Hace una década, Marie-Hélène Brice, una mujer desempleada y madre de dos niños pequeños, consiguió una entrevista de trabajo con Christian Nègre, quien era entonces un alto funcionario en el este de Francia.

Nègre sugirió mantener la conversación al aire libre, dijo Brice. Mientras hablaban y caminaban por la orilla de un río cercano, Brice sintió unas ganas de orinar “tan repentinas, tan punzantes, tan terribles” que no pudo contenerlas, dijo. El dolor, recordó, parecía de parto.

“Incluso después de empaparme literalmente el vestido, seguía sintiendo dolor en la vejiga y necesitaba orinar”, dijo Brice, que ahora tiene 39 años. Volvió a orinar y se refugió contra un muro bajo, desconcertada por lo que había ocurrido.

Dos años después, la policía le dijo que estaba investigando acusaciones de que Nègre, director de recursos humanos, había introducido diuréticos en bebidas que ofreció a más de 100 mujeres con las que se había reunido para entrevistas de trabajo entre 2009 y 2018. Estos productos químicos suelen recetarse para la hipertensión arterial y, como efecto secundario, aumentan la producción de orina.

Las causas judiciales resultantes, que aún no llegan a juicio, han atraído una atención renovada en un país que sigue conmocionado por la devastadora historia de Gisèle Pelicot, que ahora tiene 73 años y que fue drogada y violada por quien era su esposo, Dominique Pelicot, y por decenas de hombres a los que invitó a abusar de ella con él.

La lentitud del proceso judicial ha suscitado la preocupación de los activistas de que Francia alberga una indiferencia social a la hora de abordar los malos tratos a las mujeres. También ha reavivado la preocupación, ya antigua, de que el sistema judicial francés esté mal equipado para hacer frente a este tipo de abusos, sobre todo a gran escala.

Además de una investigación penal más amplia en la que están implicadas cientos de mujeres, al menos 10 de ellas han demandado al Estado francés por no haber detectado durante mucho tiempo el abuso de poder sistemático de un alto funcionario. En algunos de esos casos, los tribunales aún no han llegado a un veredicto; en otros, absolvieron al Estado de responsabilidad al tiempo que dictaminaron que las mujeres tenían derecho a una indemnización.

“Hay problemas en todos los niveles” en el caso de Nègre, dijo Sandrine Josso, legisladora francesa que convirtió la lucha contra la “sumisión química” –el acto de drogar a alguien en contra de su voluntad– en una causa nacional después de ser drogada por otro miembro del Parlamento.

“Seguimos profundamente enquistados en una cultura de violación”, dijo Josso.

Nègre admitió en una entrevista concedida en 2019 a un periódico nacional francés que había drogado a “10 o 20” mujeres en París, pero no especificó a qué mujeres se refería y desde entonces no ha hablado públicamente. A través de su abogada, Vanessa Stein, Nègre se negó a hacer comentarios para este artículo porque, dijo Stein, la investigación policial está en curso.

Nègre, funcionario de carrera, se incorporó al Ministerio de Cultura francés en 2010. Trabajó primero como director de recursos humanos en su sede en París, antes de asumir otro alto cargo en 2016 en la delegación del ministerio en el este de Francia.

Nègre fue denunciado por primera vez a las autoridades tras ser acusado de tomar fotos de las piernas de una mujer bajo una mesa durante una reunión en 2018. Tenía tanta fama de tomar ese tipo de fotos que sus colegas lo apodaban “el fotógrafo”, según testimonios de sus compañeros compartidos ante el tribunal durante un juicio contra el Estado francés.

Según los fiscales, la policía investigó entonces los aparatos electrónicos de Nègre y encontró algo aún más sorprendente: una hoja de cálculo en la que figuraban 181 mujeres a las que Nègre parecía haber entrevistado y drogado.

La hoja de cálculo, titulada “Experimentos P”, contenía detalles sobre cada encuentro y sobre cómo reaccionaron las mujeres a la droga, según las mujeres que figuraban en la hoja de cálculo, quienes dijeron que la policía les había leído partes de su contenido.

Siete mujeres me describieron sus encuentros con él, al igual que dos de sus abogados. Tres mujeres hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar con más libertad de una experiencia traumática.

Algunas de las mujeres dijeron que ya eran colegas de Nègre cuando este se acercó a ellas. Otras dijeron que eran personas externas que habían solicitado un empleo.

Otras más dijeron que aceptaron reunirse con él después de que las invitara de improviso, a veces a través de LinkedIn, a entrevistarse para puestos vacantes que, en algunas ocasiones, no existían. Al menos en un caso, una mujer dijo que fue invitada a entrevistarse para una vacante real para la que, en retrospectiva, llegó a la conclusión de que realmente no estaba considerada.

Nègre solía ofrecer a las solicitantes té y café mezclados con diuréticos, según los fiscales y las mujeres, antes de sugerirles que hablaran en el exterior, dijeron. Luego las llevaba a dar un paseo de varias horas, dijeron, lejos de cualquier baño accesible.

Anaïs de Vos, quien conoció a Nègre en 2011 en París tras solicitar un puesto de secretaria, dijo que intentó aguantar todo lo que pudo. Cuando De Vos, que entonces tenía 28 años, llegó por fin al baño de un café, ya se había orinado encima. “En realidad, nunca me había sentido tan mal como aquel día”, dijo en una entrevista telefónica.

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La mayoría de las mujeres dijeron que se sintieron mal físicamente durante horas o días después de las entrevistas. Algunas dijeron haber sufrido graves consecuencias en su salud, incluidos problemas urinarios a largo plazo.

Las consecuencias también fueron psicológicas. Sylvie Delezenne, quien tenía 35 años cuando conoció a Nègre en 2015, nunca pudo encontrar otro trabajo. “Estaba traumatizada”, dijo en una entrevista. “Realmente pensé que era una inútil, que era una incompetente”.

Aurore Jeunot, quien tenía 24 años cuando conoció a Nègre en 2013, dijo que se desmayó en la estación de tren de camino a casa después de la entrevista, y pensó que era una reacción de su cuerpo a la vergüenza que sentía.

“Había dedicado toda mi vida a una carrera en el Ministerio de Cultura o en un gran museo nacional; todos mis estudios se habían orientado hacia eso”, dijo. “Pues bien, renuncié a ello”.

En octubre de 2018, Nègre fue despedido de su trabajo. Varios meses después, la fiscalía lo acusó formalmente de administrar sustancias nocivas, ejercer violencia como funcionario público, invadir la intimidad y cometer agresión sexual, por actos que la fiscalía enumeró como cometidos entre 2009 y 2018.

Cuando el periódico francés Libération le pidió que comentara al respecto en 2019, hizo una admisión parcial, y reconoció que había tomado algunas fotos y administrado drogas a “10 o 20” mujeres. “Ojalá alguien me hubiera detenido antes”, dijo. “Era compulsivo, pero no tenía intención de envenenar a esas mujeres”.

Para entonces, algunas mujeres cuyos nombres no aparecían en la hoja de cálculo se habían enterado del caso por los medios de comunicación.

Se pusieron en contacto con la Fundación de las Mujeres, una organización sin fines de lucro que ofreció su grupo de abogados para ayudar a las mujeres a emprender acciones legales.

Pero durante años, ocurrió poco. Al menos 10 mujeres presentaron demandas contra el Ministerio de Cultura.

Un tribunal administrativo dijo que siete mujeres debían recibir una indemnización económica, pero afirmó que el ministerio no era culpable de no protegerlas, según documentos judiciales y un abogado implicado en el caso. En junio, un tribunal de París evaluará los casos de al menos otras tres mujeres.

En la causa penal separada, los fiscales aún no han terminado su investigación y un tribunal aún no ha decidido si Nègre debe ser juzgado.

El pasado julio, la Fundación de las Mujeres criticó en un comunicado la “insoportable lentitud” del sistema judicial, del que dijo que era “incapaz de gestionar un caso de esta magnitud”.

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Laure Beccuau, fiscal que dirige la investigación, no respondió a las solicitudes de comentarios. En una declaración pública realizada en febrero, su oficina dijo que estaba trabajando con múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley para intentar cerrar el caso antes de finales de año. Hasta la fecha, los investigadores han identificado a 248 víctimas potenciales y 180 se han vuelto parte del caso de manera oficial.

La frustración de las denunciantes se amplificó cuando, en octubre, un periódico francés reveló que Nègre había seguido trabajando con otra identidad e impartía clases de recursos humanos en universidades y trabajaba como consultor en otra parte de Francia.

Aunque la causa penal aún no ha llegado a los tribunales, ha empezado a ganar más tracción en el discurso público. En 2019, un periódico francés calificó el caso de “una historia para mearse encima”. El año pasado, por fin pareció tomarse más en serio.

Josso, la legisladora, invitó a unas 40 de las mujeres implicadas en el caso a contar su historia en octubre en el Parlamento francés. Era la primera vez que se escuchaba a alguna de ellas en un entorno institucional, dijo Josso.

Después, algunas demandantes empezaron a conceder entrevistas a destacados medios de comunicación y a hacer publicaciones en las redes sociales. Varias dijeron que se sentían alentadas por el caso Pelicot y los estereotipos que disipó sobre la violencia sexual y la sumisión química.

“Gracias a Gisèle Pelicot”, dijo Jeunot en un video ampliamente compartido en las redes sociales, “ya no me avergüenzo”.

Three in 10 voters believe the recent assassination attempt against President Donald Trump at the White House Correspondents’ Association dinner was staged, according to a Fox News national survey. 

Thirty percent say the shooting was fabricated, including 13% of voters who think it was «definitely» staged. That said, a narrow 52% majority believes the attack was real, with nearly one-third saying it «definitely» happened (31%). 

One in five is unsure whether it was real or fake (18%). 

FOX NEWS POLL: VOTERS SEE AI AS A RISK TO PRIVACY AND PAYCHECKS

The alleged gunman behind the April 25 attack, Cole Tomas Allen, has pleaded not guilty to the four felony charges filed against him by the Justice Department. The incident marked the third attempt on Trump’s life, following two separate assassination attempts in 2024.

Public attitudes surrounding the attack suggest the erosion of a shared reality may have reached a critical tipping point.  Most notably, the partisan divide on the attack’s authenticity is stark.  The survey finds almost half of Democrats (49%) and voters who backed Democratic presidential candidate Kamala Harris in 2024 (48%) believe the shooting was staged, while just 10% of Republicans say the same.

Meanwhile, 79% of Republicans believe the event was real, as do 77% of 2024 Trump voters.  That number climbs to 87% among Republicans who identify as MAGA supporters.  By comparison, just 31% of Democrats agree the attack was real.

Views among independents are mixed: 41% say it was real and 34% believe it was staged.

Uncertainty about whether the incident was real or not is highest among independents, with one quarter unsure (25%), followed by 2 in 10 Democrats (21%), and 1 in 10 Republicans (11%).

FOX NEWS POLL: 56% DOUBT WHITE HOUSE’S COMPETENCE AT MANAGING GOVERNMENT

Republicans under age 45 are more than five times as likely as older Republicans to think the shooting was staged (22% vs. 4%). 

Republican pollster Daron Shaw, who conducts Fox News polls with Democrat Chris Anderson, stresses that the assassination attempt was undoubtedly real, warning that a growing denial of facts threatens the political process.

«When partisan polarization and political cynicism prevent us from agreeing on a common and obvious set of facts, it undercuts our ability to diagnose problems and develop policy solutions,» Shaw says. «This is especially troubling given that younger voters are among the most cynical about our politics and institutions.»

«These findings show what happens when public skepticism becomes embedded in the political culture,» adds Anderson. «When people are told that every major event could be manipulated or manufactured, disbelief itself becomes the default reaction.»

Voters under age 35 are nearly twice as likely as those ages 65 and over to think the shooting was fabricated (38% vs. 20%), as seniors are among those most likely to say it was real (65%).

There’s also a gender gap, as more women (35%) than men (25%) consider it staged. 

More than 6 in 10 White evangelical Christians believe the shooting happened, while 2 in 10 don’t.

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Conducted May 15-18, 2026, under the direction of Beacon Research (D) and Shaw & Company Research (R), this Fox News survey includes interviews with a sample of 1,002 registered voters randomly selected from a national voter file. Respondents spoke with live interviewers on landlines (109) and cellphones (635) or completed the survey online after receiving a text (258). Results based on the full sample have a margin of sampling error of ±3 percentage points. Sampling error for results among subgroups is higher. In addition to sampling error, question wording and order can influence results. Weights are generally applied to age, race, education, and area variables to ensure the demographics are representative of the registered voter population. Sources for developing weight targets include the most recent American Community Survey, Fox News Voter Analysis, and voter file data.

Fox News’ Victoria Balara contributed to this report.

Two Americans have died in the Philippines during a military engagement that the government said involved communist-linked groups.

Lyle Prijoles, 40, and transgender woman Kai Dana-Rene Sorem, 26, were among the 19 people killed last month during a firefight between the Philippine Army and suspected members of a communist insurgency.

The U.S.-born Filipino Americans are now at the center of a disputed encounter, with critics alleging the two were active combatants for the New People’s Army (NPA), the armed wing of the Communist Party of the Philippines (CPP), which has been designated a foreign terrorist organization by the U.S. State Department. Human rights groups and the NPA, however, reportedly maintain that the pair were civilian activists who posed no military threat.

According to the City Journal, the two Americans were first exposed to left-wing ideology through college-linked institutions that critics say helped pave the way to involvement with groups the Philippine government has long argued serve as fronts for the CPP.

FAMILIAR PROTEST GROUPS MOBILIZE IMMEDIATELY AFTER ICE SHOOTING OF MINNESOTA PROTESTER

«This brings to two (2) the number of U.S. citizens—Lyle Prijoles and Kai Dana-Rene Sorem—who died in the same incident, a development that highlights the increasing involvement of individuals from outside the Philippines in local armed hostilities,» the Philippines’ National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) said.

«The presence of two American fatalities in a single encounter should prompt careful reflection on how involvement in certain activities or networks may lead to unintended exposure to dangerous environments.»

On April 19, Philippine troops engaged in an armed encounter in Toboso, Negros Occidental, according to the NTF-ELCAC. The agency characterized the 19 dead as enemy combatants during an operation aimed at dismantling the decades-long communist insurgency in the Philippines.

On the other hand, family members and human rights advocates reportedly described Prijoles and Sorem as dedicated civilian community activists. The NPA acknowledged that 10 of those killed were members of its armed revolutionary force, but claimed the remaining victims — including several activists such as Prijoles and Sorem — posed no military threat, the San Francisco Standard reported.

INSIDE THE FAR LEFT ‘BREEDING GROUND’ UNIVERSITIES ALLEGED WHCD CALLED HOME FOR YEARS

Members of the League of Filipino Students (LFS) from various schools and universities clash with the police in Manila on Nov. 13, 2025. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

In 2012, Prijoles, a Filipino American born and raised in San Diego, California, was involved with Anakbayan, which translates to «Children of the Nation,» a prominent left-wing youth and student organization founded in the Philippines in 1998. Anakbayan-USA operates across several major U.S. college campuses and has drawn scrutiny from critics over its opposition to U.S. involvement in the Philippines. 

His activism reportedly began after attending San Francisco State University around 2004, when he joined the League of Filipino Students (LFS), a left-wing political alliance rooted in Marxist, Leninist and Maoist ideology, the City Journal said.

After 2006, Prijoles reportedly made several trips to the Philippines organized by Bayan USA, another left-wing activist network. The Philippine government has alleged that both organizations function as fronts for the Communist Party of the Philippines (CPP).

Prijoles also may have harbored animosity toward the Armed Forces of the Philippines after his friend — the father of his godchild and chairperson of the U.S. chapter of the International Coalition for Human Rights in the Philippines — survived a 2019 assassination attempt that left him paralyzed, according to City Journal.

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Philippine Navy personnel are deployed to the area as members of the League of Filipino Students (LFS) from various schools and universities march towards the U.S. Embassy in Manila on Nov. 13, 2015. (George Calvelo/NurPhoto)

Meanwhile, Kai Dana Sorem was a Filipino American from Seattle whose political development was initially shaped by a search for personal and cultural identity, according to advocacy group Malaya Movement.

Her early political involvement reportedly included serving as a legislative page for the Washington State Democratic Party. Sorem later deepened her activism within left-wing Filipino diaspora organizations while attending the Central Washington University in 2020. She later launched the South Seattle chapter of Anakbayan, Malaya Movement said.  

In 2025, Sorem reportedly traveled to the Philippines on a U.S.-based exposure trip, and by 2026, she had relocated to the country full-time to work as an organizer.