Una exdirectiva de una empresa de Lázaro Báez fue beneficiada en una causa judicial en la que estaba acusada de fraude, al lograr la suspensión del juicio a cambio de realizar tareas comunitarias.

La decisión es de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que benefició, en un fallo dividido, a Myriam Elizabeth Costilla, directora de la empresa de Báez Kank y Costilla SA.

El fallo de la mayoría fue firmado por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que había concedido la suspensión de juicio a prueba a Costilla.

Borinsky fue quien argumentó y Barroetaveña adhirió a sus fundamentos. Borinsky mencionó que ese fallo “constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa”.

En disidencia, el juez Gustavo Hornos se pronunció en contra de otorgar el beneficio y, por el contrario, instó a que fuera llevada a juicio oral y público cuanto antes con el resto de los acusados.

Esta causa es el segundo tramo de la causa Vialidad por corrupción estatal, en la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión.

Costilla fue beneficiada con la suspensión de la causa a cambio de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y realizar tareas comunitarias durante dos años por cuatro horas semanales en favor del Hogar de Ancianos Pablo VI de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Tanto la fiscalía, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, como la Unidad de Información Financiera, que es la parte querellante, se opusieron a la concesión de ese beneficio. Acusan a Costilla de haber intervenido, entre enero de 2007 y agosto de 2013, en la ejecución y subsistencia de una matriz de corrupción.

Le imputan que desde su rol de presidenta de Kank y Costilla SA permitió que se sustrajeran “en forma periódica y constante” fondos públicos mediante una maniobra de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial.

Dijo la fiscalía que, para concretarlo, en uso de sus facultades como presidenta de la empresa, Myriam Elizabeth Costilla decidió ofertar en las licitaciones investigadas.

Todo esto a pesar de que estaba prohibido que otras firmas del mismo conglomerado ofertaran en la misma licitación, “contribuyendo a la estrategia desplegada por el grupo encabezado por Lázaro Antonio Báez”.

La firma Kank y Costilla S.A. fue incorporada al entramado empresarial controlado por Lázaro Báez en 2007, cuando comenzó a ejecutarse la maniobra defraudatoria.

El 15 de enero de 2007, Báez adquirió, junto con Austral Construcciones S.A., el 100% de Kank y Costilla S.A., que desde entonces pasó a integrar el conjunto de empresas bajo su dirección y control.

Así manejó el circuito económico mediante el cual se canalizaron y administraron los beneficios derivados de las contrataciones públicas irregulares investigadas, señala la acusación.

En su disidencia, el juez Gustavo Hornos destacó que no podía otorgársele la probation sobre la base de la gravedad institucional de los hechos investigados.

Destacó que los delitos por los que se acusa a Myriam Costilla como presidenta de la firma Kank y Costilla S.A. “permiten dimensionar la entidad de la maniobra investigada, ejecutada por funcionarios de la más alta jerarquía del Estado Nacional junto a personas privadas, ocasionando un colosal daño al erario público, que representa una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente acreditadas en la historia argentina”.

Dijo el juez que la señora debe enfrentar un juicio oral y público, “ámbito natural para el debido esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades”.

Hornos dijo que se trata de hechos de corrupción, los cuales “deben ser juzgados con la máxima severidad”, ya que no solo lesionan bienes jurídicos económicos, sino que “dañan los cimientos mismos del orden constitucional, y eso debe verse traducido al momento de la ejecución de la sentencia”.

Sostuvo que “La corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas”.

Dijo qeu cuando un funcionario público participó del hecho no corresponde aplicar este beneficio a un particular y puso como ejemplo que en otro tramo de este caso ya tienen condena firme Cristina Kirchner y José López, entre otros.

Por último, destacó la necesidad de avanzar sin mayores dilaciones hacia la realización del juicio oral y público, dado el tiempo transcurrido desde los hechos investigados.

En El segundo tramo del caso Vialidad se invetsiga a una red secundaria de empresarios y exfuncionarios que supuestamente participaron en el desvío de fondos de obras públicas.

Se centra en los contratos irregulares otorgados a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Los acusados son empresarios, socios y exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, como Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, el excontador Fernando Butti y el exfuncionario Sandro Férgola.

Se buscan determinar las responsabilidades operativas en el fraude a la administración pública y el encubrimiento de la estructura de corrupción.

El Tribunal Oral Federal 2, el mismo que condenó a Cristina Kirchner, lleva adelante el caso, donde varios acusados firmaron acuerdos de juicio abreviado para admitir su culpabilidad a cambio de una pena menor.

POSADAS.– En una nueva jugada política en el marco de una interna que tiene en vilo a la provincia, el gobernador Hugo Passalacqua le quitó a Carlos Rovira el control de las dos principales cajas estatales: la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y Energía de Misiones SA (EMSA), la generadora y distribuidora de energía.

Passalacqua ya tiene listos los decretos para remover de EMSA a la presidenta, Virginia Kluka, y colocar allí al intendente de Montecarlo, Ricardo Barreto. Pero además, el gobernador decidió descabezar a todo el directorio y las gerencias de esta empresa pública, que tiene una enorme influencia en la vida de los ciudadanos y en el sector productivo. Misiones no tiene gas natural y casi todo su aparato productivo depende de EMSA.

El otro cambio fuerte es el desplazamiento de Belén Gregori como titular de la Agencia Tributaria de Misiones (la ex Dirección General de Rentas), que explica más del 30% de los ingresos del Estado provincial. Misiones tiene la 8° agencia recaudadora más importante del país y obtiene por Ingresos Brutos, tanto como Corrientes, Chaco y Formosa, juntas.

Tanto Kluka como Gregori, titulares de EMSA y ATM, respectivamente, responden políticamente a Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia. Tanto Passalacqua como Rovira conservan diálogo y buen vínculo con la gestión de Javier Milei. Pero es Rovira, a fin de cuentas, quien ejerce de líder de cuatro de los siete diputados nacionales que representan a Misiones en el Congreso Nacional y que suelen auxiliar al oficialismo.

También se irán del Gabinete provincial, Marta Ferreira (ministra de Agricultura Familiar), Sergio Bresiski (titular de la Dirección de Arquitectura) y Liliana Rodríguez (ministra de Acción Social), quien será reemplazada por Matías Vilchez, el intendente de la localidad de San Javier. Se trata de las últimas figuras roviristas que quedan en un gabinete donde ya nadie le responde al otrora poderoso jefe de la Renovación. Todos los intendentes, también, se alinearon con Passalacqua en los últimos dos meses.

De esta manera, Misiones asiste a un cambio histórico en el poder, con un Rovira que se encuentra de vacaciones en el exterior y parece haber quedado tan aislado que algunos dudan de que vuelva a la provincia, donde todavía tiene el cargo formal de diputado provincial.

“Es difícil imaginar a Rovira sentado en su banca, callado (nunca hizo uso de la palabra desde que asumió ese rol en diciembre de 2023), rodeado de gente que ya no le responde y hasta ayer le rendía pleitesía”, dijo a LA NACIÓN un operador político que conoce tanto a Passalacqua como a Rovira.

Apenas días antes de que comenzara el Mundial, Rovira conservaba su tropa propia en el Gobierno. Hasta barajaba anuncios importantes, como la emisión de un bono en dólares para financiar grandes obras de infraestructura. Hoy el panorama cambió. Ni el endeudamiento en dólares, ni las modificaciones a la Ley de Lemas que prometió, parecen hoy iniciativas que cuenten con volumen político para avanzar.

Hasta hace meses, un anuncio de Rovira en ese contexto, equivalía a una ley o una medida del Poder Ejecutivo casi inmediata, aún si esa decisión era polémica y contaba con fuerte oposición de una parte de la sociedad. Actualmente, de los 20 diputados provinciales que le respondían incondicionalmente, al menos 11 se pasaron al pasalacquismo. Y los otros 9 están atentos a la definición de esta pulseada.

En cambio, los 4 diputados nacionales (Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa), así como los dos senadores por el oficialismo (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut) le siguen respondiendo a Rovira.

Hoy parecen estar destinados a ser la carta con la que el exjefe del oficialismo piensa atar algún tipo de acuerdo con Milei para tener una retirada ordenada o, eventualmente, apoyar a los libertarios en 2027.

Nexos con La Libertad Avanza

Durante más de 20 años, Rovira estuvo acostumbrado a que lo trataran con una mezcla de temor reverencial y gran obsecuencia, y ahora parece haber quedado muy aislado a medida que casi todas las figuras y referentes del oficialismo se pronuncian a favor del gobernador de Misiones.

La pelea por las cajas como EMSA o ATM parece ser la mejor muestra de que la interna va en serio y ahora Passalacqua está ejerciendo el control de “la lapicera”.

Además, el gobernador hace 15 días reestructuró la ATM para darle más poder al subdirector, Gabriel Petta. Otro cambio importante que estudia Passalacqua, según pudo saber LA NACIÓN de fuentes cercanas al gobernador, es revocar el contrato de la polémica prestadora de servicios de telemedicina Alegramed, del joven empresario Augusto Marini, el dueño de los canales de streaming “Blender” y “Carajo”.

Alegramed es una aplicación que otorga los turnos para el sistema de salud pública de la provincia, y según versiones, sería la fuente de recursos para que Marini haya financiado los mencionados canales de streaming.

La Legislatura aprobó hace un mes un pedido de informes sobre ese contrato, pero el trámite aún no avanza y está trabado en las comisiones.

“Carajo” tiene como principal figura a Daniel Parisini, alias el Gordo Dan. Se trata de una de las figuras libertarias en las redes sociales. En Misiones, se especula que el financiamiento a estos canales de streaming fue clave para aceitar los vínculos entre Rovira y Santiago Caputo, asesor de Milei.

Mientras que “Blender” estuvo en el foco de atención hace unas semanas, cuando su principal figura, Tomás Rebord, se desvinculó tras despidos en ese canal, y amenazó públicamente con denunciar los negocios de Marini con Rovira.

Otro negocio que Passalacqua dio de baja es la concesión del hotel del Instituto de Previsión Social, que operaba bajo la marca “Bagú” y estaba controlado por un misterioso grupo llamado South American Group, vinculado al empresario Maximiliano Brog, que llegó a Misiones hace cinco años con capital para realizar llamativas inversiones en hotelería y gastronomía. Hoy ese grupo está en retirada de todos sus negocios en Misiones.

En la provincia reina una gran incertidumbre y todos se preguntan qué pasará con otras empresas que son fuertes proveedoras del Estado y están vinculadas a personas cercanas a Rovira.

Una de ellas es ATMEDO SRL (Atención Médica Domiciliaria), que se considera un pulpo con contratos en la provisión de una gran cantidad de servicios para la salud pública. También presta servicios de atención a domicilio, pero fuentes cercanas a la empresa admitieron que los únicos beneficiarios son las familias ligadas a los funcionarios más encumbrados del gobierno.

La otra es una empresa que en Misiones todos vinculan con Ramiro Rovira, el hijo del jefe de la Renovación, de 30 años: se llama Medical Group y opera en el Parque Industrial Posadas, y le provee de todos los insumos médicos al Parque de la Salud, un complejo de varios hospitales que prácticamente no tiene igual en otra provincia del interior del país.