La Secretaría de Energía dio de baja las antiguas reglamentaciones que exigían autorizaciones previas y oferta prioritaria al mercado interno para poder exportar petróleo y gas. Aunque el principio de libre comercio exterior ya estaba fijado por la Ley de Bases, la operatoria diaria ante la Aduana seguía supeditada a resoluciones históricas que mantenían vivo el trámite burocrático.

Con la adecuación de los manuales de procedimiento, el Estado oficializó este miércoles la Resolución 166/2026 y pone en marcha de forma efectiva el régimen de silencio positivo a los 30 días, garantizando a las empresas la previsibilidad necesaria para cerrar contratos de exportación a largo plazo.

El núcleo de la medida ratifica el cambio de paradigma en la comercialización al exterior de petróleo crudo, derivados y gas licuado de petróleo (GLP). A través de las reformas introducidas a la Ley de Hidrocarburos 17.319 por la Ley de Bases 27.742, la legislación establece la libertad comercial como principio rector para la industria energética.

Para respaldar jurídicamente este criterio sin margen de interpretación discrecional, la Resolución 166/2026 se fundamenta formalmente en los textos legales vigentes. Según se destaca de manera textual en los considerandos de la disposición, «los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía».

Asimismo, la disposición restringe el margen de intervención estatal al establecer un límite taxativo para cualquier posible observación oficial sobre los cargamentos. El texto aclara expresamente que «la eventual objeción de la Secretaría de Energía sólo podrá ser formulada dentro de los 30 días de puesta en su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro. Transcurrido dicho plazo, no podrá realizar objeción alguna».

La instrumentación operativa en la Aduana

Para canalizar la operatoria de forma transparente, la norma formaliza la creación del Registro de Operaciones de Exportación, en el cual deberán asentarse todas las notificaciones, objeciones y constancias emitidas en el marco de la desregulación.

Asimismo, la resolución delimita en su articulado de manera taxativa cuáles son los productos cuya exportación queda sujeta a este procedimiento estandarizado, identificados bajo las Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) como aceites crudos de petróleo y aceites crudos de mineral bituminoso, gasolinas excepto de aviación y gasóleo / gasoil, y gases como propano crudo, otros propanos, butano y mezcla de Gas Licuado de Petróleo.

Aunque la Ley 27.742 consagró la libertad de exportación en el Congreso y el Decreto 1.057/2024 detalló su marco general a fines de 2024, en el plano administrativo faltaba adaptar la normativa secundaria. Las operadoras de la cuenca neuquina y del resto de las áreas productivas requerían la baja formal de los viejos regímenes procedimentales que subsistían en los sistemas informáticos oficiales.

En el terreno práctico, la Resolución de hoy cumple la función indispensable de despejar la normativa previa. Así, la norma deroga las reglamentaciones que obligaban a tramitar autorizaciones explícitas o a ofrecer prioritariamente los volúmenes en el mercado local bajo esquemas de verificación previa.

Al quedar dados de baja dichos manuales de procedimiento, los sistemas de la Dirección General de Aduanas (DGA/AFIP) se alinean de forma definitiva con el principio de silencio positivo a los 30 días.

El circuito administrativo queda configurado bajo tres ejes operativos clave. El primero de ellos es la presentación directa, por lo cual la empresa comunica su intención de despacho informando las posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) correspondientes al cargamento.

El otro eje es el plazo perentorio, dado que comienza a correr el plazo de 30 días corridos para que el organismo estatal analice los datos de respaldo, y finalmente, la aprobación automática, la que en caso de no existir observaciones de índole técnica o de seguridad de abastecimiento formuladas en tiempo y forma, la operación queda formalmente habilitada sin requerir un acto administrativo expreso de aprobación.

Previsibilidad para contratos de largo plazo

La trascendencia de esta resolución radica en otorgar certidumbre al eslabón aduanero y logístico. La exportación hidrocarburífera en la Argentina involucra compromisos internacionales de gran escala, fletes marítimos programados con estricta antelación y financiamiento de infraestructura de evacuación masiva, como oleoductos y terminales marítimas.

Al erradicar la incertidumbre sobre eventuales bloqueos de despachos a último momento, las empresas refinadoras y productoras disponen de una herramienta concreta para suscribir contratos de suministro a largo plazo con compradores internacionales (take-or-pay o compromisos plurianuales).

La estandarización del procedimiento aduanero consolida la previsibilidad indispensable para el desarrollo de inversiones en Vaca Muerta y en las distintas cuencas productivas de la Argentina.

El ordenamiento de la Secretaría de Energía llega en un momento clave para la balanza comercial energética. Esta semana, la cartera económica destacó que durante mayo se exportaron 9,4 millones de barriles desde Puerto Rosales, marcando el mayor volumen mensual jamás registrado para esa terminal clave en la evacuación de la producción no convencional de la Argentina.

El salto operativo consolida una tendencia de fuerte aceleración en los despachos al exterior. Entre enero y mayo de este año, Puerto Rosales registró un incremento del 115% en los volúmenes exportados en comparación con el mismo período de 2025.

En este escenario de crecimiento exponencial en la salida de crudo, la simplificación del trámite aduanero y la certeza sobre el plazo de aprobación automática pasan a ser elementos determinantes para acompañar el ritmo logístico del sector.

La decisión de una de las principales calificadoras de riesgo del mundo sobre la deuda soberana argentina volvió a poner el foco en la forma en que los mercados internacionales leen el rumbo económico del país. Detrás de ese movimiento hay un proceso de análisis que combina variables macroeconómicas, financieras y también políticas, y que la agencia explicó en detalle a través de uno de sus principales referentes para la región.

Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina, que pasó de Caa1 a B3 para los compromisos tanto en moneda local como en moneda extranjera. Además, la calificadora modificó la perspectiva de estable a positiva. Según explicó la agencia, la mejora responde a una reducción significativa del riesgo de default, en un contexto en el que la estabilización macroeconómica avanzó hacia una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios, algo que también refleja, a criterio de la calificadora, un fortalecimiento en la gobernanza.

En el informe, la agencia destacó que los superávits fiscales sostenidos, la baja de la inflación y la continuidad de la liberalización económica refuerzan la credibilidad de las políticas públicas y reducen la volatilidad macroeconómica. También resaltó que el panorama externo del país mejoró de manera notable, apoyado en un mejor desempeño exportador, un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, y un acceso más fluido al financiamiento internacional.

En diálogo con Infobae en Vivo, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings, se expresó sobre los motivos que llevaron a la agencia a tomar esta decisión y sobre los factores que todavía condicionan una mejora mayor.

Reusche explicó el significado concreto de la decisión y remarcó el punto de partida desde el que arrancó el país. “Hemos subido la calificación un peldaño a la Argentina, que estaba en la parte baja de la tabla”, señaló. Según indicó, este tipo de definiciones dan una opinión sobre cuál es el riesgo de invertir en el país. “Esto probablemente traiga más inversiones para el país y abarate bastante el costo del financiamiento, tanto al Gobierno como a las empresas, los bancos, al sector público e incluso a los individuos, en un segundo plano”, detalló.

De esta manera, el vicepresidente de la calificadora vinculó la decisión no solo con una lectura sobre el riesgo soberano, sino con un efecto que podría trasladarse a distintos actores de la economía argentina, más allá del Estado.

Consultado sobre qué fue lo que mejoró puntualmente en el país, Reusche puso el eje en el proceso de ordenamiento económico. “Vimos un proceso de ajuste macroeconómico que continúa y la economía se está empezando a asentar”, afirmó. Para el directivo, existe la posibilidad de que las políticas públicas actuales logren reequilibrar la economía en el tiempo.

Ahora bien, el funcionario de Moody’s puso especial énfasis en un aspecto que la calificadora viene siguiendo de cerca desde mediados de año. “Un punto importante que hemos estado evaluando en los últimos meses, desde que visitamos Buenos Aires en mayo, son las finanzas externas del país”, indicó. Se refirió, en concreto, a la balanza de pagos, es decir, a la evaluación de cuántas divisas entran y salen del país. En base a ese análisis, la agencia mide la posibilidad de que el Gobierno cumpla con sus compromisos externos. “Ahí hemos visto una mejora importante”, sostuvo.

Reusche también se refirió al plan financiero presentado por el Gobierno y a la relevancia que tuvo para el análisis de la calificadora. “La presentación del plan financiero ayudó mucho para dilucidar qué estaba pensando el Gobierno en cuanto a fuentes de financiamiento”, explicó. Según detalló, desde Moody’s analizaron distintos escenarios para evaluar cómo cierran las cuentas externas del país y si existen suficientes divisas disponibles.

En ese sentido, el vicepresidente de la calificadora hizo una distinción entre el panorama de este año y el que se espera para el próximo. “Si bien vemos que el ingreso de divisas este año es mayor a lo proyectado, para el próximo año las cuentas se ajustan un poco porque hay grandes repagos de deuda”, advirtió. De todos modos, consideró que, de no mediar sobresaltos, las cuentas públicas deberían encajar, en un escenario además marcado por el calendario electoral. Justamente ese fue otro de los ejes que la calificadora tuvo en cuenta: si luego de las elecciones habrá continuidad en las políticas públicas actuales.

Ante la consulta sobre por qué la mejora en la calificación llegó recién ahora, Reusche fue explícito sobre el criterio de la agencia. “Teníamos que estar muy seguros de que no se iba a revertir cualquier acción crediticia que tomáramos”, sostuvo. Y agregó: “Nunca hacemos estos ajustes a la ligera. Tenemos que evaluar muy en detalle y asegurarnos de que no vamos a cambiar de opinión”.

El vicepresidente de Moody’s marcó además en Infobae en Vivo una diferencia entre la forma de operar de la calificadora y la del mercado en general. “El mercado, en general los inversionistas, siempre están evaluando el riesgo del país todos los días. Ellos fácilmente pueden cambiar de opinión. Nosotros tratamos de ser más cautos”, indicó.

Consultado sobre si perciben en Argentina la posibilidad de que se consolide una política de Estado, Reusche fue cauto pero claro en su diagnóstico. “Creemos que hay mayor consenso de que hay ciertas políticas públicas que deben continuar y volverse políticas de Estado, pero por supuesto eso no lo vamos a saber hasta después de la elección”, afirmó. En esa línea, remarcó que existen riesgos políticos y que, precisamente por eso, la calificación no se ajustó todavía más. “Era posible que la calificación subiese más que un peldaño”, reconoció.

El directivo también se refirió al cambio de perspectiva, que pasó de estable a positiva, y explicó su significado: en un período de entre 12 y 18 meses, la calificación podría seguir mejorando. “Esa va a ser la gran confirmación, si hay continuidad de políticas públicas y si esto se vuelve una política de Estado”, agregó. Según Reusche, los ajustes que requiere la economía argentina dependen, justamente, de que esa continuidad se sostenga en el tiempo.

Sobre la posibilidad de que la calificadora incorpore en su análisis una eventual vuelta del kirchnerismo al poder, Reusche fue tajante respecto del enfoque de la agencia. “Como observadores internacionales, no tenemos preferencias por un gobierno u otro. Lo que analizamos es el marco de políticas públicas”, explicó.

En ese sentido, señaló que el hecho de que en gobiernos anteriores se haya revertido la senda de ajustes muestra que es difícil que ese tipo de políticas trasciendan al gobierno de turno, motivo por el cual la calificadora mide un riesgo político importante. “Más allá de eso, creemos que los incentivos están alineados para que las políticas corrientes se mantengan”, completó.

Finalmente, Reusche se refirió a la brecha que persiste entre la calificación crediticia y el riesgo país que mide el mercado. “El mercado está diciendo que el riesgo político también existe”, explicó. Según su análisis, todavía pesa en la memoria de los inversores el intento de ajuste durante el gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo ni resultó tan efectivo como el actual.

“La idea de que radicalmente cambiaron las políticas luego de una elección persiste en la memoria de los inversionistas y por eso están mucho más altos”, sostuvo. Como referencia, comparó la situación argentina con la de otro país de la región: “La Argentina en este momento está calificado igual que países como El Salvador, que tiene un riesgo país un poco menor, dado que hay menor riesgo político”.

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Mirá la entrevista completa a Jaime Reusche:

El ministro de Economía, Luis Caputo, enviará este miércoles al Congreso al proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal que permitirá que todas las personas adhieran al Régimen de Ganancias Simplificado. Podría incluir que aquellos que presenten por el régimen general por no cumplir los parámetros hoy vigentes puedan cambiar después, aunque esto también podría quedar en manos de ARCA.

Por qué todos podrán ingresar a Ganancias Simplificado

Expertos consultados por iProfesional, participantes de las reuniones que hubo en pasadas semanas entre contadores y el ministro Caputo, aseguran que está resuelto que todos puedan ingresar a Ganancias Simplificado, según comentaron los funcionarios, incluso los que ya hayan presentado por el régimen general.

Esos contadores calculan que el permiso para volver a presentar Ganancias por el Régimen Simplificado, si no se pudo hacer antes del vencimiento por superar los actuales límites de ingresos, tanto puede aparecer en la ley como ser establecido por resolución de ARCA con posterioridad.

Se prevé que, en el Congreso, la oposición trate de derogar la posibilidad de que también los funcionarios públicos puedan beneficiarse de la presunción de exactitud del año base (2025) y el tapón fiscal para los años no prescriptos (2022, 2023 y 2024).

Qué dice el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal sobre residencia fiscal

Este proyecto de ley de Inocencia Fiscal propone una reforma integral que modifica normativas de índole tributaria y procedimental.

El apartado sobre Modificaciones de Procedimiento Tributario y el Régimen de «Inocencia Fiscal» (Leyes 11.683 y 27.799) introduce cambios sustanciales en la relación entre el contribuyente y el fisco, regulando la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y delimitando estrictamente las facultades de fiscalización de ARCA.

Para adherirse o permanecer en el régimen, las personas humanas o sucesiones indivisas deben ser residentes fiscales durante la totalidad del período fiscal correspondiente. El incumplimiento de este requisito conlleva la exclusión por parte de ARCA y la habilitación para determinar de oficio y aplicar sanciones.

El requisito de residencia durante todo el año fiscal no se aplicará para quienes ejerzan la opción en el período fiscal 2025.

Qué pasa con los límites de ingresos y patrimonio

El proyecto elimina los límites máximos de $1.000 millones de ingresos anuales y de $10.000 millones de patrimonio para poder adherir a Ganancias Simplificado.

Incluso en el caso de Grandes Contribuyentes Nacionales, pueden adherir con el único fin de presentar la declaración y pagar en término, pero no gozarán de los beneficios, efectos ni presunciones del Régimen Simplificado.

La opción de adhesión se habilita para períodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2025.

Cómo es la definición y límites de la «Discrepancia Significativa»

La presunción de exactitud de las declaraciones simplificadas solo puede ser impugnada por ARCA si se detecta una discrepancia significativa. Se considera que esta existe si se verifica alguna de las siguientes condiciones:

1. Que la impugnación de ARCA arroje un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos impositivos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Pero se introduce un «umbral de tolerancia», y no habrá discrepancia significativa si la diferencia determinada es menor al 5% del monto mínimo establecido en el Régimen Penal Tributario para evasión simple, esto es una diferencia inferior a $5 millones.

2. Que el incremento del impuesto determinado o la reducción de quebrantos supere de manera directa el umbral fijado por el Régimen Penal Tributario para la evasión simple, o sea, $100 millones.

3. Que se verifique la utilización de facturas o documentos falsos, o el cómputo improcedente de ingresos directos (retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta), resultando en un aumento del impuesto o disminución de saldos a favor o quebrantos. En este caso, no hay un mínimo.

Un punto clave es el efecto de las declaraciones rectificativas, ya que no se considerará discrepancia significativa la diferencia que surja si el contribuyente presenta una declaración rectificativa dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o determinación de oficio, siempre que regularice y cancele totalmente los saldos e intereses correspondientes.

Esto es un cambio importante respecto del régimen vigente, ya que se podía rectificar hasta la emisión de un Orden de Intervención por parte de ARCA (inicio de la fiscalización), y ahora hay tiempo hasta la determinación de oficio (fin de la fiscalización).

Cuáles es la regla de la prueba y las presunciones para ARCA

La carga de la prueba recae de forma exclusiva en ARCA, que únicamente podrá basarse en la información declarada por el contribuyente, sus sistemas internos o datos de terceros. Cualquier otro elemento carecerá de valor probatorio para impugnar el régimen.

Además, durante el período de vigencia de las operaciones bancarizadas reguladas por la Inocencia Fiscal, no se aplicarán las presunciones sobre incremento patrimonial no justificado y depósitos bancarios no justificados.

Otras presunciones no podrán utilizarse como fundamento exclusivo del ajuste y requerirán corroboración externa de sistemas o terceros.

Qué dice el proyecto sobre bancarización y lavado de dinero

Los contribuyentes deben instrumentar sus transacciones a través de medios autorizados por el BCRA o la CNV. El requisito se considera cumplido en operaciones inmobiliarias de escrituración pública pagadas en efectivo.

La constancia de adhesión al Régimen Simplificado será evaluada como un «antecedente favorable» para los Sujetos Obligados en el monitoreo de operaciones de lavado de activos. La UIF dictará normas complementarias al respecto.

El organismo recaudador facilitará APIs y consultas automatizadas para que los Sujetos Obligados (como los bancos) verifiquen el estado activo, de baja o exclusión de los clientes en este régimen.

Qué garantías se dan en litigios e infracciones previas

Si la impugnación de ARCA es revocada o anulada judicial o administrativamente con carácter firme, el fisco deberá devolver las sumas que el contribuyente haya tenido que pagar durante el proceso, junto con intereses, en un plazo máximo de 45 días hábiles.

Los contribuyentes que regularicen o hayan regularizado deudas de Ganancias o IVA anteriores a su adhesión quedarán eximidos de las multas de la Ley de Procedimiento Fiscal, siempre que no estén firmes y el contribuyente renuncie a acciones de repetición del impuesto.

La ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Las modificaciones procedimentales e impositivas surtirán efectos para períodos iniciados desde el 1 de enero de 2025.