La Justicia se negó a suspender el proceso de licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Rechazó un pedido de la diputada Marcela Pagano, que denunció irregularidades en ese proceso administrativo.

La decisión contra el pedido de Pagano fue del juez federal Daniel Rafecas, luego de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan en este sentido.

El martes pasado, se conoció la oferta económica que presentaron las compañías belgas Jan De Nul NV–Servimagnus SA y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME) para quedarse con la concesión.

En medio de este proceso, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, denunció el viernes pasado una serie de irregularidades.

Sostuvo que, tal como están redactados los pliegos, existe una limitación a la participación de algunos competidores, que se omitió hacer la debida la evaluación de impacto ambiental, que hay distorsiones en la forma de evaluar las ofertas y que se limita la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes.

La Hidrovía Paraguay-Paraná es la vía que transitan los barcos que transportan el 80% de las exportaciones argentinas de granos y sus derivados.

La diputada Pagano denunció un direccionamiento en la licitación y, como medida cautelar de no innovar, pidió suspender el trámite, pero el fiscal Marijuan entendió que no estaba probado que hubiera una manifiesta ilegalidad. Lo mismo había sostenido esta semana en la otra causa referida a la Hidrovía, que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello. En los dos casos el fiscal es Marijuan, que tiene las dos investigaciones delegadas.

El pedido de Pagano buscaba suspender de manera inmediata el proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Además, hubo una denuncia de Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que había advertido sobre supuesto direccionamiento y fraude al Estado.

Con esta resolución, el proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para el dragado y balizamiento del corredor fluvial más importante del país podrá continuar su curso mientras avanza la investigación penal.

En sintonía con el dictamen del fiscal Marijuan, el juez Rafecas señaló que, debido a que las decisiones de la administración pública gozan de presunción de legitimidad, para dictar una cautelar es requisito ineludible comprobar una “manifiesta ilegalidad o arbitrariedad”.

El fallo sostiene que las denuncias presentadas se basan en la “presunción de un futuro hecho ilícito”.

El magistrado argumentó que, al encontrarse la investigación en sus inicios, no existe la convicción suficiente ni se ha logrado acreditar la “verosimilitud del derecho invocado”.

Concluyó que no se demostró un peligro concreto, actual e inminente en la demora que derive de circunstancias fácticas ya comprobadas en el sumario.

El juez decidió no hacer lugar a la suspensión y ordenó remitir la causa al fiscal para que continúe la investigación de fondo en el asunto.

Las denuncias describen un presunto esquema de corrupción diseñado para asegurar la concesión a un único oferente, generando un monopolio de facto y un daño multimillonario al Estado.

Pagano denunció que los pliegos fueron redactados con exigencias específicas para excluir a empresas con capitales chinos que son competidoras de la belga Jan de Nul.

Según la denuncia, la empresa belga Jan de Nul se presenta como oferente principal, pero funcionaría como fachada para “socios ocultos” mediante subcontratos no declarados.

Entre ellos, mencionó al Grupo Neuss, que supuestamente se queadría con el 50% del contrato; al Grupo Román y al expresidente Mauricio Macri.

Los hermanos Juan y Patricio Neuss vienen ampliando su presencia en áreas estratégicas de la economía.

En los últimos meses, participaron de adquisiciones y concesiones vinculadas al negocio energético y quedaron asociados al proceso de privatización de activos clave: lograron la adjudicación del 26,3% de Transener, empresa encargada de administrar la red troncal de transporte de energía eléctrica de alta tensión en todo el país, y se quedaron con las concesiones de las represas Alicurá, Cerros Colorados y Potrerillos, ubicadas en Río Negro, Neuquén y Mendoza.

Neuss completó el círculo al tener presencia en la generación, el transporte y la distribución, donde ya controlaba la distribuidora Edersa, en Río Negro.

Pagano también incluyó en su denuncia una alusión a la presunta incorporación al expediente licitatorio de “documentación falsificada atribuida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Además, afirmó que el negocio del balizamiento ya estaría “comprometido de antemano” a favor de los empresarios Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías.

Como marco de estas irregularidades, destacó que el proceso estaría siendo monitoreado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, al existir sospechas sobre los “socios ocultos” detrás de la licitación.

Por su parte, la denuncia de Fernando Míguez señaló que el pliego exige un “calado de 44 pies de cumplimiento inmediato”, una condición que solo puede satisfacer en la región Jan de Nul.

Míguez señaló al asesor presidencial Santiago Caputo, como el planificador de la maniobra, y al ministro de Economía, Luis Caputo, como autoridad de supervisión, junto con funcionarios de la Subsecretaría de Puertos y la AGP.

El Tribunal Oral Federal 8 condenó este jueves a dos exfuncionarios de la Cámara de Casación Federal, el máximo tribunal penal del país, por formar parte de una maniobra que intentó garantizar la impunidad del sindicalista José Luis Pedraza en la investigación por el asesinato del sindicalista y militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

El exjuez federal de primera instancia y exsecretario de la Casación Octavio Luis Aráoz de Lamadrid fue encontrado culpable del delito de tráfico de influencias agravado y condenado a cinco años de prisión por buscar influir en aquel proceso judicial, valiéndose de su paso como secretario del excamarista Eduardo Rafael Riggi.

Luis Ameghino Escobar, en tanto, un exfuncionario a cargo de los sorteos de la Casación, fue condenado a tres años de prisión condicional por ser partícipe necesario del mismo delito.

El fallo fue dado a conocer hoy en la última audiencia del juicio oral. Fue firmado por el juez Nicolás Toselli y las magistradas María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer. Los fundamentos se conocerán el 5 de agosto.

Las condenas estuvieron parcialmente alineadas con las que solicitó el fiscal del juicio, Marcelo Colombo. Según la acusación fiscal, Aráoz de Lamadrid y Escobar habrían vendido la posibilidad de injerir en el expediente que revisaba en la Casación el procesamiento de José Luis Pedraza, el extitular de la Unión Ferroviaria que fue luego condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010.

El tribunal también sostuvo que la conducta de un tercer involucrado en la trama, Ángel Stafforini, directivo de Belgrano Cargas, era constitutiva de cohecho activo, es decir, del pago de coimas, pero declaró la prescripción del delito y no fue condenado.

La cuarta imputada, Susana Rita Planas, también directiva de Belgrano Cargas, fue absuelta; y un quinto imputado, el espía de la SIDE Juan José Riquelme, que se jactaba de tener contactos en todos los niveles de la Justicia y respondía en los hechos a Pedraza, falleció durante el proceso.

En esta causa se revisó la puesta en marcha de un plan para garantizar la impunidad del sindicalista Pedraza. La Justicia activó escuchas telefónicas, allanamientos y otras medidas para recabar pruebas. Entre ellas, figura una factura de 2010 por un total de 370.000 pesos (cerca de 90.000 dólares) que Aráoz de Lamadrid emitió al Belgrano Cargas, el mismo día en que la fiscalía pidió la indagatoria de Pedraza en la causa principal.

También se incluyen fotografías e informes de inteligencia, 50.000 dólares secuestrados en la oficina de Aráoz Lamadrid y diversos mensajes entre los imputados. Algunos de ellos refieren a Escobar, el funcionario a cargo de los sorteos, como “el hombre de las teclas”.

Las defensas de los imputados sostuvieron sin embargo que no es posible vulnerar el sistema de sorteo de la Casación, que utiliza un algoritmo aleatorio imposible de manipular ni de predecir.

“Me informan del otro lado que son verdes”, señala Riquelme en uno de las comunicaciones interceptadas por la Justicia. “Me están allanando el estudio por este tema, corten todos los teléfonos”, le advertía Lamadrid a Stafforini, en otra.

Las condenas quedaron por debajo del pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que es querellante en el caso y había reclamado ocho años de prisión para Aráoz de Lamadrid y seis para Escobar.

El manifestante Ferreyra fue asesinado por un grupo de integrantes de la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010, durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban un pase a planta permanente.