La inestabilidad política y social que sacudió a Bolivia fue la consecuencia directa y previsible de una crisis macroeconómica profunda, con raíces en las políticas populistas aplicadas durante dos décadas de poder del Movimiento al Socialismo (MAS). Bolivia se convirtió en otra víctima del “socialismo del siglo XXI”» en Sudamérica.

De manera análoga a lo ocurrido en Venezuela a comienzos de los años 2000 con el petróleo, Bolivia atravesó un período de prosperidad gracias al super ciclo de materias primas y al alza de los precios internacionales de la energía, en particular del gas natural.

Durante la etapa comprendida entre 2008 y 2014, el país andino incrementó su producción de gas de forma sostenida: elevó los volúmenes extraídos desde un promedio de 40 millones de metros cúbicos por día hasta un pico histórico de 59,6 millones en 2014.

Aproximadamente el 80% de ese volumen se destinaba al mercado externo: abastecía primero a Brasil y luego a Argentina, que se vio forzada a incrementar sus importaciones tras años de políticas populistas que erosionaron su propia matriz energética.

En esos años, el gas natural se consolidó como la principal fuente de divisas para Bolivia. Por el efecto combinado de altos volúmenes y cotizaciones internacionales récord, las exportaciones gasíferas escalaron desde una media de USD 3.000 millones anuales hasta USD 8.000 millones entre 2013 y 2015. En ese período, los hidrocarburos concentraron la mitad de todas las exportaciones del país.

Al asumir Evo Morales en 2006, su primera medida fue expropiar todas las empresas extranjeras. Desde entonces, sostiene este análisis, nadie volvió a invertir en Bolivia y el Gobierno se limitó a usufructuar las inversiones realizadas antes de su llegada al poder.

La consecuencia se manifestó a partir de 2014, cuando cayeron los precios internacionales del gas. A ese shock se sumó la contracción de la capacidad productiva por falta de mantenimiento de infraestructura y por la ausencia de inversión en nuevos yacimientos.

Durante los años de abundancia, la administración boliviana se limitó a explotar los yacimientos activos y canalizó la renta excedente hacia gasto público corriente y subsidios orientados al consumo directo, con el objetivo de sostener consenso político de corto plazo. Esa política asfixió incentivos y anuló la inversión en exploración e infraestructura.

Al agotarse la presión natural de las cuencas en producción y no existir nuevos descubrimientos, la oferta hidrocarburífera inició un declive drástico e irreversible que todavía no tocó piso. Hacia 2025, la producción sectorial se desplomó hasta 29 millones de metros cúbicos por día, una pérdida de más de la mitad del volumen registrado durante el auge.

En paralelo, el valor de las exportaciones de gas natural se hundió a USD 1.500 millones en 2025, lo que estranguló la principal vía de financiamiento externo de la economía.

A ese colapso interno de la oferta se sumó un giro geopolítico y comercial: Bolivia dejó de exportar gas a Argentina porque la producción argentina volvió a crecer con fuerza gracias a cambios políticos que posibilitaron el desarrollo de Vaca Muerta.

Bolivia, que hasta ese momento exhibía cuentas públicas relativamente equilibradas por el flujo de divisas energéticas, se negó a convalidar un ajuste fiscal una vez disipada la renta hidrocarburífera. Para sostener la continuidad de la asistencia social, las autoridades recurrieron de manera sistemática al endeudamiento.

A partir de 2015 se registraron déficits anuales superiores al 5% del PBI. Esa trayectoria culminó en un déficit de 11,6% del PBI en 2025. Ese pico se explicó por el intento del gobierno del MAS de retener poder político mediante un programa de expansión del gasto que terminó por dinamitar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ese desequilibrio fiscal disparó la deuda pública. En poco más de una década, la deuda pasó de representar el 30% del PBI a alcanzar el 85% del PBI en 2025.

Ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional, el Estado comenzó a liquidar sus reservas: pasaron de un máximo histórico de USD 15.100 millones en 2014 a tocar un piso crítico de USD 1.600 millones en 2024.

El repunte contable observado hacia 2025, que situó las reservas en USD 3.700 millones, se explicó por la suba del precio del oro y no por una recomposición genuina.

Luego, ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional y el agotamiento de las reservas del Banco Central, los déficits fiscales pasaron a financiarse a través de la emisión monetaria del propio Banco Central.

El resultado directo de ese esquema fue la aparición y el ensanchamiento de una brecha cambiaria en el mercado paralelo, que actualmente se ubicó en el orden del 50%. A eso se sumó la escasez de productos importados esenciales, que afectó de manera crítica el abastecimiento interno de combustibles. Esa dinámica explicó el despertar de la inflación en los últimos años.

También conviene advertir el espejismo del litio. Bolivia posee los mayores recursos teóricos globales junto con Argentina, pero su producción es prácticamente nula. Al igual que en hidrocarburos, el Estado nacionalizó la totalidad de la cadena de valor y, sin tecnología ni capitales suficientes, se mostró estructuralmente incapaz de desarrollar la producción.

Tampoco consolidó socios estratégicos confiables: se apoyó en acuerdos con consorcios rusos y chinos que, hasta el momento, quedaron en letra muerta. En contraste, Argentina proyectó exportar este año litio por un valor cercano a USD 2.000 millones.

El drama de Bolivia reflejó el patrón histórico desplegado por el modelo chavista en Venezuela y que previamente vivió Cuba. La primera fase se caracterizó por expropiaciones generalizadas que el Estado utilizó para estimular artificialmente el consumo interno.

En la segunda etapa, el gasto público asistencialista ideado para sostener apoyo político sustituyó a la inversión y asfixió el desarrollo de sectores estratégicos.

Finalmente, la falta de inversiones derivó en un colapso de la producción y de los ingresos por exportaciones. Ese colapso económico culminó en una crisis política y social sin precedente para el país.

Luego de 20 años, Bolivia se ubicó en ese último estadio del “socialismo del siglo XXI”. Si no frenó la dinámica actual, las consecuencias serán aceleración de la inflación, desabastecimiento crónico de insumos básicos, conflicto social creciente y caos político.

Bolivia corrió el riesgo de caer en hiperinflación, lo que iniciará un flujo migratorio masivo capaz de transformar la crisis interna en un problema regional, con la frontera con Argentina como epicentro.

Paolo Rizzo es Magister en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y en Management de la universidad Luiss, Italia; Ramiro Castiñeira es director de la consultora Econométrica

Uno de los puntos clave de la reforma laboral, la aparición del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), los fondos para pagar indemnizaciones por despido, comienza a tomar forma. Esta semana, el Gobierno publicó el decreto reglamentario que trajo algunas certezas que el mercado financiero y las empresas estaban esperando. A la vez, la Comisión Nacional de Valores (CNV) convocó a una reunión a las Alycs (Agentes de liquidación y compensación), que serán grandes protagonistas en la administración de los fondos y saldrán a captar empresas empleadoras de todos los tamaños para ingresar al negocio.

Se trata de una medida que, más allá de su impacto laboral, también puede modificar sustancialmente el mercado de capitales argentino creando un flujo de dinero nada despreciable: cada mes 550.000 empleadores de todos los tamaños aportarán una porción de los aportes de 6,2 millones de trabajadores privados.

Cinco interrogantes y cinco respuestas que pueden ayudar a entender el nuevo sistema que entrará en vigencia el 1° de noviembre, según fuentes consultadas por Infobae que participaron de esa reunión:

1) ¿Cómo va a funcionar el Fondo de Asistencia Social (FAL)?: Cada empleador privado de la Argentina aportará en forma obligatoria el 1% (si es una empresa grande) o el 2,5% (si es una pyme) a un fondo para pagar indemnizaciones laborales. El empleador girará cada mes ese aporte a la ARCA y le informará a qué banco o alyc debe dirigirlo para engrosar un FAL. El pago deberá hacerse con las cargas sociales, lo que se conoce como el formulario 931.

Las instituciones financieras armarán un FAL para una empresa en particular o bien un FAL multiempresa, que captarán aportes de cientos o miles de pequeños empleadores.

Para el trabajador, el nuevo mecanismo no trae ningún cambio ni está obligado a hacer ningún trámite.

2) ¿En qué activos se va a invertir el dinero? La regla central ya se fijó: los FAL estarán integrados exclusivamente por “instrumentos financieros o valores negociables” argentinos. Se estima que habrá depósitos, acciones, obligaciones negociables, bonos y otros activos, en pesos o en dólares, siempre que no sean extranjeros. Esta regla excluyó, por caso, a los Cedears.

Los FAL deben crearse específicamente a los fines de cumplir con la ley laboral. No se podrán mezclar con los fondos comunes de inversión ya existentes, aunque tendrán una estructura parecida. Muchos bancos y alycs están preparando una “familia de FAL”, con opciones de inversión más conservadoras o más riesgosas, a gusto de cada empresa y su perfil, del mismo modo que ya ofrecen una “familia de FCI” a todos sus clientes.

No se espera que se establezca un “menu de inversiones” o normas excesivamente estrictas acerca de qué porcentaje de cada FAL debe destinarse a cada activo, tal como ocurría, por caso, con las AFJPs. Prevalecerá un criterio de aplicar la mayor flexibilidad posible.

3) ¿Qué deben hacer los empleadores y para qué pueden usar el fondo? Deberán elegir un FAL, que le ofrecerán un banco o una alyc, y girar allí cada mes los aportes por sus empleados. No se podrá subdividir ese aporte: deberán depositar el 100% de ese dinero en una única entidad. Y habrá “portabilidad”, de manera que la empresa podrá llevarse su FAL de un banco a otro si le ofrece mejores condiciones. Habrá un límite de veces para cambiar, que aún no fue fijado.

El dinero, cuyo rendimiento crecerá mes a mes, se utilizará únicamente para pagar indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No podrá usarse con otro destino que no sea ese. El dinero tampoco podrá retirarse o rescatarse en ningún caso. Solamente si una empresa quiebra o desaparece podrá recuperar el dinero remanente en su FAL.

4) ¿Cuánto le costará el nuevo sistema a las empresas? Absolutamente nada. Las empresas, sea un kiosco con 3 empleados o una megaempresa con 10.000, ingresarán al FAL el mismo dinero que hoy aportan a la Anses como parte de los aportes laborales, por lo que no habrá ningún costo extra. De ese aporte también surgirá la comisión para los bancos y alycs administradores, que tendrá un máximo del 1% de los fondos administrados.

El modelo de un FAL exclusivo para una sola empresa será excepcional, solamente para grandes compañías que puedan aspirar a un fondo propio por su gran cantidad de trabajadores.

En el otro extremo, se abrirá un registro de alycs dispuestas a atender a pymes o micropymes con pocos empleados, de manera que todos los empleadores de la Argentina tendrán un FAL a su disposición.

5) ¿Qué regulaciones falta sancionar? El ministerio de Economía, según el artículo 11 del decreto conocido esta semana, deberá establecer los límites para la inversión de los fondos, con las características ya explicadas. En el mercado se estima que esa regulación será flexible, dejando el mayor grado de libertad posible para invertir cada fondo.

No se espera que haya un piso de liquidez al que los FAL deban ajustarse, para que de esa forma puedan responder ante la necesidad de cubrir indemnizaciones. Un detalle de la normativa es que el aporte al FAL es obligatorio, pero una empresa puede afrontar las indemnizaciones con su propia caja si evalúa, financieramente, que le conviene no tocar el FAL.

Una vez dictada esa norma pendiente de Economía llegarán otras, en algunos casos de carácter operativo, provenientes de la CNV, ARCA y la secretaría de Trabajo.

La cuenta regresiva para el Mundial ya se siente en el mercado argentino de televisores. A pocos días del inicio del torneo, las cadenas de electrodomésticos, fabricantes y consultoras coinciden en un diagnóstico: las ventas se aceleran, los consumidores buscan pantallas cada vez más grandes y las tecnologías premium ganan terreno dentro de las preferencias de compra.

El fenómeno no es nuevo. Los años mundialistas suelen funcionar como un disparador para la renovación de televisores y adelantan decisiones de consumo vinculadas al entretenimiento en el hogar. Sin embargo, la dinámica de este año presenta además otro rasgo distintivo: el fuerte avance de las pantallas de gran tamaño, un segmento que gana participación a medida que se acerca el debut de la competencia.

Los datos de NielsenIQ muestran que la categoría TV atraviesa un momento positivo. Entre enero y abril, las ventas acumularon un crecimiento de 11% en unidades, mientras que abril registró una expansión interanual de 17% en volumen, acelerando la tendencia observada durante los primeros meses de 2026. Si bien desde la firma no anticiparon datos de mayo, desde la industria aseguraron que el crecimiento durante ese mes fue ampliamente superior.

Brenda Marengo, Senior Specialist CSM de NielsenIQ, explicó que el contexto mundialista constituye uno de los principales motores de la demanda. “Al ser un año mundialista, históricamente impulsa la renovación de televisores y adelanta decisiones de compra”, señaló.

La ejecutiva destacó además que el crecimiento no se concentra únicamente en la cantidad de equipos vendidos. También se observa una transformación en el tipo de producto elegido por los consumidores. Los segmentos de mayor tamaño, especialmente desde las 55 pulgadas en adelante, lideran la expansión de la categoría.

Ese cambio impacta directamente sobre los valores promedio del mercado. Según NielsenIQ, el precio promedio de la categoría acumula un incremento de 12% interanual, impulsado en buena medida por la creciente participación de televisores de mayores dimensiones.

El impulso también se reflejó durante el último Hot Sale. De acuerdo con la consultora, los televisores se ubicaron como la categoría más vendida del evento. Durante esa semana, las unidades comercializadas crecieron 26% respecto del Hot Sale anterior, mientras que el ticket promedio avanzó 46 por ciento.

Desde la industria también observan una aceleración marcada. Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), el mercado argentino de televisores comenzó el año con un crecimiento acumulado cercano al 10% hasta abril frente al mismo período de 2025.

Sin embargo, mayo marcó un cambio de ritmo. La entidad señaló que las ventas aumentaron más de 50% interanual durante ese mes, impulsadas por la cercanía del Mundial y el efecto promocional del Hot Sale. Como resultado, el acumulado de los primeros cinco meses del año muestra un crecimiento cercano al 20% respecto del mismo período del año anterior.

La asociación también identifica una modificación importante en la composición de las ventas. Actualmente, los televisores de 50 pulgadas o menos representan el 35% de la facturación de la industria, mientras que las pantallas de 55 pulgadas o más ya concentran el 65% del negocio.

El mercado mantiene además una fuerte concentración en materia de marcas. Seis fabricantes explican más del 85% de las ventas de televisores en Argentina. El ranking está encabezado por Samsung, seguido por TCL, Noblex, Philips, RCA y BGH.

El furor por las pantallas más grandes

La tendencia hacia equipos de mayor tamaño aparece también en las estadísticas de las cadenas de retail.

Desde Frávega explicaron que la expectativa para este año es alcanzar un crecimiento de entre 30% en unidades frente a 2025. La compañía señaló además que los años mundialistas suelen concentrar gran parte de las ventas durante el primer semestre. Mientras que en un año habitual las operaciones se distribuyen de manera relativamente equilibrada entre ambas mitades del calendario, durante los años de Mundial cerca del 60% de las ventas anuales se concretan antes de mitad de año.

Alejandro Taszma, director comercial de Frávega, aseguró que la actividad se aceleró de manera significativa en las últimas semanas.

“A un mes del Mundial y con el Hot Sale en pleno estamos vendiendo siete veces más que en una semana normal de venta de televisores”, indicó. Según el ejecutivo, el desempeño actual también supera al registrado en la previa del Mundial anterior. “Estamos vendiendo un 30% más en unidades que en la misma fecha previa al Mundial pasado”, afirmó.

La evolución de las preferencias de compra resulta uno de los aspectos más notorios. Taszma explicó que las pantallas de 75 pulgadas y 65 pulgadas lideran actualmente la demanda, mientras que los equipos de 85 pulgadas ya aparecen entre las opciones con mayor crecimiento. También destacó la creciente adopción de tecnologías de mayor calidad de imagen. Entre ellas sobresale QLED, una alternativa que gana espacio frente a los modelos LED tradicionales.

Una situación similar describen desde Cetrogar. Juan Manuel Almeida, gerente de Marketing de la compañía, señaló que el mercado registra un crecimiento cercano al 50% en las ventas de Smart TV respecto del mismo período del año pasado y que “si en el Mundial de 2022 el estándar estaba en las 43 pulgadas, hoy las 50 y 55 pulgadas se consolidaron como los tamaños más buscados por los consumidores”, indicó.

El ejecutivo agregó que incluso los modelos de más de 65 pulgadas ganaron protagonismo dentro de las ventas. Actualmente, entre los veinte televisores más vendidos aparecen equipos de 65 y hasta 75 pulgadas, algo que años atrás estaba reservado para un segmento mucho más reducido del mercado.

La transformación no se limita al tamaño de pantalla. Según Cetrogar, existe una búsqueda creciente de tecnologías premium vinculadas con una mejor experiencia visual. Entre las más demandadas figuran QLED, Mini LED, OLED y ULED, opciones que ofrecen mejoras en calidad de imagen, brillo, contraste y rendimiento.

La evolución de los precios acompaña el cambio de preferencias observado en el mercado.

Actualmente, el precio promedio de un televisor en Argentina se ubica en una franja cercana a los $650.000 a $750.000, aunque el valor varía significativamente según el tamaño de pantalla, la resolución y la tecnología del panel. Los modelos más vendidos son los Smart TV 4K de entre 50 y 55 pulgadas, considerados el punto de equilibrio entre precio y experiencia de visualización.

Dentro de los tamaños más demandados, los televisores de 50 pulgadas se comercializan en un rango que va aproximadamente de $600.000 a $900.000, dependiendo de la marca y las prestaciones. Se trata de la medida que domina las ventas masivas por su relación entre costo y tamaño de pantalla. En el segmento de 55 pulgadas, que concentra gran parte de la oferta disponible para quienes buscan una experiencia más inmersiva, los precios parten desde alrededor de $650.000 y pueden superar el millón de pesos en versiones QLED o de gama superior.

A medida que aumenta el tamaño de pantalla, la inversión crece de manera considerable. Los televisores de 65 pulgadas se ubican mayormente entre $1,1 y $1,7 millones, mientras que los modelos de 75 pulgadas suelen encontrarse en una franja de $1,7 a $2,5 millones. En ambos casos, la mayoría de las opciones disponibles ya incorporan resolución 4K y funciones inteligentes, mientras que los equipos premium con tecnologías OLED o Mini LED pueden superar ampliamente esos valores

La financiación volvió a ocupar un lugar central en la venta de televisores. Mientras los planes de 12 cuotas sin interés son prácticamente un estándar del mercado, algunas cadenas y bancos elevaron la apuesta con esquemas de 18, 24 e incluso 30 cuotas sin interés en la previa del Mundial 2026, especialmente para equipos de gran tamaño y modelos 4K

Según explicaron desde Cetrogar, “en un contexto donde el acceso al crédito continúa siendo clave para las decisiones de consumo, las cuotas sin interés y las distintas alternativas de financiación permiten acercar tecnologías que de otra manera serían más difíciles de alcanzar. Hoy las 12 cuotas sin interés o más —llegando incluso en determinados momentos a 24 cuotas sin interés— se han convertido en un requisito indispensable para impulsar el consumo, aun cuando las tasas de financiación continúan siendo elevadas y generan presión sobre los márgenes de rentabilidad del sector».