La onda expansiva del escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, golpeó a la Justicia provincial.

En las últimas horas se conoció la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El jefe de los fiscales de Lomas de Zamora fue acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde. Baccini también fue imputado por la presunta desaparición de pruebas.

Al ser consultado por , Baccini rechazó la acusación en su contra y agregó: “Apliqué la resolución 1390 de la Procuración, así que no puedo analizar de oficio un dictamen sobre el que la denunciante nunca pidió una revisión”.

La investigación contra el contador de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzó el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas de la bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para las licitaciones y remitos en su oficina.

A partir de este hallazgo, la auditora hizo una denuncia por la posible comisión de un delito, ya que entre la documentación que encontró había facturas y remitos correspondientes a empresas proveedoras del municipio.

La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien luego de tomarle declaración a la auditora describió el contenido de la documentación y mostró las grabaciones y fotocopias de lo que había encontrado.

Debido a que en esas cajas había presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, se sospechó que se trataba de un “kit para inventar licitaciones”. Por ese motivo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien, según la auditora del Tribunal de Cuentas, había reclamado las dos cajas y la bolsa con documentos.

Al fundar dicho pedido, el contador manifestó que esos documentos pertenecían a su estudio contable. Lo curioso del caso fue que Rosin guardara documentos de su estudio en la municipalidad donde trabajaba como contador.

Un “kit” para licitaciones

Según se determinó en la investigación, entre esa documentación había formularios presuntamente aptos para completar, simular o armar expedientes administrativos de contratación pública.

Inicialmente la causa tuvo impulso investigativo. El fiscal Rossi, que intervino en la primera etapa, analizó la documentación y solicitó medidas de prueba. Se ordenaron allanamientos en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en domicilios vinculados a Rosin; también se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra investigada.

Al revisar las empresas que figuraban en la documentación encontrada por la auditora del Tribunal de Cuentas se determinó, por ejemplo, que el contador Rosin aparecía vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular tenía el mismo domicilio que otra empresa que era proveedora de la municipalidad.

Además, al revisar los integrantes de los directorios de algunas de las empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la Municipalidad lomense que pertenecían a la gestión Insaurralde.

Según consta en el sumario, el 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le sacó la investigación a Rossi y se la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa al considerar que “no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como ‘llamativas’ hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta”.

En la resolución que decretó el archivo del expediente contra los funcionarios de la gestión Insaurralde se expresó que “los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa. Se habría considerado que no se encontraba acreditado un delito penal y que, en todo caso, podría existir una incompatibilidad administrativa o disciplinaria en la actuación [de Rosin] por su doble rol como contador municipal y eventual contador de proveedores de la Municipalidad”.

El archivo del expediente tuvo como inmediata consecuencia que se dejara sin efecto la acusación contra el contador Rosin y contra los otros funcionarios municipales que eran subordinados del intendente Insaurralde.

Pedido de otro fiscal y nueva acusación

El escándalo en la Justicia lomense estalló cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17 por el caso de corrupción en la municipalidad a la fiscalía a cargo de Baccini.

Ante la falta de respuestas, el fiscal federal Mola, mediante los canales oficiales, puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del responsable del Ministerio Público de Lomas de Zamora.

Entonces, el jefe de los fiscales provinciales dispuso que la conducta del fiscal Baccini fuese investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración.

Para garantizar la objetividad del proceso en investigaciones en las que aparece imputado un fiscal, los sumarios se instruyen en otro departamento judicial.

Se inició así un sumario que quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D’Elío, quien luego de revisar las pruebas concluyó que “con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público”.

En la resolución de 60 páginas, el fiscal D’Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Al consignar las cuestiones prejudiciales, en las que se detalló que el fiscal general de Lomas de Zamora tiene fueros, se consideraba necesario que para avanzar en el proceso se debía comunicar la resolución a la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de la Procuración General, a través del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados y remitir otra copia a la fiscalía federal N°1 de Lomas de Zamora, que investiga las denuncias contra Insaurralde y que había denunciado la reticencia en el envío del expediente contra los colaboradores del intendente.

El 9 de septiembre del año pasado, Baccini recibió la notificación de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.

A casi diez meses de la presentación del pedido de juicio político contra Baccini, el expediente no tuvo avances relevantes y no fueron sorteados los conjueces que deben revisar si el Jurado tiene competencia para resolver sobre la denuncia contra el fiscal.

“Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa”, concluyó el fiscal Baccini.

EL CALAFATE.− Una hilera de casillas de madera construidas con pallets, toldos azules y negros, carpas de camping, banderas con inscripciones y tachos con fuego instalados en la puerta de la gobernación en Río Gallegos se convirtió en el epicentro del reclamo de mejoras salariales que llevan adelante policías y bomberos al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Las fuerzas policiales tienen como eje del reclamo que un agente recién ingresante que hoy cobra $1,1 millones reciba un aumento que lo lleve a $2,2 millones. Hasta el momento, las 11 propuestas de mejoras presentadas por el gobierno fueron rechazadas, en tanto que la Fiscalía de Estado realizó una denuncia tras el bloqueo que días pasados un grupo de retirados realizaron en la gobernación.

El reclamo policial se da un contexto de fuertes conflictos con los gremios estatales que en el primer semestre no recibieron aumento salarial. Hasta ahora, el gobierno de Vidal presentó como mejor oferta un 17,8% de aumento a pagar en cuatro cuotas, de julio a noviembre, pero ninguno de los gremios aceptó la oferta. Reclaman una compensación por la caída del poder adquisitivo de los primeros meses del año.

En este contexto, Vidal tiene en la Legislatura trabada por el kirchnerismo una autorización para tomar un crédito público internacional por US$600 millones.

La situación en Río Gallegos se tensó en las últimas horas, ante la llegada de un camión que descargó maderas para seguir construyendo casetas sobre la calle Alcorta, donde la protesta se vive con mayor intensidad. El espacio fue denominado “Carpa de la Dignidad”.

“Lo que llevamos adelante es un quite de colaboración, pero se atienden las guardias mínimas y las urgencias y emergencias están cubiertas”, confirmó el suboficial Felipe Gogol a , vocero de los policías y también paritario en la Mesa del Salario, tal como se denomina la mesa de negociación que más preocupaciones le está acarreando a la gobernación.

“Nosotros pedimos que un agente ingresante, sin carga familiar, alcance los 2,2 millones de pesos”, detalla el policía, y asegura que actualmente los salarios de la fuerza están por debajo de la línea de la pobreza.

La protesta empezó a principios de junio, promovida por jubilados de las fuerzas en Río Gallegos. Con el correr de los días los agentes efectivos anunciaron un quite de colaboración. Hoy, según los voceros policiales, se encuentran plegados el 95% de los efectivos. Desde que empezaron las acciones, que no llegan a ser un acuartelamiento, como se registraron en 2012 durante el gobierno de Daniel Peralta, las fuerzas federales con asiento en la provincia se encuentran desplegadas, realizan controles y patrullas en las ciudades y también en las rutas.

Desde hace dos semanas, la paritaria policial está activa, pero sin resolución. El viernes, en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, informó que los policías recibieron 11 propuestas salariales que reflejaron distintos mecanismos de actualización para el personal policial y de seguridad. Hasta ahora todas fueron rechazadas.

La ministra detalló las opciones y propuestas que fijaban valores de punto específicos para los meses venideros; otras opciones incorporaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia de incremento entre julio y diciembre, para resguardar el valor del salario.

Dentro del conjunto de opciones analizadas, la de montos más elevados establece un valor punto de $2.282,80, lo que permitía proyectar un salario de agente inicial a $ 2.001.271. La propuesta tiene un “adicional transitorio” que mejora el suelo del ingresante, pero baja a medida que sube el rango policial. “Queremos que sea escalonado por igual, que aumente en todos los niveles, sino habrá un achatamiento de la escala y se pierde la pirámide de los sueldos”, reaccionaron los policías, que cuestionan tanto los montos como los plazos de pago.

El punto de mayor tensión institucional se registró el 23 de junio pasado, cuando un grupo de personas identificadas en su mayoría como retirados de la policía irrumpió en los jardines de la Casa de Gobierno alrededor de las 11 de la mañana.

El grupo bloqueó el acceso y el egreso por el portón principal e impidió incluso la salida del vehículo oficial de la Secretaría General de la Gobernación. Lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, fue constatado mediante acta notarial y derivó en una denuncia penal de la Fiscal de Estado, Natalia Linardi.

La presentación califica la conducta como atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción (artículo 149 bis), y solicita una medida cautelar urgente para garantizar el libre funcionamiento de la sede del Poder Ejecutivo provincial. La Fiscalía de Estado advirtió que, en caso de que la Jefatura de Policía provincial no pudiera garantizar el orden, corresponde requerir la intervención de las fuerzas federales con asiento en la jurisdicción.

Para la Fiscalía de Estado, el accionar de los manifestantes −portadores de investidura policial− reviste una gravedad institucional particular e impidió el normal desenvolvimiento de las tareas de los funcionarios y agentes.

Desde el sector policial aseguran que no fueron efectivos, sino retirados de la fuerza quienes estuvieron esa mañana en la gobernación. “El reclamo lo llevamos adelante en absoluta soledad, no tenemos apoyo, no es nada contra nadie, estamos por un sueldo digno, no nos apoya ninguna bandera política, es un reclamo meramente salarial”, aseguró Gogol.