Luego de la resolución del Gobierno de Santa Cruz de firmar este lunes un aumento a la Policía provincial, aún se mantienen focos de conflicto salarial acotado a El Calafate y algunas divisiones de Río Gallegos, mientras persiste un acampe de más de 45 días frente a la Gobernación.

Esta medida, impulsada por efectivos que rechazan el esquema fijado por decreto y denuncian ingresos por debajo de la línea de pobreza, se centra en el campamento frente a la sede gubernamental provincial que ya lleva 45 días bajo el rigor del frío que llega a sensaciones térmicas cercanas a los 20 grados bajo cero.

Según el comunicado difundido por el Gobierno de Santa Cruz, la suba fue establecida por la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026. El bloque oficialista afirmó que esa recomposición ubica a la fuerza entre las tres mejor remuneradas del país. Pero un grupo de policías, retirados, bomberos y personal del servicio penitenciario mantiene la medida de fuerza.

El aumento por decreto y la división de la protesta

El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que elevó el piso salarial a $1.700.000 para los ingresantes. Los manifestantes reclaman un básico de $2.200.000 y exigen que la mejora alcance también a retirados y pensionados.

Dicha recomposición salarial, según informa el decreto, se realizó “mediante la actualización del valor punto, la creación del adicional remunerativo y no bonificable denominado “Compensador” y del adicional no remunerativo y no bonificable “Cumplimiento Efectivo del Servicio”, destinada al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Provinciales. Y el Gobierno agregó que esto “consolida una mejora sustancial del salario del personal y fortaleciendo su poder adquisitivo”.

Pero el decreto también introduce modificaciones en la estructura de los ingresos. Según el Gobierno provincial a partir de julio de 2026, se dejan sin efecto varios suplementos no remunerativos y no bonificables que habían sido creados por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.

Entre los adicionales eliminados se encuentran los denominados “por función policial operativa”, “por función penitenciaria de alto riesgo” y “por función operativa en siniestro”. La misma medida alcanza a los suplementos “por función en investigaciones”, “por función técnica de apoyo” y “por función de alta dedicación operativa”.

Tras esa decisión, algunas localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron las medidas; en Puerto San Julián y Piedrabuena quedaron pocos manifestantes. Pero el foco más activo continúa en Río Gallegos y El Calafate.

El bloque oficialista sostuvo que el Ejecutivo agotó el diálogo con la fuerza y recordó que hubo 15 propuestas salariales rechazadas. En la misma línea, el ministro de Seguridad Pedro Pródromos aseguró que, en más de 30 días, se realizaron ocho reuniones de negociación.

La bancada vinculó la continuidad de la protesta a motivaciones políticas. En su comunicado afirmó: “Los intereses políticos no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños”.

Hoy la protesta se desarrolla con guardias mínimas, a diferencia de otros acuartelamientos policiales. Los agentes cumplen sus turnos y luego van a las carpas instaladas frente a la Gobernación, donde dos efectivos llegaron a encadenarse a una entrada lateral del edificio.

Al conflicto salarial se sumó el temor a sanciones internas. Los manifestantes piden que no haya represalias, pero el Gobierno provincial rechazó una amnistía.

En el acampe también aparece como símbolo la imagen del subcomisario Gabriel Trujillo, quien a fines de junio fue atropellado por una persona en estado de ebriedad cuando iba a realizar horas adicionales en Cañadón Seco para complementar su sueldo. Tras el hecho en la Ruta Provincial 12, agonizó durante tres días y murió.

El oficialismo sumó las deudas de los municipios

En su comunicado, el bloque Por Santa Cruz incorporó otro eje a la discusión: las deudas de municipios con organismos provinciales. Indicó que Río Gallegos mantiene una deuda con la Caja de Previsión Social de $66.944.860.951,58 y con la Caja de Servicios Sociales de $41.979.176.336,63.

Para El Calafate, el bloque consignó una deuda de $322.761.262,12 con la Caja de Previsión Social y de $5.615.829.043,26 con la Caja de Servicios Sociales. Según la bancada, esas obligaciones crecen a un ritmo cercano a $3.600 millones mensuales.

Los legisladores sostuvieron que esos recursos son de los trabajadores santacruceños y que su incumplimiento afecta el financiamiento del sistema previsional y de salud. También afirmaron que, si los fondos fueran transferidos en tiempo y forma, la provincia tendría más herramientas para mejorar salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas y obra pública.

documento legal,decreto provincial,resolución ministerial,administración pública,remuneraciones,Leguizamón

El Gobierno nacional oficializó 33 designaciones en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

A través de 28 decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei nombró a 21 magistrados judiciales, seis conjueces, cuatro fiscales y dos defensoras públicas para cubrir cargos nacionales y federales en la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias.

Entre los nombramientos se destaca el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora. El magistrado se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y estuvo al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.

El tribunal, que hasta ahora se encontraba subrogado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, tiene competencia sobre una jurisdicción estratégica: comprende el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal ubicado en esa localidad.

Entre los expedientes que tramitan en ese juzgado se encuentra la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su expareja Jesica Cirio.

El tribunal también interviene en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino y la financiera Sur Finanzas. En ese expediente está imputado el empresario Ariel Vallejo, investigado por sus presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Quiénes son los jueces y camaristas nombrados por el Gobierno

En la Justicia penal de la Capital Federal fueron nombrados Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9.

También se oficializaron las designaciones de Paula Vanesa Romeo como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 y de José Ignacio Polizza como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.

En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fueron designados Diego Javier Tula, como vocal de la Sala II; Claudio Fabián Loguarro, en la Sala III; Diego Fernando Manauta, en la Sala V; Marina Edith Pisacco, en la Sala VI; y María Claudia Jueguen, en la Sala X.

El Ejecutivo también nombró a Pedro Manuel Crespo como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°28 de la Capital Federal y a Javier Jorge Cosentino como vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

En tanto, María Gabriela Janeiro fue designada jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°5.

Entre los cargos federales, María Virginia Ise fue nombrada vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en Chaco; Santiago French, vocal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Santiago José Martín, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Además, Juan Tomás Rodríguez Ponte fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, mientras que Bernardo María Rodríguez Palma fue designado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.

En el interior del país, Ruth María Ponce de León fue nombrada jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, en Misiones. Por su parte, Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo fueron designados jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Otro de los decretos dispuso el nombramiento de Leopoldo Jorge Rago Gallo por un período de cinco años, a partir del 26 de agosto de 2026, como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

La norma recordó que Rago Gallo había sido nombrado originalmente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 2602, firmado el 23 de diciembre de 1992.

El Gobierno también nombró como conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a:

• Maximiliano Daniel Chávez.
• Agustín García Fauré.
• Gabriel Andrés Marnich.
• José Eduardo Villena.
• Fernando Gabriel Zarabozo.
• Andrea Cristina Di Gregorio.

Los fiscales y defensoras que completan las designaciones

En el Ministerio Público Fiscal fue oficializado Patricio Nicolás Sabadini como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en la provincia del Chaco.

También fueron designados Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza; Hugo Daniel Froy, como fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres; y Juan Marcelo Burella Acevedo, como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

La tanda se completó con dos nombramientos en el Ministerio Público de la Defensa.

Amanda Espino fue designada defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a cargo de la Defensoría N°7.

Leé también: El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT

Por su parte, María Laura Irastorza fue nombrada defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

Los decretos consignaron que los nombramientos fueron realizados luego de que el Senado prestara los acuerdos correspondientes.

Javier Milei, jueces, boletin oficial, fiscales

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, viajará este miércoles a la Casa Rosada para firmar junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el convenio mediante el cual la provincia asumirá por 20 años la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012. Del acto también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según informó el Gobierno santafesino, el acuerdo permitirá que la provincia intervenga con recursos propios sobre ese corredor vial, que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta el tránsito pesado con el complejo portuario del Gran Rosario.

Desde la administración de Pullaro destacaron que se trata de la primera vez que el Estado nacional transfiere a una provincia la administración integral de una ruta nacional para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y de la ejecución de nuevas obras.

La Ruta Nacional A012 constituye uno de los principales corredores para el transporte de cargas del país. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario citados por la provincia, por el complejo portuario del Gran Rosario se despacha cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.

El recorrido de la A012 se extiende desde la intersección con la Ruta Nacional 9, a la altura de Pueblo Esther, hasta la Ruta Nacional 11. En su trayecto atraviesa Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo, además de conectarse con las rutas nacionales 33 y 34.

El Gobierno provincial sostuvo que el corredor permite desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas y que su estado incide sobre la logística, la seguridad vial y el acceso a los puertos del cordón industrial.

El pedido para que Santa Fe pudiera asumir la administración de la ruta fue presentado por la provincia a comienzos de 2024. Según la información oficial, la iniciativa surgió ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor.

La administración santafesina señaló que esa situación motivó reclamos de entidades empresarias, municipios, comunas, cámaras del transporte y usuarios, mientras avanzaban las gestiones con el Gobierno nacional para obtener la autorización que permitiera intervenir sobre una infraestructura cuya conservación dependía del Estado nacional.

En distintas oportunidades, Pullaro expresó la disposición de la provincia para hacerse cargo de la ruta si eso permitía acelerar las obras y mejorar las condiciones de circulación para el transporte de cargas y para quienes utilizan diariamente ese corredor.

Uno de los avances en las negociaciones ocurrió en abril, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión del Gobierno nacional de transferir la administración de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe.

De acuerdo con la provincia, posteriormente la Nación avanzó con los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para concretar la cesión. La firma prevista para este miércoles formalizará el convenio por un plazo de 20 años.

Una vez rubricado el acuerdo, el Gobierno santafesino prevé iniciar las primeras intervenciones sobre la ruta. Los trabajos contemplarán tareas de mantenimiento, recuperación de la calzada, mejoras en materia de seguridad vial y obras destinadas a optimizar la circulación del tránsito pesado.

La incorporación de la A012 al sistema vial administrado por la provincia forma parte de la estrategia impulsada por la gestión de Pullaro para fortalecer la infraestructura logística y mejorar la conectividad con los puertos del Gran Rosario.

Desde el Gobierno de Santa Fe sostuvieron que el convenio permitirá avanzar con inversiones sobre un corredor considerado estratégico para la producción y el transporte de cargas, mediante la intervención directa de la provincia con financiamiento propio.