Transcurrido casi un año y medio desde que la primera denuncia por el caso $LIBRA llegó a la Justicia argentina, el expediente pasó por las manos de al menos cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas. Pero todavía no citaron a declarar a testigos directos, mucho menos a un acusado, mientras que los fiscales admiten no tener recursos ni presupuesto. En ese contexto, la decisión de apartar a todos los querellantes acrecienta el horizonte de impunidad final.

El paso más reciente en ese derrotero es la resolución que firmó hoy el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. A pedido del acusado Mauricio Novelli, apartó a todos los querellantes del expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py al concluir que no han logrado demostrar que realmente fueran inversores perjudicados por el colapso del “memecoin” en febrero de 2025.

Para ello, dedicó más de quince páginas a analizar si la volatilidad es inherente a los “memecoins” o si los impulsores Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy buscaron engañar a los inversores -una cuestión de fondo- cuando el juez sólo debía resolver una cuestión procesal: ¿tienen los damnificados legitimación para intervenir? Más aún, al sostener que las pérdidas podrían responder al riesgo propio de un mercado altamente volátil y no a una maniobra fraudulenta, adelantó opinión sobre el objeto mismo de la pesquisa.

Sostuvo, además, que los querellantes debían acreditar “de manera fehaciente” la titularidad de sus billeteras, el origen de los fondos y una conexión causal directa antes de que concluyera la investigación, aunque reconoció que esas pruebas todavía están en curso. En otras palabras, los excluyó porque falta prueba que el propio proceso debería producir. Incluso trasladó a los particulares cargas investigativas que corresponden al Estado, como reconstruir la trazabilidad de operaciones o identificar a los titulares de billeteras digitales, ya sea mediante peritajes, exhortos o pedidos de cooperación internacional.

La contradicción es aún mayor porque el propio juez admitió en su resolución que la investigación todavía no logró establecer quiénes son los titulares de las billeteras ni reconstruir completamente el recorrido de los fondos, pero aun así concluyó que esos mismos inversores no sufrieron una afectación directa. Si la maniobra todavía no pudo reconstruirse íntegramente, ¿cómo puede descartarse ya la condición de víctimas?

Ese será, probablemente, uno de los ejes de la apelación de los ahora excluidos del expediente ante la Cámara Federal. Si el delito investigado es una presunta defraudación, resulta difícil explicar quién podría estar más directamente afectado que quien compró $LIBRA y perdió dinero como consecuencia de la maniobra denunciada.

La resolución también parece confundir pérdida patrimonial con riesgo de mercado. Al afirmar que los hechos ocurrieron en un ámbito caracterizado por volatilidad y escasa regulación, el juez asume como válida una de las hipótesis defensivas -que todo obedeció a la dinámica propia de las memecoins- cuando esa es una de las cuestiones que la instrucción debería esclarecer. Y si finalmente se determina que existió fraude, el riesgo propio del mercado dejará de ser una explicación suficiente.

Desafío a la Cámara

La resolución también se aparta, en los hechos, del criterio fijado por la Cámara Federal meses atrás. El tribunal de alzada había admitido a los querellantes y dejado abierta la posibilidad de revisar esa decisión una vez producidas determinadas medidas técnicas especializadas sobre blockchain y trazabilidad. Sin embargo, esa revisión llegó antes de que esas medidas concluyeran.

En definitiva, la resolución de Martínez de Giorgi exige una prueba casi definitiva del fraude para reconocer legitimación a quienes justamente afirman haber sido víctimas de ese fraude. Eleva así el estándar probatorio propio de una incidencia procesal hasta un nivel cercano al de una sentencia sobre el fondo, cuando la investigación sigue incompleta: no terminaron los peritajes, no llegaron todas las respuestas a exhortos y oficios, sí citaron a expertos técnicos como Maximiliano Firtman, pero no a testigos directos de la operatoria -como podrían ser Jeremías Walsh, Ariel Parkinson o el español Arturo Osete Herraiz- ni indagatorias.

En esa línea, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Pedro Biscay, presentado como “amicus curiae” en el expediente, remarcó que “la decisión de apartar a los querellantes en el caso $Libra sumado a las demoras del fiscal en impulsar medidas clave como la indagatoria de las máximas autoridades involucradas debilita el avance del proceso penal y genera serios riesgos de impunidad”, y adelantó que “pese a la resistencia de los operadores judiciales, el CIPCE continuará impulsando acciones y medidas de seguimiento orientadas a impulsar el esclarecimiento completo de los hechos de corrupción del caso”.

Los pedidos que presentó CIPCE en el expediente, sin embargo, fueron desoídos por el juez y el fiscal hasta el momento. Por eso, la decisión de Martínez de Giorgi apartar a las querellas resulta todavía más llamativa porque el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) reconoció en el expediente que carece de las herramientas, el presupuesto y las licencias tecnológicas necesarias para avanzar con el análisis de las billeteras.

A ello se suma otra exigencia del magistrado a los querellantes: pedirles que acrediten el origen de los fondos utilizados para comprar $LIBRA, cuando el objeto del proceso no es investigar el patrimonio de las presuntas víctimas, sino determinar si existió una maniobra defraudatoria y si el Presidente incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública.

Así, si los fiscales reconocen que todavía no cuentan con los recursos técnicos necesarios para investigar y los querellantes -que impulsaban buena parte de las medidas de prueba y las apelaciones- quedan excluidos del expediente y todavía no hubo testigos ni indagatorias, ¿qué final cabe esperar para este expediente?

Los gobiernos nacional y porteño acordaron transferir a la Justicia de la Ciudad la persecución de graves delitos como abuso sexual, promoción de la prostitución o privaciones de la libertad y, además, todos aquellos que involucran a los menores de edad.

Este es otro paso adelante en la transferencia de competencias a la justicia local.

Los magistrados porteños se consolidan como los elegidos para reemplazar con el tiempo a sus pares de la justicia nacional ordinaria, que aún intervienen en los casos de homicidios, por ejemplo, el más grave de los delitos comunes.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, ante los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

La ciudad de Buenos Aires, a partir de ahora, asume la competencia en los delitos contra el honor, la integridad sexual, la libertad y la propiedad intelectual.

También se amplía la competencia penal sobre los menores de edad.

Todas las causas iniciadas de manera previa a la entrada en vigencia del acuerdo seguirán tramitando ante la Justicia Nacional de Menores hasta que sus sentencias queden firmes y se ejecuten.

Las causas nuevas quedarán radicadas de forma exclusiva en el Fuero Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, que se estuvo especializando y capacitando en el área.

Los ministros de Justicia firmaron dos convenios a partir de los cuales la Ciudad asume más competencias penales, tanto sobre adultos como sobre menores de edad.

Es el cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales del ámbito de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del acuerdo de transferencia en materia criminal y correccional de menores.

“Trabajamos desde el primer día de gestión en cumplir la Constitución. Se le están transfiriendo a la Ciudad las competencias judiciales que le corresponden y que, 30 años después de nuestra autonomía, seguía administrando la Nación”, dijo el ministro Tapia.

Tapia dijo que pretenden “consolidar políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, una justicia eficiente y cercana para los porteños”.

Por un lado, se traspasan las competencias judiciales en materia penal: delitos contra el honor (calumnias e injurias), la integridad sexual (abuso sexual y explotación), la libertad (privación ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre, amenazas coactivas) y delitos como propiedad intelectual y protección de fauna (ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, conservación).

Por otro lado, la Ciudad también va a empezar a juzgar la totalidad de los delitos cometidos por menores de edad. Esto incluye tanto a los acusados de entre 14 y 18 años como a los menores de 14 años involucrados en delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.

Los convenios entrarán en vigencia una vez ratificados por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña y tras la aprobación de acuerdos posteriores sobre la transferencia de recursos para su implementación.

Los delitos que se transfieren son:

También se transfiere la competencia sobre la totalidad de los delitos cometidos por menores de edad involucrados en delitos no federales.