El presidente Javier Milei volvió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para brindar un discurso por el 172.º aniversario en el cual apuntó contra los que hablan de “economía en K” respecto al ritmo de crecimiento distinto entre sectores. A la par, y sin nombre ni apellidos como en otras oportunidades, se refirió los empresarios que hacen pactos con los políticos a quienes calificó de “parásitos protegidos” a los que se les terminó la joda.

Durante la exposición de más de una hora, Milei rechazó la noción de “economía K”. Esta tesis sostiene que algunos rubros vinculados al sector externo -agro, minería, energía- encabezan el crecimiento económico mientras que los segmentos vinculados al mercado local -industria, construcción y comercio- se mantienen estancados.

El mandatario profundizó los cuestionamientos al enfoque de ciertos economistas sobre el crecimiento y sostuvo que existe “mediocridad de economistas que andan con eso de la K: unos que crecen mucho, otros que crecen poco”. A la vez, subrayó la falta de comprensión sobre los procesos de crecimiento y el impacto del progreso tecnológico en la estructura productiva.

En esa línea, desplegó una dura crítica a la intervención estatal y a la protección de sectores ineficientes, al señalar que estas prácticas afectan al mercado y terminan perjudicando a los consumidores. “Cuando ustedes meten regulaciones para castigar a las lamparitas, el fabricante de velas se queda mirando el techo y en lugar de tratar de competir o de reconvertirse, va y le pide a un político corrupto que lo proteja. Bueno, se acabó la joda de los parásitos protegidos. Ahora van a tener que competir”, remarcó Milei ante empresarios que lo escuchaban en las primeras filas, entre los cuales estaban los miembros del G6.

Las palabras presidenciales generaron una reacción inmediata, diversos referentes admitieron malestar tras la larga exposición. Un empresario de peso, que pidió reserva de identidad a Infobae, señaló: “Habla de la economía en K, cuando el Gobierno debería lanzar medidas para los sectores que están en la ‘patita’ que son el comercio, la industria y la construcción”. Según la misma voz, existen negociaciones con el Gobierno para acordar políticas de reactivación el crédito, aunque remarcó que perciben resistencia oficial para avanzar en la implementación de esas iniciativas.

Entre los ejecutivos presentes, varios notaron un cambio en el tono presidencial respecto de presentaciones anteriores en la Bolsa. Un directivo que presenció el acto afirmó que Milei mostró un perfil diferente: “Ya está en campaña, dio un discurso distinto”. Consideró que la exposición resultó clara y más accesible que en ocasiones anteriores, a pesar de las referencias técnicas y los modelos económicos mencionados.

El foco posterior al discurso giró en torno a los proyectos que el Gobierno anunció que enviará al Congreso en los próximos días. Entre ellos, Milei incluyó la desregulación del mercado inmobiliario, del mercado de capitales y del sector de seguros. Una autoridad que participó en la redacción de los proyectos definió que el título VIII del proyecto que será de la desregulación del mercado de capitales “es una ley ómnibus en sí misma”, aunque evitó dar detalles sobre la letra chica hasta que la Casa Rosada realice el anuncio formal. Es dentro de los equipos técnicos y funcionarios creció la cautela por el riesgo de filtraciones y se reforzó la orden de mantener la disciplina en las comunicaciones mientras avanzan las negociaciones legislativas.

Más allá de los proyectos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso, persisten reservas sobre otras iniciativas económicas que el equipo liderado por Luis Caputo consideró estratégicas para el financiamiento privado. Entre ellas se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para facilitar la transición laboral y acompañar reformas estructurales.

En mayo, el Gobierno decidió postergar la puesta en marcha del FAL hasta el 1° de noviembre de 2026, alineado con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, por el costo fiscal y la caída de la recaudación. La Ley de Modernización permitió ese aplazamiento, pero dentro del oficialismo existe preocupación por la posibilidad de que sea necesario retrasarlo nuevamente si no mejoran los ingresos fiscales. Para hacerlo, se requeriría una nueva ley del Congreso.

La cuestión de las iniciativas postergadas y el clima de espera frente a los proyectos enviados al Congreso expuso tensiones tanto en el oficialismo como en el sector empresario. Funcionarios y organismos reforzaron la consigna de evitar declaraciones fuera de micrófono hasta que la Casa Rosada oficialice los anuncios y la estrategia parlamentaria. Las fuentes consultadas admitieron que la prioridad es mantener el control de la información y evitar filtraciones en medio de negociaciones sensibles.

En el sector privado, la agenda se concentra en dos frentes: por un lado, aguardan definiciones sobre el contenido de los proyectos de desregulación; por otro, buscan avanzar en la negociación de medidas de alivio para el comercio, la industria y la construcción. Voceros empresarios señalaron que la ausencia de anuncios concretos sigue generando incertidumbre sobre la recuperación y la disposición del Gobierno para atender los reclamos de los sectores productivos.

Con la reapertura de ayer, el Gobierno colocó USD 620 millones en la primera licitación del AO29, el nuevo bono que servirá para financiar los vencimientos de deuda que restan en 2026 y al mismo tiempo preparar un colchón para el año próximo.

Según el programa financiero presentado hace menos de dos semanas, el Tesoro se concentraría casi exclusivamente en la emisión de este título para financiarse en el mercado local. En total, se plantean colocaciones por USD 5.000 millones en 2027. El volumen luce posible pero al mismo tiempo ambicioso.

Este año el equipo económico planea colocar un total de USD 6.000 millones en bonos en el mercado local. De ese total ya consiguió USD 4.000 millones via el AO27 y AO28. Y ahora va USD 620 millones del AO29, por lo que se espera completar ese monto en sucesivas licitaciones, que se realizan de manera quincenal.

El signo de interrogación se plantea para el año próximo. ¿Conseguirá el Gobierno el financiamiento que busca en el mercado local? Al tratarse de un año electoral, no es tan sencilla la respuesta. Así como es razonable esperar que aumente la dolarización de portafolios por cobertura, también es lógico proyectar que la demanda por deuda del Tesoro disminuirá en un contexto de incertidumbre.

Este tipo de emisiones apunta a los dólares que los ahorristas tienen en el sistema bancario y que en un porcentaje importante no se encuentran directamente invertidos o lo están pero a tasas muy bajas.

El problema para el Ministerio de Economía es que no está solo en la búsqueda de este financiamiento con dólares ociosos. Además, empresas y bancos también acuden al mercado para financiarse en dólares MEP. Esto significa que se trata de colocaciones que pueden ser adquiridas directamente con dólares de los ahorristas, pero también es posible comprar dólares con pesos con el objetivo de suscribir estas emisiones.

A diferencia de lo que hizo este año, el plan presentado consiste en colocar USD 5.000 millones del mismo bono, el AO29. Esto implica necesariamente que el ahorrista deberá esperar hasta la próxima administración para recuperar el capital invertido. La apuesta tiene un elemento de incertidumbre, que está relacionado con la incertidumbre por el resultado de las elecciones y quién será el Presidente cuando toque pagar el nuevo título.

Por ese motivo este bono salió a una tasa levemente por debajo del 8,5% cuando el AO27, que vence el año que viene (cuando Javier Milei todavía sea presidente) y rinde apenas 5% anual en dólares.

El Gobierno fue a buscar al inversor minorista con un producto novedoso para este tipo de instrumento: paga intereses en dólares todos los meses, asimilándolo a los ingresos de un alquiler. Esto marca una diferencia relevante en relación a otros bonos emitidos por empresas o bancos, que en general pagan intereses en forma semestral.

La duda latente es si habrá profundidad suficiente el año próximo en el mercado tanto para la administración libertaria como para emisores privados. En un escenario de alta incertidumbre, si es que no hay un favorito claro para las elecciones, es muy probable que el riesgo país sufra un incremento.

En la práctica, esto implicaría un mayor costo de financiamiento para el Gobierno, que habrá que ver hasta dónde está dispuesto a convalidar.

Mientras tanto, la expectativa latente sigue siendo la posibilidad de reabrir el mercado internacional para conseguir financiamiento de largo plazo. Claro que esto no sucede desde el 2018, justo antes que se produjera la crisis cambiaria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por ahora, el riesgo país encontró una resistencia levemente por encima de los 400 puntos básicos. Y la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene arriba del 4,5% para los bonos a diez años. Por lo tanto, la posibilidad de una colocación internacional sigue latente, pero no parece factible la menos en los próximos 60 días.

Tras acordar un incremento para la administración pública, el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que otorgó una suba en los salarios del personal de la Policía Bonaerense y el resto de las fuerzas de seguridad provinciales. La decisión fue confirmada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Economía, Pablo López; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

En este caso no se trata de una negociación, sino de una mejora que se da mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, ya que la legislación vigente no habilita negociaciones paritarias para el personal policial. El aumento sirve para descomprimir cierto malestar en las fuerzas que, en algún momento, amenazaban con desatar un conflicto de las mismas características que se vivió en Santa Fe.

De cuánto es y cómo se aplica la mejora salarial

Según detallaron los funcionarios, el incremento es del 7% en dos cuotas, que se liquidarán de la siguiente forma:

Indicaron que se deben tomar los sueldos de junio para aplicar dichos porcentajes. Además, la administración bonaerense anunció una mejora del 30% en las asignaciones familiares que perciben los integrantes de las fuerzas de seguridad. Hace pocos días Kicillof había acordado con los gremios docentes y estatales una suba del 7% distribuida de la misma forma.

En conferencia de prensa, López manifestó que la actualización salarial representa un esfuerzo para las finanzas provinciales, en un escenario adverso económicamente. Subrayó: «Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord«.

Los funcionarios bonaerenses aprovechan cada ocasión para cuestionar las políticas del gobierno de Javier Milei, haciendo hincapié en el recorte y retención de fondos, incluyendo la caída de la coparticipación y la paralización de transferencias discrecionales.

Escala salarial según la categoría

Aunque todavía no está oficializada la nueva escala salarial, con el incremento acumulado del 7%, los haberes básicos según las categorías, quedarán aproximadamente de la siguiente forma:

• Superintendente: $2.461.000
• Comisario general: $2.033.000
• Comisario mayor: $1.819.000
• Comisario inspector: $1.605.000
• Oficial ingresante: $963.000

Vale aclarar que los montos corresponden a salarios básicos y no contemplan adicionales, horas extras ni otros conceptos que integran el recibo de sueldo. En todos los casos, el haber final dependerá de conceptos adicionales como antigüedad, riesgo profesional, compensaciones por uniforme, horas CO.RE.S., Policía Adicional y otras bonificaciones.

Para finalizar, López sostuvo que «es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses«.

Por ahora, conflicto superado: ¿y la sindicalización?

En febrero circuló la versión de un posible acuartelamiento de la policía bonaerense. En paralelo, Kicillof estaba lidiando con la paritaria estatal, principalmente con los gremios docentes que amenazaban con no comenzar las clases. Después de varias negociaciones, el conflicto fue resuelto, pero el malestar de las fuerzas de seguridad quedó latente.

Por ese motivo, desde la administración bonaerense se resolvió que ante cada acuerdo paritario de los estatales (administración pública, docentes y no docentes, judiciales y personal de la salud) se repliquen los aumentos en forma idéntica para evitar desfases y reclamos. Asimismo, tanto Bianco como Larroque siguen de cerca la situación particular de la policía bonaerense, tanto en materia económica como de equipamiento.

En este marco, hay que tener en cuenta que las fuerzas de seguridad no están agremiadas, por lo tanto, no tienen paritarias. Sus reclamos solo pueden ser canalizados por los altos mandos o el propio interés del ministro de Seguridad de hacer un análisis sobre las condiciones laborales, materiales de trabajo (uniformes, armas…) e ingresos. Hasta el momento, los intentos de sindicalización fueron desestimados por la propia justicia.

Las bases insisten con sus reclamos

A pesar de los aumentos salariales, las bases insisten en que no pueden manifestar sus reclamos. Afirman que «en cuanto lo hacemos, nos trasladan o sancionan», y sostienen que son «los olvidados de siempre; hace años que vivimos esta situación».

Los voceros consultados explicaron que «hay que hacer un sinceramiento y poner límites reales a la cantidad de horas de servicio para respetar el descanso y la salud; como así también a la provisión y mantenimiento de móviles y dependencias en condiciones dignas».

Plantearon que «de una buena vez por todas hay que jerarquizar la profesión, que no solo pasa por entregarnos anualmente dos mudas completas de uniforme en buen estado, sino con ascensos por antigüedad y mérito sin arbitrariedades». Cerraron afirmando que «es fundamental erradicar los tratos abusivos y jerarquías que respeten la dignidad del personal y un programa de reentrenamiento integral que incluya preparación física, apoyo psicológico, manejo responsable de armas y actualización en derecho penal, Constitución Nacional y derechos humanos».