POLITICA
ARCA dejará de apelar en los juicios para gravar con el Impuesto a las Ganancias a las jubilaciones

Tras la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia que dijo que es inconstitucional descontar el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejará de presentar apelaciones en los juicios por ese cobro.
Con esta decisión, no solo los jubilados podrán acortar sus procesos, sino que se reducirá la cantidad de causas por este motivo que se tramitan en la Corte Suprema de Justicia.
Las causas por reajuste de jubilaciones son las que ocupan el 60% de los expedientes de la Corte Suprema de Justicia. Esta medida, si bien se refiere a los casos iniciados por ARCA, tiende a bajar los casos que involucran a jubilados.
ARCA decidió dejar de apelar los fallos que impedían que se aplique el impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios, ante la reiterada jurisprudencia de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, desde 2019, declaró la inconstitucionalidad de esos descuentos para los contribuyentes de la clase pasiva.
A través de la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, ARCA reconoció “la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de haberes jubilatorios” y dispuso cambiar la “estrategia procesal a seguir”: dejar de apelar en este tipo de causas ante el máximo tribunal o desistir de los recursos que ya se han presentado y aún no fueron resueltos.
“Ello, con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, se afirmó. Esto implica además que caerán los casos que estén en la Corte por este motivo.
La decisión tiene su fundamento en el fallo que dictó el 26 de marzo de 2019 la Corte Suprema de Justicia en la causa conocida como “García, María Isabel c/ AFIP s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, en la que se declaró la inconstitucionalidad de la norma que gravaba con el impuesto a las ganancias los haberes jubilatorios de la contribuyente. El caso se hizo conocido en el mundo jurídico como “el fallo García”.
En aquel momento, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que era inconstitucional cobrar el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones.
El fallo sostuvo que el principio de igualdad que surge de los artículos 16 y 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, impide clasificaciones y categorizaciones discriminatorias entre contribuyentes.
Indicaron que si bien el Poder Legislativo tiene una amplia libertad para ordenar, agrupar, distinguir y clasificar los objetos y sujetos imponibles, el establecimiento de categorías para la percepción de los impuestos debe ser compatible con el principio de igualdad.
Al momento de presentar la demanda, en 2015, la jubilada tenía 79 años, graves problemas de salud y los descuentos en su haber jubilatorio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.
Según estableció la Corte, “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad, lo cual implica que se requiera de mayores gastos para hacer frente a tal situación, siendo que, en el caso, la contribuyente tenía 79 años al momento de interponer la demanda y padecía problemas de salud que se tuvieron por acreditados”.
En ese contexto, en aquel fallo, la Corte puso en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue ese factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial y ordenó reintegrar a la actora desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran retenido por aplicación de las normas descalificadas.
Y, por último, dispuso que hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto, no podrá descontarse suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional.
El máximo tribunal resolvió de manera colectiva, aplicando la doctrina en distintos fallos, entre los cuales destacó que las modificaciones introducidas en la ley no alteraban el criterio jurisprudencial.
La Corte dijo que las modificaciones estuvieron fundadas en criterios patrimoniales que no revelaban un trato diferenciado para la tutela de personas jubiladas y en condiciones de vulnerabilidad.
Según la instrucción de ARCA, “los representantes fiscales no deberán interponer recursos extraordinarios contra los decisorios respectivos ni recursos de queja ante la denegatoria de los remedios federales ya presentados” y “en aquellos juicios en los cuales se haya interpuesto el remedio federal y el mismo aún no hubiera sido sustanciado, los representantes fiscales deberán proceder a su desistimiento”.
En ese marco, se destacó que “cuando el temperamento adoptado por la Cámara Federal de Apelaciones que corresponda implique el rechazo sistemático de los recursos de apelación articulados por el organismo contra las sentencias dictadas en primera instancia, los representantes fiscales deberán consentir las mismas respecto de la cuestión de fondo y, en su caso, proseguir la vía recursiva con relación a la imposición de honorarios profesionales y costas en contra del organismo. Ello, con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.
Se aclaró que esta estrategia no aplicará “en aquellos supuestos en los que la actora carezca de legitimación activa (como asociaciones o colegios) ni en “aquéllos juicios en los que la representación fiscal considere que, por alguna circunstancia fáctica, existen posibilidades de revertir el criterio de la instancia judicial”.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Senado: La Libertad Avanza consiguió el dictamen para el acuerdo con los bonistas del 2001 y buscará aprobarlo la semana que viene

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado logró dictamen en comisión del acuerdo con los acreedores que litigaron contra la Argentina en tribunales de Nueva York por el default de 2001. El Gobierno aseguró que la adenda enviada al Senado no modifica el monto total del acuerdo ni amplía obligaciones para el Estado.
Según adelantó la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, la idea es tratar el proyecto en el recinto la semana que viene.
El oficialismo obtuvo apoyo para avanzar con el acuerdo alcanzado con bonistas que no ingresaron a los distintos canjes de deuda y mantuvieron litigios contra la Argentina en tribunales estadounidenses. La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial para el país.
La explicación técnica del entendimiento estuvo a cargo del procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija. Los funcionarios defendieron ante senadores la adenda remitida por el Poder Ejecutivo, luego de que el acuerdo fuera retirado del recinto la semana pasada y reenviado a comisión.
Cambios en la adenda y correcciones al listado de bonos
Sebastián Amerio sostuvo que el primer dictamen fue descartado por un “error material” y explicó que “hubo una actualización en el listado de bonos debido a que el anterior texto contemplaba montos prescriptos y que se incorporaron otros que habían quedado afuera de la redacción. La suma a pagar por el Estado argentino sigue en 171.000.000 de dólares”.
Según el texto oficial, la adenda modificó únicamente el listado de bonos incluidos en el Anexo A para reflejar la situación real de tenencia informada por los acreedores. El Ejecutivo insiste en que la actualización “no altera el monto del acuerdo, no amplía obligaciones para la República Argentina y no genera exposición adicional alguna”.
Además, el Gobierno remarcó que el acuerdo establece una exoneración total para el Estado argentino y precisó que el monto final fue calculado exclusivamente sobre sentencias firmes emitidas por tribunales estadounidenses contra acreedores que actualmente poseen esos fallos.
El respaldo oficialista y las dudas opositoras
La reunión fue encabezada por Agustín Monteverde, titular de Presupuesto y Hacienda, y Martín Goerling Lara, presidente de Economía Nacional e Inversiones. Allí se ratificó el entendimiento con los acreedores que quedaron fuera del canje posterior al default y se avaló la autorización para cancelar las obligaciones derivadas de esos litigios.
El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, afirmó que “estos juicios y sentencias generan perjuicios al país. Siempre estuvo claro que cualquier acuerdo debía pasar por el Congreso Nacional”.
La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, adelantó que el proyecto será tratado en el recinto la próxima semana. Desde la oposición, los senadores justicialistas Jorge Capitanich y Fernando Salino plantearon cuestionamientos sobre el contenido del acuerdo.
El entendimiento sellado en Nueva York
El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. El texto exige aprobación legislativa para su implementación.
El proyecto fue remitido al Senado con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Más tarde, Patricia Bullrich dispuso su giro a las comisiones correspondientes.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El acuerdo establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.
El entendimiento prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.
Deuda, Senado, Patricia Bullrich
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El Gobierno enviará tropas al Ártico para un ejercicio militar con Canadá

El gobierno argentino enviará tropas al Ártico para que participen como observadoras de una operación militar con Canadá. Se trata de un nuevo gesto de acercamiento a un país que forma parte de la OTAN.
Al ejercicio del que participarán se lo conoce como Nanook y es la operación insignia de las Fuerzas Armadas Canadienses (CAF) en el Ártico.
Este movimiento de tropas argentinas no requiere autorización del Congreso porque van como observadoras, informaron fuentes del Gobierno.
Según relataron, es un ejercicio que “se encuentra en proceso de transición hacia una operación multidominio y de carácter casi permanente, con el propósito de detectar, disuadir y responder ante amenazas en el Ártico, consolidando al mismo tiempo la presencia sostenida de las CAF en esa región estratégica”.
La Operación Nanook se realiza anualmente desde 2007 y, desde entonces, ha ampliado tanto su alcance como la participación de socios internacionales, informaron las fuentes oficiales argentinas, que dijeron que tras esta última reestructuración, el ejercicio ahora contempla hasta siete despliegues anuales, cada uno de ellos diseñado para cumplir con objetivos operacionales específicos en el entorno ártico.
El 1° de mayo, Milei mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El diálogo se dio desde la residencia oficial de Olivos y se conoció a través de una foto difundida por Presidencia, en la que se lo ve a Milei acompañado por el traductor oficial, Walter Kerr.
Milei y Carney tienen perfiles contrapuestos, como quedó claro en sus respectivos discursos en el Foro de Davos. Además, mientras que el mandatario argentino tiene una estrecha y fluida relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, Carney fue objeto de varios dardos por parte de este.
En enero último, Carney se convirtió en blanco de la ira de Donald Trump, luego de una escalada que comenzó precisamente en el Foro suizo, y luego de lo cual, el estadounidense le retiró la invitación a participar de su flamante Consejo de la Paz.
En Suiza, Trump dijo que “Canadá vive gracias a Estados Unidos”, lo que fue respondido poco después por Carney, que afirmó que su país prospera gracias a los valores canadienses. El primer ministro señaló entonces que Canadá puede mostrarle al mundo que el futuro no tiene que ser autocrático.
Ese cruce derivó en que Trump le saque a Carney la invitación para participar del Consejo de la Paz, al que sí invitó a Milei, quien asistió en febrero pasado.
El discurso de Carney que sorprendió en Davos
Carney habló en Davos de “la ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción”.
Carney agregó: “Pero también les diré que los demás países, en particular las potencias medias como Canadá, no son impotentes. Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que integre nuestros valores, como el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados”.
le retiró la invitación a participar de su flamante Consejo de la Paz.,Carney,Canadá,OTAN,Fuerzas Armadas,Conforme a,Canadá,,Programado. Calendario de la Fórmula 1 2026: cómo sigue el Campeonato Mundial,,»Es un escándalo». La preocupación de los propietarios de hoteles ante la poca cantidad de reservas antes del inicio del Mundial,,Cómo ver el Mundial. La TV argentina se prepara para el torneo más televisado y extenso de la historia
POLITICA
El Gobierno negoció compensaciones con provincias del norte para recortar subsidios por Zonas Frías

A poco menos de 24 horas para la sesión en la Cámara de Diputados, los libertarios se mostraban confiados de tener los votos suficientes para darle media sanción al recorte de subsidios al gas por Zonas Frías. “Estamos bastante justos, pero va a haber concesiones en materia energética a varias provincias”, resumió un vocero del oficialismo.
El proyecto libertario restringe el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.
Sin embargo, los libertarios aseguran “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.
Según fuentes oficiales, volver al esquema original representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Por lo tanto, la negociación con los gobernadores será determinante.

Los diputados libertarios aclararon que el texto no sufrirá nuevas modificaciones más allá de las que se hicieron a la hora de firmar el dictamen. Por lo tanto, las “compensaciones” que negoció el ministro de Interior Diego Santilli con un grupo clave de provincias “cálidas” se harán por vía de subsidios a la energía eléctrica. Para esto se necesitará solamente una resolución del Ministerio de Economía. Entre las beneficiadas se destacan Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.
“Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de ‘zona fría’, porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a ‘zonas calientes’”, detallaron desde el oficialismo.
En la previa de la sesión, el bloque Provincias Unidas dejó trascender que no daría quórum complicando el panorama para el oficialismo. En especial los diputados de Córdoba, que responden al gobernador Martín Llaryora, se mostraron muy activos en las redes sociales para criticar el proyecto libertario.
“Sin ellos tenemos lo necesario para el quórum”, advirtieron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, reconocieron que el verdadero desafío será sostener los 129 diputados presentes durante toda la sesión, ya que Zonas Frías será el último punto del temario.
Por otro lado, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.
Además, el temario oficialista incluirá la denominada ley Hojarasca, que busca eliminar 70 normas que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales. También se debatirán tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.
La semana pasada, un sector de la oposición había convocado a una sesión para comenzar el largo camino legislativo para interpelar, y eventualmente remover de su cargo, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El objetivo era emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para obligar a los libertarios -que controlan ambas comisiones- a tratar todos los pedidos de interpelación contra Adorni. Pero la oposición quedó lejos de llegar al quórum por la reticencia de los gobernadores a confrontar con la Casa Rosada. Por eso, pidieron postergar la convocatoria para este miércoles.
Ante ese escenario, La Libertad Avanza recurrió a una conocida maniobra de la Cámara de Diputados: convocó a una sesión para el mismo día pero una hora antes. Entonces, si los libertarios consiguen el quórum, quedará virtualmente bloqueada la convocatoria de la oposición.
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