Javier Milei dio por probado este fin de semana que José Luis Espert fue la inocente víctima de una operación, pese a que la Justicia argentina lo investiga en dos causas penales, que están en pleno trámite, y ordenó el congelamiento de todos los bienes.

El exdiputado libertario no solo está impedido de vender propiedades; tampoco puede disponer del dinero que tiene en sus cuentas, con excepción de una autorización judicial que recibió porque dijo que necesitaba fondos para afrontar sus gastos corrientes.

Milei tuiteó el domingo por la noche: “Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, en alusión a Fred Machado, preso en Texas, quien giró al menos 200.000 dólares al exdiputado (que no demostró prestación alguna a cambio de esa transferencia). Según el Presidente, esta novedad es la prueba de que Espert fue víctima de una “operación mediática infame”. Sin embargo, el acuerdo celebrado por Fred Machado en Norteamérica no mejora en nada la situación judicial de Espert en la Argentina. Podría incluso perjudicarlo, advierten fuentes vinculadas con las investigaciones.

Lo que ocurrió la semana pasada es que, tras meses de clamar su inocencia, Machado hizo un acuerdo con la fiscalía en Estados Unidos por el que aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, y la fiscalía accedió a retirarle la acusación por narcotráfico.

Espert es investigado en la Argentina por lavado de dinero. Es decir, por haber introducido en el mercado legal fondos de origen ilícito. “Si provienen de narcotráfico o de fraude, para nosotros es indiferente”, dijo a un funcionario que interviene en una de las causas contra Espert. Sí es relevante que se confirme que Machado consiguió el dinero con negocios ilegales.

Las causas contra Espert son dos: una se tramita en la justicia federal de San Isidro, el juzgado de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez -que tiene delegada la investigación-, y la otra, en Comodoro Py, con Marcelo Martínez de Giorgi como juez y Eduardo Taiano como fiscal. El exdiputado intentó sin éxito, dos veces, unificar las causas en los tribunales de Retiro. El mes pasado, la Cámara Federal volvió a rechazar su pedido.

En los dos casos se sospecha que Espert lavó dinero. La causa que se abrió primero, la de Martínez de Giorgi, está vinculada con un supuesto financiamiento ilegal de campaña, a través de aportes de Machado en vuelos privados y el uso de una camioneta blindada.

En este expediente, Espert se presentó y pidió declarar ante el juez. Pero como está imputado, sólo podría declarar en indagatoria. Fuentes al tanto de la marcha de la investigación informaron que Martínez de Giorgi está ordenando algunas medidas finales para precisar qué hay en su contra antes de citarlo. Cuando lo reciba, debe exponerle lo que tiene en su contra.

En los tribunales federales de San Isidro la investigación también es por lavado de dinero; en principio, por los 200.000 dólares que Espert no había declarado pero que reconoció haber cobrado de Machado, que eran parte de un contrato por un millón de dólares que ambos firmaron justo antes de la campaña de 2019 por el supuesto asesoramiento a una minera en Guatemala, trabajo que los investigadores sospechan que en realidad nunca existió ni iba a existir. Este expediente es el más complicado para Espert; se ordenaron distintos allanamientos y se le prohibió disponer de su patrimonio.

El punto, en esta causa, es si Espert sabía o no del origen ilegal de los fondos que recibió, explicó una fuente que conoce el caso. Para determinar eso, se está analizando toda la prueba reunida, que incluye el análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, más toda la información patrimonial y bancaria.

En esta causa, Mirabelli ordenó -y este año prorrogó- una medida cautelar de no innovar contra Espert.

Se dispuso porque los investigadores detectaron que tras la denuncia, el año pasado, el exdiputado sacó 80.000 dólares de una de sus cuentas.

Pero además, encontraron un fideicomiso a nombre de su esposa en un emprendimiento en un barrio privado en la Costa Atlántica, en el que había invertido 50.000 dólares en una parcela. Y Espert no lo había declarado, pese a que la ley le imponía la obligación de hacerlo, informó un funcionario con acceso a las actuaciones. Eso justificó la prórroga de la medida de no innovar.

Mientras tanto, Mirabelli espera la respuesta a los exhortos que envió a Estados Unidos, para contar con información oficial sobre la causa de allá, y a Guatelama. Hasta ahora no hubo respuestas.

Para Milei, nada de esto parece ser relevante. Los culpables de las desventuras de Espert son los “periodistas de mierda (95%)”, pese a que dos causas penales lo tienen como imputado y pese a que La Libertad Avanza decidió, ante el avance de las sospechas y las revelaciones que daban cuenta de su vínculo con Machado, bajar a Espert de la lista de La Libertad Avanza que lo llevaba como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, Milei no volvió a mostrarse nunca más con él.

Milei tuiteó: “A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo. Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”.

Y siguió: “Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por MISERABLES. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta».

Según Milei, “muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS”. El Presidente, que este fin de semana se declaró “siempre” del lado de Espert, omitió el dato de que su propio partido lo corrió de la candidatura a diputado cuando faltaba menos de un mes para las elecciones y no lo consideró para incorporarlo tampoco al gobierno nacional.

Estas conclusiones de Milei sobre de la situación del exdiputado contradicen la particular lectura de la Constitución Nacional que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando se negó a explicar públicamente su patrimonio y dijo que hablar del tema implicaría arrogarse el conocimiento de una causa penal en trámite.

El Gobierno decidió bajarles el pulgar a los jueces en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania y podría retirar en los próximos días los pliegos que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado nominándolos para ocupar vacantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del mismo fuero en el que se desempeñan en la actualidad.

“Catania y Galván Greenway no tienen las firmas ni creo que las vayan a tener”, aseguró un vocero de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA) que preside Patricia Bullrich (Capital).

Al respecto, los voceros precisaron que una de las causas por las que se frustraría el ascenso de ambos magistrados es la relación que los postulantes mantienen con la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que encarnan su presidente, Claudio Tapia, y u mano derecha Pablo Toviggino, investigados por delitos de lavado de dinero, evasión y enfrentados con la administración libertaria de Javier Milei.

“No hay acuerdo en nombrarlos y por su ligazón con la AFA”, señalaron en el bloque oficialista ante la consulta sobre las razones por las que los pliegos de ambos candidatos quedaran congelados en la Comisión de Acuerdos. “Fue discutido en la Casa Rosada”, agregaron.

En el caso de Galván Greenway, su vínculo con la AFA fue el fallo del pasado 24 de abril en el que dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa de 2018 en la que estaba siendo investigado por lavado de dinero.

En su fallo, el titular del juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7 destacó que Tapia estaba en condiciones de justificar su patrimonio a partir del análisis de los ingresos declarados por el dirigente, herramientas financieras legales y créditos hipotecarios.

Por parte, el vínculo de Catania con la AFA es más difuso. En este caso, los rumores sobre el titular del Juzgado nacional en lo Penal Económico N°8 señalan que su ascenso a camarista tiene por finalidad favorecer a Tapia y Toviggino con las apelaciones y medidas que ambos dirigentes elevarán en el marco de su defensa en las causas por las que son investigados por lavado de dinero y evasión fiscal.

Ambos postulantes compartieron estrado el pasado 6 de mayo, cuando concurrieron a la Comisión de Acuerdos para defender los pliegos que los nominan como camaristas.

En esa jornada, desarrollada en el Salón Azul del Congreso, los dos postulantes mostraron una clara sintonía al momento de exponer y ninguno de los miembros del oficialismo ni de la oposición dialoguista de la Comisión de Acuerdos les planteó cuestionamiento alguno.

Sin embargo, el panorama cambió en la última semana, cuando llegó a la Casa Rosada la noticia de que ambos magistrados habían obtenido dictamen favorable a sus nominaciones con la firma de los senadores de la oposición dialoguista, a pesar de que los oficialistas todavía no habían estampado su rúbrica en los despachos.

La orden desde los despachos de la Casa de Gobierno llegó inmediata al Senado ordenando detener lo que ven como una decisión que terminará favoreciendo el frente judicial que afrontan Tapia y Toviggino.

En realidad, los dictámenes no habían sido presentados, por lo que Bullrich pudo consensuar con sus aliados que les quitaran su respaldo a los pliegos. Así, las postulaciones de Galván Greenway y Catania perdieron todas las firmas que habían cosechado hasta el momento.

Según fuentes legislativas, el ministro Mahiques se habría comprometido a retirar los pliegos del Senado para reemplazarlos con otros candidatos. La jugada todavía no se concretó.

Por orden de la Casación, la Cámara en lo Penal Económico deberá resolver en el corto plazo qué juez debe llevar la causa que investiga una presunta maniobra de lavado de dinero con una quinta en Pilar a la que se la atribuyen a Toviggino.

No son estos dos postulantes los únicos impulsados por Mahiques que tendrían un veto por parte de Karina Milei. En la misma situación se encuentra la postulación de Juan Manuel Mejuto como juez de un tribunal oral en lo criminal.

En este caso, a Mejuto se le imputa una supuesta filiación kirchnerista a partir de haber firmado la carta fundacional de la agrupación Justicia Legítima. Además, es colaborador del juez Daniel Obligado, quien sobreseyó a Cristina Kirchner en el caso Hotesur y Los Sauces; y también a Amado Boudou.

Paradojas de la política, uno de los firmantes de aquel pronunciamiento fue Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia que el último jueves obtuvo el visto bueno del Senado, con una mayoría abrumadora de 58 votos, para continuar por cinco años más como miembro de la Cámara de Casación Penal a partir de noviembre de este año, cuando cumplirá 75 años.