POLITICA
El Gobierno sancionó a la Superliga y la intimó a entregar documentación en 10 días

El Gobierno apercibió a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino y la intimó a entregar documentación en un plazo de 10 días hábiles administrativos. La medida fue dictada por la Inspección General de Justicia el 20 de mayo, en el marco de la veeduría informativa dispuesta por el Ministerio de Justicia para revisar documentación societaria, contable y financiera vinculada al funcionamiento de la entidad.
La sanción es leve en términos jurídicos: se trata de un apercibimiento con publicación íntegra a cargo de la Superliga en un diario de mayor circulación nacional, no de una multa ni de una intervención. Sin embargo, el movimiento no es menor en términos administrativos y políticos, porque la IGJ dejó asentado que la entidad incumplió el requerimiento de los veedores y dificultó las tareas de fiscalización.
La resolución, firmada por el inspector general Alejandro Ramírez, ordena además que la Superliga permita el acceso a la documentación requerida por el veedor designado. El organismo advirtió que, si la entidad no cumple dentro del nuevo plazo, podrá avanzar con sanciones mayores. En el oficialismo leen ese punto como la base para sostener una escalada administrativa si persiste la falta de colaboración.
La decisión se da mientras el Ejecutivo mantiene en pausa nuevos pasos contra la AFA, a la espera de una definición de la Justicia civil. En Nación sostienen que la entidad que conduce Claudio Tapia presentó una apelación contra la veeduría y que el recurso fue concedido por la Cámara, por lo que prefieren aguardar ese pronunciamiento antes de avanzar con apercibimientos o medidas compulsivas.
El escenario de la Superliga es distinto. Según consta en la resolución, el veedor Diego Coste se presentó el 7 de mayo en la sede social inscripta de la entidad, ubicada en Olga Cossettini 771, piso 4, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue recibido por la abogada Candelaria Moirano, quien no permitió la compulsa de la documentación e información requerida.
En esa visita, Coste dejó un requerimiento formal y otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la entidad aportara la información en soporte digital o indicara la modalidad en que sería entregada. La IGJ sostuvo que, vencido ese plazo, no había constancia de contestación ni pedido de ampliación. Por eso consideró acreditado el incumplimiento del requerimiento y avanzó con el apercibimiento.
La veeduría fue dispuesta por la Resolución Ministerial 188/2026 por un plazo de 180 días hábiles. El expediente se inició para relevar documentación presentada por la Superliga ante la falta de contestación de vistas vinculadas con los balances correspondientes a los ejercicios económicos 2020 a 2024. La IGJ también busca compulsar decisiones económicas y financieras adoptadas por sus órganos sociales en relación con la AFA y verificar posibles inconsistencias entre el objeto social de la entidad y la actividad efectivamente desplegada.
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La resolución también explicita el alcance de la tarea del veedor. Entre los objetivos figuran analizar estados contables y financieros de 2017 a 2025, con apertura amplia de cuentas y partidas, identificar actos que pudieran implicar violaciones a la ley, al estatuto o a los reglamentos de la entidad, y recabar cualquier otra información necesaria para el ejercicio del control estatal. Ese punto muestra que la ofensiva no se limita al último balance, sino que apunta a reconstruir el funcionamiento económico de la Superliga en relación con el fútbol argentino.
En el Ministerio de Justicia distinguen ese expediente del frente abierto con la AFA. La conducción de Tapia viene resistiendo la veeduría y mantiene judicializada la discusión sobre las facultades de control del Gobierno nacional. La Casa Rosada busca evitar una medida que pueda ser objetada por prematura mientras la Cámara Civil no se pronuncie, pero al mismo tiempo sostiene la presión sobre el costado documental de la investigación.
La Ley 22.315 habilita a la IGJ a sancionar a asociaciones civiles, fundaciones y entidades que no provean información, entreguen datos falsos, infrinjan obligaciones legales o estatutarias, o dificulten el ejercicio de las funciones de fiscalización del organismo. El esquema sancionatorio incluye apercibimientos, publicación a cargo del infractor y multas.
Gobierno, Superliga
POLITICA
Esto es lo que se sabe del nuevo proyecto de Etiquetado Frontal del Gobierno

El Gobierno nacional enviará al Congreso, en las próximas horas, un proyecto para modificar la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X. El Ejecutivo también remitirá los proyectos de ley de Lobby, ludopatía y Super RIGI.
La ley de Etiquetado Frontal había sido sancionada en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, con el objetivo de darle a los consumidores mayor información sobre el contenido nutricional de los alimentos. Para ello, la norma obliga a las empresas de alimentos y bebidas analcohólicas a incluir una serie de advertencias sobre el exceso de azúcar, sodio, calorías o grasas en sus productos.
Esas precauciones adoptaron la forma de octógonos negros y, en el caso de productos con abundancia de cafeína o edulcorantes, estarían acompañados por otros rótulos rectangulares tendientes a desincentivar su consumo en menores de edad.
Ahora, la administración de La Libertad Avanza (LLA) impulsará un proyecto para retrotraer las regulaciones aprobadas durante la gestión anterior.
Según pudo saber , la iniciativa del Ejecutivo se encamina a eliminar los octógonos. La semana pasada, diputados del oficialismo y Pro habían presentado un proyecto propio para avanzar con la derogación.
Otros países vecinos cuentan con sus propias leyes de etiquetado frontal. Sin embargo, se trata de regulaciones más laxas a comparación de las que se aplican hoy en la Argentina. Según destacó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en marzo pasado, la ley aprobada en 2021 es una de las más estrictas de la región.
Modificaciones anteriores
La administración de Javier Milei ya había implementado, en diciembre de 2024, cambios en la ley de Etiquetado Frontal. Lo hizo a través de dos disposiciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que modificaban el Manual de Aplicación de la ley y su normativa complementaria.
Uno de los cambios introducidos en aquel momento alteraba la manera en que se calculaba el exceso de nutrientes. Según la reformulación impulsada, la cuenta solo debía tomar aquellos ingredientes añadidos durante la elaboración y procesamiento del producto y no los componentes intrínsecos de los alimentos en su estado natural.
Así, por ejemplo, para el rotulado de una mermelada, solo debía tenerse en cuenta el azúcar agregado, y desestimar el azúcar natural de la propia fruta. Era una manera de flexibilizar el criterio y acotar el rango de productos alcanzados por los octógonos negros.
Las modificaciones de 2024 también alcanzaban a las condiciones de publicidad de productos rotulados con sellos precautorios. A través de la disposición 11378/2024, la Anmat prohibió la promoción destinada a menores de 16 años de alimentos y bebidas analcohólicas que tuvieran al menos un sello.
La restricción refería a todo tipo de comunicación que incluyera “hábitos, comportamientos, estilos de vida, lenguaje, colores, bandas sonoras y/o temas que despierten interés en los niños y adolescentes”.
Además, se estableció que, la publicidad de productos con etiquetado frontal tanto en medios gráficos tradicionales y digitales como en la vía pública, debía mostrar los sellos correspondientes bajo un formato que permitiese su fácil lectura.
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POLITICA
El Gobierno ordenó a la Superliga entregar documentación ante la falta de colaboración con los veedores

La Inspección General de Justicia apercibió a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino y la intimó a entregar documentación en un plazo de 10 días hábiles. La medida fue dictada el 20 de mayo en el marco de la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia para revisar documentación societaria, contable y financiera de la entidad. La IGJ advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá avanzar con sanciones mayores.
El origen de la sanción fue la visita del veedor Diego Coste el 7 de mayo a la sede de la Superliga en Olga Cossettini 771. Allí, la abogada Candelaria Moirano no permitió la compulsa de la documentación requerida. Vencido el plazo de cinco días hábiles otorgado para que la entidad aportara la información, no hubo contestación ni pedido de ampliación.
Trofeo de la Superliga
La veeduría fue dispuesta por la Resolución Ministerial 188/2026 por 180 días hábiles y apunta a relevar balances de los ejercicios 2020 a 2024. También busca analizar estados contables de 2017 a 2025, identificar actos que pudieran implicar violaciones a la ley o al estatuto y verificar posibles inconsistencias entre el objeto social de la entidad y la actividad efectivamente desplegada.
La sanción actual es un apercibimiento con publicación íntegra a cargo de la Superliga en un diario de mayor circulación nacional, sin multa ni intervención. Sin embargo, el oficialismo lee el movimiento como la base para sostener una escalada administrativa si persiste la falta de colaboración con los veedores.
El escenario de la Superliga se distingue del frente abierto con la AFA, cuya conducción mantiene judicializada la discusión sobre las facultades de control del Gobierno. La Casa Rosada prefiere aguardar el pronunciamiento de la Cámara Civil sobre la apelación presentada por la AFA antes de avanzar con nuevos pasos contra esa entidad.
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Claudio “Chiqui” Tapia refuerza su vínculo con intendentes peronistas: pantallas gigantes en los municipios

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se mostró con intendentes del peronismo, a tres semanas del inicio del Mundial y en medio de las investigaciones que enfrenta en la Justicia por denuncias de lavado de dinero.
Tapia tiene un cargo al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo encargado de la gestión y disposición final de los residuos del área metropolitana, gracias al apoyo de la provincia, que encabeza Axel Kicillof.
El motivo del encuentro fue la propuesta para instalar pantallas gigantes en los municipios a través del CEAMSE.
“Como en la previa de Qatar 2022, compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista”, difundieron desde el organismo que encabeza Tapia. Y expresaron que comunicaban “con orgullo que todos aquellos municipios que quieran instalar pantallas gigantes u organizar fan fest gratuitos contarán con el apoyo de la AFA”.
Estuvieron los intendentes Federico Otermin (Lomas de Zamora), Eva Mieri (Quilmes), Lucas Ghi (Morón), Marisa Fassi (Cañuelas), Mariano Cascallares (Almirante Brown, en uso de licencia) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).
Tapia encuentra su mayor apoyo político en sectores del peronismo. Meses atrás, en medio de las denuncias, recibió a los intendentes Gastón Granados (Ezeiza) y Mantegazza, en un encuentro que quedó registrado en fotos y sirvió para que Tapia pudiera exhibir que cuenta con apoyo dentro del PJ, en momentos en que lo afecta una serie de revelaciones sobre presuntos manejos irregulares de los fondos de la entidad rectora del fútbol. Tanto Granados como Mantegazza tienen vínculo con Tapia a través de la AFA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa de disposición de residuos que Tapia también preside.
El jefe de la AFA preside la Ceamse por mandato del gobernador Kicillof, quien lo designó en la presidencia en 2024, luego de que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, lo desplazó de la vicepresidencia en representación de la ciudad de Buenos Aires. Tapia había llegado a ese puesto directivo fruto de un antiguo acuerdo que habían tejido Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Hugo Moyano (de quien Tapia fue yerno), en 2015. Es empleado de planta permanente en la Ceamse.
Granados y Mantegazza tienen vínculos con la AFA y con la Ceamse. En territorio de Granados está ubicado el predio de la entidad, denominado “Lionel Andrés Messi”, sede de entrenamiento de los seleccionados nacionales. En ese predio, tanto Granados (apodado “Gato”), como Mantegazza y otros intendentes, compartieron partidos de fútbol informales con Tapia.
Además, en Ezeiza está enclavado el club Tristán Suárez, que juega en la segunda categoría del fútbol argentino (Primera Nacional) y en el que la Municipalidad de Ezeiza tiene influencia decisiva. Gastón Granados y, antes, su padre y exintendente, Alejandro Granados, fueron presidentes del club.
En tanto, Mantegazza brinda apoyo desde el municipio al club Estrella del Sur, una institución joven (se fundó en 2005) cuyo estadio se llama “Claudio Tapia”. Estrella del Sur ascendió a Primera C en 2024, junto al club Camioneros, la entidad deportiva del sindicato de Hugo y Pablo Moyano. Mantegazza es uno de los fundadores de Estrella del Sur y fue su presidente. En la camiseta del club, uno de los principales sponsors es Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, hombre cercano a Tapia investigado por presunto lavado de dinero.
Los distritos de Ezeiza y San Vicente son, además, clientes de la Ceamse. Depositan sus residuos en los predios de la empresa que preside Tapia, por lo que los municipios pagan mensualmente. En Ezeiza está uno de esos complejos ambientales. En ese predio se procesan 12.332 toneladas de residuos en promedio por mes, según información de la Ceamse.
la AFA,Claudio Chiqui Tapia,AFA,CEAMSE,Conforme a,,Giros para obra pública. La inversión real directa del Gobierno en las provincias fue la segunda más baja en dos décadas,,¿A quiénes apuntan? La CGT sale a cazar ocho senadores indecisos para bloquear la reforma laboral de Milei,,Venezuela. El Gobierno sostiene su apoyo al plan de Trump, pero mantiene canales de diálogo con María Corina Machado,Claudio Chiqui Tapia,,Salpica al tenis. El tesorero de la AAT, involucrado en el escándalo judicial del financista ligado a Chiqui Tapia,,Lorianne FC. El club fantasma en el que nunca patearon una pelota, pero tiene voto en la AFA y responde a Toviggino,,AFA-gate. Un fiscal desistió de un recurso y la causa donde se pidió la detención de Tapia y Toviggino terminaría en Campana
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