Sirvieron poco y nada. ¿Sirvieron poco y nada? Hay debate abierto otra vez con los famosos y polémicos octógonos negros, uno de los aspectos centrales –no el único– de la ley conocida como de Etiquetado Frontal que estableció el kirchnerismo en 2022 y que ahora pretende derogar por completo el gobierno de Javier Milei.

Es un tema con voces para todos los gustos, pero hay un consenso casi –casi– generalizado: la ley podría ser modificada sin necesidad de derogarla por completo. En el medio, un fuerte lobby de las empresas alimenticias, posiciones de profesionales y de entidades vinculadas a la nutrición y otras especialidades médicas y el discurso oficial que, de la mano de la ola de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger desde su ministerio afín, prefiere llevar todo a fojas cero.

Lo cierto es que el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, tal su nombre formal, con la firma del presidente Javier Milei, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones. La iniciativa se suma a un proyecto previo del oficialismo en diputados que recorre el mismo camino. Ambos textos coinciden en señalar “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” del sistema vigente y apuntan a una convergencia normativa con los países vecinos.

El tema lo tratará primero el Senado y la idea está en carpeta junto a otros proyectos importantes del Gobierno, como el Súper RIGI (aunque no sea la prioridad central). “Hay consenso para que salga. A pesar de la idea inicial, podría aprobarse más por modificación que por derogación completa, por lo menos por cómo está hoy el tema”, aseguró a este medio una fuente legislativa que está al tanto del debate.

La ley no contempla sólo el etiquetado con octógonos, también incluye “leyendas precautorias” (destacar si los alimentos contienen edulcorante o cafeína, por ejemplo), restricciones en la comercialización en entornos escolares y prohibición de publicidad dirigida a las infancias (el uso de personajes infantiles, dibujos animados y otros en los envases).

Está claro que la industria alimenticia local respalda el fin de los octógonos, al menos como están ahora, y aseguran también que prefieren un sistema regulatorio armonizado con el Mercosur. La postura del sector está encabezada por la Confederación de Asociaciones de la Industria Alimenticia Argentina (Copal), donde tallan gigantes del sector como Arcor, Coca Cola, Quilmes, Danone, Molinos y Unilever, entre muchos otros.

Desde el mundo de la nutrición, hay algunas instituciones, como la Federación de Graduados en Nutrición, Fagran, no quieren cambiar nada; hay entidades más cercanas a la Organización Panamericana de la Salud, que impulsó la ley; están los más moderados, cercanos a la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), la Sociedad Argentina de Tecnólogos Alimentarios y algunas universidades importantes, que piden cambios sin derogación; y un amplio abanico de nutricionistas y profesionales que opinan, algunos con más pergaminos que otros.

Según Copal, el eje central de lo que consideran un problema es la fórmula con la que la ley evalúa los nutrientes críticos, como azúcar, grasas, sodio y calorías. Es que el esquema vigente no mide el contenido de cada nutriente en términos absolutos, sino en relación con la densidad calórica del producto. Eso genera, según la entidad, distorsiones que imposibilitan diferenciar alimentos con perfiles nutricionales sustancialmente distintos. Dos productos con una diferencia del 40% en el contenido de sodio pueden llevar el mismo octógono negro, sin que el consumidor tenga forma de advertirlo. Es el ejemplo que enarbola la Copal por estas horas.

“La propuesta de derogación del Ejecutivo es una respuesta a una ley que no cumplió con los objetivos de modificar hábitos de consumo en la población. Según datos que son públicos, más del 95% de los alimentos tienen advertencia. Eso quiere decir que el sistema perdió toda capacidad de diferenciar productos y que no da incentivos a modificar fórmulas”, le dijo a este medio Carla Martín Bonito, presidenta de confederación alimenticia.

Copal muestra datos de la consultora Casa 3. Ese trabajo, sobre 3.000 casos, detalló que la mayoría de los encuestados asegura no prestar atención a los octógonos al momento de comprar alimentos y que, si bien el 37% de los encuestados afirma que le generan confianza en la información que brindan, una mayoría del 52% manifiesta indiferencia, rechazo, confusión o preocupación. Aunque el 45% considera que la ley “sirve”, apenas el 33% afirma utilizar efectivamente los octógonos para decidir sus compras.

“A cuatro años de su implementación, el etiquetado frontal ha logrado bajos niveles de utilización efectiva e impacto sobre los hábitos de consumo”, concluyó Casa 3.

“Hay un amplio consenso en torno al fracaso del sistema actual. La mejor alternativa es ir hacia un sistema común para el Mercosur al igual que ocurre con toda la información nutricional que se encuentra en los envases hoy en día. Se está trabajando en ese sentido y sería ideal que se tomen los aspectos del sistema brasileño, ya que es el que tiene la mayor capacidad informativa”, agregó Martín Bonito.

Según la industria, hasta el momento, la evidencia disponible no permite atribuir de manera concluyente mejoras estructurales en obesidad o enfermedades no transmisibles sólo a la implementación del etiquetado frontal. “La información por sí sola no garantiza cambios conductuales. La presencia de sellos no necesariamente genera cambios sostenidos en las decisiones de compra, ya que intervienen múltiples factores económicos, culturales, sociales y de comportamiento”, dijeron y detallaron que Europa avanzó hacia modelos voluntarios, tipo semáforo, mientras que América Latina adoptó los esquemas más restrictivos y basados en advertencias. El local es uno de los esquemas más exigentes de la región en materia de etiquetado frontal, “incorporando simultáneamente sellos, advertencias y limitaciones comerciales que casi no encuentran equivalencia en el mundo”.

La brecha regional es uno de los ejes centrales del reclamo empresarial. Brasil, Uruguay y Chile también aplican sistemas de advertencia —con formas gráficas distintas: octógonos en Uruguay y Chile, una lupa en Brasil—, pero con umbrales y fórmulas de cálculo que la industria considera más razonables. Chile, que fue el primer país de la región en implementar octógonos, ya modificó su fórmula para calcular los nutrientes sobre el contenido absoluto y no sobre la densidad calórica. Brasil también superó esa distorsión mediante una resolución de su autoridad sanitaria, sin necesidad de una ley.

Desde Copal señalan que la falta de armonización tiene un costo concreto para las empresas exportadoras: operar con sistemas de etiquetado descoordinados dentro del bloque cuesta, para una cartera de 100 productos, unos 900.000 dólares, contra 300.000 dólares que implicaría un sistema único. El argumento adquiere peso adicional porque Brasil es el segundo destino de las exportaciones alimentarias argentinas.

La posición del sector también se apoya en un argumento histórico. Antes de la sanción de la ley, Copal asegura que la industria había avanzado en experiencias de reducciones voluntarias de sodio a lo largo de distintas gestiones de gobierno. Iniciativas que incluían la posibilidad de comunicar en el envase la reducción lograda. La ley de etiquetado frontal eliminó esa opción: un producto que haya reducido su contenido de sodio considerablemente no puede comunicarlo si aún lleva sello, lo que, según la entidad, desincentiva la reformulación. ¿Hubiesen avanzado más con ese esquema voluntario sin la ley actual? Quién sabe.

Las alimenticias juran que no proponen eliminar cualquier forma de advertencia, sino migrar hacia un sistema armonizado. La referencia que señalan como modelo es el esquema brasileño, que mantiene la lógica de advertencia pero con criterios regulatorios que permiten distinguir entre productos con distintos perfiles nutricionales. En paralelo, el gobierno de Milei retomó la participación argentina en la mesa de negociación del Mercosur sobre etiquetado frontal —Argentina se había retirado de esa instancia en la gestión anterior—, y el bloque acordó recientemente modificaciones al tamaño de las leyendas para mejorar su legibilidad.

El exvicepresidente Julio Cobos, uno de los impulsores originales de la norma, advirtió que el proyecto oficial “repite los argumentos de la industria” y que derogar la ley equivale a “tirar por la borda un cambio cultural”. Cobos le reclamó al Gobierno que actualice la norma en vez de eliminarla.

Más allá de la postura oficial y de la industria, el tema también está instalado en la academia y entidades vinculadas a la nutrición.

Mónica Katz, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), está en contra de la ley y propone modificaciones. “Cuando todo es negro, nada es negro. Si todo es negro no se puede comunicar lo bueno y se demonizan a muchos alimentos”, aseguró por los octógonos.

“El atún, por ejemplo, es alto en grasas, pero tiene Omega 3 y eso puede pesar más para la nutrición. En Argentina hay que hacer la alfabetización nutricional. No nos escucharon con que también se etiquete lo que no está en la góndola: heladerías, panaderías, restaurantes. Hay estudios que dicen que la mitad de los nutrientes críticos están en lo no envasado. Yo propuse poner un QR a la panadería y la heladería de barrio, hace cuatro años. Hay que cambiar la ley y medir sodio, azúcar y grasas saturadas cada 100 gramos; hacerlo según las calorías de los productos es una locura. Un caramelo con 90% azúcar, tiene su etiqueta; una mermelada, con 73%, también. Un yogur, con probióticos y vitaminas, con 6% de azúcar, también tiene un octógono”, detalló Katz.

Sergio Britos, profesor de la UCA que estudia el tema desde 2005 y fue parte del debate de la ley, opina parecido: a favor de la modificación y los umbrales fijos para los perfiles de nutrientes. “Más de 100 países tienen regulaciones referidas al etiquetado frontal de alimentos, es un instrumento recomendado y válido que busca mejorar la información para los consumidores. La industria siempre se resistió, pero muchas multinacionales lo hicieron menos porque sabían que esto se venía y buscaron que fuera lo más racional posible. No criticamos la ley sino el perfil: la OPS buscó ser lo más extremista posible. Si bien en 2024 hubo alguna flexibilización, hoy más del 80% de los alimentos envasados tienen al menos un octógono negro, y no puede ser. Hay galletitas inelegibles y otras con mejor perfil: eso tiene que estar reflejado en los paquetes. Lo que tenemos ahora fue armado para penalizar al máximo a los alimentos solo porque son envasados o ultraprocesados. Es una ley excesiva, pero no debería caerse por completo”, destacó Britos.

Abiertamente en contra de la derogación y también de la modificación de la ley está la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran). Creen que busca garantizar el derecho de la población de tener información clara y precisa con respecto a la alimentación y que el etiquetado frontal facilita la identificación de los productos con nutrientes críticos. Destacan que el 41,1% de niños, niñas y adolescentes y el 67,9% de las personas adultas presenta exceso de peso y que más de un tercio de las calorías consumidas por niños y adolescentes proviene de productos ultraprocesados.

“Las empresas cambiaron, está claro que este tiempo de políticas tiene impacto. Es una herramienta fundamental para la salud pública. No hay evidencia científica que justifique ni la derogación ni la modificación de sus contenidos, además de que aún está en proceso de implementación. Derogarla implicaría retroceder en estándares de protección sanitaria ya alcanzados por Argentina y debilitar derechos reconocidos a millones de consumidores”, aseguró Yanina Rodríguez, presidenta de Fagran.

El debate por los octógonos negros está abierto otra vez y el tema es uno de los ejes de la agenda legislativa del Gobierno para el corto plazo. La salud y los intereses de un grupo de importantes empresas se mezclan otra vez y buscan armonización.