La inestabilidad política y social que sacudió a Bolivia fue la consecuencia directa y previsible de una crisis macroeconómica profunda, con raíces en las políticas populistas aplicadas durante dos décadas de poder del Movimiento al Socialismo (MAS). Bolivia se convirtió en otra víctima del “socialismo del siglo XXI”» en Sudamérica.

De manera análoga a lo ocurrido en Venezuela a comienzos de los años 2000 con el petróleo, Bolivia atravesó un período de prosperidad gracias al super ciclo de materias primas y al alza de los precios internacionales de la energía, en particular del gas natural.

Durante la etapa comprendida entre 2008 y 2014, el país andino incrementó su producción de gas de forma sostenida: elevó los volúmenes extraídos desde un promedio de 40 millones de metros cúbicos por día hasta un pico histórico de 59,6 millones en 2014.

Aproximadamente el 80% de ese volumen se destinaba al mercado externo: abastecía primero a Brasil y luego a Argentina, que se vio forzada a incrementar sus importaciones tras años de políticas populistas que erosionaron su propia matriz energética.

En esos años, el gas natural se consolidó como la principal fuente de divisas para Bolivia. Por el efecto combinado de altos volúmenes y cotizaciones internacionales récord, las exportaciones gasíferas escalaron desde una media de USD 3.000 millones anuales hasta USD 8.000 millones entre 2013 y 2015. En ese período, los hidrocarburos concentraron la mitad de todas las exportaciones del país.

Al asumir Evo Morales en 2006, su primera medida fue expropiar todas las empresas extranjeras. Desde entonces, sostiene este análisis, nadie volvió a invertir en Bolivia y el Gobierno se limitó a usufructuar las inversiones realizadas antes de su llegada al poder.

La consecuencia se manifestó a partir de 2014, cuando cayeron los precios internacionales del gas. A ese shock se sumó la contracción de la capacidad productiva por falta de mantenimiento de infraestructura y por la ausencia de inversión en nuevos yacimientos.

Durante los años de abundancia, la administración boliviana se limitó a explotar los yacimientos activos y canalizó la renta excedente hacia gasto público corriente y subsidios orientados al consumo directo, con el objetivo de sostener consenso político de corto plazo. Esa política asfixió incentivos y anuló la inversión en exploración e infraestructura.

Al agotarse la presión natural de las cuencas en producción y no existir nuevos descubrimientos, la oferta hidrocarburífera inició un declive drástico e irreversible que todavía no tocó piso. Hacia 2025, la producción sectorial se desplomó hasta 29 millones de metros cúbicos por día, una pérdida de más de la mitad del volumen registrado durante el auge.

En paralelo, el valor de las exportaciones de gas natural se hundió a USD 1.500 millones en 2025, lo que estranguló la principal vía de financiamiento externo de la economía.

A ese colapso interno de la oferta se sumó un giro geopolítico y comercial: Bolivia dejó de exportar gas a Argentina porque la producción argentina volvió a crecer con fuerza gracias a cambios políticos que posibilitaron el desarrollo de Vaca Muerta.

Bolivia, que hasta ese momento exhibía cuentas públicas relativamente equilibradas por el flujo de divisas energéticas, se negó a convalidar un ajuste fiscal una vez disipada la renta hidrocarburífera. Para sostener la continuidad de la asistencia social, las autoridades recurrieron de manera sistemática al endeudamiento.

A partir de 2015 se registraron déficits anuales superiores al 5% del PBI. Esa trayectoria culminó en un déficit de 11,6% del PBI en 2025. Ese pico se explicó por el intento del gobierno del MAS de retener poder político mediante un programa de expansión del gasto que terminó por dinamitar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ese desequilibrio fiscal disparó la deuda pública. En poco más de una década, la deuda pasó de representar el 30% del PBI a alcanzar el 85% del PBI en 2025.

Ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional, el Estado comenzó a liquidar sus reservas: pasaron de un máximo histórico de USD 15.100 millones en 2014 a tocar un piso crítico de USD 1.600 millones en 2024.

El repunte contable observado hacia 2025, que situó las reservas en USD 3.700 millones, se explicó por la suba del precio del oro y no por una recomposición genuina.

Luego, ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional y el agotamiento de las reservas del Banco Central, los déficits fiscales pasaron a financiarse a través de la emisión monetaria del propio Banco Central.

El resultado directo de ese esquema fue la aparición y el ensanchamiento de una brecha cambiaria en el mercado paralelo, que actualmente se ubicó en el orden del 50%. A eso se sumó la escasez de productos importados esenciales, que afectó de manera crítica el abastecimiento interno de combustibles. Esa dinámica explicó el despertar de la inflación en los últimos años.

También conviene advertir el espejismo del litio. Bolivia posee los mayores recursos teóricos globales junto con Argentina, pero su producción es prácticamente nula. Al igual que en hidrocarburos, el Estado nacionalizó la totalidad de la cadena de valor y, sin tecnología ni capitales suficientes, se mostró estructuralmente incapaz de desarrollar la producción.

Tampoco consolidó socios estratégicos confiables: se apoyó en acuerdos con consorcios rusos y chinos que, hasta el momento, quedaron en letra muerta. En contraste, Argentina proyectó exportar este año litio por un valor cercano a USD 2.000 millones.

El drama de Bolivia reflejó el patrón histórico desplegado por el modelo chavista en Venezuela y que previamente vivió Cuba. La primera fase se caracterizó por expropiaciones generalizadas que el Estado utilizó para estimular artificialmente el consumo interno.

En la segunda etapa, el gasto público asistencialista ideado para sostener apoyo político sustituyó a la inversión y asfixió el desarrollo de sectores estratégicos.

Finalmente, la falta de inversiones derivó en un colapso de la producción y de los ingresos por exportaciones. Ese colapso económico culminó en una crisis política y social sin precedente para el país.

Luego de 20 años, Bolivia se ubicó en ese último estadio del “socialismo del siglo XXI”. Si no frenó la dinámica actual, las consecuencias serán aceleración de la inflación, desabastecimiento crónico de insumos básicos, conflicto social creciente y caos político.

Bolivia corrió el riesgo de caer en hiperinflación, lo que iniciará un flujo migratorio masivo capaz de transformar la crisis interna en un problema regional, con la frontera con Argentina como epicentro.

Paolo Rizzo es Magister en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y en Management de la universidad Luiss, Italia; Ramiro Castiñeira es director de la consultora Econométrica

Las finanzas públicas y la acumulación de activos externos por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) evolucionan de acuerdo con el plan del Gobierno. Ese proceso se tradujo en desinflación, estabilidad en el mercado cambiario y baja de las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo. Aunque la actividad agregada registró récords, persiste malestar en sectores de la producción y el consumo, que retrocedieron frente a años anteriores y lo reflejaron en la mora del crédito, tanto bancario como, con mayor intensidad, en canales alternativos.

Ante ese panorama, Infobae entrevistó a Andrés Borenstein, economista de BTG Pactual y docente universitario en la UTDT y la UBA. Coautor del libro Puede Fallar y autor del podcast La Economía en 3 minutos, analizó los principales aciertos del nuevo esquema cambiario, las oportunidades de inversión y los riesgos internos y externos que podrían condicionar el crecimiento durante el resto del año.

— ¿El ministro de Economía peca de optimismo al afirmar que espera “los mejores 18 meses” en más de dos décadas? ¿En qué indicadores se apoya esa proyección?

— No me corresponde decir si peca o no peca. Creo que la economía andará bien en los próximos meses. No sé si serán los mejores, pero veo la actividad en mejora. Hay empresas que anunciaron inversiones y, en la medida en que esos anuncios se concreten, la actividad mejorará y algunos sectores que hoy no vienen tan bien, como por ejemplo la construcción, probablemente arranquen.

No creo que vaya a haber un boom de construcción, pero sí mejor actividad. Lo mismo vale para algunos sectores industriales. Y, sin duda, algunos servicios seguirán mejorando su performance. Es claro que no será homogéneo y que, aun en una buena economía, habrá gente que no esté bien. Corregir desequilibrios lleva mucho tiempo.

— ¿Por qué conviven diagnósticos tan distintos entre economistas: unos sostienen que la economía va “por buen camino” y otros que “no está bien”? ¿Qué muestran los datos en actividad, salarios reales, empleo, pobreza e inversión para explicar esa divergencia?

— Bueno, todos tenemos sesgos. Y, por otro lado, la economía no es una ciencia exacta. Yo asumo que los precios internacionales seguirán siendo buenos para Argentina, que El Niño traerá otra buena cosecha. Creo que el Gobierno tuvo la filosofía correcta en arreglar las cuentas fiscales, romper con el proteccionismo y desregular muchos sectores. Hubo más controversias con la cuestión monetaria y cambiaria, pero fue haciendo cambios en la política económica que la mejoraron.

Los mejores ejemplos fueron la reducción de volatilidad de tasas de interés y la compra de reservas. Es decir, hay una plataforma que es mejor que antes. Y, por supuesto, hay gente a la que puede no gustarle el RIGI o que puede querer una apertura más rápida del cepo. Son opiniones válidas. No es blanco o negro.

No estoy diciendo que no haya riesgos. La política local, que incluye tanto lo que haga el Gobierno como lo que haga la oposición, puede complicar la situación. El escenario internacional puede cambiar para peor. Y también puede pasar que algo que uno predice finalmente no ocurra. Hay que asumir que todos erramos.

Partamos también de decir que la economía no puede “estar bien” cuando crecimos casi nada en los últimos 15 años y todavía tenemos una inflación muy alta. Se puede compartir más o menos lo que hace el Gobierno, pero no le podemos poner una vara suiza.

— El Fondo Monetario Internacional, en la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, destacó avances y también enumeró desafíos del programa. ¿Comparte ese diagnóstico? ¿En qué puntos coincide y en cuáles discrepa?

— Diría que estoy bastante de acuerdo con lo que plantea el FMI. Obviamente la realpolitik es otro negocio. La reforma tributaria que proponen tiene todo el sentido del mundo. Pero sacarla (esta u otra versión) implica una negociación compleja con las provincias. Y no solo eso: es difícil por la política, pero también porque no todas las provincias quieren o necesitan lo mismo.

— A 30 meses del gobierno de Javier Milei, ¿El ordenamiento fiscal fue “demasiado rápido” o fue el ritmo necesario?

— Respecto de la velocidad, Milei tuvo el beneficio de aprender de lo que no salió bien del gobierno de Macri y, por otro lado, tenía un mandato social para hacerlo que quizás Macri no tenía. Desde lo teórico, la terapia de shock es mejor que el gradualismo. Además, la promesa de corte futuro en Argentina es una promesa liviana. Había que hacerlo rápido.

— En la relación entre ajuste fiscal e impuestos: ¿el recorte del gasto habilitó la baja o eliminación de tributos, o primero se redujeron impuestos y eso forzó un ajuste mayor? ¿Qué “tamaño de Estado” es consistente con sostener el superávit en 2026 y 2027?

— Creo que el Estado está llegando a un tamaño correcto. Probablemente el ajuste adicional ahora debería venir de lo provincial y municipal. Esto no quiere decir que no haya cosas para reasignar en el Gobierno federal.

Siempre es conveniente evaluar el gasto y asignarlo donde tiene mayor valor social. Pero si se mira el gasto en base caja, entre jubilaciones, programas sociales e intereses de la deuda ya tenemos más del 75% del total.

— Mes a mes, la Secretaría de Finanzas informa que la deuda pública consolidada (Administración Central y Banco Central) baja en relación con el PBI y, según esas series, también en valores absolutos. ¿Qué tan robusta es esa lectura?

— La deuda argentina es baja. Cada uno la mide como le conviene. Si sube en dólares porque el tipo de cambio se aprecia, entonces también sube el PBI. Si el Gobierno esteriliza la compra de reservas con deuda, entonces sube la deuda, pero también los activos. Lo más relevante es no tener déficit, porque eso es lo que impide que la deuda suba más allá de las contabilizaciones que se hacen en función del PBI, en dólares o en pesos. No veo riesgos grandes en el perfil de vencimientos. Aunque es importante tratar de mostrarle al mercado que hay acceso, porque eso despeja la incertidumbre de quien la tenga.

— ¿Qué factores frenan una caída más marcada del índice de riesgo país? ¿Qué pesa más hoy: el frente fiscal, el externo, la dinámica de la deuda, el marco institucional o el riesgo político?

— Las cosas que más mira el mercado son la posición de reservas y el riesgo político. Si eso anda bien, dos puntos más de inflación no cambian el panorama. Lógicamente, una parte del riesgo político tiene que ver con que la economía crezca, pero el cóctel político depende de muchos factores, algunos de los cuales exceden a lo económico.

— ¿La combinación de desinflación, baja de tasas de interés para depósitos y apreciación del peso es un fenómeno transitorio o tiene fundamentos? ¿Qué variables deberían monitorearse para saber si ese equilibrio es sostenible?

— Creo que la tasa de interés relevante hoy, como la Tamar por debajo de la inflación, no es algo que vaya a durar para siempre. Esperemos que baje la inflación más de lo que suba la tasa.

El tema de la apreciación del peso es siempre debatible. Con estos números en la cuenta corriente de la balanza de pagos, yo no creo que veamos una depreciación real de la moneda.

— ¿Qué espera para el resto del año en actividad, inflación, tipo de cambio y reservas? ¿Cuál es su escenario base y qué shock lo haría revisar ese pronóstico?

— El escenario base es un crecimiento superior al 3,5%, un tipo de cambio entre 1.650 y 1.700 pesos y compras del Banco Central por alrededor de USD 15.000 millones. Si los precios del petróleo se mantienen arriba de USD 90 por todo el año, es posible que se compren más dólares. Va a depender también de cuántos dólares decidan comprar los argentinos.

— ¿Ese escenario alcanza para que el Gobierno vuelva al mercado internacional de deuda? ¿Qué condiciones de tasa, plazo y señal política serían necesarias, y qué diferencia esa eventual vuelta de las emisiones recientes de empresas energéticas y bancos?

— Con menos de 500 de índice de riesgo país, la ventana se puede abrir. Si a eso le sumáramos otra calificación de riesgo en B-, también ayudaría.

— ¿Cómo evalúa el esquema cambiario vigente: hay atraso cambiario o todavía hay margen? ¿Qué nivel de tipo de cambio real considera consistente con acumular reservas sin reactivar la inflación?

— En términos históricos, el peso puede estar caro. Pero la historia tiene valor relativo. Estamos frente a un cambio de régimen en lo macro y tenemos un potencial exportador que parece materializarse. De manera que esos términos taxativos como atraso cambiario son debatibles.

El dólar se ha debilitado frente a las monedas emergentes y el euro en el último año y medio. Desde lo macro, este año tendremos equilibrio o superávit de cuenta corriente en base caja, el BCRA compra dólares y no creo que nadie se anime a decir que los salarios en Argentina en dólares son caros. Esas cosas no son tan compatibles con un tipo de cambio sobreapreciado.

Hay gente que puede argumentar que los salarios son caros ajustados por productividad. Pues entonces veamos cómo aumentamos la productividad.

— ¿Dónde ve hoy el principal cuello de botella para crecer: crédito, impuestos, costo laboral no salarial, infraestructura, energía, o incertidumbre regulatoria?

— Entiendo que los temas impositivos deberían tener prioridad. No digo coparticipación porque eso es institucionalmente imposible. Pero sí hay que hacer algo con las tasas de seguridad e higiene y ingresos brutos. Por supuesto que no es fácil, porque no se trata de que las provincias y municipios queden desfinanciados. Hay que buscarle la vuelta a eso.

— ¿Una reflexión final?

— Aflojemos con la ansiedad. No estamos ni vamos a estar en el paraíso por mucho tiempo porque venimos de una situación muy mala. Las reformas que se hicieron van en la dirección correcta y, en más o en menos, nos deberían llevar por un camino de crecimiento con menor inflación. El trayecto no es lineal.

Fotos: Adrián Escandar

Uno de los puntos clave de la reforma laboral, la aparición del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), los fondos para pagar indemnizaciones por despido, comienza a tomar forma. Esta semana, el Gobierno publicó el decreto reglamentario que trajo algunas certezas que el mercado financiero y las empresas estaban esperando. A la vez, la Comisión Nacional de Valores (CNV) convocó a una reunión a las Alycs (Agentes de liquidación y compensación), que serán grandes protagonistas en la administración de los fondos y saldrán a captar empresas empleadoras de todos los tamaños para ingresar al negocio.

Se trata de una medida que, más allá de su impacto laboral, también puede modificar sustancialmente el mercado de capitales argentino creando un flujo de dinero nada despreciable: cada mes 550.000 empleadores de todos los tamaños aportarán una porción de los aportes de 6,2 millones de trabajadores privados.

Cinco interrogantes y cinco respuestas que pueden ayudar a entender el nuevo sistema que entrará en vigencia el 1° de noviembre, según fuentes consultadas por Infobae que participaron de esa reunión:

1) ¿Cómo va a funcionar el Fondo de Asistencia Social (FAL)?: Cada empleador privado de la Argentina aportará en forma obligatoria el 1% (si es una empresa grande) o el 2,5% (si es una pyme) a un fondo para pagar indemnizaciones laborales. El empleador girará cada mes ese aporte a la ARCA y le informará a qué banco o alyc debe dirigirlo para engrosar un FAL. El pago deberá hacerse con las cargas sociales, lo que se conoce como el formulario 931.

Las instituciones financieras armarán un FAL para una empresa en particular o bien un FAL multiempresa, que captarán aportes de cientos o miles de pequeños empleadores.

Para el trabajador, el nuevo mecanismo no trae ningún cambio ni está obligado a hacer ningún trámite.

2) ¿En qué activos se va a invertir el dinero? La regla central ya se fijó: los FAL estarán integrados exclusivamente por “instrumentos financieros o valores negociables” argentinos. Se estima que habrá depósitos, acciones, obligaciones negociables, bonos y otros activos, en pesos o en dólares, siempre que no sean extranjeros. Esta regla excluyó, por caso, a los Cedears.

Los FAL deben crearse específicamente a los fines de cumplir con la ley laboral. No se podrán mezclar con los fondos comunes de inversión ya existentes, aunque tendrán una estructura parecida. Muchos bancos y alycs están preparando una “familia de FAL”, con opciones de inversión más conservadoras o más riesgosas, a gusto de cada empresa y su perfil, del mismo modo que ya ofrecen una “familia de FCI” a todos sus clientes.

No se espera que se establezca un “menu de inversiones” o normas excesivamente estrictas acerca de qué porcentaje de cada FAL debe destinarse a cada activo, tal como ocurría, por caso, con las AFJPs. Prevalecerá un criterio de aplicar la mayor flexibilidad posible.

3) ¿Qué deben hacer los empleadores y para qué pueden usar el fondo? Deberán elegir un FAL, que le ofrecerán un banco o una alyc, y girar allí cada mes los aportes por sus empleados. No se podrá subdividir ese aporte: deberán depositar el 100% de ese dinero en una única entidad. Y habrá “portabilidad”, de manera que la empresa podrá llevarse su FAL de un banco a otro si le ofrece mejores condiciones. Habrá un límite de veces para cambiar, que aún no fue fijado.

El dinero, cuyo rendimiento crecerá mes a mes, se utilizará únicamente para pagar indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No podrá usarse con otro destino que no sea ese. El dinero tampoco podrá retirarse o rescatarse en ningún caso. Solamente si una empresa quiebra o desaparece podrá recuperar el dinero remanente en su FAL.

4) ¿Cuánto le costará el nuevo sistema a las empresas? Absolutamente nada. Las empresas, sea un kiosco con 3 empleados o una megaempresa con 10.000, ingresarán al FAL el mismo dinero que hoy aportan a la Anses como parte de los aportes laborales, por lo que no habrá ningún costo extra. De ese aporte también surgirá la comisión para los bancos y alycs administradores, que tendrá un máximo del 1% de los fondos administrados.

El modelo de un FAL exclusivo para una sola empresa será excepcional, solamente para grandes compañías que puedan aspirar a un fondo propio por su gran cantidad de trabajadores.

En el otro extremo, se abrirá un registro de alycs dispuestas a atender a pymes o micropymes con pocos empleados, de manera que todos los empleadores de la Argentina tendrán un FAL a su disposición.

5) ¿Qué regulaciones falta sancionar? El ministerio de Economía, según el artículo 11 del decreto conocido esta semana, deberá establecer los límites para la inversión de los fondos, con las características ya explicadas. En el mercado se estima que esa regulación será flexible, dejando el mayor grado de libertad posible para invertir cada fondo.

No se espera que haya un piso de liquidez al que los FAL deban ajustarse, para que de esa forma puedan responder ante la necesidad de cubrir indemnizaciones. Un detalle de la normativa es que el aporte al FAL es obligatorio, pero una empresa puede afrontar las indemnizaciones con su propia caja si evalúa, financieramente, que le conviene no tocar el FAL.

Una vez dictada esa norma pendiente de Economía llegarán otras, en algunos casos de carácter operativo, provenientes de la CNV, ARCA y la secretaría de Trabajo.