POLITICA
Kicillof apura su instalación como candidato: apunta contra Milei y cita a los 135 intendentes bonaerenses para coordinar reclamos en salud
LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, citó para este martes a los 135 intendentes de la provincia para darle impulso a un reclamo conjunto por los recortes en salud impuestos por la gestión nacional de Javier Milei. El mandatario busca ponerse al frente de la movilización del miércoles próximo en defensa de la salud pública que convocaron gremios y agrupaciones del sector.
“El sistema de salud está en una situación crítica tras la desregulación de costos de tratamientos y la caída de ingresos de la población ha hecho que la situación sea realmente grave”, sostienen en el gobierno bonaerense. En la reunión con los intendentes tendrá protagonismo Nicolás Kreplak, ministro de Salud y uno de los cuatro ministros de Kicillof alineados con La Cámpora.
Según pudo saber , nada indica que al encuentro se presenten los intendentes de la oposición: la mayoría de los alcaldes radicales, de Pro, libertarios y vecinalistas faltaron a la última cita convocada por Kicillof más allá de que la convocatoria era para reclamar más recursos.
El presidente del foro de intendentes radicales, Maximiliano Suescun, puso en duda su asistencia. “Yo personalmente no creo que vaya. Pero quizá vaya algún representante del foro”, deslizó el jefe comunal de Rauch. Los alcaldes del axelista Movimiento Derecho al Futuro (MdF) seguramente tendrán preponderancia entre los asistentes.
Entre los principales puntos en agenda se abordará las consecuencias derivadas de la interrupción de programas sanitarios, la creciente demanda en hospitales públicos vinculada al aumento de las tarifas de las prepagas de salud, y las dificultades en el acceso a la provisión de medicamentos y vacunas.
“El problema de las vacunas es impresionante. Hay una negligencia muy grande del gobierno nacional. El país era un modelo a nivel internacional y hoy es todo lo contrario. El país pasó a comprar 50 millones de dosis a 36 millones de dosis”, cuantificó Kreplak en la antesala del encuentro.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires reclama al gobierno nacional atrasos por más de 24,6 billones de pesos: equivalen, según el gobierno de Kicillof, a dos presupuestos anuales para el área de salud. “Eso es lo que le ha robado el gobierno nacional a la provincia. Está generando crisis económica dado que le quita recursos”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
“Milei dijo que iba a privatizar el sistema de salud. Pasa lo contrario: 740.000 personas dejaron de tener salud privada y pasaron al sistema de salud pública desde que llegó Milei. Esto tiene que ver con que las prepagas aumentaron más del 400 por ciento”, informó el ministro de Gobierno de Kicillof. Y advirtió: “Milei tiene que cambiar el gobierno, porque la gente lo va a cambiar a él el año que viene en las elecciones”.
“Vamos a trabajar, más allá de la responsabilidad institucional de sostener la provincia, vamos a trabajar políticamente para tener una alternativa a este gobierno el año que viene”, enfatizó Bianco, de modo tal de reforzar la idea que sigue vigente el proyecto 2027, pese a que aún no lanzará Kicillof formalmente su candidatura a presidente de la Nación.
Kicillof busca presentarse como la contracara natural de Milei. De hecho, este lunes estuvo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, con un discurso favorable a la educación pública, muy diferenciado del mensaje que transmitió el Presidente al asistir a la universidad privada de San Andrés, en San Fernando.
Además, en el entorno del gobernador buscan dejar en claro que no hay margen para el surgimiento de otros candidatos en el peronismo. Este lunes aparecieron cientos de carteles con la leyenda “Axel o Milei” en la ciudad de Buenos Aires. Y no faltaron los que atribuyeron la pegatina al ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque.
El miércoles Kicillof se sumará a la marcha de sindicatos convocada contra el gobierno de Milei frente al ministerio de Salud de la Nación. Mientras reclama por más recursos en la provincia se multiplican otros reclamos por el déficit en las prestaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados estatales del gobierno provincial.
Las quejas por el servicio a los afiliados del IOMA y los pagos a profesionales de la salud que atienden pacientes por esa obra social son moneda corriente desde hace años y la política bonaerense, desde espacios de la oposición, se hizo eco en numerosas ocasiones.
El cúmulo de quejas llevó a un concejal de La Libertad Avanza a iniciar una causa judicial, en noviembre del año pasado, que se encuentra en la Sala I de la Cámara Federal de La Plata para resolver la competencia. El denunciante es Marcelo Mazzeo, edil del distrito de Esteban Echeverría. Pidió que se investigue a Homero Giles, titular del IOMA, pero también a Kicillof, por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.
Según la presentación judicial del concejal Mazzeo, en el IOMA existe un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”. Entre otros puntos, indicó que “las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo han denunciado de manera reiterada la falta de pago de honorarios, demoras superiores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos”.
Según el presupuesto provincial para 2026, el IOMA cuenta para este año con recursos por $2.422.114.040.000. Pero los prestadores y los afiliados no están conformes con la situación de la entidad.
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POLITICA
Un empresario confirma que le armó una reunión a Adorni en Punta del Este en carnaval: “Fue una cena de camaradería”
MONTEVIDEO.- El viaje de Manuel Adorni a Punta del Este por el fin de semana de carnaval, que motivó la apertura de la causa por enriquecimiento ilícito en su contra, no fue solo una escapada “estrictamente familiar”, como dijo el jefe de Gabinete. Incluyó una reunión con empresarios, en la Trump Tower, organizada por Marcelo Grandio y Rolando Rozenblum, referente de la colectividad israelita local, que como dueño de casa ofició de anfitrión.
La reunión fue revelada el domingo por eldiario.ar, que dijo que se trató de una cena tarifada en la que una docena de empresarios aportaron, cada uno, 1000 dólares. Rozenblum, CEO de uno de los principales colegios de Punta del Este, confirmó a que la reunión se hizo, que hubo empresarios y que fue en su casa, pero negó haberles cobrado a los asistentes.
“Fue una cena de camaradería con familiares, empresarios y amigos; una cena muy amena, como se hace en cualquier ambiente cuando hay una personalidad a la que se invita”, dijo Rozenblum. Durante el encuentro, Adorni expuso durante “unos 40 minutos”, relató el dueño de casa, que no reveló quiénes participaron. “Luego, preguntas y un intercambio de opiniones”, agregó.
“Yo no cobre nada. Pagué la cena. Nunca voy a cobrar una cena en mi casa”, afirmó Rozenblum, CEO del Internacional College Punta del Este y referente de la Comunidad Israelita de Punta del Este (Cipemu). Concejal del municipio de la ciudad, en las elecciones de 2025 Rozenblum se presentó como candidato a alcalde y perdió por pocos votos.
La Trump Tower es la torre iniciada por la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Playa Brava de Punta del Este. Cuando la obra había quedado frenada, fue Rozenblum quien impulsó ese desarrollo.
“Me enteré de que venía Adorni y me pareció que era bueno invitarlo”, relató. Dijo que consideró la visita como una buena ocasión para juntarse, escucharlo y “contarle particularidades” de la ciudad balenario. Informó que habló con Grandio y que le dijo: “Vamos a atenderlo bien”.
Grandio es el periodista amigo de Adorni que, según las facturas en poder de la Justicia, pagó por los vuelos privados de ida y de vuelta a Punta del Este del jefe de Gabinete y su familia en febrero pasado. Grandio, que tuvo contratos con la TV Pública durante la gestión de Javier Milei, dijo, cuando trascendió el viaje y se lo vio en un video, que él lo había invitado a Adorni para que descansara unos días en su casa del balneario uruguayo.
Grandio se enredó en esas primeras explicaciones. Alegó que viajar en un avión privado como el que tomaron salía “más barato que en un avión de Aerolíneas” y afirmó: “Manu lo pagó”. Pero después dijo que cada uno abonó su parte, y finalmente, que Adorni “lo pagó él con plata del Estado”. “Tengo el recibo del recibo”, dijo. Hasta hoy, ni Grandio ni Adorni mostraron ningún documento que pruebe que los vuelos los pagó Adorni. La factura del de ida, por 4830 dólares, está a nombre de la productora de Grandio. El de vuelta fue parte de un paquete de 10 vuelos comprados por el piloto Agustín Issin Hansen, que le revendió los de los Adorni a Grandio por 3000 dólares, según lo documentado. Esta última factura -que Grandio hoy desconoce- está fechada el 9 de marzo, el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez de este viaje.
Adorni justificó el gasto con el argumento de que cuatro días en Punta del Este fue “lo único” que hizo en un año y medio (después se conocería que en ese período tuvo otras vacaciones). Dijo que fue un viaje “estrictamente personal” con su mujer y sus hijos menores de edad. “Es un tema estrictamente familiar”, insistió, como argumento para negarse a dar cualquier explicación.
Ahora se sabe que además de estar con su familia, mantuvo al menos esta reunión con empresarios locales.
Según Rozenblum, en la Trump Tower hablaron sobre el “impacto de las elecciones de Argentina en Uruguay” y el propio anfitrión hizo “una explicación, como concejal, para explicar la naturaleza de Punta del Este y su dependencia de los argentinos”, entre otros asuntos.
“Yo siempre invité gente a mi casa, interesante, como expresidentes, ministros, senadores, diputados”, alegó el empresario.
El viaje de Adorni a Punta del Este es uno de los gastos que analiza el fiscal Gerardo Pollicita para determinar si corresponde avanzar con una intimación al jefe de Gabinete para que justifique su patrimonio. El funcionario ya suma más de 400.000 dólares en gastos detectados por los investigadores, sin contar los gastos corrientes, como expensas, colegio de sus hijos y alimentos.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prepara un proyecto de ley para otorgar un marco normativo a los trabajadores de aplicaciones en el territorio bonaerense. La iniciativa va en sintonía con la presentada por el diputado nacional Hugo Moyano (h) semanas atrás y busca que las empresas se hagan cargo del pago de los seguros de los vehículos, presenten un registro de sus trabajadores y demás responsabilidades. La autoridad de aplicación será el ministerio de Trabajo bonaerense aunque aclaran que es para garantizar acceso a seguridad, salud y servicios”, aunque “con un enfoque no punitivo”.
Kicillof había adelantado el envío de un proyecto de estas características cuando abrió las sesiones ordinarias a principios de marzo. Ahora, casi tres meses después, la iniciativa se encuentra en su etapa de revisión final antes de que el Ejecutivo lo gire a la Legislatura bonaerense.
“Hoy en día, estas empresas de aplicaciones no plantean absolutamente nada. Hay una ausencia total del registro de trabajadores. Nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de este registro por parte de las empresas”, planteó este lunes el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.
Entre los distintos puntos, lo que busca la iniciativa es generar un registro de trabajadores, que las empresas de aplicaciones -en el caso de las de delivery- cubran los seguros y coberturas médicas de sus trabajadores en caso de siniestralidad. También propone dotar de botones antipánico a los trabajadores para utilizar en situaciones de emergencia, ya sea en caso de accidente o de inseguridad. Se contempla que esos dispositivos den alerta inmediata tanto al ministerio de Salud como de Seguridad.
Otro punto a atender son las llamadas tiendas de abastecimiento de dichas aplicaciones. Correa adelantó que el proyecto plantea fortalecer los controles de parte de su cartera ministerial en centros de distribución y almacenamiento. Buscan darle con georreferenciación de puntos y así asegurar “condiciones dignas tanto para trabajadores internos como para repartidores”.
“No tenemos datos específicos ni fehacientes. La idea es que desde el Ministerio de Trabajo, obviamente con la plataforma de nuestro gobierno provincial, interactuemos para tener ese banco de datos y generar un montón de políticas estratégicas a favor de los trabajadores y las trabajadoras”, remarcó Correa en el marco de las conferencias de prensa que encabeza todos los lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Este lunes lo escoltaron Correa y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.
La semana pasada, Correa participó de la presentación de un proyecto de ley de similares características al que promoverá para el territorio bonaerense. Se trata de la iniciativa con impacto nacional que impulsó el diputado del peronismo Hugo Moyano (h), y tiene la firma de los diputados Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Hugo Yasky, Juan Marino y Sabrina Selva.
Esa iniciativa, cuya presentación oficial fue en la Casa de la Provincia, establece un régimen especial que reconoce la existencia de una relación laboral entre quienes trabajan a través de plataformas digitales y los administradores de esas plataformas, fijando derechos, obligaciones y estándares diferenciados para la protección de trabajadores en un sector caracterizado por la precarización y la gestión algorítmica.
Así como lo planteó Correa este lunes para el proyecto de aplicación al territorio bonaerense, la normativa responde a desarrollos internacionales, fallos judiciales y la necesidad de superar vacíos legales ante tecnologías que alteran la naturaleza tradicional del vínculo laboral, garantizando transparencia, equidad salarial, seguridad, acceso a información y libertad sindical.
El texto que lleva la firma de Moyano presume la existencia de un contrato de trabajo entre trabajador y administrador de plataformas digitales, más allá del nombre o modalidad contractual adoptada.
Requiere transparencia en algoritmos, sistemas de asignación y métricas, así como derecho del trabajador a recibir explicaciones escritas y revisión humana de decisiones automatizadas relevantes.
También establece remuneración mínima garantizada, estándares de jornada laboral flexibles bajo límites legales, equipamiento provisto por la plataforma y protección ante represalias por rechazar tareas. Impone obligaciones estrictas sobre datos personales, reputación digital, uso de geolocalización dentro de la jornada y prohibición de tratamiento de información sensible sin motivo legal justificado.
Hay un punto atendible, que en el Ejecutivo reconocen y es que la ley de Reforma Laboral quita el poder de policía a las Provincias para la aplicación de una iniciativa de estas características. “Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una Constitución. Tenemos el artículo 39 que salvaguarda los intereses y derechos de los trabajadores. Así que ante la deserción y la expulsión de esa concepción de trabajador del Gobierno Nacional en esta pseudomoderización laboral, la provincia de Buenos Aires, conforme a las recomendaciones de OIT, hace lo que corresponde en términos de derechos de los trabajadores y las trabajadoras por medio de plataformas”, remarcó el ministro de Trabajo de Kicillof para plantear que el estado provincial sí puede intervenir en relaciones contractuales de este tipo.
No es la primera vez que el peronismo busca interceder en la dinámica de las aplicaciones y sus trabajadores. En 2023 fue el entonces senador provincial por el peronismo, Omar Plaini, quien había empujado un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las apps de delivery. Logró que pase el Senado, pero se trabó en Diputados.
Ahora, el Ejecutivo aguarda que la Legislatura provincial termine de conformar las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia para elevar la iniciativa. La reciente conformación de las comisiones en el Senado determinó que la comisión de Trabajo y Legislación Social-una de las cuales en las que indefectiblemente se discutirá el tema- quede bajo control del kirchnerismo, bajo la figura de la senadora María Rosa Martínez, que retiene la presidencia de dicho ámbito.
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POLITICA
La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó US$245 en las refacciones de la casa de Indio Cuá
El fiscal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245 mil dólares que declaró haber recibido por las obras de remodelación en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El viernes, Tabar se presentó de manera espontánea ante la fiscalía en Comodoro Py y aportó la documentación de las compras a proveedores y pagos de mano de obra realizados durante los trabajos. Todos los recibos y facturas coinciden con la cifra que dio en su declaración inicial.
Tabar dijo ante Pollicita que ese fue el monto total y que los trabajos fueron abonados en efectivo y sin factura, y detalló tanto el cronograma de los trabajos como la modalidad de pago.
Según su testimonio, los arreglos se extendieron durante casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. En ese período, se ejecutaron intervenciones sobre distintos sectores de la propiedad, que se encuentra en un lote de 400 metros cuadrados. De acuerdo a lo declarado, las tareas incluyeron la realización de pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por Adorni. El pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo restante de 190 mil dólares a lo largo de 2025.
Otro de los puntos que comentó fue que, mientras se desarrollaban las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country. Ese gasto adicional, siempre según el testimonio, ascendió a 13 mil dólares durante el tiempo que duró la obra.
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Tabar también entregó a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, que fue adquirida a fines de 2024 por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Enumeró a los distintos oficios involucrados (albañiles, plomeros y electricistas) y aportó información que permitiría reconstruir la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.
La declaración se inscribe en una causa que busca determinar el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete para la adquisición y puesta en valor de sus propiedades. Tal como surge del expediente, la Justicia intenta establecer si los gastos detectados guardan relación con los ingresos que el funcionario declaró en los últimos años.
Manuel Adorni, Justicia, Gobierno
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