Tras acordar un incremento para la administración pública, el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que otorgó una suba en los salarios del personal de la Policía Bonaerense y el resto de las fuerzas de seguridad provinciales. La decisión fue confirmada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Economía, Pablo López; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

En este caso no se trata de una negociación, sino de una mejora que se da mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, ya que la legislación vigente no habilita negociaciones paritarias para el personal policial. El aumento sirve para descomprimir cierto malestar en las fuerzas que, en algún momento, amenazaban con desatar un conflicto de las mismas características que se vivió en Santa Fe.

De cuánto es y cómo se aplica la mejora salarial

Según detallaron los funcionarios, el incremento es del 7% en dos cuotas, que se liquidarán de la siguiente forma:

Indicaron que se deben tomar los sueldos de junio para aplicar dichos porcentajes. Además, la administración bonaerense anunció una mejora del 30% en las asignaciones familiares que perciben los integrantes de las fuerzas de seguridad. Hace pocos días Kicillof había acordado con los gremios docentes y estatales una suba del 7% distribuida de la misma forma.

En conferencia de prensa, López manifestó que la actualización salarial representa un esfuerzo para las finanzas provinciales, en un escenario adverso económicamente. Subrayó: «Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord«.

Los funcionarios bonaerenses aprovechan cada ocasión para cuestionar las políticas del gobierno de Javier Milei, haciendo hincapié en el recorte y retención de fondos, incluyendo la caída de la coparticipación y la paralización de transferencias discrecionales.

Escala salarial según la categoría

Aunque todavía no está oficializada la nueva escala salarial, con el incremento acumulado del 7%, los haberes básicos según las categorías, quedarán aproximadamente de la siguiente forma:

• Superintendente: $2.461.000
• Comisario general: $2.033.000
• Comisario mayor: $1.819.000
• Comisario inspector: $1.605.000
• Oficial ingresante: $963.000

Vale aclarar que los montos corresponden a salarios básicos y no contemplan adicionales, horas extras ni otros conceptos que integran el recibo de sueldo. En todos los casos, el haber final dependerá de conceptos adicionales como antigüedad, riesgo profesional, compensaciones por uniforme, horas CO.RE.S., Policía Adicional y otras bonificaciones.

Para finalizar, López sostuvo que «es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses«.

Por ahora, conflicto superado: ¿y la sindicalización?

En febrero circuló la versión de un posible acuartelamiento de la policía bonaerense. En paralelo, Kicillof estaba lidiando con la paritaria estatal, principalmente con los gremios docentes que amenazaban con no comenzar las clases. Después de varias negociaciones, el conflicto fue resuelto, pero el malestar de las fuerzas de seguridad quedó latente.

Por ese motivo, desde la administración bonaerense se resolvió que ante cada acuerdo paritario de los estatales (administración pública, docentes y no docentes, judiciales y personal de la salud) se repliquen los aumentos en forma idéntica para evitar desfases y reclamos. Asimismo, tanto Bianco como Larroque siguen de cerca la situación particular de la policía bonaerense, tanto en materia económica como de equipamiento.

En este marco, hay que tener en cuenta que las fuerzas de seguridad no están agremiadas, por lo tanto, no tienen paritarias. Sus reclamos solo pueden ser canalizados por los altos mandos o el propio interés del ministro de Seguridad de hacer un análisis sobre las condiciones laborales, materiales de trabajo (uniformes, armas…) e ingresos. Hasta el momento, los intentos de sindicalización fueron desestimados por la propia justicia.

Las bases insisten con sus reclamos

A pesar de los aumentos salariales, las bases insisten en que no pueden manifestar sus reclamos. Afirman que «en cuanto lo hacemos, nos trasladan o sancionan», y sostienen que son «los olvidados de siempre; hace años que vivimos esta situación».

Los voceros consultados explicaron que «hay que hacer un sinceramiento y poner límites reales a la cantidad de horas de servicio para respetar el descanso y la salud; como así también a la provisión y mantenimiento de móviles y dependencias en condiciones dignas».

Plantearon que «de una buena vez por todas hay que jerarquizar la profesión, que no solo pasa por entregarnos anualmente dos mudas completas de uniforme en buen estado, sino con ascensos por antigüedad y mérito sin arbitrariedades». Cerraron afirmando que «es fundamental erradicar los tratos abusivos y jerarquías que respeten la dignidad del personal y un programa de reentrenamiento integral que incluya preparación física, apoyo psicológico, manejo responsable de armas y actualización en derecho penal, Constitución Nacional y derechos humanos».

El dólar mayorista tuvo una suba marginal de 1,50 peso o 0,1% este jueves, a $1.476, con un monto de operaciones todavía relevante en los USD 625,3 millones, acorde al período de mayor liquidación de exportaciones, que parece extenderse al mes de julio.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 12 pesos, muy por encima de la caída de 50 centavos de la semana anterior”, recordó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El tipo de cambio oficial mantiene en julio una baja de seis pesos o 0,4%, tendencia que, de sostenerse, perdería nuevamente contra la inflación mensual. Mientras, en el recorrido de 2026 alcanza una ganancia de 21 pesos o 1,4 por ciento.

El BCRA fijó para fecha un techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.826,41 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 350,41 pesos o 23,7% de ese límite de intervención.

El dólar al público se mantuvo estable a $1.495 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento blue o informal descontó cinco pesos o 0,3%, a 1.525 pesos.

“El dólar mayorista continúa más estable cerca de los $1.475 mientras el BCRA sigue sumando fuertes compras, en especial en las últimas ruedas que sorprendieron por la intensidad y el nivel de participación en la plaza. Más allá de eventos puntuales, que se siga avanzando en el objetivo de acumulación de reservas, dentro de un clima de calma cambiaria y desinflación, sigue siendo alentador considerando que se anticipaba una menor oferta de divisas en el segundo semestre”, estimó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El Tesoro alcanzó un rollover de 183% en la licitación de bonos de corto plazo, por unos $5,4 billones, lo que implicó una absorción de $2,5 billones de liquidez del sistema dados los vencimientos y un aumento de los depósitos oficiales en cuentas del BCRA.

Para Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, “el Palacio de Hacienda cerró una exitosa jornada financiera al superar ampliamente los vencimientos de deuda. La gran novedad fue el debut del Bonar 2029 en moneda extranjera. Para este título, el mercado ofreció un total de USD 1.046 millones. Sin embargo, el Gobierno decidió adjudicar US D470 millones con una tasa de retorno del 8,29%” (nominal anual).

A la vez, Max Capital destacó que “la demanda por instrumentos dólar linked fue sólida y concentró el 25% del total colocado (USD 966 millones), siendo el nuevo bono con vencimiento en mayo de 2027 el más demandado (USD 604 millones)“.

“Si bien el rollover superior al 100% reducirá la liquidez del sistema, esta absorción compensará gran parte de la expansión derivada de las grandes compras de dólares realizadas por el BCRA en los últimos días, dejando probablemente poco margen para que las tasas del mercado secundario entren en tensión”, acotó Max Capital.

El economista Salvador Vitelli, Head of Research en Romano Group, observó en “el movimiento de depósitos en pesos y moneda extranjera del Tesoro” que ”el Tesoro le compró al BCRA el 8 de julio USD 920 millones. De esta manera, calculamos que le lleva comprado al BCRA USD 6.800 millones en lo que va del año. En el programa financiero de 2026 indicaron que le comprarían al BCRA por USD 6.700 millones por lo que probablemente esta sea la última compra realizada».

Por otro lado, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, actualizados por el BCRA al 13 de julio, mostraron un incremento de USD 617 millones en las colocaciones en efectivo del sector privado, hasta alcanzar un total de USD 40.437 millones, un nuevo récord histórico.

Se intensificó la polémica tras la reciente travesía del patrullero británico HMS Medway a través de aguas argentinas, que navegó muy cerca de las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego sin comunicación previa al gobierno nacional. En su recorrido, el buque de guerra de Gran Bretaña alcanzó el puerto de Punta Arenas, en Chile, donde realizó labores de reaprovisionamiento. La acción fue tildada de «provocación flagrante» por las autoridades fueguinas y también disparó la queja de legisladores de la oposición. La tensión con la nación europea sigue en aumento y, a raíz de lo ocurrido, finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte expresando su rechazo absoluto al movimiento de unidades militares extranjeras en Mar Argentino.

El documento en cuestión fue presentado el lunes 13, pero Relaciones Exteriores recién dio cuenta de la protesta durante la tarde del miércoles y pocas horas después de ocurrido el partido de fútbol en el que la selección argentina derrotó a su similar inglesa.

Queja diplomática argentina ante la incursión británica

El comunicado de la dependencia oficial señala que, con relación al desplazamiento del HMS Medway, «esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos 1, II, III y IV de la Declaración Conjunta dada en Madrid el 15 de febrero de 1990, en su apartado 1.2 ‘Medidas de fortalecimiento de la confianza’, punto ‘b’ (texto según la Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993)».

«El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución», enfatizó Relaciones Exteriores.

En el comunicado se subraya que «tales movimientos inconsultos e ilegales contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países, al tiempo que se suman a la larga serie de acciones unilaterales que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas».

En el mismo comunicado, la cartera detalló que dicha resolución «exhorta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía».

Al mismo tiempo, el Gobierno señaló que, «lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura, estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la controversia».

Por último, el oficialismo reafirmó «una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes», para luego concluir: «Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son Argentinas«.

Diputados nacionales pidieron informes al Gobierno

Recientemente, y tras tildar al acto de provocación, un grupo de diputados nacionales elevó un pedido exigiendo respuestas al Ejecutivo respecto de la posición oficial ante el incidente.

El pedido de informes fue elevado por integrantes del Peronismo Federal, en un recurso del que tomaron parte Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz. En ese marco, se solicitaron detalles respecto de cuánto conocimiento tuvo el Gobierno nacional de los movimientos del HMS Medway.

Además, se pidió saber de las medidas adoptadas y el posicionamiento de La Libertad Avanza (LLA) luego de que la Armada ubicara la trayectoria de la embarcación militar, desplegada inicialmente por Gran Bretaña en el área de Malvinas en enero de este año.

De fuentes oficiales, y tal como publicó iProfesional recientemente, se supo que la Armada Argentina sí detectó e informó a las autoridades nacionales del desplazamiento del HMS Medway hacia el estrecho de Magallanes durante la primera semana de este mes.

La alarma se disparó en tanto, según se indicó, Gran Bretaña en ningún momento habría efectuado la comunicación previa contemplados dentro de pactos como el Acuerdo Madrid II de 1990, que establece dicha notificación entre países a los fines de evitar cualquier tipo de incidente militar.

Respecto de los fundamentos del pedido de informes, Michel expuso que «lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas».

Añadió que el caso «interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur».

Consideró, también, que la acción no hace más que exponer cómo se sigue consolidando «una presencia militar extranjera en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina compromete recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes».