Armando Cavalieri,el acuerdo salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA),Paritarias,Conforme a

El Gobierno le baja el tono a los nuevos aranceles dispuestos por Donald Trump y destaca que la Argentina quedó alcanzada por la tasa mínima del 10%. Además, en el Ejecutivo reconocen que no esperan una aplicación integral del acuerdo comercial en el corto plazo porque todavía depende de definiciones jurídicas y regulatorias de Estados Unidos sobre las que no tienen garantías.

En la Casa Rosada validan la lectura de que el alineamiento político entre Javier Milei y Donald Trump contribuyó a que la Argentina conservara el tratamiento preferencial que había conseguido con el entendimiento firmado en febrero. “La posición argentina no cambió”, resumen en el oficialismo.

El Ejecutivo interpreta que la administración republicana encontró una nueva herramienta jurídica para sostener el esquema arancelario después de que la Corte Suprema estadounidense limitara la utilización del mecanismo original con el que Trump había impulsado su política comercial. La nueva base legal quedó respaldada por la investigación que llevó adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre importaciones vinculadas con trabajo forzoso.

En Nación remarcan que ese capítulo ya formaba parte del acuerdo bilateral. La Argentina había asumido compromisos para reforzar la prohibición y el control sobre el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso, uno de los puntos que ahora permitió al USTR mantener el arancel del 10% y preservar las principales excepciones negociadas para las exportaciones nacionales.

La Casa Rosada, sin embargo, sostiene que el entendimiento con Estados Unidos excede ampliamente la cuestión arancelaria. El acuerdo también incorpora compromisos vinculados con propiedad intelectual, patentes, normas regulatorias, barreras no arancelarias, cooperación comercial y otros aspectos que todavía requieren documentación y pasos formales de la administración estadounidense.

Es por ese motivo que el oficialismo no prevé impulsar en el corto plazo el tratamiento parlamentario del acuerdo comercial. En despachos oficiales aseguran que esperan que Washington complete la instrumentación del entendimiento antes de avanzar con el envío o la discusión integral del texto en el Congreso.

Ese criterio alcanza también al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La iniciativa cuenta con dictamen, pero no integra la agenda legislativa inmediata. En Balcarce 50 explican que prefieren esperar la evolución del acuerdo bilateral antes de abrir una discusión sobre uno de los capítulos más sensibles del vínculo comercial con Estados Unidos.

La estrategia oficial apunta a evitar un tratamiento parcial del entendimiento. En el Ejecutivo consideran que el acuerdo debe analizarse como un paquete integral y no únicamente desde la óptica arancelaria, que ya comenzó a implementarse mediante la nueva decisión del USTR.

Leé también: El Gobierno planea una megasesión en Diputados y apunta a aprobar pliegos judiciales clave en Senado en agosto

En paralelo, el Gobierno busca sostener el vínculo político con la administración republicana. La Casa Rosada considera que la relación con Washington seguirá siendo uno de los ejes centrales de la política exterior y apuesta a profundizar la cooperación económica, comercial y estratégica durante el segundo semestre.

En ese marco, Milei prepara un nuevo viaje a Estados Unidos para octubre. El Presidente difundió en sus redes sociales la invitación oficial para participar de un foro en Washington por el Mes de la Herencia Hispana, donde compartirá actividades con empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes políticos.

En Nación interpretan que ese viaje servirá para mantener el canal político abierto con la Casa Blanca y seguir de cerca la evolución del acuerdo comercial. El oficialismo apuesta a que los próximos pasos de Washington permitan completar la implementación del entendimiento y despejar el camino para su tratamiento legislativo en la Argentina.

La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el anuncio del USTR confirmó el rumbo general de la negociación. Si bien el Gobierno reconoce que todavía quedan definiciones pendientes sobre el alcance integral del acuerdo, considera que la decisión de preservar el esquema arancelario representa una señal de continuidad en la relación bilateral y un respaldo al vínculo construido entre Milei y Trump durante los últimos meses.

Gobierno, Donald Trump

Cristina Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim al equipo que diseña la estrategia internacional para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. La información fue confirmada a Infobae por fuentes cercanas a la ex presidenta, que señalaron que el jurista formará parte de la defensa aunque evitaron precisar cuándo comenzará a intervenir o cuáles serán los primeros pasos procesales.

La incorporación de Valim representa un nuevo paso en la estrategia que el kirchnerismo impulsa desde hace más de un año para llevar el caso a organismos internacionales de derechos humanos. Ese trabajo combina la elaboración de la defensa jurídica con una campaña política destinada a instalar en el exterior la posición de Cristina Kirchner respecto del proceso judicial que derivó en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Valim es abogado, profesor de Derecho Público y jurista brasileño con más de veinte años de trayectoria en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos. Es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), editor jefe de la editorial Contracorrente y profesor del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società de la Università degli Studi di Milano-Bicocca, en Italia.

También desarrolló actividades académicas como profesor visitante en la University of Manchester y en la Université de Rouen, además de participar en programas de distintas universidades de Europa y América Latina.

En el ejercicio profesional intervino en litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, especialmente en causas vinculadas con la separación de poderes, el control de la administración pública, el debido proceso y la protección de derechos fundamentales. Su experiencia también comprende actuaciones ante mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.

El abogado brasileño es autor de diversos libros sobre derecho constitucional y lawfare, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law, publicado por Routledge. Ese concepto constituye uno de los ejes de la argumentación que el kirchnerismo sostiene desde que quedó firme la condena dictada en la causa Vialidad.

Según pudo confirmar Infobae, Valim trabajará junto con el jurista español Javier Borrego, quien también integra el equipo internacional que asesora a la ex presidenta.

Borrego estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera vinculada a los organismos europeos de derechos humanos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo español.

La conformación del equipo jurídico internacional se complementa con el trabajo político que desde el año pasado desarrolla el denominado Comité “Cristina Libre”, creado para difundir en distintos países la posición del kirchnerismo sobre la condena contra la ex presidenta.

Ese espacio está integrado por el senador Oscar Parrilli; el ex canciller Jorge Taiana; el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; la encargada de Relaciones para América Latina del Partido Justicialista, Sol Magno; el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el ex embajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja.

Desde su conformación, el comité desarrolla reuniones con dirigentes políticos, referentes de derechos humanos y organizaciones internacionales con el objetivo de difundir la posición del kirchnerismo sobre la causa Vialidad. La estrategia busca instalar que la condena contra Cristina Kirchner respondió a una persecución política y que durante el proceso judicial existieron vulneraciones al debido proceso y a otras garantías constitucionales.

En paralelo a esa tarea política, el equipo de abogados trabaja en la presentación que impulsará ante organismos internacionales. Entre las alternativas analizadas figuran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, aunque por el momento el entorno de la ex presidenta no confirmó cuál será finalmente el camino elegido.

Ambos mecanismos contemplan instancias distintas de revisión. En el caso del Sistema Interamericano, el expediente debe presentarse primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en caso de ser admitido, puede llegar posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La otra alternativa es recurrir a los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, una vía que fue utilizada por la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso judicial que enfrentó en su país.