ECONOMIA
Clima de Negocios: lobbies, empresas y polémicas detrás del plan del Gobierno para sacar los octógonos negros de los alimentos

Sirvieron poco y nada. ¿Sirvieron poco y nada? Hay debate abierto otra vez con los famosos y polémicos octógonos negros, uno de los aspectos centrales –no el único– de la ley conocida como de Etiquetado Frontal que estableció el kirchnerismo en 2022 y que ahora pretende derogar por completo el gobierno de Javier Milei.
Es un tema con voces para todos los gustos, pero hay un consenso casi –casi– generalizado: la ley podría ser modificada sin necesidad de derogarla por completo. En el medio, un fuerte lobby de las empresas alimenticias, posiciones de profesionales y de entidades vinculadas a la nutrición y otras especialidades médicas y el discurso oficial que, de la mano de la ola de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger desde su ministerio afín, prefiere llevar todo a fojas cero.
Lo cierto es que el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, tal su nombre formal, con la firma del presidente Javier Milei, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones. La iniciativa se suma a un proyecto previo del oficialismo en diputados que recorre el mismo camino. Ambos textos coinciden en señalar “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” del sistema vigente y apuntan a una convergencia normativa con los países vecinos.
El tema lo tratará primero el Senado y la idea está en carpeta junto a otros proyectos importantes del Gobierno, como el Súper RIGI (aunque no sea la prioridad central). “Hay consenso para que salga. A pesar de la idea inicial, podría aprobarse más por modificación que por derogación completa, por lo menos por cómo está hoy el tema”, aseguró a este medio una fuente legislativa que está al tanto del debate.
La ley no contempla sólo el etiquetado con octógonos, también incluye “leyendas precautorias” (destacar si los alimentos contienen edulcorante o cafeína, por ejemplo), restricciones en la comercialización en entornos escolares y prohibición de publicidad dirigida a las infancias (el uso de personajes infantiles, dibujos animados y otros en los envases).
Está claro que la industria alimenticia local respalda el fin de los octógonos, al menos como están ahora, y aseguran también que prefieren un sistema regulatorio armonizado con el Mercosur. La postura del sector está encabezada por la Confederación de Asociaciones de la Industria Alimenticia Argentina (Copal), donde tallan gigantes del sector como Arcor, Coca Cola, Quilmes, Danone, Molinos y Unilever, entre muchos otros.
Desde el mundo de la nutrición, hay algunas instituciones, como la Federación de Graduados en Nutrición, Fagran, no quieren cambiar nada; hay entidades más cercanas a la Organización Panamericana de la Salud, que impulsó la ley; están los más moderados, cercanos a la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), la Sociedad Argentina de Tecnólogos Alimentarios y algunas universidades importantes, que piden cambios sin derogación; y un amplio abanico de nutricionistas y profesionales que opinan, algunos con más pergaminos que otros.
Según Copal, el eje central de lo que consideran un problema es la fórmula con la que la ley evalúa los nutrientes críticos, como azúcar, grasas, sodio y calorías. Es que el esquema vigente no mide el contenido de cada nutriente en términos absolutos, sino en relación con la densidad calórica del producto. Eso genera, según la entidad, distorsiones que imposibilitan diferenciar alimentos con perfiles nutricionales sustancialmente distintos. Dos productos con una diferencia del 40% en el contenido de sodio pueden llevar el mismo octógono negro, sin que el consumidor tenga forma de advertirlo. Es el ejemplo que enarbola la Copal por estas horas.
“La propuesta de derogación del Ejecutivo es una respuesta a una ley que no cumplió con los objetivos de modificar hábitos de consumo en la población. Según datos que son públicos, más del 95% de los alimentos tienen advertencia. Eso quiere decir que el sistema perdió toda capacidad de diferenciar productos y que no da incentivos a modificar fórmulas”, le dijo a este medio Carla Martín Bonito, presidenta de confederación alimenticia.
Copal muestra datos de la consultora Casa 3. Ese trabajo, sobre 3.000 casos, detalló que la mayoría de los encuestados asegura no prestar atención a los octógonos al momento de comprar alimentos y que, si bien el 37% de los encuestados afirma que le generan confianza en la información que brindan, una mayoría del 52% manifiesta indiferencia, rechazo, confusión o preocupación. Aunque el 45% considera que la ley “sirve”, apenas el 33% afirma utilizar efectivamente los octógonos para decidir sus compras.
“A cuatro años de su implementación, el etiquetado frontal ha logrado bajos niveles de utilización efectiva e impacto sobre los hábitos de consumo”, concluyó Casa 3.

“Hay un amplio consenso en torno al fracaso del sistema actual. La mejor alternativa es ir hacia un sistema común para el Mercosur al igual que ocurre con toda la información nutricional que se encuentra en los envases hoy en día. Se está trabajando en ese sentido y sería ideal que se tomen los aspectos del sistema brasileño, ya que es el que tiene la mayor capacidad informativa”, agregó Martín Bonito.
Según la industria, hasta el momento, la evidencia disponible no permite atribuir de manera concluyente mejoras estructurales en obesidad o enfermedades no transmisibles sólo a la implementación del etiquetado frontal. “La información por sí sola no garantiza cambios conductuales. La presencia de sellos no necesariamente genera cambios sostenidos en las decisiones de compra, ya que intervienen múltiples factores económicos, culturales, sociales y de comportamiento”, dijeron y detallaron que Europa avanzó hacia modelos voluntarios, tipo semáforo, mientras que América Latina adoptó los esquemas más restrictivos y basados en advertencias. El local es uno de los esquemas más exigentes de la región en materia de etiquetado frontal, “incorporando simultáneamente sellos, advertencias y limitaciones comerciales que casi no encuentran equivalencia en el mundo”.
La brecha regional es uno de los ejes centrales del reclamo empresarial. Brasil, Uruguay y Chile también aplican sistemas de advertencia —con formas gráficas distintas: octógonos en Uruguay y Chile, una lupa en Brasil—, pero con umbrales y fórmulas de cálculo que la industria considera más razonables. Chile, que fue el primer país de la región en implementar octógonos, ya modificó su fórmula para calcular los nutrientes sobre el contenido absoluto y no sobre la densidad calórica. Brasil también superó esa distorsión mediante una resolución de su autoridad sanitaria, sin necesidad de una ley.

Desde Copal señalan que la falta de armonización tiene un costo concreto para las empresas exportadoras: operar con sistemas de etiquetado descoordinados dentro del bloque cuesta, para una cartera de 100 productos, unos 900.000 dólares, contra 300.000 dólares que implicaría un sistema único. El argumento adquiere peso adicional porque Brasil es el segundo destino de las exportaciones alimentarias argentinas.
La posición del sector también se apoya en un argumento histórico. Antes de la sanción de la ley, Copal asegura que la industria había avanzado en experiencias de reducciones voluntarias de sodio a lo largo de distintas gestiones de gobierno. Iniciativas que incluían la posibilidad de comunicar en el envase la reducción lograda. La ley de etiquetado frontal eliminó esa opción: un producto que haya reducido su contenido de sodio considerablemente no puede comunicarlo si aún lleva sello, lo que, según la entidad, desincentiva la reformulación. ¿Hubiesen avanzado más con ese esquema voluntario sin la ley actual? Quién sabe.
“Lo que tenemos ahora fue armado para penalizar al máximo a los alimentos solo porque son envasados o ultraprocesados. Es una ley excesiva” (Britos)
Las alimenticias juran que no proponen eliminar cualquier forma de advertencia, sino migrar hacia un sistema armonizado. La referencia que señalan como modelo es el esquema brasileño, que mantiene la lógica de advertencia pero con criterios regulatorios que permiten distinguir entre productos con distintos perfiles nutricionales. En paralelo, el gobierno de Milei retomó la participación argentina en la mesa de negociación del Mercosur sobre etiquetado frontal —Argentina se había retirado de esa instancia en la gestión anterior—, y el bloque acordó recientemente modificaciones al tamaño de las leyendas para mejorar su legibilidad.
El exvicepresidente Julio Cobos, uno de los impulsores originales de la norma, advirtió que el proyecto oficial “repite los argumentos de la industria” y que derogar la ley equivale a “tirar por la borda un cambio cultural”. Cobos le reclamó al Gobierno que actualice la norma en vez de eliminarla.
Más allá de la postura oficial y de la industria, el tema también está instalado en la academia y entidades vinculadas a la nutrición.
Mónica Katz, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), está en contra de la ley y propone modificaciones. “Cuando todo es negro, nada es negro. Si todo es negro no se puede comunicar lo bueno y se demonizan a muchos alimentos”, aseguró por los octógonos.
“Hay que cambiar la ley y medir sodio, azúcar y grasas saturadas cada 100 gramos; hacerlo según las calorías de los productos es una locura” (Katz)
“El atún, por ejemplo, es alto en grasas, pero tiene Omega 3 y eso puede pesar más para la nutrición. En Argentina hay que hacer la alfabetización nutricional. No nos escucharon con que también se etiquete lo que no está en la góndola: heladerías, panaderías, restaurantes. Hay estudios que dicen que la mitad de los nutrientes críticos están en lo no envasado. Yo propuse poner un QR a la panadería y la heladería de barrio, hace cuatro años. Hay que cambiar la ley y medir sodio, azúcar y grasas saturadas cada 100 gramos; hacerlo según las calorías de los productos es una locura. Un caramelo con 90% azúcar, tiene su etiqueta; una mermelada, con 73%, también. Un yogur, con probióticos y vitaminas, con 6% de azúcar, también tiene un octógono”, detalló Katz.
Sergio Britos, profesor de la UCA que estudia el tema desde 2005 y fue parte del debate de la ley, opina parecido: a favor de la modificación y los umbrales fijos para los perfiles de nutrientes. “Más de 100 países tienen regulaciones referidas al etiquetado frontal de alimentos, es un instrumento recomendado y válido que busca mejorar la información para los consumidores. La industria siempre se resistió, pero muchas multinacionales lo hicieron menos porque sabían que esto se venía y buscaron que fuera lo más racional posible. No criticamos la ley sino el perfil: la OPS buscó ser lo más extremista posible. Si bien en 2024 hubo alguna flexibilización, hoy más del 80% de los alimentos envasados tienen al menos un octógono negro, y no puede ser. Hay galletitas inelegibles y otras con mejor perfil: eso tiene que estar reflejado en los paquetes. Lo que tenemos ahora fue armado para penalizar al máximo a los alimentos solo porque son envasados o ultraprocesados. Es una ley excesiva, pero no debería caerse por completo”, destacó Britos.
“Es una herramienta fundamental para la salud pública. No hay evidencia científica que justifique ni la derogación ni la modificación de sus contenidos” (Rodríguez)
Abiertamente en contra de la derogación y también de la modificación de la ley está la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran). Creen que busca garantizar el derecho de la población de tener información clara y precisa con respecto a la alimentación y que el etiquetado frontal facilita la identificación de los productos con nutrientes críticos. Destacan que el 41,1% de niños, niñas y adolescentes y el 67,9% de las personas adultas presenta exceso de peso y que más de un tercio de las calorías consumidas por niños y adolescentes proviene de productos ultraprocesados.
“Las empresas cambiaron, está claro que este tiempo de políticas tiene impacto. Es una herramienta fundamental para la salud pública. No hay evidencia científica que justifique ni la derogación ni la modificación de sus contenidos, además de que aún está en proceso de implementación. Derogarla implicaría retroceder en estándares de protección sanitaria ya alcanzados por Argentina y debilitar derechos reconocidos a millones de consumidores”, aseguró Yanina Rodríguez, presidenta de Fagran.
El debate por los octógonos negros está abierto otra vez y el tema es uno de los ejes de la agenda legislativa del Gobierno para el corto plazo. La salud y los intereses de un grupo de importantes empresas se mezclan otra vez y buscan armonización.
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ECONOMIA
Cuáles son las dos variables clave para saber qué ocurrirá en 2027 con el dólar, según un informe privado

A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya presentó el programa financiero para 2027 y asegura que no va a ser el típico de año electoral, hay dudas sobre lo que sucederá el año que viene con el dólar ante las elecciones presidenciales en donde Javier Milei buscará su reelección. En ese sentido, un informe privado marcó cuáles son las dos variables que determinarán la presión sobre el frente cambiario.
La consultora Invecq señaló que el seguimiento deberá centrarse en la liquidación de divisas originada en obligaciones negociables y préstamos, por un lado, y en la demanda de dólares por parte de los privados, por el otro. Ambos factores pueden restar o sumar tensión sobre las cuentas externas en un año que combinará vencimientos, necesidades de financiamiento y elecciones presidenciales.
La evaluación de la consultora partió de la previsión de una cuenta corriente positiva en base caja para 2027. Ese resultado sería menor al registrado en otros períodos, según la entidad, pero mantendría un aporte favorable dentro del esquema cambiario. El interrogante principal se concentra en la cuenta financiera y en el cumplimiento de los supuestos incluidos dentro del programa oficial.
“Si bien el Tesoro ya presentó el programa financiero para 2027, este contemplaba algunos supuestos optimistas. Además. Habrá que monitorear de cerca dos variables determinantes del sector privado, que quitarán o sumarán presión al balance cambiario:la liquidación por Obligaciones Negociables y préstamos, que como se mencionó viene siendo central desde fines de 2024 pero perdió fuerza notoriamente en los últimos dos meses; y la demanda de divisas por parte de los privados, que en años electorales suele crecer y ya se incrementó en julio”, destacaron en el informe de Invecq.
Liquidación de empresas y demanda de ahorristas
Invecq señaló que la liquidación de ONs y préstamos será un indicador relevante durante el próximo año . La consultora marcó que ese flujo tuvo un papel central desde fines de 2024, pero alertó que su aporte perdió fuerza en los dos últimos meses.
Las obligaciones negociables son instrumentos de deuda emitidos por empresas. Los préstamos, por su parte, también pueden originar ingresos de dólares cuando las compañías o los distintos actores del sector privado reciben financiamiento. La liquidación de esos recursos influye sobre la oferta de divisas.
En agosto de 2026, el Banco Central estimaba que aún restaban liquidar más de USD 4.400 millones de deuda corporativa. Esa cifra no contemplaba la reciente colocación de YPF por USD 1.200 millones, que también aportará —aunque no en su totalidad— a la oferta de divisas en el mercado y permitirá que la entidad continúe con la compra de reservas.

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También la demanda de divisas de los privados forma parte de los factores que pueden presionar sobre las cuentas cambiarias. Cuando las compras de dólares para ahorro aumentan, crece la necesidad de divisas dentro del mercado. Según estimaron, de sostenerse la demanda anual para ahorro rondaría los USD 24.000 millones. Una cifra que resulta baja frente a lo demandado en septiembre (USD 4.600 millones) y octubre (USD 3.500 millones) de 2025, en medio de las elecciones (legislativas, no presidenciales como las de 2027).
Las dudas sobre el programa financiero
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya presentó una planificación que contempla compras de divisas al Banco Central (BCRA), emisiones de deuda en el mercado local, desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), transferencias de organismos multilaterales, préstamos bilaterales y privatizaciones. La capacidad para reunir esos recursos será uno de los puntos que seguirá el mercado durante el próximo año.
El esquema financiero para 2027 parte de un saldo excedente de USD 3.700 millones del 2026. Sobre esa base, el Tesoro prevé realizar compras de dólares al Banco Central por USD 4.900 millones, una de las cifras que despertó mayor atención entre los analistas. También contempla un roll over dentro del sector público por USD 1.800 millones. A eso se suman desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.700 millones y transferencias de organismos internacionales por USD 4.200 millones.
Entre las restantes fuentes de financiamiento aparecen emisiones locales por USD 5.000 millones, préstamos bilaterales por USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 1.500 millones. El conjunto de esos componentes integra la previsión oficial para cubrir las necesidades financieras durante 2027.
La City puso el foco sobre la posibilidad de que el Tesoro consiga captar USD 5.000 millones mediante colocaciones en el mercado local en un año electoral. El otro objetivo que concentró la atención fue el plan para comprar USD 4.900 millones al Banco Central. Para Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB), ambas metas figuran entre las más exigentes del programa financiero. El analista vinculó el resultado con el comportamiento del mercado frente a las elecciones presidenciales. “Va a depender mucho de cómo esté el ánimo del mercado de cara a las elecciones. Si hay un clima de optimismo, debería poder cumplirse. Si no, va a ser un poco más desafiante”, afirmó Cappella.
Desde Analytica también definieron como “desafiante” una emisión de USD 5.000 millones en el mercado local durante el próximo año. La consultora advirtió que la demanda de dólar ahorro puede crecer en un contexto electoral y reducir la disponibilidad de fondos para colocaciones de deuda pública.
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ECONOMIA
“Aduana interna”: un municipio bonaerense pretende cobrar $37.000 de peaje por un trecho de 5 kilómetros a cada camión que pasa por la localidad

El municipio de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, aprobó recientemente la posibilidad de cobrar a todo el tránsito pesado que ingrese a la localidad un gravamen creado en 2002 pero cuya aplicación era hasta ahora parcial. La polémica se generó cuando las empresas de transporte de carga denunciaron la medida como un peaje encubierto e inconstitucional, a la vez que resaltaron que el cobro del impuesto ya está concesionado a una compañía privada por dos décadas.
Según la denuncia que presentaron la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía —donde reclamaron la suspensión inmediata del esquema—, el monto de la Tasa de Tránsito Pesado es de $37.000 por cada ingreso al partido, más $25.000 adicionales si el camión accede a una planta industrial.
A eso se suma, además, una tasa municipal equivalente al 2% sobre cada litro de combustible comercializado en las estaciones de servicio del distrito, vigente desde enero. El sistema ya tiene concesionario privado, contrato por dos décadas y un único acceso habilitado para el tránsito pesado, sin rutas alternativas.
La relevancia del reclamo es tal por dos cuestiones; en primer lugar, por la ubicación, ya que el esquema se aplica sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, un tramo de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional N.° 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás, uno de los principales puertos de salida al comercio exterior argentino. Por ese corredor circula el transporte pesado vinculado a la actividad industrial y logística de toda la región. Para dimensionar el impacto, la Fadeeac calculó que el costo por kilómetro que implica el esquema de Ramallo es un 120% superior al del peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.

Y la ubicación del arco de control no fue casual: se instaló sobre el Acceso Sánchez, el único ingreso habilitado para vehículos pesados al partido, sin vías alternativas de ingreso o egreso. Quien no paga, no entra.
En segundo lugar, el punto que genera más rechazo es la creación de un nuevo impuesto justo en medio del debate acerca del costo argentino y la carga impositiva que pagan las empresas locales. En este escenario, la Municipalidad de Ramallo aclaró que la llamada Tasa de Tránsito Pesado no es una creación reciente, sino que el tributo está vigente desde 2002 y hasta ahora solo lo abonaban cinco empresas: Bunge, Fiplasto, Xstorage, Loma Negra y la arenera Vázquez. La diferencia, explicó el municipio, es que la instalación de un arco de control con tecnología de pesaje permite ahora aplicarla a todos los vehículos pesados que ingresan al partido.
El municipio sostiene que el cobro tiene contraprestación concreta. Señalaron el mantenimiento de la calzada, demarcación vial, iluminación, cartelería, corte de pasto y asistencia vial. También anuncia la creación de una playa de estacionamiento con duchas, sanitarios y puestos gastronómicos para los choferes. “La contraprestación de esta tasa es mucho mayor que la recaudación misma”, sostiene en una nota publicada por el medio local Ramallo Ciudad que destaca también que los transportistas radicados en esa ciudad pagan una sola vez por día, con hasta 10 accesos incluidos en ese único pago.
La queja de los transportistas
Para las empresas firmantes, la distinción que hace el municipio no cambia la naturaleza del cobro. El argumento central es jurídico e incluso constitucional: un municipio no puede establecer un gravamen sobre la circulación interjurisdiccional de bienes, independientemente de los servicios que invoque como justificación.
“La Constitución Nacional prohíbe las aduanas interiores y garantiza la libre circulación de mercancías en todo el territorio”, señala la la carta e invoca un fallo de la Corte Suprema de Justicia (Bressani c/ Provincia de Mendoza, 1937) en el que afirmó que la Constitución buscó “hacer un solo país para un solo pueblo”, impidiendo que cada jurisdicción actuara como una entidad económica independiente.

Los elementos que las empresas señalan como definitorios de un peaje son tres: pago por el mero ingreso al municipio, monto predeterminado por unidad y percepción anticipada mediante un sistema de TAG similar al Telepeaje. A eso se suma un régimen sancionatorio que podría incluir multas, apremios fiscales y decomisos de mercadería para quienes no se sometan al sistema.
Peaje ya concesionado por 20 años
Uno de los aspectos que más tensión generó entre los transportistas es la forma en que se estructuró el sistema de cobro. En el marco de la Licitación Pública N.° 3/2025, la Municipalidad adjudicó a Plus Byte S.R.L. la instalación de dos pórticos tecnológicos sobre el ex Camino Provincial Ruta 87 y la operación del sistema de percepción del gravamen. Ese concesionario recibirá aproximadamente el 50% de la recaudación durante 20 años, lo que descarta cualquier lectura de la medida como transitoria.
No es la primera vez que Plus Byte aparece en licitaciones de infraestructura de alto impacto. En julio del año pasado, la firma argentina ganó la licitación para la concesión del puente binacional São Borja–Santo Tomé, el paso fronterizo que concentra cerca del 23% del comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Para quedarse con esa concesión —organizada por los gobiernos de ambos países en una subasta en Foz do Iguaçu— la empresa ofreció USD 29 millones de pago inicial, con un compromiso de inversión total de USD 99 millones a lo largo de 25 años.
El costo anual para cada transportista podría llegar a $500 millones
La medida alcanzaría a unas 100 empresas de transporte de todo el país que operan regularmente en el municipio. Según estimaciones del sector, el costo anual del gravamen podría ubicarse entre $100 millones y $500 millones por empresa, dependiendo del nivel de actividad —una carga que, advierten, absorbería una parte sustancial del margen operativo y podría comprometer la continuidad de las operaciones de carga y descarga en la zona. El riesgo final, dicen, es el aislamiento efectivo de las industrias y del puerto regional.
A la presión económica se suma la preocupación por el régimen sancionatorio previsto para las unidades que no adhieran al sistema. Entre las medidas contempladas figuran multas, apremios fiscales y retención de la mercadería transportada.
Ramallo, síntoma de un problema mayor
El caso llega en un contexto en el que la proliferación de tasas municipales es uno de los principales motivos de queja del sector industrial. Un relevamiento del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que el 80% de las tasas municipales relevadas que pagan las empresas industriales pagan no tienen contraprestación efectiva.
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Martín Rappallini, presidente de la UIA, advirtió que “las tasas municipales son un capítulo importante de la carga fiscal que afecta a la producción transable y alcanza al sector formal de la economía argentina, con un impacto directo en la competitividad de los productos argentinos”.
La Provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de mayor promedio de tasas por locación municipal, con 4,6 tasas promedio por locación provincial —muy por encima de la media nacional de 3,0. En el podio de los municipios bonaerenses con mayor carga aparecen Pilar (4,0 tasas por locación), Chascomús (3,3) y Rojas (3,0), mientras que distritos como La Plata, General San Martín, Malvinas Argentinas, Avellaneda y Brandsen registran 2,0 tasas por locación. En total, más de 32 municipios de todo el país presentan dos o más tasas por cada locación municipal relevada. El tipo de tasa más frecuente sigue siendo la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), que representa 1 de cada 3 pagos a nivel nacional y, según datos de IARAF, equivale al 1,8% del precio de venta de diversos productos.
Para los firmantes, lo que está en juego trasciende el monto del gravamen. El riesgo que identifican es sistémico: si el esquema de Ramallo prospera sin cuestionamiento judicial o político, otros municipios podrían replicarlo. “De consolidarse este modelo y multiplicarse municipio por municipio, no solo el transporte de cargas en la Argentina se hará virtualmente imposible: será el propio comercio argentino el que quede confinado dentro de sus fronteras”, concluye el documento enviado a la Fadeeac y al Gobierno nacional.
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ECONOMIA
¿Inserción en el mundo y desacople interno?: las exportaciones sostienen la economía de Milei, mientras el mercado local se debilita

¿Hacia dónde va la economía argentina? Los datos aportados por el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 dieron evidencia de una continuidad en el modelo elegido por la administración de Javier Milei.
Las premisas pasan por una gradual desaceleración de la inflación, un tipo de cambio que ejerce la función de “ancla” de muchos de los precios internos —al subir menos que la inflación—, el equilibrio fiscal y un esquema apoyado en el superávit comercial como fuente de divisas para garantizar los pagos de deuda y el crecimiento de las reservas del BCRA.
La otra cara de la estrategia es la de las consecuencias no deseadas, palpables para la mayor parte de la población y que el Gobierno no pudo evitar en lo inmediato: la debilidad del mercado interno, un crecimiento económico magro y desparejo, ingresos que no se recuperan y una alta tasa de pobreza.
El mayor aumento de exportaciones correspondió a combustibles y energía, cuyo valor se duplicó en comparación a 2023
Este breve panorama le asigna un relevante rol a las crecientes exportaciones de la Argentina, el cimiento que evitó una crisis sistémica al nivel de 2001-2002 o la hiperinflación, sin default soberano y que, a la vez, podría abrir el camino para un sendero de expansión económica consistente en el largo plazo después de dos décadas “perdidas” por el estancamiento de la actividad —con un PBI per cápita similar a 2008—.
Las exportaciones argentinas consolidaron en el primer semestre de 2026 un crecimiento apoyado principalmente en mayores cantidades, con energía y minería como impulsores y una menor dependencia de Brasil y del ciclo agropecuario. Entre enero y junio de este año, el valor exportado fue 47,8% superior al del mismo período de 2023, mientras los volúmenes crecieron 48% y los precios cayeron 0,1 por ciento.

El comercio exterior fue uno de los principales motores de la economía argentina en los últimos tres años. El PBI creció 4,5% en términos reales durante 2025 y las exportaciones avanzaron 8,1%, con un aporte de 1,9 puntos porcentuales a la expansión del producto.
En el primer trimestre de 2026, el PBI aumentó 2,3% interanual y las ventas externas crecieron 9,8%: ese desempeño explicó casi toda la expansión de la actividad durante el período. El fenómeno se acentuó en el segundo trimestre: el PBI subió 2% y las ventas al exterior crecieron 13,7 por ciento.
Crecen las ventas más allá de la recuperación agrícola
La sequía de 2023 redujo la producción agropecuaria y dejó una base de comparación baja para las exportaciones de 2024. La recuperación inicial se concentró en productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, pero el incremento de las cantidades continuó en 2025 y se extendió a todos los grandes rubros en 2026.
La comparación con 2022, un año menos afectado por factores climáticos, confirma que no se trató solo de un rebote. Las cantidades exportadas de productos primarios fueron 22,4% superiores y las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 11,3 por ciento.
La sostenibilidad del equilibrio favorable del frente externo en 2027 dependerá de la respuesta del sector privado en un año marcado por el calendario electoral (Invecq)
“Cuando se utiliza 2022 como base alternativa, menos afectada por factores climáticos, las cantidades exportadas de productos primarios resultan 22,4% superiores y las de manufacturas de origen agropecuario, 11,3% superiores. La conclusión general no cambia con el año de comparación. El análisis histórico refuerza esta lectura. En el primer semestre de 2026 varios segmentos superaron máximos previos. Las cantidades de productos primarios quedaron por encima de los picos de 2019 y 2020, y las manufacturas de origen agropecuario superaron el máximo de 2007″, puntualizó un informe de PwC Argentina.
“‘Combustibles y energía’ inició una trayectoria ascendente sostenida y se ubica en los niveles más altos de las últimas dos décadas, aunque todavía por debajo del máximo de 2002 según la serie anual. En manufacturas de origen industrial las cantidades superan los registros de 2023, si bien permanecen por debajo de los máximos de 2011 y 2018; con un comportamiento heterogéneo en el que el complejo metalífero y litio impulsó el rubro mientras el sector automotriz mostró una dinámica más débil”, agregó.

Las manufacturas de origen industrial superaron los registros de 2023, pero permanecieron por debajo de los máximos de 2011 y 2018. El complejo metalífero y de litio impulsó ese rubro, frente a una evolución más débil de la industria automotriz.
Y en ese contexto, el mayor aumento correspondió a combustibles y energía: el valor exportado creció 101,7% respecto de 2023, por un alza de 102,8% en cantidades que compensó una baja de 0,5% en precios. En productos primarios, las cantidades avanzaron 107,5%, mientras los precios retrocedieron 16,2 por ciento.
Litio, petróleo y nuevos destinos
El complejo minero metalífero y de litio registró una suba de 227,9% en valor FOB entre el primer semestre de 2023 y el de 2026. Las cantidades aumentaron 166,2% y los precios, 23,2%, con mayores ventas de oro no monetario, minerales de plata, concentrados y carbonato de litio.
El complejo petrolero y petroquímico aumentó 104,5%, liderado por el petróleo crudo, cuyas exportaciones crecieron 193% en valor y 169% en cantidades. El cerealero avanzó 58,5%, con el trigo como principal producto, y el oleaginoso subió 29,1 por ciento.

El motor exportador también fue más virtuoso para el interior del país que para los grandes aglomerados urbanos con importantes cordones industriales. Catamarca encabezó el crecimiento provincial, con una tasa anual compuesta de 43% y exportaciones que casi triplicaron el nivel de 2023 por el litio. Neuquén alcanzó 37% por el petróleo crudo, Tierra del Fuego llegó a 25%, y Santa Cruz y San Juan registraron 32% y 31%, respectivamente, por oro y plata.
Los analistas de Abeceb estimaron que “el escenario para el resto del año mantiene una tendencia positiva, aunque con matices. Por el lado de las exportaciones, en los primeros ocho meses ya acumulan USD 58.365 millones (+22,9% interanual), con la energía consolidándose como nuevo motor estructural, un agro con una campaña ‘de perfil normal’ sin esquemas transitorios ni la ‘super cosecha’ del primer semestre, y minería (oro, plata, litio) que seguirá aportando dinamismo estructural”.

“Por el lado de las importaciones, la debilidad industrial y de la inversión mantiene contenidas las compras de bienes de capital, aunque una eventual recuperación de la actividad en el segundo semestre podría reactivar parcialmente ese componente. Con estos elementos, el superávit comercial anual podría ubicarse por encima de los USD 20.000 millones, casi el doble de resultado de 2025 (USD 11.320 millones)”, consignó Abeceb.
El Presupuesto 2027 proyecta un total por exportaciones de bienes y servicios en los USD 133.984 millones y un superávit por estos conceptos de USD 15.560 millones, inferior al esperado este año debido a un mayor incremento relativo de las importaciones.

Invecq Consultora Económica evaluó que “el frente externo mantiene por ahora un equilibrio favorable, pero su sostenibilidad hacia 2027 dependerá tanto del cumplimiento de los supuestos del programa financiero como de la respuesta del sector privado en un año marcado por el calendario electoral”.
Mayor inserción en el mundo
La participación argentina en las exportaciones mundiales de bienes pasó de 0,29% en 2023 a 0,34% en 2024 y 0,37% en 2025, aunque permaneció por debajo del máximo cercano a 0,47% de 2011. La mejora combinó la recuperación agropecuaria con el avance de energía y minería.

“El indicador sigue por debajo del máximo de 2011, que coincidió con precios agropecuarios especialmente favorables, pero la mejora reciente muestra una composición distinta, ya que combina la recuperación del agro con una expansión de las cantidades de energía y minería. Esta configuración podría reducir de forma gradual la exposición del desempeño exportador a los eventos climáticos, aunque su consolidación dependerá de que la tendencia se sostenga”, indicó PwC Argentina.
Brasil mantuvo su lugar como principal destino, pero su participación cayó de 17,1% a 12,6% entre los primeros semestres de 2023 y 2026. China y Estados Unidos ganaron 1,8 puntos porcentuales cada uno, mientras la aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó el 1 de mayo de 2026.
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