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POLITICA

El Senado sesiona para aprobar un pacto con holdouts y sancionar la prórroga de la entrega voluntaria de armas

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El pleno del Senado volverá al recinto, desde las 15, para aprobar un acuerdo con dos holdouts por u$s 171 millones, el cual deberá ser girado rápido a Diputados para su sanción. Tendrá que obtener luz verde antes del plazo límite, que será a finales del corriente mes.

Además, la Cámara alta se dispondrá a convertir en ley la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas y darle continuidad, por cinco años, al camarista federal Carlos Mahiques. El magistrado es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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Para el inicio de la sesión se esperan varias cuestiones de privilegio desde el kirchnerismo, que tendrán como objetivo criticar diversas andanzas Gobierno libertario. Otro punto a saldar será la votación de un nuevo prosecretario de Coordinación Operativa, con guiño hacia PRO. Con ello, el pleno quedará con todas sus autoridades en total funcionamiento.

Fondos buitre

En concreto, el convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67, al primero; y u$s104, al segundo.

El acuerdo del Estado con holdouts fue dictaminado días atrás en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. En caso de aprobarse, deberá ser girado rápido a Diputados, que tendrá tiempo hasta finales del corriente mes

Lo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

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Otro ítem destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei, Mahiques y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni– es que un avance derivará en la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país”. Es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

Armas

El proyecto fue aprobado por Diputados en 2024 e introduce cambios en la regularización de armas de fuego agilizar procedimiento-, por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.

Semanas atrás, cuando se dictaminó la iniciativa en un plenario de comisiones, expuso el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan. La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, es una persona responsable y ajustada a derecho”, señaló.

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El director del RENAR, Juan Pablo Allan, en un operativo en 2024 junto a la exministra de Seguridad y actual jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Reuters)

Allan agregó: “Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”.

Según el funcionario, se aumentó en un 20% la cantidad de objetos registrados en dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000, aunque se estima un total de 600.000 en manos de legítimos usuarios. “Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información”, advirtió. Y añadió: “Queda mucho por hacer”.

Allan también hizo mención a mejores detecciones vía “patrones anti fraude”. En esa línea, confió: “Se le pagaba a personas para que compren armas, las registraran y, luego, pasaban a organizaciones criminales. Con la digitalización, detectamos rápido eso y rebotamos a la vieja usanza”.

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Por otra parte, el director del RENAR dejó en claro que “la sola presentación -de la declaración- no es automáticamente una aprobación”, sino un primer paso donde luego se chequea “el origen, antecedentes y medidas cautelares sobre personas y objetos”.

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La Fuerza Aérea compró un avión al doble de su valor, que además estaba en mal estado

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Publicación en el sitio web de la Agregaduría Aeronáutica EE.UU.
Publicación en el sitio web Compr.Ex.
Prórroga solicitada por Fenix Aviation Corp.
Circular aclaratoria n°2, donde especificaron qué aviones se podían ofertar, con el objetivo de desestimar a otros proveedores.
Oferta Regional One Inc.
Oferta Alpha Aviation Corp.

Inspección desaprobada

El Embraer ERJ-140LR de Regional One Inc. pintado antes de comprarse.

Los sobreprecios llegaban a casi el 50%

Regional One Inc. presupuesto un avión idéntico, en mejor estado, por casi la mitad de su valor.

Opacidad en los pagos

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La militancia kirchnerista se reunió frente a San José 1111 para impulsar la campaña “Cristina Libre”

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La militancia kirchnerista se reunió este sábado frente a San José 1111, el domicilio en el que la expresidenta Cristina Kirchner cumple la condena a 6 años de prisión para impulsar la campaña “Cristina Libre”. La exmandataria salió al balcón a saludar a quienes se sumaron a la movilización.

Un grupo de personas se acercó esta tarde al domicilio de la expresidenta. La convocatoria era a las 14 y se extendió hasta poco después de las 18. Ya convocaron a una nueva mateada el martes 19 desde las 16.

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Pero detrás de la mateada, la radio abierta y las consignas, el encuentro tuvo un objetivo político más amplio: consolidar dentro del peronismo la idea de que la situación judicial de la expresidenta debe convertirse en uno de los ejes ordenadores hacia 2027.

El viernes hubo una gran movilización desde Lomas de Zamora hasta el departamento de Cristina Kirchner. (Foto: X @fotermin/Archivo)

La actividad fue organizada por la Casa Cristina Libre, un espacio articulado desde el universo político que rodea al Instituto Patria y a La Cámpora. En los últimos meses comenzó a multiplicar actividades y sedes bajo la lógica de sostener territorialmente la campaña contra lo que el kirchnerismo denuncia como la “proscripción” de la expresidenta y convertir esa consigna en una bandera permanente de militancia.

Leé también: El Gobierno cancelará a mitad de año el tramo activado del swap con China, pero no descarta renovar el acuerdo

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La estrategia empezó a aparecer con más claridad en las últimas semanas, cuando dirigentes del núcleo más cercano a Cristina y Máximo Kirchner endurecieron el discurso interno y dejaron expuesta una discusión que atraviesa al peronismo. El debate que buscan instalar es bajo qué condiciones políticas debería reconstruirse el peronismo.

La convocatoria de este sábado incluyó una clase magistral en el Instituto Patria, una movilización desde allí hasta San José 1111, el estampado de camisetas con la frase “Cristina Libre”, la pintura de un mural y una radio abierta, todo en la esquina donde se encuentra la casa de la la presidenta del Partido Justicialista. “Frente a la proscripción, respondemos con política”, plantearon los organizadores del encuentro.

Convertir “Cristina libre” en una bandera permanente

La estrategia del cristinismo también apunta a conectar la situación judicial de la expresidenta con otros conflictos políticos y sociales. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, es una de las dirigentes que más avanza sobre esa idea.

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“La libertad de Cristina Kirchner es en sí misma un programa de gobierno”, escribió en X durante la marcha universitaria de este martes. En ese mensaje vinculó el ajuste educativo y el desfinanciamiento de las universidades con la condena judicial contra la expresidenta.

El planteo deja expuesto el intento del ala dura K de utilizar la consigna “Cristina Libre” como marco político para discutir distintos temas de la agenda pública, desde el ajuste educativo hasta el modelo económico del gobierno libertario.

cristina kirchner, Peronismo, movilizacion

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Causa dólar blue. Investigan a un excandidato de La Libertad Avanza y a un banquero de Tucumán ligado a Piccirillo

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Un excandidato de La Libertad Avanza apareció en la ruta del dinero que investiga la causa del dólar blue. Se trata de Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. A mediados de abril, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de esa sociedad. Un sumario del Banco Central la identificó como una de las estaciones que utilizó la casa de cambio de un binguero para realizar un “rulo” sin efectivo: adquisición de dólares a valor oficial, compra de bonos y su posterior venta a un dólar más caro, conocido como “dólar MEP”. No es el único banquero investigado. La Justicia también allanó la casa de Jorge Blanco, presidente del Banco Sucrédito de Tucumán y muy ligado a Elías Piccirillo.

Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campaña ganó notoriedad cuando organizó un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo después del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente.

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Sobre la actual investigación, voceros de Napoli Inversiones consultados por sostuvieron que la compañía realizó una operación con una casa de cambio por entonces autorizada por el BCRA y a valor de mercado. “No es todo lo mismo. No somos Piccirillo o Hauque o Migueles. Acá el gran problema es el Banco Central. ¿Quién autoriza la venta de dólar oficial? ¿Quién autoriza a un banco ser banco? ¿Quién autoriza a una casa de cambio?“, cuestionaron.

La operación sospechosa tiene en su centro a la casa de cambio denominado Fast Cambio, que se encuentra en la mira de la Justicia. Registró $41 mil millones en ventas por operaciones de cambio durante 2023, según informes del BCRA. Sus accionistas eran un hombre que, según una plataforma con información bancaria, percibía una asignación familiar, y un binguero del conurbano bonaerense.

Domicilio fiscal registrado por una de las exautoridades de la casa de cambio Fast Cambio, investigada por la Justicia

Este rastro llega hasta Caseros. El binguero tiene allí a su domicilio fiscal: un local de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Fue Agente de Lotería entre 2020 y 2025. Según información oficial, su cuenta se quedó sin fondos al menos 10 veces entre febrero de 2024 y marzo del año pasado.

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Precisamente al comienzo de ese período ocurrió la operación cambiaria investigada por el BCRA. El sumario indaga movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. “Durante el período, la entidad aplicó $6.834.260.000 a la adquisición de US$7.960.000 en Banco Sucrédito Regional S.A.U., los que fueron a su vez transferidos por FAST CAMBIO S.A. a una cuenta bancaria de la firma Napoli Inversiones S.A. en Banco de Valores S.A., según surge de los movimientos registrados en su cuenta en dólares”, detalló un sumario del Central.

La trazabilidad bancaria luego refleja que Napoli Inversiones le transfirió $8,4 mil millones a Fast Cambio. En el medio, la casa de cambio compró y vendió bonos. Empezó esta maniobra con $6,8 mil millones y terminó con $1,2 mil millones más. ¿Cuál era negocio? La brecha entre el dólar oficial (a la cotización que adquirió la divisa en el Banco Sucrédito) y el dólar MEP, que es la cotización a la que vendió los bonos que obtuvo a través de Napoli Inversiones.

El funcionario del BCRA que firma los sumarios sobre presuntas maniobras irregulares con los dólares, Juan CurutchetMarcelo Aguilar – Archivo

Este rulo, en vez de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utiliza dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vendían a una cotización del dólar más alta (dólar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el dólar oficial y el MEP.

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En noviembre de 2023, justo antes de que comenzara la gestión de Milei, el BCRA emitió una normativa que limitó el volumen de ventas permitido, algo que financistas y abogados consultados por interpretaron como una regla “anti blue”. Este otro rulo, a diferencia del de 2022 o 2023, tiene trazabilidad. Sin embargo, el objeto cuestionado no cambia: el acceso a millones de dólares baratos en época de cepo y su posterior utilización.

El BCRA objetó como una posible irregularidad la obtención de dólares oficiales que luego fueron utilizados para la compraventa de títulos públicos y no para ventas a clientes u otras entidades. Las autoridades de Fast Cambio, en su descargo, negaron haber realizado una infracción al argumentar que la operación fue realizada con “fondos propios de la sociedad y no de clientes o terceros”. Un área técnica del Central rechazó esa repuesta y concluyó que las agencias de cambio sólo pueden realizar operaciones con títulos valores en el marco de las operaciones con turistas no residentes.

Esta maniobra puntual movilizó US$7,9 millones. Está lejos de otros casos como Mega Latina y sus ventas de US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa “anti blue”. Pese a esto, la empresa que preside Napoli quedó incluida en una de las rutas del dólar que investigan el BCRA y la Justicia. Casi al final del rulo. Esta misma operación involucra a otra institución: el Banco Súcredito Regional, vinculado a Elías Piccirillo.

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Los personajes de esta trama se vieron las caras en agosto de 2023, en plena campaña, durante la inauguración del Banco Sucrédito en la provincia de Tucumán. Allí coincidieron Napoli, Piccirillo y Jorge Blanco, otro de los investigados por la Justicia.

Inauguración en Tucumán del Banco Sucrédito, en la que coincidieron Jorge Blanco, Juan Napoli y Elías Piccirillo

El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como “socio de Piccirillo” y pone al Banco Sucrédito en el presunto circuito de billetes físicos y el mercado blue. “Conforme surge de los informes remitidos por el BCRA respecto del banco Sucrédito, se advierten importantes irregularidades en la venta de 484.127.100 USD efectuadas por la citada entidad financiera a distintas casas de cambio”, se puede leer en el expediente.

Desde la defensa de Blanco indicaron a que el banco no puede constatar qué hacen las casas de cambio con cada uno de los dólares que les vende. Y negaron que Piccirillo tenga algo que ver con la entidad. “Sólo fue socio minoritario en la tarjeta del banco”, agregaron.

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Hay varios testimonios que ponen en duda esa versión. En su primera declaración judicial por la emboscada a Francisco Hauque, en abril del año pasado, Piccirillo aseguró que cobraba $ 20.000.000 mensuales, “proveniente de su trabajo en su propio banco y tarjeta “Su Crédito”. Y el ex policía Carlos “El Lobo” Smith también aportó datos sobre el vínculo estrecho entre Blanco y Piccirillo, que viajaban juntos en avión privado a la provincia de Tucumán. “Jorge Blanco tiene una recaudadora con él. ¿Y dónde están esas recaudadoras? Una sola sé que está en Canning, creo que queda a media cuadra del plaza Canning o de las Toscas, pero nunca fui a esa oficina», aseguró Smith ante el fiscal Picardi, que lo terminó aceptando como testigo colaborador.

Cuando Piccirillo terminó preso, su ex socio y amigo, Martín Migueles, se transformó en una pieza clave para intentar “negociar” y viajó a Tucumán. “Por lo que me dijeron, el banco vale 120 millones de dólares, le hicieron un ofrecimiento de 10 millones de dólares, y entonces estarían negociando, cerrar esa sociedad con el banco y ver qué monto sacaría de ahí para terminar esa sociedad con el banco que tiene en Tucumán», contó Smith.

En la ruta del dinero que surge desde el SuCrédito aparecen como destinatarios Arg Exchange, la casa de cambio en la que estaban Piccirilo y Migueles, y Fast Cambio. ¿Cómo obtenía sus dólares? En parte, se los compraba a otras entidades. Por ejemplo: le compró US$71,8 millones, tal cual surge del texto judicial, al Banco de Valores, del que también es presidente Napoli. Voceros del banquero indicaron que sólo tuvo una relación institucional con la tarjeta de SuCrédito, que suspendieron fideicomisos con ellos tras una carta del BCRA y negaron “enfáticamente” alguna participación en las presuntas operatorias del blue.

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Según el dictamen del fiscal, Fast Cambio le compró US$91,7 millones a SuCrédito. Y Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones. Son cifras que llamaron la atención de los investigadores.

Esta investigación convive con el presunto circuito paralelo del SIRA en un expediente instruido por el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi. En paralelo, la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli también avanzan en una causa sobre el dólar blue. Esta semana trabaron un embargo preventivo y estimaron en US$607 millones el perjuicio “del sistema de administración de reservas”. La cifra puede seguir aumentando. De fondo, se espera una disputa entre los jueces para definir quién se queda con una investigación que tiene en la mira a las autoridades de Banco Central, de la Secretaría de Comercio, y de la exAFIP en pleno cepo cambiario.




Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Conforme a

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