POLITICA
La flota extranjeras china extrae en la milla 201 hasta cuatro veces más recursos naturales que la pesca argentina
El mar negro se parte en dos: de un lado, la oscuridad; del otro, una ciudad flotante de luz blanca que se refleja sobre las olas que, a esa hora, cerca de las tres de la madrugada, se elevan a más de cuatro metros. Quien escribe esta nota está embarcado en uno de los cinco buques guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PFA) que patrulla la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, las 200 millas marinas, esto es 370,4 kilómetros de la costa patagónica. El buque potero Chino Lurong Yuan Yu 669 avanza, según el capitán, a menos de dos nudos, menos de cuatro kilómetros por hora. La nave extranjera pesca en la milla 201, pero, si continúa en ese rumbo y velocidad, en pocos minutos ingresará en zona prohibida. Los prefectos están preparados para entrar en acción, primero una advertencia lumínica, después sonora, y por último disparos a babor y estribor.
La escena no se observa desde nuestra posición, pero los oficiales de la PNA imaginan que desde el puente, que los tripulantes chinos detectan a través de las pantallas de sonar como se desplaza una mancha compacta. Son miles de calamares Illex argentinus que ascienden a la superficie y caen en las redes atraídos por los focos.
Visto desde un satélite, el conjunto de la flota depredadora, entre 300 y 500 embarcaciones concentradas en un radio de 90 kilómetros (50 millas)— forma una ciudad mediana en la profundidad de la noche cerrada.
En cubierta, una decena de marineros procedentes de países asiáticos como Indonesia, Filipinas, China y Vietnam trabajan a destajo. Los marineros lo arrojan a una canasta plástica los calamares atrapados. Los recipientes se llenan en minutos. Cuando el cardumen es abundante, explica el oficial de la PNA, los turnos se pueden extender hasta 16 horas.
En los camarotes, duermen, o al menos los intentan, los que terminaron la jornada anterior. Los expertos explican que, en esas embarcaciones, las literas están separadas por menos de medio metro. El ruido de los generadores es incesante, al igual que el balanceo del casco por el oleaje.
Los poteros llevan semanas, meses sin atracar en un puerto. No hace falta: cada cierto tiempo, un carguero frigorífico aparece en el horizonte, se acoda al costado y recibe la carga. Repostan combustible, alimentos, a veces recambian parte de la tripulación. La pesca viaja directamente hacia China sin pasar por ningún control portuario.
Poco después ocurre lo que los oficiales argentinos que patrullan la ZEEA sabían que iba a suceder: el barco chino apaga el sistema de identificación automática (AIS). En las pantallas de seguimiento satelital de Buenos Aires, ubicado en la sede de Puerto Madero de la PNA, la embarcación desaparece, pero sigue pescando, ahora, dentro de la milla 200, en zona prohibida. En ese momento, la autoridad naval argentina comienza su trabajo para, o detener a la embarcación que depreda los recursos naturales nacionales sin autorización, aplicarle una multa y decomisar su carga, u obligarla a abandonar la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Pero pescar en el límite de la milla 200, la denomina da milla 201 tiene nombre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y una dimensión económica que la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) acaba de poner en cifras: las flotas extranjeras que operan en la milla 201 extraen entre dos y cuatro veces más recursos que toda la industria pesquera argentina.
Según el puntilloso trabajo al que accedió Infobae, mientras la pesca nacional desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las estadísticas internacionales ubican las capturas de flotas extranjeras en el Atlántico Sudoccidental entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año. Entre 400 y 600 buques provenientes principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán operan anualmente en la región, según el estudio. Los niveles de extracción en la zona crecieron un 65% entre 2019 y 2024, y la flota china incrementó su esfuerzo pesquero un 85% en ese mismo período.
organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales, pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), trabajo forzoso y explotación de recursos naturales, que ha confirmado que en el caso del calamar Illex la combinación de sobrepesca y malas condiciones ambientales “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año, porque es una especie de ciclo muy corto”.
El calamar, en el centro de la tormenta
El caso más preocupante para FULASP es el del calamar Illex argentinus, especie de ciclo biológico breve —vive apenas uno o dos años— y pieza central de la cadena alimentaria marina: es consumido por merluzas, mamíferos marinos, aves oceánicas y numerosas especies comerciales. Raúl Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, advirtió que “en el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar que en el corto plazo estemos discutiendo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur».
La Environmental Justice Foundation, que en español se traduce como Fundación para la Justicia Ambiental (EJF), organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales y pesca INDNR, confirmó que en el caso del Illex la combinación de sobrepesca y condiciones ambientales adversas “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año”, precisamente por tratarse de una especie de ciclo muy corto.
El antecedente más concreto ya ocurrió: en 2024, las propias autoridades pesqueras de las Islas Malvinas cancelaron la segunda temporada de calamar Loligo porque la biomasa estimada cayó por debajo del umbral de conservación de 10.000 toneladas.
Prácticas de evasión y el rol de las banderas de conveniencia
Entre las tácticas documentadas por las autoridades argentinas y organizaciones ambientales se destacan el apagado deliberado del AIS, el empleo de redes de arrastre prohibidas y el uso de banderas de conveniencia. Desde 2020, embarcaciones de origen chino comenzaron a operar bajo pabellones de países como Vanuatu y Camerún para ocultar su procedencia real y eludir sanciones. En la temporada 2024-2025, al menos 13 buques con esas banderas fueron documentados en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), todos con salida desde puertos chinos y tripulaciones de esa nacionalidad.
La logística de la flota está diseñada para maximizar el tiempo en el mar: buques nodriza y cargueros frigoríficos se anclan en el borde de la ZEEA para reabastecer de combustible y alimentos a las embarcaciones menores y recibir la pesca capturada, lo que les permite operar durante meses sin tocar puerto.
Frente a ese esquema, el gobierno argentino aplicó por primera vez una sanción de magnitud real. A través de una política de “tolerancia cero” coordinada entre la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, las autoridades impusieron una multa de $1.262 millones —incluyendo costos operativos por $799.000— al arrastrero Bao Feng, un buque de capital chino con bandera de Vanuatu perteneciente a la empresa Hai Shun Shipping Co.
El Bao Feng había sido detectado el 10 de enero por sistemas de vigilancia electrónica y satelital, cuando navegaba a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras de arrastre dentro de la ZEEA. Tras verificar nuevas incursiones a fines de marzo, se le aplicó la sanción, equivalente a cerca de un millón de dólares y récord en la materia. La PNA también multó a otros dos buques de la misma empresa: el Hai Xing 2 y el Bao Win, detectados con patrones de navegación compatibles con actividad pesquera ilícita. Ante las sanciones, Vanuatu procedió a dar de baja a los tres buques de su registro nacional.
El procedimiento marcó un precedente al demostrar que la detección electrónica tiene el mismo valor probatorio que la intervención directa en el mar, algo que históricamente había impedido la aplicación de sanciones efectivas en un frente marítimo de esa extensión.
Durante la Operación Mare Nostrum I, lanzada en febrero de 2025, la Armada Argentina desplegó aviones P-3 Orion y C-12 Huron, junto con las corbetas ARA Robinson y ARA Espora, e identificó unas 380 embarcaciones pesqueras extranjeras operando justo fuera del límite de la ZEEA.
La merluza, bajo presión
El fenómeno no se limita al calamar. Los propios informes pesqueros de las Islas Malvinas reconocen que la merluza hubbsi desova principalmente en aguas costeras patagónicas durante la primavera y el verano, y luego puede migrar hacia la plataforma de Malvinas para alimentarse. En 2024, allí se capturaron 54.714,5 toneladas de esa especie, el cuarto registro anual más alto desde 1989. La merluza de cola refuerza el mismo argumento de stock compartido: estudios genéticos y de micro química de otolitos sugieren conectividad entre el Atlántico Sudoccidental y el Pacífico Sudoriental, lo que indicaría que se trata del mismo stock explotado por Chile, Argentina y las islas.
La problemática no es exclusiva del Mar Argentino. Ecuador, Perú, Chile e Indonesia también han denunciado la presencia masiva de flotas chinas en sus zonas jurisdiccionales. En 2020, la Armada ecuatoriana reportó más de 300 embarcaciones operando cerca de las Islas Galápagos. Las pérdidas económicas para Argentina superan los 1.000 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones de la Subsecretaría de Pesca.
El esquema de Malvinas: un tercio de la pesca argentina bajo licencias británicas
A la presión de la flota extranjera en la milla 201 se suma otra denuncia de FULASP: el Reino Unido ha consolidado en las Islas Malvinas un modelo de explotación de recursos migratorios de origen argentino mediante la entrega de cuotas pesqueras a largo plazo —de hasta 25 años— a flotas de terceros países, sin control del Estado argentino.
La investigación fue encabezada en los primeros días de abril por el propio Cereseto. A partir del cruce de datos públicos y privados, registros oficiales, información satelital y relevamientos propios, la fundación determinó que durante 2024 las capturas totales en aguas bajo control británico alcanzaron las 261.903 toneladas, uno de los niveles más altos de los últimos años. Dentro de ese volumen, el calamar Illex argentinus representó 146.689 toneladas, uno de los registros más elevados de la última década.
El esquema genera aproximadamente 1.000 millones de dólares por año y representa alrededor del 65% de los ingresos totales de las islas, con el Reino Unido recaudando casi 50 millones de dólares anuales en concepto de permisos. El circuito operativo carece de desarrollo productivo local: solo el 20% de lo capturado se descarga en Malvinas, el 10% se dirige al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar hacia los países que reciben las cuotas. Para FULASP, ese volumen equivale a más de un tercio de toda la pesca argentina, y su extracción sin regulación del país de origen constituye un proceso de destrucción progresiva tanto del ecosistema marítimo como del entramado productivo nacional, con miles de empleos en riesgo.
Corporate Events,South America / Central America
Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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POLITICA
El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.
La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.
La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.
El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.
Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.
Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.
El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.
Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.
El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.
El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.
En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.
En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.
Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.
Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.
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POLITICA
Arrancó el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain con una fuerte polémica entre la defensa y los acusadores
El juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain arrancó este martes con cruces fuertes entre los acusadores y defensores del magistrado que está siendo juzgado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en dos hechos: un supuesto cobro de 200.000 dólares de coima al financista Fernando Whpei, que admitió que pagó tras arrepentirse en una causa judicial; y otro caso donde se cuestiona al juez federal por no haber informado sobre una causa judicial en su contra hace más de 20 años que derivó en una cesantía en el Poder Judicial.
Fue en el segundo caso en el que Salmain trastabilló, cuando decidió declarar en el jury de enjuiciamiento. Cuando la acusación comenzó a formularle preguntas, Salmain dijo que no se acordaba por qué lo habían echado hace dos décadas del Poder Judicial, afirmó que no lo declaró en su currículum para concursar porque no le “sumaba puntos” e insistió en calificar de “arrepentido serial” al financista que declaró cómo pactó una coima de 200.000 dólares a cambio de un fallo.
“Cortemos con la dulzura, Salmain tendría que estar preso”, disparó el senador Luis Juez, uno de los tres acusadores junto con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre. Sobre el juez suspendido pesa un procesamiento por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros. Si Salmain es destituido pasará a hacerse efectiva la prisión preventiva en su contra.
Salmain está acusado de autorizar a los tenedores del fideicomiso Attila, administrado por el financista rosarino Whpei, a adquirir los 10.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial, pese a que el Banco Central se oponía, en momentos en que regía el cepo cambiario. Según la investigación penal, el favor tenía un precio: el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, un pago que los fiscales calcularon en unos 200.000 dólares. Whpei es imputado colaborador en esa causa y, a la vez, está procesado en un expediente por extorsión en el que también está acusado el exjuez federal Marcelo Bailaque.
El encargado de exponer la acusación por el caso Attila fue Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien sostuvo que Salmain actuó en connivencia con terceros para beneficiar al demandante a cambio de la promesa de un retorno económico. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain, qué hizo frente al planteo de rechazo del BCRA y qué hizo la Cámara Federal que revocó esa medida”, anticipó.
La defensa, a cargo de Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, salió a negar cualquier vínculo entre el juez y el financista. “La acusación no va a poder probar nada. Va a quedar claro que Salmain no conoce a Whpei. Van a venir los secretarios a contar que esta persona ni siquiera entró al juzgado del doctor. Es imposible arreglar un sorteo en la Justicia Federal de Rosario que depende de la Cámara”, dijo Castro Bianchi. Y les pidió a los jurados que imaginaran a Salmain como alguien que estaba tomando un café en un lugar cualquiera y al que “después le hacen una cama”.
La segunda acusación se remonta a hace 24 años. Cuando Salmain era empleado de un juzgado de la seguridad social en Comodoro Py, y fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado N° 8, donde él trabajaba. Los nueve miembros de la Corte Suprema lo dejaron cesante por unanimidad, y la causa penal derivada terminó con una probation. El reproche es que nunca lo informó cuando concursó para ser juez. “Nadie en el Senado lo habría votado de saber ese antecedente”, había dicho el senador Luis Juez cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, también por unanimidad, abrir el jury.
Castro Bianchi replicó que cuando llegó la cesantía su defendido ya había dejado el Poder Judicial. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, dijo, y agregó que el sistema de inscripción a los concursos no permitía cargar ese tipo de antecedentes. Salmain fue en la misma línea, aunque con un lapsus que no pasó inadvertido: dijo que había dejado el cargo el 1° de febrero de 2002 “en virtud de la denuncia”, y enseguida se corrigió: “de la renuncia”. Con el vínculo laboral extinguido, planteó, la Corte ya no tenía potestad disciplinaria sobre él.
El argumento promete discusión, porque en los archivos del máximo tribunal hay una acordada unánime que documenta que fue echado por su participación en un intento de soborno. Salmain admitió que no consignó su paso por la Justicia al concursar “porque no daba puntos”, pero recordó que ante una pregunta del consejero Rodolfo Tailhade dijo haber trabajado dos años en el cargo más bajo. Lo que no mencionó, y es lo que le reprocha la acusación, es por qué se fue. Para reforzar su defensa apuntó contra el recién designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien según él concursó sin declarar dos sanciones de hace más de diez años. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años” como límite, explicó.
Ubeira, uno de los abogados más conocidos de Cristina Fernández de Kirchner, llevó la discusión al terreno político. Cuestionó que se haya rechazado la declaración de Whpei como testigo y trazó un paralelo con la causa Cuadernos por lo que considera un uso espurio de los arrepentidos. “Si la propia acusación lo baja a Whpei es porque no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque si lo escuchan encontrarán a un girador. Un girador al cual lo han apretado de la peor forma por otros crímenes cometidos. Y el girador a cambio entregó un juez”, afirmó. Según el defensor, detrás del caso hay una disputa de poder entre los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que se pretende saldar “con la liquidación del doctor Salmain”.
El jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Germán de los Santos,Justicia Federal,Conforme a
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