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ECONOMIA

El FMI le pidió al Gobierno avanzar con las reformas tributaria y previsional y cambiar la forma en que se mide la inflación

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El directorio del FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por USD 20.000 millones.

Tras anunciar la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe técnico sobre la economía argentina destaca el programa económico del gobierno de Javier Milei, pero advierte sobre la necesidad de avanzar con las reformas tributaria y previsional, de actualizar la forma de medir la inflación y de sostener la acumulación de reservas y el proceso de desinflación.

Para 2026, el organismo estima que la economía mostrará una expansión del 3,5% en el Producto Interno Bruto (PIB), acompañada por una tasa de desempleo de 7,2%, una inflación anual del 25% y un saldo fiscal primario positivo equivalente al 1,4% del producto.

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Más allá de ponderar el rumbo económico de La Libertad Avanza, el reporte advierte que a pesar de los avances y del “amplio potencial” de Argentina, las vulnerabilidades “siguen siendo elevadas”: “La inflación continúa alta, las reservas son limitadas y aún se trabaja para lograr un acceso sostenido a los mercados, lo que deja al país especialmente expuesto a shocks externos e internos, estos últimos vinculados a la persistente incertidumbre sobre la continuidad de las políticas”.

Además, los técnicos de la entidad internacional apuntan que el sistema tributario sigue siendo “complejo e ineficiente, los mercados de capital permanecen poco desarrollados (con un volumen importante de activos de residentes fuera del sistema financiero), el país mantiene una relativa cerradura comercial y las instituciones requieren mayor fortalecimiento”.

l presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva
El FMI destacó el rumbo económico pero hizo hincapié en la necesidad de reforma tributaria y previsional.

“De todas formas, la administración Milei está logrando avances notables en la creación de una economía más abierta y orientada al mercado, con un flujo significativo de inversiones en marcha en sectores clave como la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento. Consolidar la estabilidad, romper de manera duradera con décadas de desmanejo y aprovechar plenamente este potencial siguen siendo los principales desafíos de fondo para Argentina”, aclaran.

Al mismo tiempo, el Fondo insta al Gobierno a actualizar las canastas que se utilizan para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Considerando el difícil historial de estadísticas poco confiables en Argentina durante 2007-2015, contemplar también la publicación anticipada de datos de inflación basados en canastas de consumo actualizadas, así como fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”, remarca el texto.

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La declaración se da luego de la controversia generada por la decisión del equipo económico de reemplazar la canasta de bienes y servicios 2017/2018 por la actual, que data de 2004, para medir el IPC, lo que desembocó en la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec a principios de 2026.

En otro tramo, el análisis señala que el sistema tributario argentino “sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”. El informe subraya que la fragmentación entre Nación y provincias genera superposiciones, baja recaudación y dificultades para controlar el cumplimiento fiscal, mientras la proliferación de regímenes especiales alimenta la inequidad.

Otro problema destacado es la dispersión de competencias entre niveles de gobierno y la fuerte dependencia provincial de Ingresos Brutos, un impuesto considerado especialmente distorsivo en la región. El Staff del organismo sostiene: “Una reforma tributaria integral debe equilibrar consideraciones de equidad y eficiencia, al tiempo que fortalezca la ancla fiscal”.

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A pesar de que desde 2024 se implementaron modificaciones para reducir cargas sobre el patrimonio y ampliar el impuesto a las ganancias, el reporte del FMI remarca: “Es necesaria una reforma más profunda” para resolver problemas estructurales y hacer frente a la alta informalidad.

Reunión de Luis Caputo y Kristalina Georgieva en Estados Unidos
El FMI pidió sostener el esquema de compra de dólares para reforzar las reservas del Banco Central.

A la vez, el organismo multilateral hizo hincapié en la necesidad de una reforma integral del sistema tributario. A su juicio, la Argentina enfrenta la necesidad de revisar un entramado de más de 155 impuestos, dominado por tributos indirectos y distorsivos que dificultan el desarrollo y afectan la competitividad.

En ese sentido, propone una hoja de ruta apoyada en cinco ejes prioritarios: ampliar la base del impuesto a las ganancias personales, simplificar el tributo de sociedades, racionalizar el IVA, eliminar exenciones y fortalecer los impuestos especiales. “La eliminación de exenciones en el IVA, acompañada de compensaciones focalizadas, podría aportar beneficios fiscales de 0,4 puntos del PIB”, estima el Staff Report.

El reporte suma que al expandir la base del impuesto a las ganancias y armonizar las deducciones, por lo menos el 20% de los trabajadores debería abonar este tributo, acercando la presión fiscal al promedio regional. Sobre las sociedades, se recomienda una tasa plana del 30%, combinada con un mínimo de recaudación sobre ventas, con el objetivo de reducir la evasión y los incentivos a la informalidad.

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Respecto al monotributo, se advierte que la baja carga actual fragmenta el universo empresarial y limita el crecimiento de las firmas. El Fondo sostiene: “Cualquier reforma debe reducir los saltos bruscos entre categorías y alinear las tasas efectivas con el régimen general”. En el caso de los impuestos especiales, la actualización de los gravámenes sobre combustibles y tabaco, considerando la inflación, permitiría incrementar la recaudación en 0,5 puntos del PIB.

De aplicarse estos cambios, el FMI señala que sería posible “una eliminación gradual de los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y transacciones financieras”, que representan cerca del 7% de la recaudación y tienen un impacto negativo en la productividad y la inversión.

ARCA afip
El FMI pide eliminar los impuestos «distorsivos» que siguen vigentes en la economía argentina.

Su análisis empírico indica que “la eliminación de los impuestos a la exportación podría aumentar las exportaciones de cereales y oleaginosas en torno al 10%”, lo que se traduciría en ingresos anuales adicionales de USD 5.000 millones y un aporte al Producto Interno Bruto de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales. Reducir el impuesto a las transacciones financieras, por su parte, favorecería la intermediación bancaria y limitaría el peso de la informalidad, desde su óptica.

En tanto, la entidad liderada por Kristalina Georgieva solicitó que el Gobierno aplique una reforma previsional integral para “fortalecer los incentivos para aportar, mejorar la equidad entre los trabajadores y reforzar la sostenibilidad de largo plazo del sistema, incluso alineando mejor la tasa interna de retorno del sistema con su tasa natural de retorno”. Según reza en el texto, el Gobierno se comprometió a lanzarla para finales de diciembre de 2027.

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A propósito de las modificaciones, el FMI propuso cinco puntos para cambiar el sistema previsional:

  • Separar las pensiones contributivas y no contributivas. Integrar la PUAM y la pensión básica en un pilar no contributivo unificado, financiado con ingresos generales, mientras se mantiene el SIPA como el pilar contributivo, mejoraría la transparencia y la equidad.
  • Fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios. El requisito actual de 30 años de aportes genera discontinuidades marcadas en los derechos jubilatorios. Avanzar hacia la acumulación proporcional de derechos previsionales fortalecería los incentivos para contribuir y permitiría eliminar gradualmente las moratorias.
  • Ampliar la base de aportes. La alta informalidad laboral y la expansión de regímenes tributarios simplificados han debilitado la densidad contributiva y ampliado las disparidades en el esfuerzo de aporte entre los trabajadores. Medidas que promuevan el empleo formal podrían ayudar a ampliar la base. Las reformas orientadas a reducir la carga tributaria laboral deben diseñarse cuidadosamente para no erosionar los ingresos previsionales. Aumentar los requisitos de aporte en los regímenes simplificados también contribuiría a reducir disparidades.
  • Simplificar y armonizar los regímenes previsionales. Actualmente, el sistema argentino incluye más de 200 regímenes con reglas de elegibilidad y fórmulas de beneficio diferentes, lo que genera inequidades y complejidad administrativa. La armonización gradual de los regímenes especiales y provinciales con el sistema nacional (SIPA) ayudaría a reducir disparidades, simplificar la administración y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Acuerdos fiscales con las provincias podrían apoyar la alineación de los regímenes provinciales con el SIPA.
  • Alinear los parámetros de jubilación con las tendencias demográficas. Vincular gradualmente la edad legal de retiro a los aumentos en la esperanza de vida y armonizar la edad de retiro entre hombres y mujeres podría contribuir a preservar un equilibrio estable entre vida laboral y jubilación.

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ECONOMIA

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron pese al impulso de Wall Street y el riesgo país se mantuvo estable

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Wall Street operó cerca de sus máximos históricos y también subió el petróleo.

Aún con el respaldo de las subas de las bolsas de Nueva York, las acciones y los bonos argentinos negociaron en baja, en lo que puede considerarse una toma de ganancias ante un balance semanal muy favorable para los activos domésticos. En cuanto al dólar, las cotizaciones negociaron en alza en una rueda con fuerte monto operado y renovadas compras del Banco Central.

Wall Street operó con alzas en un rango de 0,2% a 0,6% en sus principales indicadores, mientras los inversores aguardaron novedades sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

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Pese a la fuerte ponderación de acciones energéticas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 1,1% en pesos, en los 2.846.220 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,2% en promedio. El índice de riesgo país de JP Morgan bajó un entero, a 514 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York se impusieron las bajas, lideradas por Adecoagro (-6%) y Banco Francés (-6%), este último tras el fuerte rebote del jueves (+8,8%). Sobresalen algunas subas como Ternium (+4,8%) e YPF (+0,1%, a USD 47,99).

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, consideró que “el mercado internacional sigue dando cuenta de la falta de resolución en Medio Oriente, con las tasas largas de países desarrollados viéndose presionadas, aun en un contexto en que algunas declaraciones cruzadas permiten ser optimista respecto a un acuerdo al menos parcial. En este marco, los activos argentinos muestran un buen desempeño relativo, con el Merval -medidos en dólar ‘contado con liquidación- y los bonos en soberanos en dólares mostrando subas contra el cierre de la semana pasada, evidenciando también el alto beta del país”.

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“Los catalizadores generales igualmente seguirán siendo el fortalecimiento de la posición de reservas, la posibilidad o no de emitir nuevamente un bono internacional, y la dinámica de la economía real, en especial en sectores rezagados. Esto ultimo es importante mas que nada por el impacto en ingresos y humor social, dado que efectos sobre la actividad demoran algo más en materializarse y las elecciones están a poco más de un año de distancia”, continuó Franco.

“En materia de estrategia, mantenemos una mayor ponderación en el sector Oil & Gas, que si bien ha mostrado una contracción en los últimos días a raíz del avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, creemos que continuará beneficiándose de un trimestre con precios realizados mayores a raíz del deterioro en infraestructura de petroleras en Medio Oriente», evaluaron los analistas de IEB.

El monto negociado en el mercado mayorista este viernes fue de los más altos del año, en los USD 825,1 millones en el segmento de contado. Sin embargo, la demanda firme impulsó al dólar, que ganó 13,50 pesos o 1%, a $1.403, el precio más alto en lo que va de mayo.

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El límite superior del régimen de bandas cambiarias del BCRA marcó $1.744,12, para dejar al dólar mayorista a 341,12 pesos o 24,3% de esa banda de flotación.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, precisó que “las primeras operaciones se registraron en baja, siguiendo la tónica de la rueda previa, y marcaron un mínimo intradiario de $1.385″, aunque “con una marcada volatilidad y movimientos bruscos de precios”.

“Ya ingresando en la última media hora, la presión compradora logró imponerse, generando una aceleración alcista donde el precio se despegó rápidamente y apuntó hacia la zona de $1.400”, agregó Merino.

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“En el frente cambiario, la liquidación de la cosecha gruesa y las colocaciones de deuda permitieron al BCRA acelerar la acumulación de reservas. El FMI convalidó el rumbo del programa y aprobó la revisión del acuerdo, desbloqueando un desembolso de USD 1.000 millones”, puntualizó GMA Capital.

El dólar al público ganó 15 pesos o 1,1%, a $1.425 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de mayo. El dólar blue estuvo operado sin variantes, también a 1.425 pesos.

El BCRA compró USD 139 millones en el mercado de cambios, el 16,8% de la oferta en la plaza de contado. En mayo acumula compras por 1.835 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 52 millones, a 46.803 millones de dólares.

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“Las mayores compras del Banco Central durante la última semana respaldan la estabilidad cambiaria, ya que confirman que la oferta de divisas sigue siendo abundante”, sintetizó Adcap Grupo Financiero.



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ECONOMIA

Bajan retenciones a exportaciones de autos pero la mochila impositiva no permite competir con Asia

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Durante su presentación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente, Javier Milei, anunció una medida clave para la industria automotriz, y muy esperada por el sector.

Milei dijo que «la exportación de autos empezará en julio un proceso de reducción progresiva de retenciones que llevará la actual alícuota del 4,5% a 0, hasta junio de 2027. Esta decisión aplica a los derechos de exportación, no al total de la carga para ventas al exterior que actualmente llega al 12 por ciento. 

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De todos modos, la decisión impactará en el sector, que hoy tiene fuertes desventajas frente a otros países productores, que no tienen grabadas las exportaciones, y por eso pueden ganar más proyectos cuando una marca tiene un plan para radicar en algún mercado global.

Este viernes, el Gobierno fue un paso más allá: en una conferencia de prensa con el ministro Luis Caputo, el secretario de Comercio Pablo Lavigne confirmó que la reducción para la industria se concentra en sectores exportadores y uno de ellos es el automotor.

«La carga de impuestos sobre la exportación era muy relevante reducirla, especialmente el 2,5% de tasa de retenciones. Ese es el margen que tiene una camioneta cuando se exporta a mercados que compite con los chinos, con los americanos, con los mexicanos», argumentó.

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Ante la noticia, la Asociación de Fábrica de Automotores de Argentina -ADEFA- emitió un comunicado explicando que «considera clave la reducción gradual de derechos de exportación como estímulo fundamental para la competitividad exportadora industrial».

Menos impuestos a la exportación: en qué impacta

El reclamo de las automotrices argentinas para que esta carga impositiva se reduzca viene desde hace tiempo. El problema mayor radica en que, muchos países con los cuales se compite a la hora de ganar un proyecto para fabricar en el país, no pagan este tributo, y eso los deja en desventajas frente a otros productores.

Por otro lado, recordemos que el 70% de la producción de la mayoría de las terminales locales está pensado para exportar, como fuente principal de ingresos.

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En total, la carga impositiva a las exportaciones suma un 12% promedio. Por un lado, estan las retenciones, también llamadas derechos de exportación, que tributan una alícuota del 4,5%, la cual se aplica al costo del vehículo, es decir, a la carga fiscal que pesa sobre el precio de exportación.

La exportación de autos es la fuente más importante para que las automotrices sobrevivan.

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Esa retención se aplica a las partes localizadas en el país, entonces, según la integración nacional que tenga cada modelo, el porcentaje real varía. Por ejemplo, si un auto tiene como máximo un 40% de integración de partes nacionales, no es lo mismo que si tiene el 50% (se para sobre ese porcentaje, el resto es importado).

Por otro lado, a la hora de hablar de impacto en el precio, no se aplica a los autos que se fabrican en el país y se venden en el mercado local. 

Ahora, con esta reducción, bajará el costo actual de 12% a un 10% promedio, porque hay otros gravámenes que siguen vigente y tienen que ver con impuestos provinciales y municipales que se acumulan en cada paso del proceso productivo (como ingresos brutos, entre otros). 

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Entonces, si bien la medida es positiva, todavía seguirá pesando el impuesto a las exportaciones y siendo un punto en contra comparado con otros rivales. Por ejemplo Brasil percibe menos del 5%; México, Tailandia y Sudáfrica tienen 0% de impuestos a la exportación; y China, tiene subsidio.

Con esta política impositiva, a países como Chile, le sigue saliendo más barato comprar una Ranger en Tailandia que una fabricada en Argentina.

Mientras tanto, a nivel local, los autos siguen teniendo un 54% de impuestos que incrementa el precio final del 0km.

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La ley de promoción industrial

Este 4.5% que se irá quitando a las exportaciones no lo pagan todos los vehículos que hoy se exportan, por la Ley de promoción de la industria automotriz

Actualmente, en la Argentina existe la Ley de promoción de la industria automotriz y autopartista (Ley 27.686) que, entre sus beneficios, otorga la exención de pago de derechos de exportación. Esta ley comenzó a tener vigencia a fines de 2022, por lo que cada nuevo vehículo que se empezó a fabricar localmente desde entonces y el proyecto fue inscripto en este régimen, no paga derechos de exportación.

El beneficio sobre las retenciones a la exportación rige hasta el 31 de diciembre de 2031, con la condición de que los proyectos industriales inicien su producción antes del 31 de diciembre de 2029.

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La nueva generación de Ford Ranger, que se produce desde 2023, fue el primer modelo argentino que tuvo el beneficio, mientras que lo tendrán también Renault Niágara, Toyota Hilux y Volkswagen Amarok de nueva generación.

La reacción de las automotrices

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) destacó este viernes a través de un comunicado de prensa esta decisión como parte del «establecimiento de un sendero claro y previsible que se extenderá hasta mediados de 2027. La certidumbre en las reglas de juego es una condición indispensable para que las terminales automotrices y los fabricantes locales puedan planificar sus esquemas de producción, exportación e inversión», afirmó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad.

Además, el directivo que representa a las automotrices en las mesas de reuniones con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria y Comercio, comentó que «la reducción de la carga fiscal sobre las exportaciones representa un estímulo directo para recuperar la competitividad en los mercados regionales y globales en un contexto mundial extremadamente desafiante».

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En base a los anuncios realizados ayer por el Presidente de la Nación, Javier Milei, respecto de la reducción gradual de los derechos de exportación a partir de junio, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) «destaca el establecimiento de un sendero claro y previsible que se extenderá hasta mediados de 2027. La certidumbre en las reglas de juego es una condición indispensable para que las terminales automotrices y los fabricantes locales puedan planificar sus esquemas de producción, exportación e inversión«, afirmó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

El presidente de la entidad destacó que esta medida es el resultado de una agenda de diálogo continuo y mesas de análisis técnico que se venían llevando a cabo de manera directa con el Ministro de Economía y el Secretario de industria y Comercio. En ese sentido, Pérez Graziano expresó un agradecimiento especial a la gestión del ministro y su equipo, así como al esfuerzo conjunto de toda la cadena de valor de la industria y a los equipos técnicos involucrados en el desarrollo de estos consensos.

La industria automotriz argentina, con un marcado perfil exportador, enfrenta desafíos estructurales en materia de competitividad: «La reducción de la carga fiscal sobre las exportaciones representa un estímulo directo para recuperar la competitividad en los mercados regionales y globales en un contexto mundial extremadamente desafiante», agregó el directivo.

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En línea con este alivio fiscal a nivel federal, el directivo remarcó que es de vital importancia que este esfuerzo sea acompañado de igual manera por las provincias y los municipios, mediante la eliminación de Ingresos Brutos (IIBB) y de tasas municipales distorsivas, que restan competitividad a la exportación y ponen en riesgo la sustentabilidad del sector a largo plazo.

Se enfatizó que estas cargas representan actualmente un impacto de hasta un 10 % sobre el valor de exportación de los vehículos producidos en el país, lo que limita severamente las posibilidades de competir internacionalmente y acceder a determinados mercados, dado que la mayoría de los países productores no tributan impuestos en la exportación.

Para dimensionar el impacto de la medida, el titular de ADEFA recordó el peso estratégico y la representatividad estructural que tiene la cadena automotriz en el comercio exterior de la Argentina:

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  • Complejo exportador: se consolida como el segundo complejo industrial exportador de bienes de alto valor agregado del país al mundo.
  • Manufacturas de Origen Industrial (MOI): representa el 48% de las exportaciones totales de MOI de la Argentina.
  • Comercio bilateral: concentra el 70% de las exportaciones industriales con destino a Brasil.
  • PBI industrial: la industria automotriz participa con un 8,4% del total, consolidándose como el 3er sector en el PBI industrial.
  • Divisas: el sector genera anualmente USD 9.000 millones en concepto de exportaciones.
  • Producción: 4to Productor Mundial de pick ups livianas
  • Empleo Industrial: Participación del 9.8% del total del empleo asalariado.

En este marco, desde ADEFA se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y con la cadena de valor, en la implementación de la agenda definida para promover las inversiones, incrementar la producción, impulsar las exportaciones y fortalecer el mercado interno, con el objetivo de generar empleo formal y de calidad, y contribuir así a la sostenibilidad del sector en el largo plazo.



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ECONOMIA

La fórmula de Caputo para bajar retenciones: máximo provecho político, mínimo costo fiscal

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Máximo rendimiento político con mínimo costo fiscal: esa fue la consigna planteada en la interna del gobierno a la hora de anunciar el alivio impositivo para los productores sojeros en un esquema pre-anunciado de recortes mensuales.

De momento, está saliendo bien. Javier Milei fue aplaudido por un auditorio habitualmente demandante y malhumorado, como el de los dirigentes de las agremiaciones rurales, que sienten que su sector siempre es la variable del ajuste.

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Tanto la Bolsa de Cereales -entidad anfitriona del acto- como la Sociedad Rural elogiaron la medida a pesar de que, en los hechos, no implica un alivio inmediato sino que generaría un recorte de tres puntos hacia el final del año próximo y deja planteado el aliciente para que Milei sea reelecto, dado que en 2028 la caída de las retenciones sería hasta el nivel de 15%.

Lo que quedó en claro es que el «packaging» del anuncio estuvo bien elaborado. Porque, en definitiva, lo que Milei anunció es que no hay ninguna posibilidad de que haya un alivio este año, cuando los productores se quejan de estar sufriendo una disminución en su margen de ganancia.

Ocurre que, al tiempo que la convulsión internacional generó una suba en los commodities agrícolas, también se produjo una aguda suba en el costo de los fertilizantes y otros insumos, por culpa de la disparada en el precio del petróleo. Hablando en plata, la tonelada de urea, un insumo básico para la fertilización de la nueva campaña agrícola, sigue ubicándose mas de un 50% por encima del precio anterior al conflicto en Medio Oriente.

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En síntesis, lo que verdaderamente le importa al productor agrícola argentino, que es el margen de ganancia, sigue mostrando un panorama desalentador: se necesita vender dos toneladas de soja para poder comprar una tonelada de urea. Antes del conflicto, esa relación era de 1,4. Esto llevó a los expertos a advertir sobre márgenes de ganancia cada vez más delgados en la gestión agrícola.

Sin embargo, tras el anuncio de Milei trascendieron proyecciones optimistas respecto de que en la campaña del año próximo se pueda replicar un volumen alto de la cosecha -sobre todo la del trigo, que inicia antes-, por el mix de buenas condiciones climáticas y una inversión alta por parte de los productores.

El mensaje entrelíneas a los productores

El otro logro de Milei es alejar las especulaciones sobre alguna medida transitoria, como una rebaja de retenciones de siete puntos como la dispuesta el año pasado durante el primer semestre o un corte completo de retenciones por un mes, como el «tax holiday» de septiembre pasado.

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Aquellas medidas denotaban la urgencia de Toto Caputo por generar un impulso exportador, en un año de escasez de divisas, que sea agravó por la masiva dolarización del público en la previa de la elección legislativa de octubre.

Pero ese tipo de medidas no son gratis. Para empezar, implican un pesado costo fiscal. En septiembre pasado, la caja de ARCA resignó el ingreso de las retenciones de la soja para el cupo de u$s7.000 millones. Como la tasa en ese entonces era de 26%, esto implica una merma de u$s1.820 millones. Expresado en pesos de hoy, serían unos $2,5 billones, parcialmente compensados por las inversiones de los productores.

Pero, sobre todo, las medidas transitorias dejan un antecedente que lleva a que, cada vez que hay una percepción de retraso cambiario, los productores tiendan a retener su stock el mayor tiempo posible, a la espera de un nuevo alivio tributario que cumpla la función de una devaluación indirecta.

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Y, como si no fuera suficiente con los efectos domésticos, se agrega el riesgo de roces diplomáticos con Estados Unidos. El año pasado, la exención impositiva dispuesta por Caputo coincidió con el anuncio de una línea crediticia del US Treasury anunciada por el secretario Scott Bessent para ayudar al gobierno argentino a atenuar la volatilidad financiera. Los farmers norteamericanos, que ya estaban enojados con Donald Trump por el cierre del mercado chino, tuvieron un motivo adicional de irritación cuando vieron que su gobierno ayudaba a un país competidor justo en el momento en el que tomaban una medida que consideraban como una competencia desleal.

No por casualidad, en el documento firmado con Estados Unidos preanunciando un acuerdo comercial, Argentina se comprometió a no volver a decretar ese tipo de medidas transitorias con potencial de distorsión en el mercado global de materias primas.

Sin «riesgo silobolsa»

De manera que, con esta modalidad de rebaja gradual, el gobierno envía el mensaje de que no tiene sentido especular con un nuevo régimen de alivio transitorio en las retenciones, y que es mejor para los productores vender ahora mientras el precio del mercado internacional sigue alto –la soja supera en Chicago los u$s440, contra un promedio de u$s380 del año pasado-.

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Pero, sobre todo, el principal efecto es el mayor incentivo a la inversión para la campaña del año próximo. Ocurre que en una situación de incertidumbre, y con costos crecientes de los insumos, se corre el riesgo de que los productores tomen la inversión como variable de ajuste, algo que puede traer como consecuencia una disminución en los rindes de la próxima campaña.

En cambio, ante la perspectiva de una mejora en los márgenes, se posibilita una planificación financiera con compras de fertilizantes, semillas y maquinaria.

Ni bien el presidente Milei hizo el anuncio, hubo economistas que se preguntaron si la «tablita» descendente de las retenciones no podría llevar a que la mayor parte de la cosecha 2027 quedara guardada en silobolsas, para aprovechar que sobre fin de año estarán los menores niveles de impuestos. Sin embargo, los expertos del negocio agrícola dijeron que hay baja probabilidad de que eso ocurra, porque la «ganancia» de postergar un mes la exportación -$3.000 por tonelada en el mejor de los casos- resulta menor que el costo financiero de tomar un crédito o de comprar dólares y hacerlos rendir en el mercado de capitales.

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En el mientras tanto, se da la paradoja de que, al mismo tiempo que anuncia el recorte a las retenciones, el gobierno convertirá a ese rubro en su pilar fiscal. Justo en un momento flojo de la recaudación -que viene de nueve meses en caída interanual consecutiva-, la soja duplicará su aporte -con un potencial de $1,2 billón en mayo- y podría quebrar la tendencia descendente en la caja de ARCA.

Aprendiendo de los errores macristas

Desde el punto de vista político, Milei se puso el objetivo de no repetir el error de Mauricio Macri, quien el primer día de su gestión decretó una amplia rebaja de retenciones, y tuvo que resignarse a reestablecerlas ante la crisis fiscal de 2018, pidiendo perdón y admitiendo que se trataba de «un impuesto horrible».

En los hechos, esa medida minó la credibilidad del argumento que hasta ese momento había defendido la coalición Cambiemos: que la rebaja de retenciones había sido totalmente compensada por el aumento en el volumen de producción exportada por los agricultores.

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En definitiva, lo que había sido una de sus mayores banderas, se transformó en un «efecto boomerang» que fue aprovechado por la oposición peronista en la campaña electoral de 2019. Macri había heredado un nivel de retenciones en 35%, lo bajó de inmediato a 30% y estableció un esquema de bajas graduales. En septiembre de 2018, a menos de dos años de iniciado el mandato, las retenciones estaban en 26,5%, y se les agregó una suma fija de $4 por dólar -en ese momento cotizaba a $40-.

En los hechos, Macri volvió a un nivel de 30%, que se fue licuando en la medida en que el peso se devaluaba.  

Milei, en cambio, asumió el discurso «realista» del alivio gradual pero sin retrocesos. Es así que la soja durante el primer año de su gestión se mantuvo en el 33% que había heredado del gobierno peronista, y bajó a 26% en el segundo año -primero como medida transitoria y luego permanente-. En enero de este año recortó otros dos puntos.

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Para el final de su mandato, las retenciones de la soja serán de 21%. Es un nivel todavía alto, pero las primeras reacciones indican que, gracias a la picardía política de la dupla Milei-Caputo, se conseguirá el múltiple objetivo de maximizar la recaudación fiscal este año, incentivar la inversión para la próxima campaña agrícola y, encima, hacer un gesto simbólico al sector rural, donde la imagen del gobierno estaba devaluada.

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