POLITICA
Edgardo Kueider espera el juicio por contrabando en Paraguay entre expectativas y escepticismo
El exsenador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se preparan para el inicio del juicio por contrabando que iniciará el próximo 1 de junio en la capital paraguaya de Asunción. Ambos afrontarán el cargo de contrabando en grado de tentativa y se los acusa de haber querido ingresar USD 200 mil sin declarar por el puente que une Ciudad del Este y Foz do Iguaçu.
El exparlamentario por Entre Ríos se mostró con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.
Contra la prensa
En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.
Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.
Por eso se ha llamado al silencio en los últimos meses. Tras un intenso raid en canales, radios y streamings nacionales y locales, se ha recluido.
En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.
Dardos contra la Justicia
Kueider está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hay dos Juzgados con expedientes abiertos al respecto. Uno es el Federal de San Isidro. La pesquisa allí está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernando Domínguez. En parte, este caso ya fue elevado a juicio. El restante está en Concordia y lo tienen el juez provincial Ives Bastián y el fiscal José Arias.
Para resolver esta situación, se solicitó la intervención de la Corte Suprema. El máximo tribunal debe definir la competencia, es decir, quién se queda con la causa. El primer paso es el dictamen de la Procuración General. El trámite llegó a ese organismo el 5 de noviembre del 2025 y todavía no hay pronunciamiento.
En los inicios, la defensa del exsenador evaluó que el mejor escenario es que la investigación se desarrolle en San Isidro. En su esquema de razonamiento, el fiscal Arias era un “gorila” que perseguía peronistas. Como argumentos citaban que había sido corrido de tres causas contra otro dirigente del PJ concordiense por pérdida de la imparcialidad en las pesquisas.
Pero la estimación ha cambiado. Ahora ni la jueza Arroyo Salgado ni el fiscal Domínguez son bien vistos.
Entre los motivos para este cambio figura que la causa en San Isidro en su contra comenzó con dos elementos. El primero, un desprendimiento del caso Securitas. En este expediente se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a compañías y entes estatales. En las escuchas de la investigación a los empresarios entrerrianos vinculados, uno de ellos mencionó a “Cuaider” y su influencia para lograr un contrato.
A ese elemento, Arroyo Salgado y Domínguez sumaron una denuncia por enriquecimiento ilícito y otros delitos que se presentó en San Isidro. La base documental era la propia declaración jurada como senador que había hecho Kueider. Allí figuraba una empresa, Betail, con departamentos en un edificio de lujo en Paraná, la capital de Entre Ríos. De inmediato, la jueza dictó la conexidad objetiva y subjetiva de ambos casos.
En el entorno de Kueider evalúan que este paso acarreó el armado de una causa. Y se quejan de que, habiendo elementos en las escuchas para implicar a otros dirigentes y empresarios de Entre Ríos, Arroyo Salgado no tuvo el mismo celo.
En la evaluación que realizan, el accionar judicial ha generado un daño terrible.
El juicio
El exsenador espera que la tercera sea la vencida. El inicio de las audiencias ya tuvo dos postergaciones. Iban a realizarse el 24 de noviembre de 2025, pero se pasaron al 26 de abril de este año. Dos días antes, una complicación de Fiscalía obligó a una nueva reprogramación. La fecha definitiva, por ahora, es el 1° de junio.
Ese lunes, desde las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.
El exsenador nacional y su ex exsecretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.
Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.
POLITICA
El Senado vuelve a debatir el acuerdo con los bonistas del 2001 y el oficialismo espera conseguir el dictamen
Este martes, el oficialismo volverá a reunir a las comisiones para dictaminar el proyecto que habilita el acuerdo con los fondos que mantuvieron litigios contra la Argentina por el default de 2001. La nueva convocatoria surge tras la incorporación de una adenda que extendió los plazos originales y obligó a retirar el expediente de la última sesión prevista.
El Senado debatirá en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversiones el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ratificar el acuerdo alcanzado con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda posterior al default de 2001. La iniciativa contempla además la autorización para que el Estado argentino cancele las obligaciones derivadas de esos litigios.
La reunión estará encabezada por Agustín Monteverde, titular de Presupuesto y Hacienda, y Martín Goerling Lara, presidente de Economía Nacional e Inversiones. Participarán también funcionarios del Ejecutivo: el procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro Nacional, Juan Ignacio Stampalija.
La adenda que obligó a volver a comisión
La Libertad Avanza había conseguido a fines de abril un dictamen de mayoría sobre el proyecto. Sin embargo, el procurador del Tesoro informó la semana pasada una prórroga hasta el 31 de mayo para la ratificación del acuerdo, cuando originalmente estaba prevista para el 30 de abril.
La modificación no había sido comunicada previamente a los aliados del oficialismo en la Cámara alta. La situación derivó en el retiro del expediente que iba a tratarse en la última sesión y en la convocatoria a una nueva reunión de comisiones para que funcionarios del Ejecutivo explicaran los cambios incorporados.
La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, encabezó las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista. En paralelo, Agustín Monteverde solicitó en el recinto que el proyecto regresara a comisión.
Tras la firma de los dictámenes prevista para este martes, el oficialismo espera llevar la iniciativa al recinto del Senado en la próxima sesión.
Qué modifica la adenda del acuerdo
Según el texto oficial, la adenda únicamente actualiza el listado de bonos incluidos en el Anexo A para reflejar la situación real de tenencia informada por los acreedores.
El Gobierno sostiene que la modificación “no altera el monto del acuerdo, no amplía obligaciones para la República Argentina y no genera exposición adicional alguna”. Además, remarca que el acuerdo de conciliación establece una exoneración total para el Estado argentino.
El monto total del entendimiento se mantiene en US$104 millones porque fue calculado exclusivamente sobre la base de sentencias emitidas por tribunales estadounidenses contra acreedores que actualmente poseen esos fallos. Los reclamos vinculados con bonos considerados prescriptos habían sido rechazados y no integraron el cálculo final.
El acuerdo alcanzado en Nueva York
El entendimiento definitivo se cerró ante tribunales de Nueva York entre representantes de la Argentina y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. El acuerdo exige su presentación y posterior ratificación por parte del Congreso argentino.
El Presidente remitió el proyecto al Senado con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Posteriormente, Patricia Bullrich definió su giro a las comisiones correspondientes.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos declarada tras el default.
El texto enviado al Senado establece que “la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67 millones”. Además, contempla pagos por US$104 millones al grupo Attestor.
El cierre de litigios y la protección de activos argentinos
El acuerdo prevé también suspender litigios vinculados con los bonos alcanzados y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque las partes conservarán el derecho de preservar posiciones sobre resoluciones previas.
El entendimiento busca además desactivar potenciales ejecuciones judiciales sobre activos argentinos, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
De avanzar en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, el acuerdo marcará el cierre definitivo de los litigios originados tras el default declarado por la Argentina en 2001.
Deuda, Senado
En medio de la interna libertaria que se destapó el fin de semana entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una reciente publicación en la red social X aumentó la tensión.
“Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, reafirmó Caputo en el párrafo que escribió este lunes por la noche. El tuit, difundido a través de la cuenta que suele atribuírsele, mostró una señal directa en medio de la disputa que involucra al sector que responde a la hermana del presidente, Karina Milei.
“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei”, aseguró Caputo, quien alguna vez formó parte del “triángulo de hierro”. Y continuó: “Me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. Gracias por su atención!”, concluyó.
La disputa escaló luego de que Caputo asociara públicamente a Menem con una cuenta anónima de X —@PeriodistaRufus, actualmente desactivada— que operaba como fuente de críticas hacia el propio Gobierno. La cuenta, que en ocasiones anticipó anuncios presidenciales y emitió cuestionamientos dirigidos a la secretaria general de la Presidencia, habría difundido contenido que, para el círculo del consultor político, solo podía provenir de alguien con acceso directo a información de la Casa Rosada.
El episodio con la cuenta dejó al descubierto la magnitud de la interna. Por un lado, se encuentran Las Fuerzas del Cielo, el grupo que responde a Caputo y que concentra la militancia digital a través del canal de streaming Carajo. En la vereda opuesta, los denominados “karinistas”, que han ocupado progresivamente cargos claves en el oficialismo y entre quienes figura Menem.
Fuentes cercanas al entorno al riojano atribuyeron el episodio a un error involuntario. Afirmaron que un integrante de su equipo, al tener la cuenta abierta, compartió un enlace que llegó a la mencionada red social. “No planean expedirse públicamente sobre el episodio en estos días”, señalaron desde ese sector. No es la primera vez que surgen sospechas similares, aunque en ocasiones anteriores no destaparon consecuencias políticas o al menos no se notaron.
Mientras la cuenta @PeriodistaRufus continuaba desactivada, el conflicto continuó creciendo puertas adentro del oficialismo. Según pudo saber Infobae, el tema llegó rápidamente a la mesa política libertaria.
El domingo, Menem optó por comunicar a través del grupo de WhatsApp de los diputados nacionales de LLA su versión sobre lo sucedido. En su mensaje, admitió que ocurrió “un error involuntario del CM” (community manager) responsable de su cuenta de Instagram y planteó que el hecho estuvo motivado por una intención de perjudicarlo en el ámbito político.
“Hola, buen día. Quería comentarles un episodio de ayer que circuló en las redes”, fue el inicio del mensaje que envió el presidente de la Cámara baja sobre el episodio que había comenzado el sábado. Luego explicó: “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”.
“Lo único importante del link es que tiene mi nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante”, escribió al tiempo que intentó explicar el episodio: “El link de IG copiado y pegado, y luego abierto desde Safari o Google, aparecerá siempre ‘de Martín Menem’. ¿Qué quiero decir con esto? Que se podría haber multiplicado hasta el infinito y siempre aparecería mi nombre”.
El trasfondo político de esta disputa incluye una serie de episodios previos. Las tensiones entre los sectores de Caputo y Menem se intensificaron desde el año pasado, cuando Las Fuerzas del Cielo cuestionaron la confección de las listas nacionales y bonaerenses. Es una pelea que ya había tenido capítulos previos vinculados al armado territorial, y de las listas bonaerenses de La Libertad Avanza.
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La incertidumbre se apoderó de la vida pública. A tal punto que lo único estable parece ser el dólar. Los vientos del mundo -dirigidos por la tasa de interés de la Reserva Federal de los EE.UU., el precio del petróleo y la guerra comercial entre Washington y Pekín- se han vuelto imprevisibles. Brasil seguirá siendo una nave a la deriva, hasta que Bolsonaro se familiarice con la consola del Estado. La economía local ingresó en una recesión cuya otra orilla aún se desconoce. El Congreso es un mosaico en el que ninguna fracción puede fijar un rumbo por sí sola. El horizonte electoral se esconde detrás de la neblina. Y para un futuro todavía más dudoso, estalló un conflicto interno en la Corte.
Las consecuencias finales del enfrentamiento todavía están por verse. Sus integrantes preparan un espectáculo pocas veces visto: ministros de un tribunal supremo que recurren a los tribunales para resolver sus diferencias. Un atractivo más para el turismo receptivo.
La disputa se procesa a través de golpes de palacio. A comienzos de septiembre, los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz comunicaron a Ricardo Lorenzetti que ya estaba redactada la acordada que determinaba su reemplazo. Con la excepción de Juan Carlos Maqueda, todos votaron por Rosenkrantz, incluido Lorenzetti. Anteayer, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti comunicaron a Rosenkrantz que ya estaba redactada la acordada que lo despojaba de sus principales atribuciones como presidente. El enorme poder administrativo del que había gozado Lorenzetti, como sus innumerables antecesores, quedó socializado entre los jueces. Como el calendario de las sentencias se fija ahora por anticipado, la titularidad de la Corte asumió un rol decorativo.
Rosatti jugó en los dos equipos. El de los que defenestraron a Lorenzetti y el de los que desahuciaron a Rosenkrantz. Esa ubicuidad se escuda detrás de un pretexto irreprochable: impedir el personalismo. En ambos casos. Maqueda, en cambio, negó a Rosenkrantz, a quien no eligió como presidente, un poder que no le molestaba en Lorenzetti. Lorenzetti también le negó a Rosenkrantz un poder que no le molestaba en Lorenzetti.
Para jibarizar la jefatura de Rosenkrantz, los tres conjurados modificaron una acordada de 1961 que había establecido las funciones del presidente. Rosenkrantz planteó su propia reforma. Se negó a que, como establecieron sus rivales, pudieran hacerse contratos o designaciones con la firma de tres ministros. Y exigió que uno de ellos fuera siempre el presidente. Sostuvo su reclamo en lo que establece la ley 11.672, que en su artículo 4º indica que el administrador de las partidas asignadas por el presupuesto nacional será el presidente de la Corte. El corolario del argumento de Rosenkrantz es evidente. E inquietante. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda se habrían puesto al margen de la ley. Solo el Congreso podría reducir el poder del titular del tribunal. No una acordada.
¿Rosenkrantz demandará a sus pares ante la Justicia? ¿Recurrirá, como sugieren algunos de sus colaboradores, al artículo 248 del Código Penal? Dice así: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». Si el enfrentamiento adquiriera esta dinámica, su desenlace sería imprevisible. ¿Podrían Lorenzetti, Rosatti y Maqueda destituir a Rosenkrantz? Tendrían un límite: la dificultad para acordar la identidad del sucesor.
La lucha entre el presidente de la Corte y este trío de colegas es una sofisticada partida de ajedrez si se la compara con la que tiene enredados a Lorenzetti y a Highton. La jueza no se plegó a la acordada contra Rosenkrantz. Pero antes la había firmado. Estrechísimos colaboradores de ella afirman que se había plegado a la mayoría por invitación de Lorenzetti. Pero que, cuando Rosenkrantz le hizo notar que el recorte de facultades que se disponía era ilegal, prefirió disentir. La versión se va volviendo truculenta. Según esos íntimos de Highton, Lorenzetti le impidió retirar la firma, razón por la cual tuvo que tachar el texto original. La versión que divulga el entorno de la jueza asegura que el expresidente de la Corte habría amenazado a Highton con inducir una avalancha de recusaciones, basadas en su supuesta parcialidad a favor del Poder Ejecutivo, que convalidó su permanencia en el cargo a pesar de tener más de 75 años. Lorenzetti habría asegurado, siempre de acuerdo con los funcionarios de la ministra, contar con el apoyo de Rosatti y de Maqueda para esa operación.
Lorenzetti no se queda atrás. Sus voceros prometen que, en la sesión de acuerdos de la próxima semana, pedirá una investigación para que se esclarezca por qué hubo un cambio de firma. Sugieren que fue para obedecer a Rosenkrantz por alguna intimidación distinta del argumento jurídico. A estas alturas sería interesante que Highton declarara ante alguna sede que pueda determinar lo que ocurrió.
Es curioso que, a pesar de imputaciones tan poco edificantes, el vínculo de Lorenzetti con la jueza parece conservar su antigua lozanía. Ayer por la tarde el expresidente visitó el despacho de su colega para dejarle un libro de su autoría, con una afectuosa dedicatoria de fin de año. Igual hubo algo raro. La secretaria de Highton cortó el paso a Lorenzetti. Como si quisiera detenerlo. El ministro habrá pensado si no sería mejor retirar también su firma. De la dedicatoria, claro.
La intriga de la Corte se proyecta sobre la política. En la Casa Rosada temen que se haya formado una mayoría que, inspirada en enfrentamientos burocráticos, se exprese en fallos con trascendencia general. El ejemplo más a mano es el del «caso Blanco», en el que Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton fallaron en contra de la Anses. Más allá de las objeciones al criterio adoptado por los jueces, en el corazón del Poder Ejecutivo sospechan que la sentencia corona una maniobra. Para entenderla, aconsejan, hay que prestar atención al juego del PJ exkirchnerista. Extraen conclusiones de una red de relaciones. Lorenzetti tiene un vínculo muy cercano con Guillermo Seita, el operador de prensa y de negocios en cuyas oficinas se lanzaron los cuatro transeúntes de la avenida del medio: Juan Schiaretti, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa.
Vincular a Lorenzetti con ese cuarteto por los servicios comunes de Seita puede ser injusto. Por la misma línea se podría llegar a Amado Boudou, que durante un tiempo fue promovido por ese gestor a la intendencia marplatense. O a Horacio Rodríguez Larreta, a quien Seita ofrece también sus prestaciones. Aunque la proximidad de Larreta puede ser, para el círculo íntimo de Macri, una corroboración de la sospecha: allí creen que Larreta también está en una combinación con Massa, como se advirtió durante el intento de cambio de gabinete de comienzos de septiembre.
Con independencia de alianzas objetivas, Massa quiso sumarse al pronunciamiento de la Corte. Dijo que venía a corregir errores del Gobierno. Debe haber sido una ironía. Porque durante buena parte del período en que, a pesar de la inflación, las jubilaciones no se actualizaban la Anses estaba bajo las órdenes de Massa. Esa injusticia se enmendó gracias a Boudou, que estableció un mecanismo de indexación. En otras palabras: Massa festejó una sentencia que vino a corregir errores de Massa. Por fin una autocrítica.
Hay otro protagonista político en esta urdimbre. Es Elisa Carrió. Enemiga implacable de Lorenzetti, la diputada prestó atención especial a la acordada contra Rosenkrantz. Ella coincide en que hay un túnel entre los jueces y el PJ. Pero lo identifica con Pichetto, no con Seita. Carrió no apunta tanto al recorte de poder como al párrafo en el que se convalida la administración financiera del tribunal. Fue un respaldo a Héctor Marchi, el administrador de Lorenzetti, a quien Carrió acusó de enriquecimiento ilícito. El juez Sergio Torres archivó el caso por inexistencia de delito. Marchi querelló a Carrió, quien se amparó en sus fueros. La Cámara Civil le acaba de negar esa protección.
El aval a la gestión material de Marchi y, por elevación, de Lorenzetti abre una incógnita en la relación de la diputada con Rosatti. El magistrado llegó a la Corte gracias al respaldo de Carrió, quien respalda a poca gente. Los dos compartieron, igual que Maqueda, la Convención Constituyente de 1994. Carrió conversó de este duelo con varios diputados de su bloque. Les dijo: «Por ahora no voy a hablar. Quiero ver cuánto dura la adhesión de Rosatti a Lorenzetti. Pero sepan que en mi cruzada contra Marchi y Lorenzetti no voy a ceder».
Los cambios de alianza dentro del tribunal son incesantes. Si llaman la atención, es porque las enemistades se habían justificado en razones éticas. Macri suele comentar ante su entorno que no entiende cómo Lorenzetti puede asociarse con Rosatti «después de las cosas que me decía de él y de sus asesores». Carrió dice lo mismo de Rosatti en relación con Lorenzetti. No conocen, por lo visto, la lección del filósofo catamarqueño Jorge Díaz Martínez: «En política, la ética es un procedimiento para aplicar al adversario».
Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz,Ricardo Lorenzetti,Juan Carlos Maqueda,Carlos Pagni,Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz,Ricardo Lorenzetti,Conforme a,Horacio Rosatti,,»Fallas en la institucionalidad». Rosatti cuestionó la judicialización de la política por falta de consensos,,Los fallos de la Corte y la rebelde justicia laboral,,Justicia. El hijo de Rosatti quedó primero para ser juez gracias a un último paso de los concursos que ahora la Corte quiere revisar
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