El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió sobre el impacto de la quita de la tarifa especial por “zona fría” en distintas regiones del país, en medio del avance parlamentario de un proyecto del gobierno nacional que restringe el beneficio a sectores reducidos de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

“Son las nueve de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo cuatro grados, fin de mayo, y así en buena parte del territorio y así marcan las estadísticas”, comenzó en un mensaje difundido por el Gobierno bonaerense.

Kicillof sostuvo que “el gobierno de Milei quiere quitar la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de tres millones de hogares”, lo que afectaría a “aproximadamente un millón trescientos mil hogares» bonaerenses, es decir, «cinco millones de personas».

El mandatario provincial, desde Tornquist, en el sudoeste provincial, destacó que la quita de la tarifa diferencial se da en un contexto de bajas temperaturas y dificultades económicas para las familias, que ya enfrentan complicaciones para afrontar el pago de alquiler, alimentos, combustible y, ahora, servicios esenciales como luz y gas. Kicillof alertó que, de aprobarse la reforma en el Senado, “habrá un aumento tarifario que alcanza a veces al cien por ciento”.

Limitación de los subsidios y reconfiguración del régimen

La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al proyecto que recorta los subsidios al gas natural por Zonas Frías, tras negociaciones con un grupo de gobernadores. Como informó Infobae, el punto central de la jornada fue la compensación para provincias del norte mediante subsidios a la energía eléctrica, beneficiando a jurisdicciones como Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán bajo la categoría de “zona cálida”.

La iniciativa limita la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna, excluyendo a las provincias incorporadas en 2021, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Esa reforma previa había ampliado el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales y permitió que el número de hogares beneficiarios pasara de 950.000 a 4 millones.

Cambios en la cobertura y nuevos requisitos para acceder a subsidios

El proyecto establece que quienes podrán mantener el subsidio serán los hogares con ingresos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, así como titulares del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad. El Gobierno nacional afirmó que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal”, ya que podrán inscribirse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según la Secretaría de Energía, el regreso al esquema original implicará un ahorro fiscal de $272.099 millones y la salida del régimen de 55 departamentos de Buenos Aires, tres de Catamarca, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, tres de La Rioja, seis de Mendoza, ocho de Salta, 11 de San Juan, ocho de San Luis, ocho de Santa Fe y uno de Tucumán.

Reacciones políticas y estimaciones de impacto en tarifas

Desde la oposición, la medida fue calificada como un “tarifazo” y se advirtió que el nuevo cálculo del subsidio, que excluye los costos de transporte y distribución del gas, podría generar aumentos significativos. La diputada bonaerense Marina Salzmann, de Unión por la Patria, presentó el caso de una jubilada de Marcos Paz, quien pagó $26.000 por el gas en abril y, sin subsidio, pagaría $45.500, lo que representa el 11% de una jubilación mínima.

En contraste, la diputada por San Juan Nancy Picón Martínez enfatizó que “quienes más lo necesiten van a recibir el subsidio”, siempre que cumplan los criterios de ingresos o acrediten situaciones de vulnerabilidad.

El recorte de la tarifa de “zona fría” y la focalización de subsidios energéticos reconfigura el mapa de asistencia estatal en servicios públicos. El Senado debe definir el destino final del proyecto.

Estados Unidos le revocó la visa a Pablo Ferrara Raisberg, ex funcionario de la Cancillería argentina durante la gestión de Diana Mondino, al acusarlo de haberse enriquecido mediante pesca ilegal, una medida que llegó después de su salida del cargo por el caso de la merluza negra en Tierra del Fuego y en medio de una nueva política migratoria anunciada por Washington.

La sanción fue informada por el subsecretario de Estado Christopher Landau en la red social X. Allí precisó que el Departamento de Estado aplicó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y ubicó entre ellos a Ferrara Raisberg y al mexicano José Ali Amado.

Landau sostuvo en ese mensaje que la protección de “la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” es “una prioridad global” de Estados Unidos. También afirmó: “Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”.

Ferrara Raisberg no podrá volver a ingresar a territorio estadounidense. Según el texto fuente, había llegado al Palacio San Martín en diciembre de 2023 de la mano de Mondino, con quien mantenía un vínculo académico y un lazo familiar lejano.

Quién es Ferrara Raisberg

Antes de su paso por el Consejo Federal Pesquero, Ferrara Raisberg era conocido en el sector por su trayectoria ligada a la defensa ambiental marina. Según Pescare, en 2001 presentó “un amparo colectivo ambiental en la Corte Suprema de la Nación con el objetivo de frenar la pesca ilegal y depredadora en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país y sus áreas adyacentes, en una causa que fue contra el Estado Nacional”.

Especialista en Derecho Internacional Público, con formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y un doctorado en la Universidad de California, Ferrara Raisberg se desempeñó como profesor asistente en el South China Sea Institute hasta 2024. Un vínculo que no habría pasado inadvertido para el Departamento de Estado de Donald Trump.

Durante su paso por la Cancillería, Ferrara Raisberg fue designado como representante de esa dependencia ante el Consejo Federal Pesquero. Y permaneció en el cargo hasta marzo de 2024, cuando fue desplazado junto con el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera Julián Suárez.

La salida de ambos ocurrió en medio de acusaciones por supuestas presiones para favorecer a un empresario chino, en un caso de pesca ilegal de merluza negra frente a Tierra del Fuego. El conflicto comenzó un mes antes, cuando empresas del sector denunciaron que el buque Tai An, de la empresa Prodesur SA, de origen argentino y capitales chinos, transportaba 142 toneladas de carga pese a que tenía autorización para llevar solo cinco.

En ese entonces, las firmas competidoras alertaron a la Subsecretaría de Pesca sobre esa presunta irregularidad. El funcionario que debía enviar la nota a la Prefectura Naval para ordenar el regreso del barco a puerto era Suárez, pero esa instancia no avanzó por una supuesta intervención de Ferrara Raisberg.

Ferrara Raisberg llamó en tono intimidatorio a Suárez y le pidió que no interviniera en el asunto, con el argumento de que podrían surgir problemas judiciales si el buque era obligado a regresar a la terminal portuaria.

Después de esa llamada, el coordinador nacional acudió al subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla para que definiera qué hacer con el Tai An. La decisión fue que el barco no regresara al puerto de Ushuaia, pese a que infringía las reglas del Consejo Federal Pesquero.

Suárez renunció días más tarde. Ferrara Raisberg también presentó su dimisión ante Mondino mientras la entonces canciller estaba en Vietnam.

El caso continuó después de la salida de los funcionarios. En mayo de 2024, se conoció que la merluza negra capturada ilegalmente por el Tai An podía ser liberada porque Prodesur aceptó pagar una multa equivalente al 30% del total cargado para poder vender la mercadería en el mercado internacional. Además de esa multa, el buque quedó habilitado para regresar a la zona de pesca.

La revocación de la visa estadounidense se conoció dos años después de esa controversia, en un contexto de disputas comerciales entre Estados Unidos y China y un día después de difundirse el “Programa de protección de Bienes Comunes Globales”, un acuerdo entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur para realizar durante los próximos cinco años tareas de vigilancia y monitoreo conjunto en el Mar Argentino con Estados Unidos.

Tai-An,buque,barco,pesquero,puerto,muelle,navegación,marítimo,transporte

El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, amplió la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, tal como solicitó la fiscal Cecilia Incardona. El cargo se suma a los que ya pesaban sobre el dueño del holding Sur Finanzas —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia—: lavado de activos agravado y asociación ilícita. El empresario será indagado el próximo 26 de mayo, junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo.

En sus fundamentos, Incardona sostuvo que el aporte de Vallejo al vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen al que accedió Infobae, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio institucional—, la fiscal consideró que Vallejo debía responder como partícipe necesario de la defraudación (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal).

La distinción penal y su alcance

La administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que el andamiaje delictivo funcionara.

Con la ampliación admitida por Armella, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una acusación que combina tres figuras penales en concurso real: asociación ilícita, lavado de activos agravado por habitualidad y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario.

En la resolución del 4 de mayo, en la que el juez dispuso llamar a indagatoria a los ex directivos del club y dejó expresamente “presente” los fundamentos de la fiscal federal.

El origen de la causa y el esquema investigado

La causa FLP 29107/2025, caratulada «Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303“, se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones que la fiscalía califica de usurarias y luego reciclar las ganancias a través de un entramado de sociedades.

Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, contratos de mutuo con intereses leoninos, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita. El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos.

El caso Banfield como eje del fraude

La fiscal Incardona sostuvo que la cúpula directiva —integrada por Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario, Oscar Fabián Tucker como vicepresidente e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— no cometió una defraudación aislada, sino que diseñó una estructura orientada a la comisión sistemática de ilícitos.

El mecanismo central fue doble. Por un lado, la firma de dos contratos con Sur Finanzas Group S.A. en 2023: el primero, por USD 500.000 a una tasa del 3% mensual; el segundo, apenas tres meses después, por otros USD 500.000 con una tasa del 4% mensual. En menos de seis meses, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Ambos contratos consignaron que el dinero fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.

Por otro lado, los ingresos genuinos del club —cuotas sociales cobradas a través de la plataforma PagoTic y pagos de contratos de sponsoreo— fueron desviados sistemáticamente hacia las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, en lugar de las arcas formales de la institución.

Esta operatoria habría estado vigente desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023. Los cheques de pago diferido secuestrados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta del fideicomiso, constituyeron, según la fiscal, la prueba material del desvío.

El vínculo con la AFA y Tapia

Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera.

Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes. Tapia no está imputado en la causa de Armella.

En los más de 40 allanamientos ordenados por el magistrado se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.

La estrategia de la defensa y sus costos

El juez no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.

En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción que recae directamente sobre la defensa.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ya avaló la postura del juzgado. El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora.

Paralelamente, la jueza federal María Servini investiga a Sur Finanzas por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.

La audiencia del 26 de mayo será la primera oportunidad para que Vallejo tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado. Su madre, Graciela Beatriz Vallejo, también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención en caso de no presentarse.