Si bien la inflación durante el Gobierno de Javier Milei se redujo de manera considerable, desde hace algo más de un año el proceso de desaceleración encontró un freno y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra dificultades para alejarse sostenidamente del 3% mensual. En este marco, todavía se sigue verificando una importante dispersión de precios para un mismo producto, en función del canal de venta y los diferentes medios de pago.

La falta de precios de referencia está estrechamente asociada a la dinámica inflacionaria: en contextos de alta inercia y de espiralización en el IPC, los aumentos que realizan las empresas en sus listas suelen darse de manera descoordinada y con magnitudes muy distintas, lo cual genera serias dificultades para que consumidores, e incluso productores y comerciantes, tengan una respuesta certera a la pregunta de cuánto vale un bien o un servicio. Además, en esos escenarios, las promociones y los descuentos se vuelven estrategias fundamentales para ganar mercado.

La proliferación de promociones bancarias, billeteras virtuales y planes de financiación hizo que en muchos rubros ya no exista un único precio para un producto. Hoy un mismo artículo puede tener un valor para quienes pagan en efectivo o transferencia, otro para tarjeta de crédito en un pago, un tercero para quienes financian la compra en cuotas con interés y varios precios adicionales según la aplicación o el banco utilizado.

Asi, en supermercados, por ejemplo, son habituales los reintegros de entre 10% y 20% a través de MODO, mientras que algunas promociones especiales llegan al 25% de devolución sobre el valor de la compra.

En la práctica, esto significa que un producto puede tener simultáneamente más de cinco precios distintos, dependiendo de los medios de pago y las promociones disponibles.

Tomando como referencia un artículo con un valor de lista de $100.000, un consumidor podría pagarlo a ese precio en efectivo, obtenerlo por $90.000 con un descuento del 10%, por $80.000 con una promoción del 20% o incluso acercarse a los $75.000 cuando coinciden beneficios más agresivos.

Del otro lado, quien opta por financiar la compra en cuotas con interés puede terminar abonando una cifra superior al precio de contado, generando diferencias notables entre el valor más bajo y el más alto de un mismo producto.

La competencia por un consumo que sigue mostrando señales de debilidad alimenta este fenómeno. Actualmente existen promociones que ofrecen 20% de reintegro en cadenas mediante pagos con MODO, mientras que distintos bancos complementan esos beneficios con cuotas sin interés o descuentos adicionales. El resultado es un mercado en el que el precio final depende cada vez menos de la etiqueta exhibida en la góndola y cada vez más de la combinación de medio de pago, entidad financiera y promoción vigente que logre aprovechar cada consumidor.

La falta de referencia genera que los consumidores estén cada vez más atentos a cómo ahorrar. Desde mediados de 2024 la desaceleración en los aumentos de precios fue notoria, aunque hace ya varios meses el sendero de desinflación parece haber encontrado un límite: desde septiembre de 2025 la variación interanual del IPC se ubica aproximadamente en el mismo nivel, arriba del 30%. En ese marco de estancamiento, los ingresos de los argentinos volvieron a perder poder adquisitivo; según un reciente relevamiento de la consultora C-P, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios privados reales cayeron 1% y las jubilaciones 0,7% (con peores números para quienes cobran la mínima), mientras los salarios públicos se hundieron 20% y las prestaciones sociales sufrieron un derrumbe del 46%.

Por qué los supermercados multiplican las promociones bancarias pese a la menor inflación

La continua erosión de los salarios genera que, pese a que la inflación arroja una menor variabilidad y se mueve en niveles más acotados que en años anteriores, los comercios tengan que seguir recurriendo a ofertas atractivas para los consumidores. En supermercados, para poner un ejemplo de consumo masivo, resaltan las promociones con bancos y billeteras virtuales.

En Coto, durante mayo se destacaron descuentos del 25% con Tarjeta Naranja y Banco Ciudad, y del 20% con el ICBC, todos con un tope semanal o mensual de gasto. En Carrefour hubo hasta 35% con el Patagonia; en Día hay rebajas de hasta 30% con Tarjeta Naranja y del 20% utilizando la aplicación MODO; y en Jumbo también se replican algunas de estas oportunidades, además de una mayor oferta de cuotas sin interés (con bancos como el Galicia, el Macro, y tarjetas Visa y Mastercard) para la compra de electrodomésticos.

También es común observar ofertas con menor porcentaje de descuento, pero algunas de ellas sin tope (como las de Mercado Pago), con tarjetas propias de cada establecimiento, o vía convenios con diferentes empresas. A esto se le suman las ofertas de productos particulares, las cuales en su gran mayoría no son acumulables con otras promociones.

«Los descuentos por promociones bancarias y billeteras virtuales dependen de las estrategias de marketing de cada entidad financiera y son una herramienta para ganar mercado por uso de los medios de pago, porque los comercios pagan comisiones por ventas hechas de esa manera y los clientes pagan por tener esos productos en muchos casos)», señaló el economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Matías Bolis Wilson

Frente a esta situación, Osvaldo Del Río, director de la consultora Scentia, dijo a este medio que, cuando se observan los precios brutos, la situación entre los diferentes comercios es más homogénea, pero que al analizar los precios netos (con descuento), se verifica que en los supermercados los valores son, en promedio, un 16% menores que los de negocios de barrio, autoservicios y almacenes.

Cómo impactan las tasas de interés y la morosidad en los recargos con tarjeta

Otra estrategia que utilizan muchos comercios es la de distinguir el precio vía pago en efectivo o transferencia del precio abonado con tarjeta de crédito. Por ejemplo, según pudo averiguar iProfesional, en la calle Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puede conseguirse un sillón de dos plazas, de 1,70 m x 0,85 m, abonando cerca de $450.000 si es en efectivo o transferencia, en los negocios más accesibles. Si se recurre a un solo pago con tarjeta de crédito, el monto en ese mismo negocio asciende a la zona de los $600.000, lo cual implica un recargo de aproximadamente 30%. Aún más, es posible encontrar un sillón de características no muy distintas a un costo con tarjeta de más de $1.000.000 en algunos locales menos económicos.

«En realidad, por la Ley de Tarjetas no debería haber diferencia de precio entre efectivo, tarjeta de débito y crédito a un pago», marcó Bolis Wilson, aunque en los hechos dicha normativa está lejos de cumplirse. El especialista enmarcó estas decisiones de las empresas al explicar que «la inflación y tasas de interés reales positivas generan costos financieros para los comercios por el plazo de acreditación diferido desde que se hace la compra hasta que efectivamente se efectúa el depósito para el comercio«.

Vale remarcar que la línea de tarjetas de crédito presenta el segundo peor dato de morosidad entre las familias, detrás de la línea de préstamos personales. En marzo, el 11,7% del financiamiento con tarjetas presentó un retraso de al menos 90 días en su pago y, en función de un adelanto reciente de la consultora 1816, es probable que en abril la cifra haya aumentado nuevamente. La dificultad de los hogares para cumplir en tiempo y forma con estas deudas genera que las tasas se mantengan en altos niveles.

Competencia feroz en autos y propiedades: cuando los precios de lista no significan nada

En el segmento de bienes durables también cuesta conocer con precisión los precios de referencia. En un contexto en el cual las ventas de los vehículos más accesibles muestran retrocesos, muchas terminales están optando por modificar sus precios de lista y así ganar mercado en un sector en el cual la competencia es alta, y cada vez mayor.

«Hay una competencia feroz. Hoy hay tantos precios de un mismo auto como cantidad de concesionarios», advirtió, por ejemplo, Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis, durante el lanzamiento del Citroën C5 Aircross. Referentes del sector cuestionan que la elevada cantidad de oferta y las altas tasas de interés generan que muchas compañías busquen capturar clientes reduciendo precios incluso por debajo de los márgenes razonables de ganancia, en perjuicio del normal funcionamiento de la actividad sectorial.

Para la compraventa de casas en CABA también ocurre un fenómeno parecido. En primer lugar, porque de las aproximadamente 110.000 propiedades publicadas en los portales de clasificados de bienes raíces se terminan efectivamente vendiendo cerca de 6.000 por mes, según un relevamiento del corredor inmobiliario Santiago Magnin. En segundo lugar, porque los precios de cierre de las operaciones terminan siendo un 25% inferiores, en promedio, a los precios de publicación.

Magnin sugiere dividir al mercado inmobiliario de CABA en 14 submercados distintos en función de los precios, que excluyen a barrios como Liniers, Mataderos, Villa Lugano, Villa Soldati, La Boca o Barracas donde, según el especialista, la cantidad de operaciones es tan chica que no hay precio de referencia. Para poner algunos ejemplos en aquellas zonas más «líquidas», el precio mínimo del metro cuadrado de las publicaciones en Balvanera es de u$s625, mientras que la mediana es de u$s1.854. En Palermo los valores son de u$s1.170 y u$s2.800, respectivamente, mientras que Caballito arroja cifras de u$s1.352 y u$s2.325.

Ya son 18 proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con más de USD 23.000 millones comprometidos. El régimen cumplió el objetivo de atraer inversiones para proyectos de gran escala en sectores estratégicos. La señal es clara: con estabilidad jurídica, fiscal y cambiaria a largo plazo, las empresas locales y extranjeras asignan capital y los proyectos avanzan.

Los primeros desarrollos ya comenzaron a inaugurarse; el parque solar El Quemado de YPF Luz fue una muestra.

Con las iniciativas ya aprobadas y un conjunto de proyectos en evaluación que elevaría los montos comprometidos, el eje de la discusión pasó de la adhesión inicial a la ampliación del esquema. La agenda oficial ahora incluye un capítulo adicional: un proyecto de ley para un régimen reforzado orientado a industrias que hoy no tienen escala en Argentina, con incentivos fiscales y cambiarios más intensos.

En los últimos días hubo novedades concretas. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el comité evaluador aprobó dos nuevos proyectos: la construcción del gasoducto San Matías, con una inversión estimada de USD1.300 millones, y la segunda etapa de la mina Sal de Oro, con una capitalización de USD 208 millones.

El gasoducto San Matías será clave para la exportación de GNL bajo el proyecto Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Tendrá una capacidad de transporte de 27 MMm3/d de gas natural, destinada a la exportación de SESA.

La obra conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en Río Negro, donde el consorcio contará con dos buques de licuefacción con una capacidad de 6 MTPA.

En paralelo, la segunda etapa de Sal de Oro -una mina de litio en Salta y Catamarca- prevé que la surcoreana Posco construya una planta para producir 23 mil toneladas anuales de carbonato de litio.

La cartera de posibles inversiones también creció. Chevron solicitó adherirse al régimen con una inversión de USD 13.800 millones para desarrollar el bloque El Trapial, uno de sus activos más importantes en el norte de Vaca Muerta.

Desde mediados de febrero, cuando se prorrogó el esquema por un año y se extendió la adhesión a proyectos de upstream, grandes jugadores del sector O&G mostraron interés en incorporarse. En esa línea, YPF anunció recientemente su megaproyecto de exportación LLL Oil por USD 25.000 millones, con foco en bloques continuos cerca de La Angostura Sur para capturar sinergias operativas y de costos orientadas a la exportación de crudo.

Otros operadores, como Pampa Energía, Pluspetrol y Tecpetrol, presentaron proyectos por más de USD21.000 millones en conjunto, que siguen bajo evaluación del comité.

El pipeline no termina ahí. Las inversiones en carpeta superan los USD 100.000 millones, con predominio de iniciativas de O&G y minería. En ese marco, las inversiones potenciales bajo el régimen podrían exceder los USD 120.000 millones si el comité evaluador aprueba las propuestas pendientes. La cifra contrasta con los USD 23.000 millones ya aprobados y dimensiona el alcance del instrumento como acelerador de inversión y capacidad exportadora.

Con estos resultados y una cartera de proyectos que supera las proyecciones iniciales, el Gobierno buscó redoblar la apuesta con el “Super” RIGI. El nuevo esquema mantendría la arquitectura del régimen vigente, pero con incentivos fiscales y cambiarios más agresivos, orientados a megaproyectos de más de USD1.000 millones en sectores hoy poco desarrollados en Argentina.

Industrias como data centers de IA, producción de semiconductores, fabricación de baterías de litio, vehículos 100% eléctricos y desarrollos aeroespaciales podrían quedar alcanzadas por este régimen, que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

El tratamiento del “Super” RIGI comenzó esta semana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Con posiciones divergentes entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, el Gobierno apunta a conseguir dictamen para llevar el proyecto al recinto durante la segunda quincena de junio.

De aprobarse, el “Super” RIGI podría acelerar la decisión de inversión de parte de los más de USD 80.000 millones mencionados en proyectos que todavía no solicitaron el ingreso. El régimen vigente ya dejó de ser una enumeración de anuncios: empezó a destrabar infraestructura y capacidad operativa que Argentina necesita para escalar su base exportadora. El “Super” RIGI buscaría extender ese impulso hacia industrias que hoy no tienen escala local.

La autora es Economista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

La inestabilidad política y social que sacudió a Bolivia fue la consecuencia directa y previsible de una crisis macroeconómica profunda, con raíces en las políticas populistas aplicadas durante dos décadas de poder del Movimiento al Socialismo (MAS). Bolivia se convirtió en otra víctima del “socialismo del siglo XXI”» en Sudamérica.

De manera análoga a lo ocurrido en Venezuela a comienzos de los años 2000 con el petróleo, Bolivia atravesó un período de prosperidad gracias al super ciclo de materias primas y al alza de los precios internacionales de la energía, en particular del gas natural.

Durante la etapa comprendida entre 2008 y 2014, el país andino incrementó su producción de gas de forma sostenida: elevó los volúmenes extraídos desde un promedio de 40 millones de metros cúbicos por día hasta un pico histórico de 59,6 millones en 2014.

Aproximadamente el 80% de ese volumen se destinaba al mercado externo: abastecía primero a Brasil y luego a Argentina, que se vio forzada a incrementar sus importaciones tras años de políticas populistas que erosionaron su propia matriz energética.

En esos años, el gas natural se consolidó como la principal fuente de divisas para Bolivia. Por el efecto combinado de altos volúmenes y cotizaciones internacionales récord, las exportaciones gasíferas escalaron desde una media de USD 3.000 millones anuales hasta USD 8.000 millones entre 2013 y 2015. En ese período, los hidrocarburos concentraron la mitad de todas las exportaciones del país.

Al asumir Evo Morales en 2006, su primera medida fue expropiar todas las empresas extranjeras. Desde entonces, sostiene este análisis, nadie volvió a invertir en Bolivia y el Gobierno se limitó a usufructuar las inversiones realizadas antes de su llegada al poder.

La consecuencia se manifestó a partir de 2014, cuando cayeron los precios internacionales del gas. A ese shock se sumó la contracción de la capacidad productiva por falta de mantenimiento de infraestructura y por la ausencia de inversión en nuevos yacimientos.

Durante los años de abundancia, la administración boliviana se limitó a explotar los yacimientos activos y canalizó la renta excedente hacia gasto público corriente y subsidios orientados al consumo directo, con el objetivo de sostener consenso político de corto plazo. Esa política asfixió incentivos y anuló la inversión en exploración e infraestructura.

Al agotarse la presión natural de las cuencas en producción y no existir nuevos descubrimientos, la oferta hidrocarburífera inició un declive drástico e irreversible que todavía no tocó piso. Hacia 2025, la producción sectorial se desplomó hasta 29 millones de metros cúbicos por día, una pérdida de más de la mitad del volumen registrado durante el auge.

En paralelo, el valor de las exportaciones de gas natural se hundió a USD 1.500 millones en 2025, lo que estranguló la principal vía de financiamiento externo de la economía.

A ese colapso interno de la oferta se sumó un giro geopolítico y comercial: Bolivia dejó de exportar gas a Argentina porque la producción argentina volvió a crecer con fuerza gracias a cambios políticos que posibilitaron el desarrollo de Vaca Muerta.

Bolivia, que hasta ese momento exhibía cuentas públicas relativamente equilibradas por el flujo de divisas energéticas, se negó a convalidar un ajuste fiscal una vez disipada la renta hidrocarburífera. Para sostener la continuidad de la asistencia social, las autoridades recurrieron de manera sistemática al endeudamiento.

A partir de 2015 se registraron déficits anuales superiores al 5% del PBI. Esa trayectoria culminó en un déficit de 11,6% del PBI en 2025. Ese pico se explicó por el intento del gobierno del MAS de retener poder político mediante un programa de expansión del gasto que terminó por dinamitar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ese desequilibrio fiscal disparó la deuda pública. En poco más de una década, la deuda pasó de representar el 30% del PBI a alcanzar el 85% del PBI en 2025.

Ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional, el Estado comenzó a liquidar sus reservas: pasaron de un máximo histórico de USD 15.100 millones en 2014 a tocar un piso crítico de USD 1.600 millones en 2024.

El repunte contable observado hacia 2025, que situó las reservas en USD 3.700 millones, se explicó por la suba del precio del oro y no por una recomposición genuina.

Luego, ante la pérdida de acceso al financiamiento internacional y el agotamiento de las reservas del Banco Central, los déficits fiscales pasaron a financiarse a través de la emisión monetaria del propio Banco Central.

El resultado directo de ese esquema fue la aparición y el ensanchamiento de una brecha cambiaria en el mercado paralelo, que actualmente se ubicó en el orden del 50%. A eso se sumó la escasez de productos importados esenciales, que afectó de manera crítica el abastecimiento interno de combustibles. Esa dinámica explicó el despertar de la inflación en los últimos años.

También conviene advertir el espejismo del litio. Bolivia posee los mayores recursos teóricos globales junto con Argentina, pero su producción es prácticamente nula. Al igual que en hidrocarburos, el Estado nacionalizó la totalidad de la cadena de valor y, sin tecnología ni capitales suficientes, se mostró estructuralmente incapaz de desarrollar la producción.

Tampoco consolidó socios estratégicos confiables: se apoyó en acuerdos con consorcios rusos y chinos que, hasta el momento, quedaron en letra muerta. En contraste, Argentina proyectó exportar este año litio por un valor cercano a USD 2.000 millones.

El drama de Bolivia reflejó el patrón histórico desplegado por el modelo chavista en Venezuela y que previamente vivió Cuba. La primera fase se caracterizó por expropiaciones generalizadas que el Estado utilizó para estimular artificialmente el consumo interno.

En la segunda etapa, el gasto público asistencialista ideado para sostener apoyo político sustituyó a la inversión y asfixió el desarrollo de sectores estratégicos.

Finalmente, la falta de inversiones derivó en un colapso de la producción y de los ingresos por exportaciones. Ese colapso económico culminó en una crisis política y social sin precedente para el país.

Luego de 20 años, Bolivia se ubicó en ese último estadio del “socialismo del siglo XXI”. Si no frenó la dinámica actual, las consecuencias serán aceleración de la inflación, desabastecimiento crónico de insumos básicos, conflicto social creciente y caos político.

Bolivia corrió el riesgo de caer en hiperinflación, lo que iniciará un flujo migratorio masivo capaz de transformar la crisis interna en un problema regional, con la frontera con Argentina como epicentro.

Paolo Rizzo es Magister en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y en Management de la universidad Luiss, Italia; Ramiro Castiñeira es director de la consultora Econométrica