una nueva convocatoria con las autoridades de universidades públicas para la semana próxima, con el objetivo de discutir la situación de los hospitales universitarios y actualizar el esquema de fondos destinados a su funcionamiento.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, encabezará la reunión con los gremios

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae, el Poder Ejecutivo mantiene como base de negociación la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente en la Cámara de Diputados. El proyecto oficial prevé un aumento del 12% en los fondos y la actualización de los gastos de funcionamiento, una medida autorizada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta nueva ronda de diálogo surge tras el desacato del Ejecutivo a los fallos judiciales que ordenaron el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. A ese incumplimiento se suma una reducción de $78.768 millones en el presupuesto y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios, según reportaron fuentes oficiales.

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En respuesta al conflicto, el Gobierno busca evitar una intervención de la Corte Suprema de Justicia y aspira a alcanzar un acuerdo que pueda ser homologado judicialmente. “Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, señaló una voz del oficialismo.

La negociación sería instrumentada desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que dirige Alejandro Álvarez. No obstante, todavía no estaría fijada la fecha en la que se realizaría la reunión entre las partes.

Aunque el Gobierno minimizó la movilización que reunió a más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, admitió preocupación por la escalada del conflicto universitario. Por esto, trabajan en la búsqueda de una “diagonal” que permita contener a una parte del sector y evitar mayores tensiones, en un contexto marcado por la falta de consenso legislativo para la aprobación definitiva de la ley.

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POLITICA

Misiones: el oficialismo impulsa una reforma política y La Libertad Avanza lo toma como una victoria propia

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En Misiones, un proyecto de reforma política acerca al oficialismo y a La Libertad Avanza, aunque divide aguas a la hora de adjudicárselo.

Quien motoriza el proyecto es Carlos Rovira, el hombre fuerte del Encuentro Misionero (EM) -ex Frente Renovador de la Concordia (FRC)-. El dirigente maneja los destinos de la tierra colorada desde principios de siglo. El oficialismo viene de dos malos resultados en 2025: una victoria por estrecho margen frente a LLA en las legislativas provinciales y una derrota ante los libertarios en las nacionales.

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El articulado entrará la próxima semana en la Legislatura unicameral. Así lo anunció el jueves pasado en una reunión con los principales referentes de su espacio. El texto aún no trascendió por completo. Rovira suele incorporarlo al debate en las últimas horas del plazo legal.

Lo que se conoció es que se pretende una Boleta Única Partidaria (BUPart). A diferencia de otras experiencias, como la nacional o de provincias como Santa Fe o Córdoba, en este caso se trata de una papeleta por fuerza o frente.

El oficialismo consideró que el sistema actual resulta “incómodo para el votante por la proliferación de boletas, nombres y opciones que muchas veces terminan dificultando la elección”.

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Además, Encuentro Misionero difundió que se acotará el sistema de lemas, que en la actualidad rige solo para municipios, a cuatro alternativas que estarán dentro de la BUPart. Según el criterio expuesto por Rovira, permitiría mantener un grado de representatividad, pero de manera más acotada y funcional.

Los detalles de la propuesta se conocerán el próximo jueves cuando el texto tome estado parlamentario. Pero por lo que se sabe, se trataría de una reforma que rehabilitaría, camuflado, el sistema de lemas para cargos provinciales.

El efecto real

Lucas Romero, Hugo Passalacqua, Oscar Rovira y Carlos Herrera Ahuad en tiempos de unidad oficialista

Sin primarias locales, en las elecciones generales se elegiría con la BUPart. Allí habría cuatro ofertas por partido. Ganaría en la compulsa el candidato más votado. Si los sufragios de los demás se le suman al vencedor, el esquema sería el mismo que con una ley de lemas.

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Además, tampoco está claro de qué modo quedarán seleccionadas cuatro ofertas finales por partido o frente. El FRC presentó 17 sublemas para la intendencia de Posadas en los comicios de 2023.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae indicaron que esos detalles se aclararán en el texto legislativo o en la reglamentación posterior.

El número mágico de la convulsionada interna del oficialismo es el cuatro. Cuando anunció el cambio de nombre del frente, Rovira puso en carrera a esa cantidad de candidatos para suceder a Hugo Passalacqua como gobernador. Uno es el actual vicegobernador, Lucas Romero Spinelli, de vínculo estrecho con Ramiro, el hijo de Rovira. Otro es el presidente de la Legislatura, Sebastián Macías. A ellos se les suman Oscar Herrera Ahuad, actual diputado nacional y ex mandatario provincial, y el intendente de Posadas, Eduardo Stellato.

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El problema de esta estrategia es que deja fuera de carrera a Passalacqua, y el actual gobernador tiene ganas de pelear la reelección. Por primera vez en muchos años, se nota la tensión entre quien ejerce el Ejecutivo y quien controla los resortes políticos. En las últimas semanas, hubo una serie de anuncios cruzados entre el gobernador y Rovira que evidenciaron una descoordinación poco usual en Misiones.

Hugo Passalacqua tiene aspiraciones de reelección, pero Rovira puso otros cuatro nombres por sobre el suyo

El caso más patente fue el control toxicológico en el Estado. El hombre fuerte del EM lo anunció como parte de la iniciativa de Ficha Limpia y, a las pocas horas, Passalacqua ordenó que se practique a los integrantes del gabinete provincial. En otros tiempos hubiera habido un mensaje unificado.

Además, allegados a Herrera Ahuad han hecho trascender que la decisión del actual diputado nacional es continuar en su banca. Ya dejó a medio camino su cargo en la Legislatura provincial para ir al Congreso y no quiere repetir el salto. Considera, según mencionaron en su entorno, que se trataría de un quiebre en el contrato moral con la sociedad que lo eligió.

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Si esta decisión se mantiene, Passalacqua tacharía de la puja al principal oponente, un referente con buena imagen y caudal electoral propio. Los tres restantes dependerán del aparato partidario.

Reivindicación opositora

La Libertad Avanza Misiones tomó el anuncio de reforma electoral y de ficha limpia como un triunfo propio. Es que son puntos que había presentado el 4 de abril pasado como parte de su estrategia legislativa.

Una alta fuente opositora comentó a este medio que, desde ese día, el oficialismo se vio obligado a mutar. “El rovirismo cambió de nombre el partido. LLA quiere Boleta única de papel y ficha limpia. Ellos se sumaron a esta última idea y están con un mix de ley de lemas más chico”, esgrimió.

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A esto debe agregarse que, como guiño a la Casa Rosada, Rovira confirmó que los senadores y diputados nacionales de su espacio avalarán la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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POLITICA

El Gobierno envío un Hércules a Bolivia en medio de los desabastecimientos por bloqueos opositores

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A seis meses de iniciada la gestión presidencial de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, el país sufre desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas por bloqueos de rutas. Agricultores del altiplano, apoyados por la Central Obrera Boliviana, exigen la renuncia del jefe de Estado en el marco de reclamos por mejoras salariales que paralizan el territorio desde hace diez días.

Ante esta crisis, el gobierno de Javier Milei dispuso el envío de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. El canciller argentino, Pablo Quirno, detalló que se realizará una “contribución de carácter humanitario y temporal” mediante puentes aéreos para transportar mercaderías, motivada por el auspicioso momento de la relación bilateral.

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Paralelamente, Argentina firmó un documento conjunto con Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Los ocho países manifestaron preocupación humanitaria y expresaron: “Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia”, elegido en las elecciones de 2025.

El impacto económico de las protestas es severo. El Ministerio de Turismo boliviano reportó pérdidas de 456,9 millones de bolivianos en diez días y advirtió que el conflicto expone “la alta vulnerabilidad del turismo frente a los conflictos sociales”. Además, se proyectan cancelaciones de visitantes por 6.200 millones de bolivianos para este año.

Por su parte, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estimó un perjuicio global superior a los 500 millones de dólares para el agro, la industria y el transporte. Los bloqueos se concentran principalmente en el departamento de La Paz, lo que mantiene interrumpido el tránsito terrestre hacia el interior boliviano, Chile y Perú.

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POLITICA

El juez Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

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El juez, Sebastián Casanello, levantó secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, legislador bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El magistrado ordenó pedir las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (OA), tras el pedido del fiscal Marijuan, quien había solicitado investigar al hermano del jefe de Gabinete y una serie de medidas de prueba, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, para conocer detalles sobre viajes y bienes.

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Marijuan abrió una investigación a Francisco Adorni a partir de una denuncia de la diputada nacional, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano. El fiscal busca investigar las declaraciones juradas del legislador, que fue funcionario del Ministerio de Defensa, sobre diferencias entre 2023 y 2024.

Lo que sostiene la denuncia es una investigación sobre un crédito por $60 millones que pagó en 12 meses, y que Adorni pasó de una declaración patrimonial de poco más de $40 millones a una superior a los $80 millones.

De esta manera son varios los integrantes de la familia del jefe de Gabinete investigados. Además del propio funcionario, su hermano y su esposa, Bettina Angeletti. La Justicia ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de Angeletti, ante ARCA y ARBA.

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El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa 2024. Luego fue promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Posteriormente fue cabeza de lista para diputados bonaerenses, de LLA, en la Octava Sección Electoral.

El dueño de la casa que alquiló Manuel Adorni en el country Indio Cuá detalló nuevos gastos en dólares

  • El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó este miércoles declaración a José Luis Rodríguez, el propietario de una casa del country Indio Cuá que fue alquilada por Adorni en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Durante su testimonio, el hombre aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y sobre otros contratos temporarios celebrados con Adorni.
  • Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$15.600 para instalarse 13 meses junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$120.000. La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.
  • Rodríguez detalló ante la Justicia que existieron tres acuerdos distintos de alquiler con Adorni, todos abonados en efectivo y en dólares. El primero fue firmado en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia y cuando Adorni todavía no era funcionario nacional. Ese contrato contemplaba el alquiler de la propiedad entre el 31 de diciembre de 2023 y el 3 de marzo de 2024, por un total de US$5600, más otros US$1000 entregados como depósito al momento de la firma.
  • Según el testimonio, el segundo contrato se celebró en marzo de 2024 y se extendió desde el 1° de ese mes hasta el 28 de febrero de 2025. El valor total acordado fue de US$13.000. De acuerdo a lo declarado, entre marzo y diciembre de 2024 Adorni pagó US$ 800 mensuales, mientras que en enero de 2025 abonó US$3000 y en febrero otros US$2000.
  • El propietario sostuvo además que luego hubo un tercer acuerdo, aunque esta vez sin contrato firmado. Ese entendimiento habría cubierto el período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2025. Siempre según su declaración, Adorni pagó US$2400 por los meses de marzo, abril y mayo, además de otros US$ 800 correspondientes a junio, cuando finalizó su estadía en el lote del country Indio Cuá.

Francisco Adorni

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