El gas volvió a llamar la atención de hogares y empresas argentinas a raíz del aumento de las facturas por mayor consumo estacional y tarifas más caras, el proyecto oficial de cambio al régimen de Zonas Frías y los cortes de suministro a empresas fabriles que también afrontan un fuerte aumento de costos.

De aprobarse en el Senado, el cambio al régimen de Zonas Frías, que ya tiene media sancion de Diputados, significará un aumento adicional a gran parte de los usuarios que habían sido beneficiados por la ampliación que en 2021 llevó de unos 950.000 a cerca de cuatro millones el número de beneficiarios.

Argentina es un país abundante en gas, pero en los meses de invierno, por el fuerte aumento del consumo domiciliario, debe importar una parte, mayormente en forma de Gas Natural Licuado (GNL) que llega en barcos metaneros a un precio que este año tuvo un fuerte salto por la guerra en Medio Oriente y las restricciones de tránsito en el Estrecho de Ormuz.

Ya en mayo, según un reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet, el costo de la canasta de servicios públicos aumentó 17,5%, a $249.834 para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La factura que más aumentó respecto de abril fue la del gas, a $49.972, porque al aumento de 4% del cargo fijo y 3,3% del variable se sumó la estacionalidad del consumo, que explota al quedar atrás el período de menor demanda del año. Ese efecto se estima se intensificará en los próximos meses.

Las restricciones en el suministro de gas ya alcanzaron a unas 130 fábricas principalmente en Córdoba, el litoral y el NOA (por insuficiencias de la infraestructura de transporte) y el sector industrial pidió al Gobierno evitar una profundización del problema. La Unión Industrial de Córdoba (UIC) emitió un comunicado advirtiendo que “la industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos” y resaltó que las restricciones de suministro afectan incluso a empresas con contratos firmes y semi-firmes, es decir, empresas que pagan por el gas más que aquellas con contratos “interrumpibles”.

“La situación resulta especialmente alarmante porque ocurre antes del período de mayor demanda invernal”, subrayó la UIC. Fuentes de la UIA plantearon a Economía que las industrias afronten el costo del GNL importado, pero sin el “efecto de la guerra”.

La necesidad de importar GNL y los cortes a la industria están ligadas al aumento de la demanda domiciliaria.

Incluso cuando debido a importantes proyectos de aumento de la producción Argentina se convierta en un fuerte exportador de GNL, el país tal vez deberá seguir importando GNL porque la inversión en infraestructura de transporte para abastecer picos de unos pocos días no tendría sentido económico, explicó Juan Bosch, CEO de Saesa, una comercializadora de energía.

“Argentina puede reducir la importación de GNL sensiblemente, pero todavía importar algo, porque en invierno la demanda domiciliaria pasa de 20 millones de metros cúbicos por día (Mm3d) a 80 o hasta 90 Mm3d. Si este swing ocurre, tal vez haya que importar GNL por unos pocos días y en cantidades muy inferiores, pero con superávit en petróleo y también en gas. Estamos en una posición muy robusta”, dijo Bosch a Infobae.

El experto también defendió las limitaciones al Régimen de Zonas Frías, que enfrentará una fuerte resistencia de las provincias en el Senado.

“El régimen era prudente y razonable, pero se fue desvirtuando al incluir zonas y usuarios que no requerían protección especial. En su origen incluía un impuesto del 7,5% que ya violaba la ley 24.076 (marco regulatorio del gas, de junio de 1992, que prohíbe los subsidios cruzados), pero como no alcanzó, se recurrió a rentas generales. Así, el habitante del Chaco o de La Matanza que no tiene gas de red, también paga los subsidios a los beneficiarios del régimen de Zonas Frías. Un hotel 5 estrellas en Zona Fría que pone sus habitaciones a 26 grados, ¿tiene que recibir subsidio? Yo creo que no, sobre todo porque lo pagan muchos a quienes no les sobra nada”, dijo Bosch.

El ejecutivo recordó que en 2002 se rompieron los contratos y el esquema económico del gas y recién ahora se está superando el nivel de producción de principios de siglo.

Bosch destacó: “Hemos dilatado las inversiones en producción y transporte. Hicimos una política anti-industrial: pagábamos el gas importado hasta 6 o 7 veces que al productor local: el dinero argentino iba a desarrollar industrias hidrocarburíferas en el extranjero. De haber llegado a importar 100 barcos de GNL, vamos a importar unos 25 este año. La gestión de compra es de Enarsa, pero todo el GNL que se compró para junio ya está vendido a USD 21,17 el millón de BTU. Es más caro que el gas local, pero siempre fue así. Lo bueno es que lo paga el sector privado, que lo usa, y es un incentivo para que se produzca más acá y reducir la dependencia del gas importado”.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) proyectó que en un escenario “moderado” Argentina producirá 213 millones de metros cúbicos de gas diarios en 2030 y que en escenarios de “expansión” o “aceleración” superará la línea de los 280 millones hacia 2030 y la de los 300 millones en 2025, casi duplicando su nivel de consumo actual.

Para entonces, calculó Saesa en base a datos de Cammesa y la Secretaría de Energía, Argentina exportará tantas cargas de buques con GNL como las que debió en 2014, cuando la Argentina pagaba carísimo el gas importado y con precios muy inferiores desalentaba la producción local hasta llegar a picos de subsidio, importación y déficit energéticos.

Un precio del gas local muy inferior al internacional (en este momento, la mitad, aunque insuficiente para abastecer el pico de consumo invernal y todavía sin infraestructura para exportación masiva) implica a su vez la potencialidad de agregar valor industrializando el gas “aguas arriba” o “aguas abajo”. El caso más obvio es la industria petroquímica y, en particular, la producción de fertilizantes, del que la Argentina es un fuerte importador.

Es el primer y más obvio sector al que podría aplicarse el Super RIGI que anunció, pero todavía no presentó, el Gobierno, dijo Fernando Navajas, economista jefe de FIEL especializado en energía en la presentación del “Observatorio de la Transición Energética” de la Fundación Torcuato di Tella, que en un informe había adelantado el crecimiento de la actividad industrial de marzo que el jueves confirmó el Indec.

En base a datos de Cammesa, un informe del Observatorio ya había detectado que ese mes la demanda total de energía eléctrica aumentó 2,8% interanual, pero mientras la demanda residencial había aumentado 1%, la de los grandes usuarios del Mercado Mayorista Eléctrico (esto es, grandes industrias) lo había hecho un 12,8 por ciento.

Según Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de Fundación Mediterránea, la industria argentina aún no experimentó a pleno el efecto multiplicador de Vaca Muerta, cuyo potencial va mucho más allá del efecto sobre el sector externo, como mostró la experiencia de Estados Unidos con el “shale”.

En Argentina, el efecto multiplicador sobre los proveedores de bienes y servicios “aguas arriba” ya se constató, aunque no hay mediciones precisas al respecto, pero el efecto multiplicador “aguas abajo” recién está comenzando, y tiene que ver más con gas que con petróleo: la fluidez de esta fuente energética es un factor de competitividad de primer orden para actividades industriales intensivas en el uso del gas y apunta a ser una ventaja comparativa relevante en relación al resto de los países de la región, dijo Vasconcelos, aunque aclarando que las inversiones industriales capaces de aprovechar esa oportunidad “son en general proyectos de lento recupero, por lo que el nivel de riesgo país y otros factores institucionales pesan a la hora de decidir la inversión”.

En una investigación, Vasconcelos destacó que a partir de la irrupción del “shale gas” en Estados Unidos cambió la pendiente de la evolución industrial. Por caso, ejemplificó, mientras de 1997 a 2007, cuando el shale apenas se iniciaba, la industria manufacturera de ese país perdió 384.000 puestos de trabajo, mientras que de 2011 a 2013, con el fenómeno del shale ya consolidado, recuperó 159.000 empleos. El cambio fue abrupto para sectores industriales particulares, como la producción de bienes durables, que de perder 217.000 en el período pre-shale pasó a ganar 146.000 gracias al boom del shale, y dentro de durables el empleo en el rubro “metales fabricados” pasó de perder 17.000 a ganar 49.000 empleos, casi el triple de los que había perdido, y la de Maquinaria pasó de perder 34.000 a ganar 36.000 puestos.

El vuelco más impresionante se dio en producción de bienes para Transporte, que de perder 38.000 empleos entre 1997 y 2007 pasó a ganar 61.000 entre 2011 y 2013, gracias a que el boom del shale gas proveyó a ese sector de una fuente de energía abundante y barata.

Lo mismo podría suceder en Argentina, si antes supera el aumento abrupto de costos, por el gas importado y el aumento del consumo domiciliario durante los meses de invierno.

En caso que se apruebe en el Senado el proyecto para restringir el subsidio al gas del Régimen de Zonas Frías, el subsidio se limitará a regiones con clima severo y a hogares vulnerables, apuntando a un ahorro fiscal de poco más de $270.000 millones anuales, una reducción de casi 56% del costo fiscal del actual sistema, de unos $485.000 millones.

La nueva norma dejaría fuera del beneficio a 1,2 millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, manteniendo el subsidio pleno solo en la Región Patagónica, el departamento Malargüe en Mendoza y la Puna. En el resto de las zonas sumadas en 2021, el subsidio continuará exclusivamente para usuarios residenciales que cumplan con los criterios de ingresos del Subsidio Energético Focalizado (SEF), menores a tres Canastas Básicas Totales, poseedores del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares del Certificado Único de Discapacidad.

Además, el subsidio ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando afuera el “Valor Agregado de Distribución” que regulan los organismos provinciales.

El viernes, en un comunicado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que los cambios propuestos “alteran la lógica histórica del régimen compensatorio” y que “limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas”. Una presión tarifaria adicional, dice el documento, “profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo”.

La revisión excluye expresamente a 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y 8 de Santa Fe. Un estudio del Ieral calculó que la factura de un hogar de Bahía Blanca que consuma 118 metros cúbicos mensuales pasará de $19.945 a $39.890, un aumento del 100%, mientras los hogares que califiquen para el SEF con los nuevos criterios en esa misma ciudad pagarán 22% más y en la zona fría histórica el aumento será del 20%, sobre una canasta de servicios que, como se precisó al inicio de esta nota, ya en mayo aumentó 17,5 por ciento.

Así, según los analistas, para acceder a los beneficios del gas propio y abundante (creciente superávit comercial, industrialización, nuevos empleos y eventualmente consumo más barato), antes hay que pasar el invierno, frase vieja y repetida de la historia económica argentina.

Con la mira puesta en el exigente cronograma de vencimientos de deuda de 2027, el gobierno de Javier Milei negocia con bancos internacionales para unificar los tres préstamos repo en una sola operación y, de esta manera, extender el plazo de pago, según consignó Bloomberg.

“El gobierno del presidente Javier Milei mantiene conversaciones con bancos para fusionar los tres repos negociados desde 2025 en uno solo por al menos USD 5.000 millones, con vencimiento en 2028 o después de las elecciones presidenciales”, destacó la agencia de noticias.

A la vez, el medio especializado en temas económicos y financieros señaló que las entidades bancarias esperan que la operación se concrete dentro de un mes, aunque todavía la tasa no fue definida entre las partes.

Cabe recordar que en enero de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había sellado un repo por USD 3.000 millones, acordado con seis bancos internacionales a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual. Esta operación se había llevado adelante ante la proximidad de un vencimiento de deuda con tenedores privados, por un total de 4.300 millones de dólares.

Fuentes oficiales evitaron detallar la identidad de los bancos participantes, aunque voceros del sector financiero mencionaron a Citi, JP Morgan, BBVA, Santander, Bank of China y Deutsche Bank entre las entidades involucradas. La demanda por parte de los bancos alcanzó los USD 4.400 millones, superando en cerca de un 50% el monto ofrecido.

Este último préstamo constituyó el tercero bajo la gestión de Santiago Bausili al frente del BCRA. Los anteriores se celebraron en 2025: el primero, en enero, por USD 1.000 millones a una tasa de 8,8%, y el segundo, en junio, por USD 2.000 millones a una tasa de 8,25 por ciento. Ambos con un plazo de dos años.

A través de este mecanismo de financiamiento, la Argentina entregó bonos como garantía —en este caso, Bonares 2035 y 2038, ambos bajo legislación local— a cambio del efectivo recibido, asumiendo el compromiso de recomprar esos activos a un precio pactado de antemano.

En este esquema, quien solicita los fondos cede títulos —como bonos estatales o instrumentos de deuda— a una entidad internacional a cambio de liquidez. El acuerdo establece la recompra de esos activos tras un período determinado, pagando un importe superior al entregado inicialmente. La diferencia representa la tasa de interés aplicada.

La participación de bancos internacionales en este tipo de contratos permite canalizar recursos en distintas monedas y mercados. Estos instrumentos son habituales en el ámbito financiero global, donde las entidades buscan alternativas para diversificar sus fuentes de financiamiento y administrar la liquidez.

Desde la consultora Invecq advirtieron que la proximidad de las elecciones de 2027 “complejiza la perspectiva de un ingreso de capitales por parte del sector público, y el perfil de vencimientos de ese año luce particularmente exigente: incluso en el escenario más favorable -refinanciamiento de organismos internacionales, renovación del tramo activado del swap con China, entre otros-, el Tesoro y el BCRA deberán afrontar compromisos por más de USD 21.000 millones“.

En ese contexto, el equipo económico evita el regreso a los mercados internacionales de deuda al considerar que la tasa de interés, reflejada en el riesgo país, no representa los fundamentals de la economía real y, por ende, el costo del endeudamiento externo, es muy alto. Siguiendo esa lógica, el ministro de Economía, Luis Caputo, opta por la colocación de bonos en dólares en la plaza local -los Bonares 2027 y 2028- y aguarda una mayor compresión del índice elaborado por JP Morgan.

En ese sentido, el presidente Javier Milei remarcó en declaraciones recientes que “Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos”, en referencia a la colocación de bonos en dólares en el ámbito doméstico y el acuerdo de garantías de endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que detalló la nueva política de reducción de retenciones a las exportaciones del agro y la industria. El anuncio se dio un día después de la presentación oficial realizada por el presidente Javier Milei, quien había vinculado la baja de alícuotas a la evolución de la recaudación tributaria. Según precisó Caputo, la disminución será gradual y prefijada, con un esquema establecido que ya incluye los costos fiscales estimados para los próximos años.

Durante la conferencia, Caputo remarcó que la relación con el sector agropecuario se basa en la confianza y en el cumplimiento de compromisos asumidos desde el inicio de la gestión. “Desde el primer día dijimos que nuestro objetivo es llevar las retenciones a cero. Ese es el objetivo final”, afirmó el funcionario. Además, sostuvo que la eliminación total de este tributo solo podría concretarse durante un eventual segundo mandato.

Según lo explicado por el ministro, el Gobierno busca enviar una señal clara y estable al campo, destacando que todos los tramos de reducción de alícuotas ya están definidos. “Estos anuncios son fijos, programados. Lo que hemos anunciado ahora es efectivamente lo que vamos a hacer”, subrayó Caputo, en referencia a la diferencia con lo planteado el día anterior por el presidente Milei. Esa precisión responde a la inquietud de productores y cámaras del sector, que reclamaron previsibilidad para la toma de decisiones.

El esquema de reducción de retenciones a la soja, según la presentación oficial, no dependerá de la recaudación fiscal mensual o anual, sino que seguirá un calendario previamente comunicado. El Gobierno ya calculó el costo fiscal de esta decisión, tanto para el agro como para la industria exportadora.

Durante 2026, las alícuotas para trigo y cebada tendrán un recorte de dos puntos tan pronto como en junio. Después de ese ajuste inicial, las retenciones para estos cultivos seguirán un esquema de reducción gradual que continuará en los años siguientes. A partir de 2027, la baja de retenciones se extiende a todos los cultivos, se suman sorgo, maíz y girasol, aplicando una disminución mensual preestablecida. En el caso de la soja, por ejemplo, la alícuota bajará un cuarto de punto porcentual cada mes a lo largo de 2027, comenzando en 23,75% y finalizando el año en 21 por ciento. En 2028, la reducción será más acelerada, con una baja de medio punto porcentual por mes para todas las producciones, hasta alcanzar el porcentaje programado en el cronograma oficial.

Caputo detalló que el costo fiscal estimado por la reducción de retenciones al agro será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

En cuanto a la industria, la baja de alícuotas tendrá un costo de USD 25 millones de dólares en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro explicó que estos montos surgen de la aplicación del esquema progresivo de reducción de tributos y que la mayor parte del impacto fiscal ocurrirá en el último tramo, cuando se consolide la baja para todos los cultivos y sectores involucrados. Más aún: el grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.

Según Iraeta, el aumento de los costos de insumos, especialmente fertilizantes derivados del petróleo cuyos precios se dispararon por la guerra en Irán, motivó la decisión de acelerar el alivio tributario para productores. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.

Caputo también respondió a las consultas sobre el impacto de la medida en las cuentas públicas y la posibilidad de que se requiera un ajuste fiscal adicional para sostener el superávit. “No va a ser necesario ningún ajuste adicional porque estamos proyectando una mayor recaudación. Vemos una recuperación en los indicadores de actividad económica y en la recaudación misma”, sostuvo el ministro. En ese sentido, aseguró que el esquema de baja de retenciones para el año próximo es el máximo esfuerzo que permite la situación fiscal actual, pero que hacia 2027 el crecimiento económico facilitará nuevas reducciones.

La conferencia de prensa abordó también la inquietud por la posibilidad de especulación en el mercado de granos ante la baja gradual de la alícuota de soja. Iraeta explicó que la publicación del cronograma busca evitar distorsiones y brindar certidumbre a los actores del sector. “Al tener idea de lo que es el cronograma, vos sabés cuál va a ser el valor de la retención, cuál va a ser la alícuota y en función de eso hacés tus negocios”, señaló.

En cuanto a la implementación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para instrumentar la reducción de retenciones. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. El ministro también convocó a las provincias y municipios a acompañar el esfuerzo de reducción impositiva, recordando que las retenciones son impuestos no coparticipables y que la baja de la presión fiscal nacional debería complementarse con una disminución de impuestos locales, como ingresos brutos y tasas municipales.

Al ser consultado sobre la distribución del impacto fiscal, Caputo subrayó que la reducción de tributos nacionales no coparticipables genera un aumento en la base imponible de las provincias, ya que las empresas obtienen mayores ganancias y, en consecuencia, pagan más impuestos coparticipables. El funcionario sostuvo que “todas estas medidas tienen un impacto directo en las provincias, porque implican mayor ganancia y Ganancias es un impuesto que se coparticipa”.

El ministro de Economía también hizo referencia a la dinámica sectorial de la industria, al señalar que, si bien algunos sectores ligados al mercado interno muestran rezago, los datos recientes indican una recuperación generalizada. “El EMAE tiene dieciséis sectores, quince crecieron. El único que no creció es el sector público”, explicó. Además, destacó el crecimiento de las exportaciones industriales y el cumplimiento de los cupos de la Unión Europea, al atribuirlo a una mayor integración de las empresas argentinas en el comercio internacional.

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, puntualizó que la reducción de retenciones para la industria se concentra en sectores exportadores como el automotriz y petroquímico. “La carga de impuestos sobre la exportación era muy relevante reducirla, especialmente el dos y medio de tasa de retenciones. Ese es el margen que tiene una camioneta cuando se exporta a mercados que compite con los chinos, con los americanos, con los mexicanos”, argumentó Lavigne. Según el funcionario, la eliminación de estas alícuotas es clave para que los productos argentinos puedan competir en igualdad de condiciones a nivel internacional.

La conferencia también incluyó referencias a la infraestructura y la logística como ejes para mejorar la competitividad. Caputo mencionó la concesión de 9.100 kilómetros de rutas a partir de junio y el avance en la licitación de la hidrovía y el Belgrano Cargas. Según el ministro, estas obras ayudarán a reducir los costos logísticos, especialmente para el interior del país, y acompañarán el proceso de crecimiento de la producción agroindustrial.

El Gobierno enfatizó la importancia de la previsibilidad para el sector agropecuario y la industria. Tanto Caputo como Iraeta remarcaron que el anuncio de un cronograma anticipado para la baja de retenciones apunta a despejar incertidumbres y evitar conductas especulativas que podrían afectar la liquidación de divisas. “La baja es gradual y mes a mes, para evitar movimientos discretos fuertes”, explicó Caputo.

En la conferencia, los funcionarios reiteraron que los anuncios buscan generar un entorno estable para la producción y la exportación, sin depender de variables fiscales de corto plazo. Caputo sostuvo que la expectativa oficial es que la tendencia de crecimiento económico y recuperación de la recaudación permita sostener el alivio tributario sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.