POLITICA
El oficialismo busca desactivar la avanzada opositora contra Manuel Adorni con una sesión previa en Diputados

Tras el fracaso de la oposición de la semana pasada, cuando no logró reunir el quorum para sesionar y forzar la interpelación de Manuel Adorni, este miércoles volverá a la carga junto a Unión por la Patria (UxP) y buscará abrir las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para discutir los pedidos de interpelación y otros proyectos impulsados por el kirchnerismo.
Sin embargo, La Libertad Avanza se anticipó con una jugada propia: convocó a una sesión para las 10 con el objetivo de tratar los proyectos de ley Hojarasca y de Zonas Frías. El oficialismo ya tendría garantizado el quorum con el respaldo de aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales.
El socialista Esteban Paulón, junto al jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, el radical crítico Pablo Juliano y otros diputados, pidió una sesión especial para las 11. El objetivo es avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por denuncias sobre supuestos hechos de corrupción. También buscan debatir iniciativas vinculadas con temas sociales, como regímenes de licencias parentales, la situación del PAMI y la creación del plan Remediar.
Los proyectos presentados en Diputados apuntan a la situación judicial y patrimonial de Adorni. Entre otros puntos, solicitan informes verbales del jefe de Gabinete “sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, además de pedidos de información vinculados a su patrimonio declarado y la posibilidad de avanzar con una moción de censura por supuestas irregularidades.
La embestida libertaria
El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, diseñaron la estrategia libertaria con una contraofensiva parlamentaria: convocaron a una sesión el mismo miércoles, pero una hora antes.
La convocatoria incluye temas impulsados por la Casa Rosada, como el proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta —conocido como ley Hojarasca— enviado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; las modificaciones a la Ley de Zonas Frías, sancionada en 2021 a propuesta de Máximo Kirchner; y tratados internacionales dictaminados por la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la libertaria Juliana Santillán.
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Las medidas energéticas
La semana pasada, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría del proyecto con la presencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. La iniciativa modifica el esquema de subsidios al gas que amplió beneficios a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Según el Gobierno, esa ampliación “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema” al incorporar zonas “sin condiciones climáticas equivalentes”, lo que derivó en un fuerte aumento de beneficiarios y del costo fiscal.
El dictamen mantiene los subsidios para la Patagonia, Malargüe y la Puna en el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. Pero en las zonas incorporadas desde 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
Rechazo a Zonas Frías
Desde Unión por la Patria, la diputada Jimena López cuestionó la propuesta oficialista y aseguró que “reduce el alcance de los beneficios para millones de usuarios mientras mantienen e incluso profundizan los recargos. El manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”.
López también criticó al Gobierno por “haber aumentado en cinco oportunidades durante 2025 el recargo para financiar este fondo, elevándolo hasta su máximo legal y arrogándose en abril la facultad de incrementarlo hasta un 11,25% sin pasar por el Congreso”.
Por su parte, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez sostuvo que, de aprobarse el proyecto oficial, “670 mil usuarios de Córdoba se quedarían sin el subsidio al gas”. Además, afirmó que “el efecto derrame que —según los cálculos del Gobierno— producirían las inversiones en gas y su eventual incorporación a las tarifas de los sectores más humildes es poco creíble de parte de un Gobierno que no tiene sensibilidad social”.
Gutiérrez agregó que “Córdoba no mantiene deudas en esta materia. Con la gestión de Juan Schiaretti, se construyó 3.200 kilómetros de gasoductos troncales con una inversión de mil millones de dólares, adelantándose a los futuros desarrollos gasíferos. Resulta ofensivo que representantes del oficialismo digan que este subsidio ‘les llega a usuarios de piletas climatizadas’, cuando claramente la normativa dice lo contrario”.
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El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, también rechazó los cambios y explicó que “en las viviendas ubicadas en zonas ‘no frías’ de la Argentina se consumen, en promedio, 542 metros cúbicos de gas al año. De ese total, el 33% se destina a calefacción”.
“En cambio, en una vivienda ubicada en ‘zona fría’ se consumen, en promedio, 1052 metros cúbicos de gas al año. Eso es un 94% más que en zonas ‘no frías’. Pero, además, casi la mitad de ese gas que se consume en una vivienda de zona fría, más precisamente el 48%, se usa para calefacción del hogar”, señaló.
Y concluyó: “Queda bien claro, entonces, que los descuentos en gas domiciliario por Zona Fría no implican ningún privilegio; simplemente contribuyen a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares, lo que incide directamente en la salud de las personas”.
Regularización de deudas eléctricas
Otro de los capítulos del proyecto apunta a regularizar obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La iniciativa instruye a la Subsecretaría de Energía Eléctrica y a CAMMESA a aplicar créditos para cancelar deudas de distribuidoras eléctricas que adhieran a acuerdos de regularización y renuncien a reclamos judiciales o administrativos contra el Estado.
En ese marco, Edenor y Edesur reclaman ingresos no percibidos por unos US$3200 millones —US$2000 millones en el caso de Edenor y US$1100 millones en Edesur—, mientras ambas empresas mantienen deudas con CAMMESA por alrededor de US$1100 millones.
La iniciativa también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de gravámenes para fuentes renovables prevista en la ley de promoción de energías limpias. El beneficio alcanza a proyectos de energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa y gases de vertedero, entre otras tecnologías.
Diputados, sesion, Manuel Adorni
POLITICA
El intendente libertario de Allen investigado por peculado aseguró que su suspensión del cargo es “un golpe institucional”

Un intendente libertario de Río Negro denunció este miércoles un golpe institucional contra su gestión. Marcelo Román, jefe comunal de Allen, publicó un video en sus redes sociales donde anuncia que dejará “provisionalmente” la intendencia para respetar la ordenanza del 8 de julio en la que había quedado suspendido de sus funciones.
Román es investigado por presunto peculado y administración fraudulenta. “Vinieron 6 concejales a sacarnos de la intendencia. Fue un atropello y lo denunciamos como un golpe institucional”, afirmó este miércoles el alcalde aseguró. “Pero vamos a respetar la ordenanza, la carta orgánica y la vamos a cumplir hasta el último día”, agregó.
En ese sentido, el intendente aseguró: “Hay plazos administrativos que se tienen que cumplir, y es el viernes que viene. Vamos a cumplir con la ordenanza y vamos a dejar provisionalmente la intendencia”. “No voy a renunciar, pero vamos a hacer entrega del traspaso como corresponde. Para nosotros es absolutamente inconstitucional e ilegal”, aclaró.
En la misma línea, Román adelantó: “Hemos realizado el planteo pertinente ante el Superior Tribunal de Justicia, que ya dictaminó que es un conflicto de poderes. Confío en la Justicia y dejaremos en ellos la última definición”. “Con esta ordenanza lo que hicieron fue maquillar nuestra salida de manera intempestiva y golpista”, señaló.
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Apuntó contra los concejales de Juntos Somos Río Negro, el oficialismo provincial. “Lo único que hacen es opacar la institucionalidad y empañar nuestra gestión, como lo han hecho siempre, con palos en la rueda”, expresó.
“Estamos sujetos a derecho, nos atenemos a lo que diga la justicia y seguiremos trabajando”, enfatizó el jefe comunal. “El pueblo nos eligió hasta el 10 de diciembre del 2027. Nunca dejamos de trabajar desde el primer día y lo seguiremos haciendo”, finalizó.
La causa contra el intendente de Allen
Marcelo Román fue suspendido preventivamente de su cargo por decisión del Concejo Deliberante, mientras continúa siendo investigado por la Justicia de Río Negro en una causa por presunto peculado y administración fraudulenta.
La medida fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra durante una sesión marcada por fuertes cruces políticos y la presencia de vecinos que siguieron el debate desde el recinto. Como consecuencia de la decisión, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quedó al frente del Ejecutivo municipal de manera interina.
El apartamiento está contemplado en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al Concejo a suspender preventivamente a un funcionario sometido a un proceso penal. La norma establece que la medida se extenderá hasta que exista una resolución definitiva de la Justicia: si el funcionario resulta absuelto recuperará automáticamente el cargo, mientras que una condena firme derivará en su destitución.
La decisión del cuerpo legislativo se produjo en medio del avance de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales. La causa derivó en distintas medidas de prueba, entre ellas allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Allen, una situación que fue mencionada durante el debate por varios concejales que respaldaron la suspensión.
Río Negro, Corrupción, administración fraudulenta
POLITICA
Llegó el nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede y entra en etapa de definiciones la visita del Papa a la Argentina

Esta mañana arribó al país el nuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach. Designado en mayo pasado por el papa León XIV, una de las primeras misiones del flamante jefe diplomático de la Santa Sede será la organización de la visita del pontífice a nuestro país, que se estima podría realizarse en noviembre, aunque aún no existe una confirmación del Vaticano.
En su llegada a la Argentina, el nuncio apostólico fue recibido por el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro. También estuvo presente el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, a quien el canciller Pablo Quirno le encomendó darle la bienvenida.
Se espera que en los próximos días monseñor Banach presente sus cartas credenciales al presidente Javier Milei. Además, su llegada renueva las expectativas por un probable anuncio del Vaticano sobre una visita del papa León XIV a la Argentina, que podría producirse en noviembre.
En tanto, su primer encuentro con los fieles de la Iglesia argentina tendrá lugar en la misa que celebrará en la Catedral metropolitana, en una fecha por determinar.
Monseñor Banach, de 63 años, nació en Worcester, Estados Unidos, y comparte con Robert Prevost alidad norteamericana. Se desempeñaba hasta ahora como nuncio apostólico en Hungría, donde en abril de 2023 participó de la organización de la visita pastoral del papa Francisco.
Con su entrada en funciones en Buenos Aires crecen, así, las expectativas por una definición en torno de la probable visita del Papa, que se extendería también a Uruguay y a Perú, el país cuya nacionalidad adoptó Prevost en agosto de 2015, un mes antes de que el papa Francisco lo nombrara obispo de Chiclayo, después de haber vivido y desarrollado en Perú gran parte de su labor pastoral.
Se especula con que el anuncio oficial del Vaticano para confirmar el viaje del papa León XIV a los tres países de la región podría realizarse luego de la asunción de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, prevista para el próximo martes.
El nuncio apostólico
Ordenado sacerdote en 1988, monseñor Banach es doctor en Derecho Canónico e integra el servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994. Prestó servicios en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, y en la sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, en el Vaticano.
En 2007 fue nombrado representante permanente de la Santa Sede ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y ante la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Además, fue observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.
Fue promovido a arzobispo el 22 de febrero de 2013, en los últimos días del pontificado de Benedicto XVI. Habla francés, italiano, polaco y español.
La nunciatura argentina se encontraba vacante desde enero, cuando el papa León XIV decidió el traslado a Albania del entonces nuncio polaco Miroslaw Adamczyk, quien permaneció casi seis años en nuestro país.
En mayo pasado, tras la designación anunciada por el Vaticano, los obispos argentinos transmitieron en una carta un saludo fraternal al nuevo nuncio. “Mientras esperamos con un corazón disponible a quien llega para representar al Santo Padre en nuestra patria, queremos animar a la comunidad católica a fin de que se una en oración para que el Señor acompañe la misión de monseñor Banach, encomendando su ministerio a la protección de la Virgen María”, expresó monseñor Colombo en la nota.
En otra carta, desde Budapest, el nuncio Banach saludó al presidente del Episcopado y a los demás obispos. Expresó su “alegría y honor de representar al Santo Padre en este amado y noble país”. Y expresó su deseo de “cumplir este mandato con fidelidad a mi lema episcopal: Humanitate et Caritate, encomendándome desde este momento a la materna intercesión de Nuestra Señora de Luján”.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
La UTA alcanzó un acuerdo salarial para un trimestre y se diluye la amenaza de un paro de colectivos en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros acordaron este miércoles una actualización salarial para el trimestre julio, agosto y septiembre que beneficiará a los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Para el personal de conducción, el acuerdo fijó un salario básico de $1.645.721,36 desde el 1° de julio, de $1.676.990,06 a partir del 1° de agosto y de $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías.
El acuerdo incluyó una gratificación extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para el personal de conducción, proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado. También incluye una actualización de viáticos por día efectivamente trabajado: $20.000 desde julio, $21.000 desde agosto y $22.000 desde septiembre.

Según un comunicado de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, ambas partes se reunirán durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas. Además, se comprometieron a mantener la paz social en el sector.
De esta forma, se destrabó un conflicto que se prolongaba y que amenazaba con derivar en medidas de fuerza, ya que la UTA, que lidera Roberto Fernández, hasta el momento sólo había llegado a un acuerdo con las cámaras del sector de larga distancia para mejorar los viáticos del personal.
Las paritarias que cerró la UTA se suman a otros acuerdos salariales alcanzados en las últimas semanas y que se mantienen dentro de la pauta fijada por el Gobierno.

Por un lado, la Asociación Bancaria acordó con las cámaras un aumento de 2,9% para junio que elevará el sueldo inicial a $2.412.128,22. Y con el plus de participación en las ganancias, de $69.727,10, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.481.855,32.
Según informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el entendimiento también fijó para el Día del Bancario un monto mínimo de $2.150.328,87, que estará sujeto a corrección en futuras actualizaciones.
La actualización acumula en el primer semestre del año un 16,8% sobre los sueldos de diciembre. La mejora salarial se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye adicionales convencionales y no convencionales.

Mientras, en estos días se reanudarán las negociaciones de empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para acordar un aumento que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores del sector cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.
Ambas partes tuvieron hace dos semanas la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.
Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que estaba empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.

Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que encabeza Armando Cavalieri, comenzó las primeras reuniones con las cámaras empresariales para acordar un aumento salarial para el trimestre julio-septiembre.
La expectativa sindical es compensar la inflación del período vencido ya que el último acuerdo paritario, con vigencia entre abril y junio, consistió en un incremento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), más una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos y una contribución empresarial para OSECAC de 28 mil pesos mensuales por trabajador.
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