La inestabilidad política y social que sacudió a Bolivia fue la consecuencia directa y previsible de una crisis macroeconómica profunda, con raíces en las políticas populistas aplicadas durante dos décadas de poder del Movimiento al Socialismo (MAS). Bolivia se convirtió en otra víctima del “socialismo del siglo XXI”» en Sudamérica.

De manera análoga a lo ocurrido en Venezuela a comienzos de los años 2000 con el petróleo, Bolivia atravesó un período de prosperidad gracias al super ciclo de materias primas y al alza de los precios internacionales de la energía, en particular del gas natural.

Durante la etapa comprendida entre 2008 y 2014, el país andino incrementó su producción de gas de forma sostenida: elevó los volúmenes extraídos desde un promedio de 40 millones de metros cúbicos por día hasta un pico histórico de 59,6 millones en 2014.

Aproximadamente el 80% de ese volumen se destinaba al mercado externo: abastecía primero a Brasil y luego a Argentina, que se vio forzada a incrementar sus importaciones tras años de políticas populistas que erosionaron su propia matriz energética.

En esos años, el gas natural se consolidó como la principal fuente de divisas para Bolivia. Por el efecto combinado de altos volúmenes y cotizaciones internacionales récord, las exportaciones gasíferas escalaron desde una media de USD 3.000 millones anuales hasta USD 8.000 millones entre 2013 y 2015. En ese período, los hidrocarburos concentraron la mitad de todas las exportaciones del país.

Al asumir Evo Morales en 2006, su primera medida fue expropiar todas las empresas extranjeras. Desde entonces, sostiene este análisis, nadie volvió a invertir en Bolivia y el Gobierno se limitó a usufructuar las inversiones realizadas antes de su llegada al poder.

La consecuencia se manifestó a partir de 2014, cuando cayeron los precios internacionales del gas. A ese shock se sumó la contracción de la capacidad productiva por falta de mantenimiento de infraestructura y por la ausencia de inversión en nuevos yacimientos.

Durante los años de abundancia, la administración boliviana se limitó a explotar los yacimientos activos y canalizó la renta excedente hacia gasto público corriente y subsidios orientados al consumo directo, con el objetivo de sostener consenso político de corto plazo. Esa política asfixió incentivos y anuló la inversión en exploración e infraestructura.

Al agotarse la presión natural de las cuencas en producción y no existir nuevos descubrimientos, la oferta hidrocarburífera inició un declive drástico e irreversible que todavía no tocó piso. Hacia 2025, la producción sectorial se desplomó hasta 29 millones de metros cúbicos por día, una pérdida de más de la mitad del volumen registrado durante el auge.

En paralelo, el valor de las exportaciones de gas natural se hundió a USD 1.500 millones en 2025, lo que estranguló la principal vía de financiamiento externo de la economía.

A ese colapso interno de la oferta se sumó un giro geopolítico y comercial: Bolivia dejó de exportar gas a Argentina porque la producción argentina volvió a crecer con fuerza gracias a cambios políticos que posibilitaron el desarrollo de Vaca Muerta.

Bolivia, que hasta ese momento exhibía cuentas públicas relativamente equilibradas por el flujo de divisas energéticas, se negó a convalidar un ajuste fiscal una vez disipada la renta hidrocarburífera. Para sostener la continuidad de la asistencia social, las autoridades recurrieron de manera sistemática al endeudamiento.

A partir de 2015 se registraron déficits anuales superiores al 5% del PBI. Esa trayectoria culminó en un déficit de 11,6% del PBI en 2025. Ese pico se explicó por el intento del gobierno del MAS de retener poder político mediante un programa de expansión del gasto que terminó por dinamitar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ese desequilibrio fiscal disparó la deuda pública. En poco más de una década, la deuda pasó de representar el 30% del PBI a alcanzar el 85% del PBI en 2025.

Ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional, el Estado comenzó a liquidar sus reservas: pasaron de un máximo histórico de USD 15.100 millones en 2014 a tocar un piso crítico de USD 1.600 millones en 2024.

El repunte contable observado hacia 2025, que situó las reservas en USD 3.700 millones, se explicó por la suba del precio del oro y no por una recomposición genuina.

Luego, ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional y el agotamiento de las reservas del Banco Central, los déficits fiscales pasaron a financiarse a través de la emisión monetaria del propio Banco Central.

El resultado directo de ese esquema fue la aparición y el ensanchamiento de una brecha cambiaria en el mercado paralelo, que actualmente se ubicó en el orden del 50%. A eso se sumó la escasez de productos importados esenciales, que afectó de manera crítica el abastecimiento interno de combustibles. Esa dinámica explicó el despertar de la inflación en los últimos años.

También conviene advertir el espejismo del litio. Bolivia posee los mayores recursos teóricos globales junto con Argentina, pero su producción es prácticamente nula. Al igual que en hidrocarburos, el Estado nacionalizó la totalidad de la cadena de valor y, sin tecnología ni capitales suficientes, se mostró estructuralmente incapaz de desarrollar la producción.

Tampoco consolidó socios estratégicos confiables: se apoyó en acuerdos con consorcios rusos y chinos que, hasta el momento, quedaron en letra muerta. En contraste, Argentina proyectó exportar este año litio por un valor cercano a USD 2.000 millones.

El drama de Bolivia reflejó el patrón histórico desplegado por el modelo chavista en Venezuela y que previamente vivió Cuba. La primera fase se caracterizó por expropiaciones generalizadas que el Estado utilizó para estimular artificialmente el consumo interno.

En la segunda etapa, el gasto público asistencialista ideado para sostener apoyo político sustituyó a la inversión y asfixió el desarrollo de sectores estratégicos.

Finalmente, la falta de inversiones derivó en un colapso de la producción y de los ingresos por exportaciones. Ese colapso económico culminó en una crisis política y social sin precedente para el país.

Luego de 20 años, Bolivia se ubicó en ese último estadio del “socialismo del siglo XXI”. Si no frenó la dinámica actual, las consecuencias serán aceleración de la inflación, desabastecimiento crónico de insumos básicos, conflicto social creciente y caos político.

Bolivia corrió el riesgo de caer en hiperinflación, lo que iniciará un flujo migratorio masivo capaz de transformar la crisis interna en un problema regional, con la frontera con Argentina como epicentro.

Paolo Rizzo es Magister en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y en Management de la universidad Luiss, Italia; Ramiro Castiñeira es director de la consultora Econométrica