La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en delitos de funcionarios públicos, se presentó formalmente ayer en la causa $LIBRA: asumió el ejercicio de la acción que había declinado impulsar el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve acusados, dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el viernes pasado.

La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, contradijo así la posición del fiscal Taiano y planteó que el expediente debe continuar abierto para esclarecer aspectos centrales del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda.

La intervención de la PIA respondió a una presentación que habían realizado el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en el expediente como “amicus curiae” (amigos del tribunal). Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera directamente la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.

La presentación tiene un antecedente relevante: en los días posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA, la propia PIA ya había abierto una investigación propia, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, Taiano nunca le dio intervención durante el año y medio que tuvo a su cargo la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.

La Procuraduría tiene antecedentes de haber impulsado investigaciones que otros fiscales habían dejado de lado. Uno de los más relevantes es el caso Skanska, donde insistió durante años para que se incorporara una grabación interna de la empresa sobre el presunto pago de sobornos. La Corte Suprema terminó validando su planteo y la incorporación de ese material permitió reabrir el expediente, que derivó en condenas de exfuncionarios kirchneristas. Más recientemente, y también con Taiano como fiscal, la PIA reclamó la reapertura de la causa por el Vacunatorio VIP. La Cámara Federal hizo lugar a ese planteo y ordenó continuar la investigación.

La intervención en $LIBRA, sin embargo, no estaba exenta de obstáculos. Fuentes del Ministerio Público Fiscal habían advertido que, a diferencia de aquellos antecedentes, Taiano había solicitado los sobreseimientos y Martínez de Giorgi ya los había dictado, y que la Procuraduría no había sido notificada de esa decisión. Pese a ese escenario, Rodríguez comunicó ayer al juzgado que asumía el ejercicio de la acción penal y cuestionó formalmente el cierre del expediente.

Ahora, el Juzgado Federal 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas tras un pedido de licencia del juez Martínez de Giorgi, que está de viaje, deberá resolver el pedido de reapertura. Si lo rechaza, la apelación subsidiaria permitirá que la cuestión sea examinada por la Cámara Federal. El planteo abre así una nueva instancia judicial en una causa que involucra al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios y particulares vinculados con el lanzamiento del token.

Inecip y Cipce, cabe remarcar, habían formulado duros cuestionamientos a la actuación de Taiano. Señalaron los reiterados pedidos de recusación contra el fiscal, las filtraciones de información sensible a la prensa y lo que consideraron un manejo direccionado de los tiempos de análisis de pruebas clave. También denunciaron que algunos dictámenes y elementos probatorios fueron incorporados al sistema de gestión judicial recién después de que trascendieran a través de investigaciones periodísticas.

También cuestionaron la negativa reiterada del fiscal a los pedidos de las querellas y de las propias ONG para que Milei fuera citado a prestar declaración indagatoria, y advirtieron que el dictamen fiscal que sustentó los sobreseimientos ni siquiera estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía a las partes conocer y analizar sus fundamentos.

En su presentación, la Procuraduría que lidera el fiscal Rodríguez recogió los cuestionamientos sobre las líneas de investigación que quedaron sin agotar. Entre ellas, mencionó la necesidad de reconstruir la trazabilidad de los fondos, recuperar y analizar comunicaciones, investigar posibles acuerdos comerciales y examinar los movimientos de dinero relacionados con los hechos.

En su presentación, la PIA también objetó que se hayan valorado indicios de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción. Desde esa perspectiva, las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a los requerimientos de información no deberían funcionar como motivos para clausurar el expediente, sino como razones para profundizar las medidas necesarias.

Cipce e Inecip habían señalado, además, que la investigación debía avanzar para determinar si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El objetivo, sostuvieron, debía ser producir la prueba necesaria para formular, eventualmente, una acusación precisa que pudiera debatirse en un juicio oral y público.

Otro de los cuestionamientos centrales apunta a la situación de las víctimas. Cipce e Inecip denunciaron que los sobreseimientos fueron solicitados y dictados sin garantizarles la posibilidad de ser escuchadas ni de pedir la revisión del criterio fiscal. Para las organizaciones, ese procedimiento desconoce las garantías previstas en el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y en la Ley de Víctimas.

La presentación de la PIA representa, por lo tanto, un nuevo intento de impedir que los sobreseimientos se conviertan en el punto final del expediente. El organismo especializado asumió la acción penal que Taiano decidió no impulsar y reclamó que la Justicia habilite una investigación exhaustiva, proactiva y especializada.

BRASILIA.- La cancillería brasileña convocó a la encargada de negocios de la Argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para pedirle explicaciones sobre el papel del gobierno argentino en la fuga del senador Flavio Bolsonaro, según confirmaron este viernes a fuentes oficiales.

El encuentro se realizó el jueves por la tarde en el Palacio Itamaraty y fue breve, según las fuentes consultadas. Cortés fue recibida únicamente por el jefe del Departamento de Mercosur de la cancillería, el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, quien le solicitó aclaraciones sobre lo ocurrido en la Argentina. La diplomática argentina se comprometió, en “términos genéricos”, a aportar información, confió una alta fuente de la cancillería brasileña.

En Itamaraty evitaron dar detalles sobre el contenido de la conversación y señalaron que no comentarán públicamente el asunto. Las fuentes describieron la convocatoria como un “procedimiento diplomático de rigor” ante una situación de este tipo. Subrayaron, en tanto, que lo más relevante es el gesto en sí de citar a la encargada de negocios.

Como publicó , la convocatoria era una de las alternativas que barajaba el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para dar una primera respuesta diplomática, mientras la Policía Federal intenta dilucidar las condiciones de la fuga y la eventual colaboración de gobiernos y agentes extranjeros.

Flavio Bolsonaro, derrotado el domingo por Lula en el balotaje presidencial, entró en la Argentina a las 22.50 del martes por el puente Tancredo Neves, según Migraciones, y despegó a las 0.21 del miércoles desde Puerto Iguazú en un avión privado rumbo a Estados Unidos, con escala en Guayaquil. El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido salir del país.

Como informó , el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en Misiones durante la fuga: en la madrugada del miércoles, un control policial lo identificó en un convoy de la Entidad Binacional Yacyretá que venía de Puerto Iguazú.

Ya en territorio norteamericano, el senador difundió el miércoles una carta en la que agradeció a Milei y a Donald Trump el apoyo recibido para salir del país. En el texto, le reconoció al presidente argentino su “coraje, sentido de justicia y legalidad” y agradeció a Trump y al pueblo estadounidense por haberlo recibido. En una primera versión, Flavio se presentaba como “verdadero presidente electo” de Brasil y denunciaba un “fraude”, pese a que su propio partido, el Partido Liberal (PL), ya había reconocido la victoria de Lula.

La convocatoria de la encargada de negocios se enmarca en la estrategia de bajo perfil que eligió el Palacio del Planalto. En el entorno de Lula admiten que la participación de funcionarios argentinos en la huida es “un hecho grave”, pero la consigna es no darle al episodio una dimensión mayor ni ofrecerle a Milei el contrapunto que, según evalúan, busca. “No hay que darle protagonismo a un loco”, resumió ante un asesor de la Presidencia.

Entre las otras alternativas que baraja el gobierno brasileño figuran una nota a nivel ministerial, según lo que surja de la investigación de la Policía Federal, y la posibilidad de que el canciller Mauro Vieira plantee el tema ante su par argentino, Pablo Quirno, en la reunión de cancilleres del G20 que comienza hoy en Atlanta. Lo que no está en carpeta, por ahora, es que Lula se involucre directamente.