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POLITICA

Un empresario confirma que le armó una reunión a Adorni en Punta del Este en carnaval: “Fue una cena de camaradería”

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MONTEVIDEO.- El viaje de Manuel Adorni a Punta del Este por el fin de semana de carnaval, que motivó la apertura de la causa por enriquecimiento ilícito en su contra, no fue solo una escapada “estrictamente familiar”, como dijo el jefe de Gabinete. Incluyó una reunión con empresarios, en la Trump Tower, organizada por Marcelo Grandio y Rolando Rozenblum, referente de la colectividad israelita local, que como dueño de casa ofició de anfitrión.

La reunión fue revelada el domingo por eldiario.ar, que dijo que se trató de una cena tarifada en la que una docena de empresarios aportaron, cada uno, 1000 dólares. Rozenblum, CEO de uno de los principales colegios de Punta del Este, confirmó a que la reunión se hizo, que hubo empresarios y que fue en su casa, pero negó haberles cobrado a los asistentes.

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“Fue una cena de camaradería con familiares, empresarios y amigos; una cena muy amena, como se hace en cualquier ambiente cuando hay una personalidad a la que se invita”, dijo Rozenblum. Durante el encuentro, Adorni expuso durante “unos 40 minutos”, relató el dueño de casa, que no reveló quiénes participaron. “Luego, preguntas y un intercambio de opiniones”, agregó.

La Trump Tower de Punta del Este

“Yo no cobre nada. Pagué la cena. Nunca voy a cobrar una cena en mi casa”, afirmó Rozenblum, CEO del Internacional College Punta del Este y referente de la Comunidad Israelita de Punta del Este (Cipemu). Concejal del municipio de la ciudad, en las elecciones de 2025 Rozenblum se presentó como candidato a alcalde y perdió por pocos votos.

La Trump Tower es la torre iniciada por la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Playa Brava de Punta del Este. Cuando la obra había quedado frenada, fue Rozenblum quien impulsó ese desarrollo.

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“Me enteré de que venía Adorni y me pareció que era bueno invitarlo”, relató. Dijo que consideró la visita como una buena ocasión para juntarse, escucharlo y “contarle particularidades” de la ciudad balenario. Informó que habló con Grandio y que le dijo: “Vamos a atenderlo bien”.

Grandio es el periodista amigo de Adorni que, según las facturas en poder de la Justicia, pagó por los vuelos privados de ida y de vuelta a Punta del Este del jefe de Gabinete y su familia en febrero pasado. Grandio, que tuvo contratos con la TV Pública durante la gestión de Javier Milei, dijo, cuando trascendió el viaje y se lo vio en un video, que él lo había invitado a Adorni para que descansara unos días en su casa del balneario uruguayo.

Manuel Adorni, entrevistado por Marcelo GrandioCaptura Web

Grandio se enredó en esas primeras explicaciones. Alegó que viajar en un avión privado como el que tomaron salía “más barato que en un avión de Aerolíneas” y afirmó: “Manu lo pagó”. Pero después dijo que cada uno abonó su parte, y finalmente, que Adorni “lo pagó él con plata del Estado”. “Tengo el recibo del recibo”, dijo. Hasta hoy, ni Grandio ni Adorni mostraron ningún documento que pruebe que los vuelos los pagó Adorni. La factura del de ida, por 4830 dólares, está a nombre de la productora de Grandio. El de vuelta fue parte de un paquete de 10 vuelos comprados por el piloto Agustín Issin Hansen, que le revendió los de los Adorni a Grandio por 3000 dólares, según lo documentado. Esta última factura -que Grandio hoy desconoce- está fechada el 9 de marzo, el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez de este viaje.

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Adorni justificó el gasto con el argumento de que cuatro días en Punta del Este fue “lo único” que hizo en un año y medio (después se conocería que en ese período tuvo otras vacaciones). Dijo que fue un viaje “estrictamente personal” con su mujer y sus hijos menores de edad. “Es un tema estrictamente familiar”, insistió, como argumento para negarse a dar cualquier explicación.

Ahora se sabe que además de estar con su familia, mantuvo al menos esta reunión con empresarios locales.

Según Rozenblum, en la Trump Tower hablaron sobre el “impacto de las elecciones de Argentina en Uruguay” y el propio anfitrión hizo “una explicación, como concejal, para explicar la naturaleza de Punta del Este y su dependencia de los argentinos”, entre otros asuntos.

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“Yo siempre invité gente a mi casa, interesante, como expresidentes, ministros, senadores, diputados”, alegó el empresario.

El viaje de Adorni a Punta del Este es uno de los gastos que analiza el fiscal Gerardo Pollicita para determinar si corresponde avanzar con una intimación al jefe de Gabinete para que justifique su patrimonio. El funcionario ya suma más de 400.000 dólares en gastos detectados por los investigadores, sin contar los gastos corrientes, como expensas, colegio de sus hijos y alimentos.




fue revelada,Nelson Fernández,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Quiebre en el oficialismo. Preocupación por la escalada de la interna en medio de la crisis por el caso Adorni,,Análisis. Las mil y una “locuras” de Milei,,El dilema libertario. Un Tesla que va por el ripio

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Confirman el sobreseimiento de Santiago Caputo por la denuncia de amenazas de Facundo Manes

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La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa en la que había sido denunciado por amenazas por el exdiputado nacional del radicalismo Facundo Manes, por un incidente ocurrido en la apertura de sesiones del Congreso en 2025.

El fallo es de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que confirmaron —por unanimidad— el sobreseimiento de Caputo.

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Santiago Caputo increpa a Manes en un pasillo del Congreso

Manes había denunciado a Caputo por el delito de amenazas porque el 1 de marzo de 2025, tras el discurso del presidente Javier Milei, se enfrentaron en una discusión dentro del Congreso de la Nación.

Manes expresó que, mientras se llevaba a cabo el discurso presidencial, su compañero de bloque, el diputado Pablo Juliano, efectuó manifestaciones a viva voz que motivaron la contestación de Milei.

En ese contexto, Manes dijo que advirtió gritos que provenían de un palco superior ubicado a sus espaldas y que pudo ver que Caputo le habría hecho un gesto al señalarse los ojos con los dedos índice y mayor, como si le indicara que lo estaba mirando.

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Manes sostuvo que el asesor presidencial, entre otras palabras, expresó: “¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”; y que, según le dijo el diputado Juliano, Caputo también le expresó: “Te voy a hacer mierda”.

El momento de la pelea entre Caputo y Manes

El ex diputado nacional declaró que, una vez finalizada la apertura de sesiones, se retiró de su banca en compañía de otros diputados; en uno de los pasillos fue abordado por Jazmín Bullorini, periodista de Clarín, quien le preguntó sobre su opinión acerca de las palabras del presidente.

Según la querella, Caputo apareció en ese contexto acompañado de otras personas e interrumpió la conversación.

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Manes dijo que Caputo se le acercó “cara a cara”, que luego levantó su mano derecha y la colocó sobre el rostro del ex legislador, para después decirle frases como “vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, “vos no me conoces a mí” y “ya me vas a conocer a mí” y finalmente retirarse previo darle dos palmadas en el pecho.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó -por mayoría- la resolución del juez de primera instancia que había sobreseído a Santiago Luis Caputo por amenazas. Manes llevó el caso a la Cámara Federal de Casación, que convalidó el sobreseimiento al rechazar el recurso del exdiputado nacional.

El juez Borinsky —al que adhirieron los jueces Gustavo Hornos y Carbajo— consideró que la querella no había logrado demostrar la existencia de arbitrariedad en el fallo de la Cámara Federal que concluyó que no había delito en los actos denunciados.

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El juez precisó que el contexto de los hechos había sido valorado y resultó clave para el sobreseimiento. Dijo que la secuencia de sucesos se inscribía en un contrapunto entre personas pertenecientes a distintas fuerzas políticas que se encontraban en el Congreso de la Nación con motivo de la apertura del período de sesiones ordinarias correspondiente al año 2025.

Según Borinsky, los actos atribuidos a Caputo acontecieron en medio de “una acalorada disputa política” y en ese marco se debían interpretar los hechos. Borinsky estimó que Manes no había logrado poner en evidencia que los sucesos excedieran los límites de la discusión política. No negó el episodio ni los “tintes hostiles o agresivos” que pudiera haber percibido Manes.

Sin embargo, concluyó que la querella no había demostrado que la secuencia de actos encuadrara en el delito de amenazas, y menos agravadas. La fiscalía, además, había postulado la inexistencia de delito. Borinsky entendió que el fallo de la Cámara Federal era válido y que la querella no había demostrado la existencia de arbitrariedad.

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El juez Hornos compartió las consideraciones y sostuvo que las expresiones de Manes no encuadraban como un anuncio de un mal concreto e inminente que exige el delito de amenazas. Precisó que el altercado que había involucrado a Manes y a Caputo se dio en una acalorada discusión y que debía contextualizarse “en las controversias propias de la discusión política”.

“En un recinto donde aquello que se busca es la generación de debates y consensos como mejor expresión de la democracia liberal que impera en nuestro país y carecen de la entidad amenazante que le había adjudicado -seguramente con buena fe- el querellante”, dijo Hornos. Por su parte, Carbajo compartió las consideraciones expuestas por Borinsky y Hornos.




dejó firme el sobreseimiento,Hernán Cappiello,Conforme a

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ADEPA expresó su preocupación por una medida judicial que afecta la labor periodística en medio del caso AFA

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su seria preocupación y rechazo por la medida cautelar dictada ante una denuncia penal realizada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y del CEAMSE, contra distintas personas, entre ellas varios periodistas.

La resolución impone prohibiciones de contacto y de acercamiento, y ordena abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante. Sin embargo, no menciona hechos concretos que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito, ni siquiera con el grado de provisionalidad propio de una medida cautelar. La acusación a los periodistas se centra en la decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso AFA.

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ADEPA recuerda que cuando se trata de personas con notoria actuación pública o responsabilidades institucionales, la noción de vida privada, familiar o íntima debe ser interpretada con especial cuidado, para no impedir investigaciones o publicaciones referidas a hechos de interés público. La protección de la intimidad no puede convertirse en una fórmula amplia o ambigua que restrinja la difusión de información vinculada con la actuación pública, patrimonial o institucional de quienes ejercen funciones relevantes.

La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial: debe depositar $30 millones como garantía. (Foto: Reuters)

“Resulta especialmente preocupante que se imponga a periodistas una prohibición de acercamiento respecto del denunciante y de los lugares donde desarrolla sus actividades habituales. Una restricción de esa naturaleza, sin identificación de conductas intimidatorias concretas, puede afectar tareas básicas del periodismo, como procurar información, formular preguntas, cubrir acontecimientos o realizar investigaciones sobre asuntos de interés general”, aseguró ADEPA en un comunicado.

Además, explicó: “Medidas de este tipo conllevan un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa”.

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La utilización de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas, sin fundamentos específicos, es un mecanismo indirecto de entorpecimiento de la labor periodística en los términos del artículo 13 del Pacto de San José Costa Rica. Y, por sobre todo, la violación de la prohibición de establecer la censura previa a la libertad de expresión y prensa, establecida por el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Leé también: La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial: debe depositar $30 millones como garantía

ADEPA expresó que la seguridad personal y la intimidad merecen protección, “pero esa tutela debe ser compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

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La entidad concluyó: “Una decisión de estas características constituye un peligroso antecedente: de extenderse, permitiría judicializar la crítica, los criterios editoriales y la labor periodística en general, con grave afectación del debate público esencial para un sistema democrático”.

ADEPA, Chiqui Tapia, libertad de expresion

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Santa Cruz: asumieron los nuevos vocales en el Tribunal Superior, cambiaron las autoridades y revisarán 80 designaciones

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EL CALAFATE.- Finalmente, hoy se cumplió la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quedó conformado el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz con los nueve miembros que marcan la Ley 3949 que amplió el número de vocales. Atrás quedaron ocho meses de una férrea resistencia del kirchnerismo, que declaró inconstitucional la ley y obligó a que la situación sea dirimida a 2600 kilómetros de la provincia patagónica.

La primera reunión de acuerdo extraordinario ocurrió en medio de una fuerte tensión entre los antiguos y los nuevos vocales. Hubo algún pase de factura, pero también se tomaron decisiones importantes: se designó como nuevo presidente del cuerpo a Gabriel Nolasco Contreras Agüero, quien reemplazará a Reneé Fernández.

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Además se cambió el representante en el Consejo de la Magistratura, se decidió que los próximos ingresos al Poder Judicial serán por concurso y que serán revisados los últimos 80 nombramientos.

Gabriel Nolasco Contreras Agüero, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

Este lunesy fue el primer día que los vocales se ven cara a cara luego de que la Corte, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, reconociera la vigencia de la ley que amplió el TSJ, y que el tribunal provincial emitiera 24 horas después un escueto comunicado, en el cual aseguraban que acatarían la orden del máximo tribunal federal.

La jornada empezó temprano en el edificio ubicado en la esquina de la avenida Presidente Néstor Kirchner y Chacabuco, en Río Gallegos. Era aún noche cerrada a las siete cuando llegaron los primeros vocales: Sergio Acevedo, Contreras Agüero, Lucio de la Vega y José González Nora –todos designados entre septiembre y octubre pasado pero a quienes se les negó el sueldo, el cargo y el ingreso al edificio– junto a Daniel Mariani, el histórico vocal desplazado de la presidencia luego que le tomara la jura de los nuevos vocales.

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Sobre Mariani, Reneé Fernández había emitido una circular que prohibía que se acaten sus órdenes o pedidos y hasta aquí se había cumplido a rajatabla.

Según pudo reconstruir a partir de testigos, a poco de llegar Mariani indicó a los empleados que se notifique al resto de los vocales la convocatoria a una reunión de acuerdo extraordinario para las nueve de la mañana: nadie se opuso y en breves minutos los vocales estaban notificados.

Minutos antes de las nueve de la mañana llegaron al edificio Reneé Fernández, Fernando Basantta y Alicia de los Ángeles Mercau, en tanto que luego se supo que Paula Ludueña faltó con aviso por enfermedad de un familiar, según se explicó en la reunión.

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Jueces de la Corte de Santa Cruz Daniel Mariani y Reneé Fernández

El clima en el salón de acuerdos fue tirante; no era una reunión entre extraños: casi todos se habían cruzado en el ámbito judicial o político, tal el caso de Reneé Fernández, que ejerció en la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación durante la presidencia de Néstor Kirchner, cargo que se proyectó incluso en parte de la gobernación de Acevedo, quien inició en diciembre de 2003 y terminó abruptamente en 2006 con su renuncia.

Según pudo saber no hubo unanimidad en las votaciones; en un gesto para intentar buscar acuerdos, en lugar de proponer que Mariani sea restituido en la presidencia, se propuso a Contreras Agüero para el cargo –fiscal, juez de instrucción con más de 20 años de carrera judicial– y recibió seis votos de acompañamiento a favor y la negativa de Fernández y Mercau.

Mariani, por su parte, fue votado para integrar el estratégico Consejo de la Magistratura, cargo que hasta aquí estaba en manos de Basantta, el vocal que atravesó un juicio político en diciembre y sobre el cual podría reactivarse un expediente. Mariani asumirá mañana.

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“Nos queda un largo trabajo por delante”, expresó uno de los vocales a . Es que, a partir de ahora, se revisarán 80 nuevos nombramientos; se presume que hubo muchos cargos que llegaron al Poder Judicial sin ponderar su capacidad.

El reordenamiento institucional no se limita solo a la composición del plenario, sino que se espera la reactivación de causas pendientes de resolución en diferentes tribunales provinciales.

El gobernador Claudio VidalPrensa Gobierno

Pasadas las 14, encontró a tres de los nuevos vocales caminando por la vereda de la avenida Presidente Néstor Kirchner; sin hacer declaraciones, aceptaron distendidos posar para la foto: el flamante presidente del TSJ, Contreras Agüero, flanqueado por Acevedo y González Nora; atrás quedaron meses en los que tuvieron que recurrir a la Corte para poder asumir en sus cargos.

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Minutos antes, la cuenta de Facebook del Tribunal había publicado la primera foto de Contreras en su oficina anunciando su cargo para 2026, la primera que tiene en el palacio judicial. Sin embargo, mientras el TSJ parece encaminarse, hoy al mediodía ingresó en la Mesa de Entradas de la Legislatura provincial una denuncia formal y pedido de juicio político contra los vocales Fernández, Mercau, Ludueña y Basanta, “en razón de haber incurrido en un ejercicio abusivo de la función jurisdiccional”.

Según detalla la presentación firmada por el abogado del fuero local Sergio Macagno, la denuncia es por utilizar el Poder Judicial en situación de conflicto de interés directo, alterar el equilibrio entre los tres poderes del Estado, afectación del principio de imparcialidad, incumplimiento del deber de excusación, obstrucción del control constitucional provincial y federal y la eventual comisión de conductas con relevancia penal en ejercicio de sus altos cargos.




Mariela Arias,Conforme a

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