POLITICA
Primer cimbronazo por la reforma laboral: el Gobierno intimará a empresas y sindicatos para renegociar 150 convenios colectivos

Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos» de los trabajadores.
Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.
De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.

Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.
Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.
Este último paso implica el aval oficial para que su contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

En el fondo, lo que el Gobierno dinamitó con la reforma laboral es la ultraactividad, el principio previsto en la legislación que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.
La Ley 27.802, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.
Aun así, en el decreto 407 se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.

A la hora de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar en el convenio colectivo algunas “herramientas” incluidas en la Ley 27.802 que pueden favorecer a los trabajadores.
Uno de esos recursos es el llamado “salario dinámico”, que figura en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.
Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo.
Este tipo de innovaciones son cuestionadas por la CGT porque reducen el nivel de protección o de beneficios de los trabajadores y habilitan a negociar “a la baja”, pero para el Gobierno son decisivas: imagina que así se podrán abandonar los aumentos salariales por inflación e incorporar otras formas de mejoras según el rendimiento individual o la situación económica de las empresas.
Eso va de la mano, además, de la posibilidad de definir incrementos o beneficios a nivel de cada empresa y no por actividad, como sucedía hasta hoy y que constituye un rasgo distintivo del modelo sindical argentino, que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería para firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.
Una modificación clave de la reforma laboral fue la que fijó la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación previa, un convenio de actividad prevalecía sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos fueran más favorables para el trabajador.
En la práctica, la Ley 27.802 les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que les quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.
Esa descentralización, según el Gobierno, posibilitará que se pacten aumentos o condiciones de trabajo que no rijan en todo el territorio nacional o en todas las empresas ya que, como puede suceder, esas mejoras no pueden ser efectivizadas en algunas provincias, regiones o pymes que atraviesan otra realidad económica.
Por eso otro aspecto crucial de la reforma laboral a partir de la reglamentación es la forma en que facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio de los sindicatos por rama de actividad.
Ley 27.802 establece que el sindicato de simple inscripción que aspire a una representación por empresa debe demostrar afiliaciones por 6 meses y luego se cotejará el número de afiliados cotizantes con los que posea el sindicato de actividad para determinar quién tiene más afiliados y se queda con la personería.
Antes, para que a un sindicato se le otorgara la personería debía acreditar un mínimo de afiliación del 20% de los trabajadores que intentaba representar. Para arrebatarle la personería a otro sindicato, el gremio en disputa no sólo debía superar ese 20% sino que en el último semestre debía demostrar un 10% más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20% al 5% para facilitar la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.
Ese escenario que se abre altera la tranquilidad de muchos dirigentes gremiales, que temen una oleada de reclamos de nuevas organizaciones que representan a los trabajadores de una empresa para intentar quedarse con los derechos exclusivos que brinda la personería.
La reglamentación de la Ley 27.802, además, permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una fuerte apuesta del Gobierno para transformar el sistema de indemnizaciones mediante un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Para la CGT, según Ciampa, “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”.

Aunque la reglamentación destrabará puntos importantes de la Ley 27.802, en la administración libertaria hay quejas porque no se están utilizando en la actual negociación de los convenios colectivos de trabajo ciertos artículos de la reforma laboral que permitirían darles un alivio económico a empleadores y trabajadores.
Uno es el que habilita “el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de trabajo, por día efectivamente trabajado”.
De esa forma, las empresas puedan compensar gastos reales de traslado sin que esos montos se transformen en salario a todos los efectos y así se reduce el costo laboral asociado a ese beneficio. Desde la perspectiva del trabajador, permite recibir el reintegro completo, aunque no incrementa las bases utilizadas para jubilación, aguinaldo o indemnizaciones futuras.

El otro artículo que el Gobierno quiere incentivar es el que modificó el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que el empleador descuente del salario las cuotas de préstamos otorgados por entidades bancarias cuando el trabajador haya prestado su consentimiento. Para los bancos, significa que el cobro está mucho más asegurado que en un préstamo personal común y se crean las condiciones para que los préstamos descontados del sueldo tengan tasas más bajas que otros créditos y así se beneficie al trabajador.
Lo que los funcionarios libertarios dejaron afuera del decreto reglamentario fue el capítulo específico de la reforma laboral sobre trabajadores de plataformas. En realidad, si bien requiere de precisiones para poner en marcha un régimen especial de trabajo para ese sector, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá este año en Ginebra, Suiza, ese mismo punto y el Gobierno decidió esperar para reglamentarlo a tono con el convenio por aprobarse.
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POLITICA
La presidenta encargada de Venezuela agradeció a Javier Milei por el envío de ayuda tras el terremoto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció la solidaridad del presidente Javier Milei, tras los dos terremotos que azotaron la zona norte del país caribeño, que dejó al menos 1430 muertos y más 3 mil heridos, según los últimos datos oficiales.
“Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas”, expresó Rodríguez en su cuenta personal de X, con un posteo que compartió Milei desde sus perfiles.
Un contingente de 26 integrantes de la Infantería de Marina Argentina arribó a Caracas a las 2.30 de la madrugada de este sábado para participar en las tareas de búsqueda y rescate junto a las autoridades locales y los equipos de emergencia desplegados en las áreas más afectadas.
Los efectivos, acompañados por canes adiestrados, personal sanitario y una ambulancia de emergencia, comenzaron a trabajar pocas horas después de su llegada en la ciudad de Caraballeda, estado de La Guaira.

La misión argentina, encabezada por el coronel Miguel Ángel Wissinger, fue recibida por el general en jefe y ministro de Defensa del Poder Popular de Venezuela, Gustavo Enrique González López, luego de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia, y que provocaron un desastre humanitario con miles de víctimas fatales y desaparecidos.
El grupo de rescatistas está capacitado para actuar en escenarios complejos y bajo presión, empleando binomios caninos para localizar sobrevivientes entre los escombros. El operativo incluye médicos emergentólogos, enfermeros, auxiliares, equipamiento sanitario y medicamentos. También se movilizó una ambulancia lista para intervenir en situaciones críticas y se asignaron recursos logísticos como un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.
En respuesta a la emergencia, el presidente Javier Milei dispuso un conjunto de recursos sanitarios, logísticos, militares y humanitarios para asistir a la población venezolana. La asistencia argentina incluye 134 carpas, dos plantas potabilizadoras de agua, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de alojamiento de los damnificados.
La partida de las Fuerzas Armadas se realizó el viernes desde la Base Aérea de El Palomar, como parte de la operación de asistencia humanitaria coordinada por la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, la Agencia Federal de Emergencias y el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti. El funcionario había señalado que su cartera mantenía alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para intervenir en la emergencia y destacó la coordinación con el Estado Mayor Conjunto y la capacidad de actuar en escenarios complejos.
“Ya han llegado a Venezuela los 3 aviones enviados ayer con nuestros rescatistas y equipamiento”, compartió este sábado el canciller Pablo Quirno, y agregó que “el gobierno de Venezuela ha solicitado también asistencia en la rehabilitación del aeropuerto de Caracas y que directivos de Aeropuertos Argentina han viajado para asistir en este tema”. Dejó, además, un agradecimiento a YPF y AA por “el apoyo brindado y los esfuerzos realizados para poder cumplir esta misión de manera tan rápida y eficiente”.
Como se remarcó, el área de responsabilidad asignada al contingente argentino es la ciudad de Caraballeda. Las primeras brigadas USAR, coordinadas por la Agencia Federal de Emergencias, también fueron enviadas para colaborar en las tareas de rescate.

La Armada Argentina juega un rol central en esta primera etapa, con personal especializado, binomios perro-guía y brigadas destinadas a localizar sobrevivientes y apoyar las operaciones en las zonas más castigadas.
En el marco de esta ayuda, el Gobierno enfatizó que las Fuerzas Armadas cuentan con experiencia para operar a gran distancia y responder en emergencias regionales, al combinar recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea, potabilización de agua y ayuda a los damnificados.
Ante la gravedad de la situación, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas. Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen diez países más.
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POLITICA
El punto de quiebre que sentó la suerte de Manuel Adorni y los preparativos que hace el Gobierno ante su inminente salida

Son horas clave en el Gobierno. En la Casa Rosada comunican que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, iría a la Quinta de Olivos hacia la tarde-noche para presentarle su renuncia indeclinable al presidente Javier Milei. Ninguno de los dos se contactaron en lo que va del día, pero ya estaba acordado desde ayer que se iban a reunir en la Residencia Presidencial para acordar los términos y condiciones de su salida.
Importantes colaboradores del Gobierno afirman que Adorni ya tiene en sus manos una carta de renuncia que le redactó un asesor suyo. El entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó la decisión ayer de que será ese entorno el que se ocupe de la comunicación política de todo el encuentro. Hasta ayer, en ese círculo buscaban comunicar la línea rectora de que todavía no estaba definido.
Sin embargo, al ministro del Interior, Diego Santilli, le llegó la oferta para ser ministro del Interior el jueves pasado. La decisión se cocinó en las altas esferas de la mesa política y la principal promotora del asunto fue la senadora Patricia Bullrich. Hubo varios motivos que la llevaron a retobarse y a plantarse de que la decisión no se podía aplazar más.
El episodio que más la fastidió fue el martes, cuando Manuel Adorni tuiteó que se encontraba a disposición para ir a dar su informe de gestión al Senado pese a que Bullrich había cancelado esa posibilidad por considerar que era un desgaste innecesario. Tal como publicó el periodista Pablo de León en Clarín, Bullrich bramó “no se puede trabajar con pelotudos”. Al día siguiente, forzó a que no hubiera quórum en el Senado para que no se tratara algún tipo de pedido de interpelación, lo que generó mucho fastidio con los senadores aliados. La situación era insostenible, y la jefa de bloque de LLA se lo hizo saber al círculo karinista.

Así, al día siguiente, impuso como plazo límite el miércoles 1 de julio, cuando se preveía una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales para impulsar una interpelación a Adorni. En un último acto-reflejo, la hermana presidencial envió a sus laderos Lule Menem e Ignacio Devitt para convencerla de estirar la sobrevida de Adorni. “La palabra del Presidente en el Senado soy yo. Y esto no aguanta más”, habría dicho en una reunión privada. El jueves todas las partes estaban de acuerdo en buscar una salida y Santilli fue la figura elegida por consenso. Del otro lado, el santiaguismo veía con buenos ojos esa incorporación.
Adorni mantuvo un silencio sepulcral sobre sus actividades desde el jueves, aunque fuentes del Gobierno afirman que Karina recién se lo comunicó el viernes en Casa Rosada. No fue algo que le haya sorprendido, porque el mismo jueves a la noche ya habían empezado a circular las primeras versiones de que el jefe de Gabinete no tenía más de una semana de sobrevida en el cargo y que la definición era inminente, solo bastaba que el Presidente volviera de su viaje por España el sábado por la mañana.
Al jefe de Gabinete le molestó la desprolijidad con la que se manejaron los trascendidos sobre su salida. Todo pese a que en su entorno admiten que hace tiempo viene pensando en la posibilidad de renunciar por el desgaste acumulado. En el pasado ha argumentado que su cargo le posibilitaba una especie de salvaguarda frente a la Justicia, pero se evidenció que no fue así. El avance del fiscal Gerardo Pollicita no se hubiera producido con esa rapidez si el tema se agotaba en la agenda mediática, creen en el Gobierno.

Los medios de comunicación se encargaron de mantener vivo el tema, con la debida colaboración de Adorni. “Fue desprolijo en absolutamente todos sus manejos en el pasado. Los testigos iban a declarar solos a la Justicia. Y además tuvo episodios como lo del ‘deslomado’, la demora en la presentación de la declaración jurada y la entrevista con José del Río cuando nadie se lo recomendaba. De todas las decisiones que tenía para aliviar su situación, siempre eligió las menos adecuadas”, afirma una figura de la Casa Rosada.
Luego de la primera presentación del vocero presidencial Adrián Ravier en la mañana del viernes en Casa Rosada, el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, fue a reunirse con Adorni a su despacho. Hubo importantes funcionarios que durante la tarde de ayer pidieron trascender que el arribo de Santilli no estaba tan seguro y que el canciller Pablo Quirno tenía posibilidades. En paralelo a esa situación, Adorni ya había preparado a su equipo para la salida.
Para la jornada de ayer, el equipo de la anterior gestión de Comunicación y Prensa, liderados por Javier Lanari, ya no tenían oficina propia. Muchos se fueron antes porque directamente no tenían dónde trabajar. Muchos recordaban a los primeros días de Adorni, cuando descansaba en los pequeños silloncitos de cuerina que había cerca de las oficinas del entonces secretario Eduardo Roust porque no tenía despacho.
Milei y Adorni se verán esta tarde. Lo que no se decidió es si el arribo de Santilli se hará este mismo sábado o si se hará el domingo. La transición comenzará el lunes en la Casa de Gobierno, donde se buscará ordenar todo para que el mismo martes por la mañana Adrián Ravier pueda realizar su primera conferencia de prensa con los periodistas acreditados con una nueva gestión.
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POLITICA
Se profundiza la interna peronista: el fuerte cruce entre Magario y Berni en el Senado bonaerense

El Senado bonaerense retomó este miércoles la actividad formal con la primera sesión del año. Allí, la Cámara alta, presidida por la vicegobernadora, Verónica Magario, avanzó parcialmente con la designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, pero la atención se la llevó la descarnada interna del peronismo: el presidente del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, y su par Mario Ishii, cuestionaron la dilación en las sesiones y metieron la discusión interna del peronismo en el recinto al punto que el ex ministro de Seguridad le endilgó a Magario que tanto ella como el gobernador Axel Kicillof fueron elegidos en sus cargos, dentro de la fuerza política, producto de la voluntad política de la expresidenta Cristina Kirchner.
El Senado bonaerense mantuvo su primera sesión ordinaria. La dilación de los encuentros formales fue expuesta por el sector del kirchnerismo. Los encargados de manifestar la situación fueron Berni e Ishii por el peronismo, pero también desde la oposición el titular de la bancada libertaria, Carlos Curestis, se refirió al respecto. “Estamos contentos porque después de tanto tiempo pudimos sentarnos en la banca, más allá de que no se trataron cuestiones importantes. Hay más de 300 proyectos que por suerte van a empezar a tener movimiento cuando comencemos a tratarlos en las comisiones; y hoy quedaron bien claros los graves problemas que tiene el oficialismo con sus internas; sacaron los ‘trapitos al sol’. Ahora tenemos que aguardar que no esperen a diciembre para volver a llamarnos a una sesión”, planteó el legislador libertario.
Sin embargo, el primer pico de tensión se asomó cuando Mario Ishii usó los cinco minutos que le correspondían para hablar de sus proyectos de ley que solicitan la emergencia alimentaria y sanitaria. Allí, criticó por igual al gobierno nacional y al provincial por la situación social. Al extenderse, Magario le advirtió que ya había agotado su tiempo. Como Ishii no terminaba, la presidenta de la Cámara alta le cortó el micrófono. Tiene potestad para hacerlo. Seguidamente, Berni pidió la palabra y propuso una moción de orden para darle otros cinco minutos a Ishii. Allí fue el primer cruce cuando le dijo a la vicegobernadora: “Me gustaría que su compañero pueda terminar lo que estaba expresando. Hace seis meses que no sesionamos, no tengo apuro”. No consiguió los votos para esa moción. Dentro del bloque peronista, la senadora Malena Galmarini -del Frente Renovador-, se abustuvo. Los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro, no acompañaron el pedido de su jefe de bancada. “Venimos sufriendo algunas caídas”, ironizó el médico militar.
Pero la situación cobró volumen cuando a Berni le otorgaron diez minutos para hacer uso de la palabra. En ese momento, luego de referirse a un proyecto de ley que modifica el régimen previsional especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas, su discurso empezó a virar hacia el funcionamiento de la Cámara alta. Celebró que se hayan reabierto los palcos de prensa y se adjudicó dicha decisión. “Les prometí que en la primera sesión ordinaria el palco iba a estar abierto. Esto es magia, está abierto. Así que bienvenidos nuevamente al recinto de la casa del pueblo”.
Luego, sí llevó la interna al recinto. Planteó que en estos seis meses en los que no hubo sesión “pasaron cosas importantes; por ejemplo, se cumplió un año de la condena injusta de nuestra compañera Cristina”. Enfatizó los motivos políticos por los que la expresidenta está detenida y cuestionó a quiénes dentro del peronismo no se pronuncian enfáticamente al respecto. Magario le advirtió que había agotado los 10 minutos; también le planteó que se atañe al proyecto original del que hablaba y Berni redobló la apuesta: “no se terminó nada”, dijo. Antes de eso le dijo: “Le quiero recordar que fue la misma persona que la hizo dos veces vicepresidenta —en rigor quiso decir vicegobernadora—, así que necesito un poco más de tiempo”.
“No solo la hizo dos veces vicepresidenta (sic), sino también apelando a su grandeza en momentos en que el gobernador desde su mirada de izquierda describía artículos que tenían que ver con una oposición a las políticas económicas de Néstor Kircher, la presidenta -por CFK- le abrió las puertas, lo llevó Aerolineas Argentinas, lo hizo viceministro de Economía, ministro de Economía, todos los compañeros trabajamos para que sea diputado nacional”. Magario volvió a advertirle que había consumido su tiempo de exposición y Berni redobló la apuesta al remarcarle: “Usted sabe lo que son las prescripciones -quiso decir proscripciones- viene de una familia exiliada”. Allí fue cuando Magario dijo que era una falta de respeto, le cortó el micrófono y cedió la palabra al senador de Hechos, Marcelo Leguizamón.
Los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof, optaron por no confrontar. La orden el parvia fue evitar provocaciones, a sabiendas de que era algo podría suceder.

Principio de acuerdo para el Consejo de la Magistratura
Pese a los cruces dentro del peronismo, sí hubo acuerdo para avanzar con las designaciones del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura bonaerense. Los nombramientos no estuvieron exentos de tensión, al punto que no se logró cubrir las seis vacantes que corresponderían al Senado. Por un lado, porque el peronismo -al que le corresponden cuatro lugares, dos titulares y dos suplentes- solo tiene tres abogados en sus filas y por el otro porque los distintos bloques de la oposición también disputan la representación en minoría. Ser abogado es condición excluyente para formar parte del órgano evaluador que define ternas para cargos judiciales Como salida rápida, el Senado terminó definiendo que el peronismo ponga dos lugares y La Libertad Avanza otro casillero, quedando aún tres vacantes en discusión.
El peronismo llegó a la sesión con la discusión puertas adentro del bloque. Los abogados que tiene la bancada que preside Sergio Berni tienen a él y a los legisladores Fernando Coronel y Marcelo Feliú como abogados. Berni responde al esquema cristinista, mientras que Coronel es un senador que forma parte del Frente Grande de Mario Secco y se ata al esquema político del gobernador Axel Kicillof. En tanto, Feliú se mueve con autonomía. Esa condición, plantean fuentes legislativas, fue lo que de momento dejó al legislador bahiense fuera de los nombramientos. Es que este miércoles, Fuerza Patria, definió que solo se vote a Berni y a Coronel. El primero lo hará en carácter de titular, mientras que Coronel como suplente. Fue una salida ecuménica entre el kicillofismo y el kirchnerismo. En tanto que La Libertad Avanza, impuso el nombramiento de María Luz Bambaci, que responde al diputado nacional y armador libertario, Sebastián Pareja. También lo hará en condición de titular.
Lo que también queda en suspenso son las designaciones por la oposición. Allí, asoma otro frente de conflicto. El plan original era que además de la legisladora libertaria también se designara al senador del bloque Unión y Libertad, Sergio Vargas. Sin embargo, el PRO buscó que ese lugar sea para Juan Manuel Rico Zinni. El PRO cuenta con cinco senadores, mientras que Unión y Libertad con tres. Una posibilidad era que ambos consiguieran la designación, ya que el peronismo no lograba completar los cuatro lugares por falta de abogados.
En las últimas semanas, como relató Infobae, hubo una negociación subterránea que alcanzó hasta a Kicillof. Una alternativa para que el peronismo retenga los cuatro lugares que le correspondían por el Senado, por ser el bloque mayoritario, era que el cuarteto peronista lo completara el diputado provincial, Mariano Cascallares, y lo hiciera por el Senado. Técnicamente es posible, ya que a fines del año pasado la Legislatura provincial modificó la ley de ordenamiento del Consejo de la Magistratura y definió que la representación sea por el Poder Judicial, indistintamente de si era por la Cámara de Diputados bonaerense o la Cámara de Senadores. Cascallares, del espectro del MDF, contaba con el aval del gobernador para ocupar una silla en la magistratura bonaerense. Su nombramiento se iba a tratar en la última sesión de la Cámara de Diputados; hubo un preacuerdo para que así fuera y luego la designación se pospuso. Se espera que los lugares restantes se voten en la próxima sesión.
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