ECONOMIA
Las dos caras del gas: aumento de la factura familiar y cortes a empresas versus aporte de dólares y potencial de industrialización y empleo

El gas volvió a llamar la atención de hogares y empresas argentinas a raíz del aumento de las facturas por mayor consumo estacional y tarifas más caras, el proyecto oficial de cambio al régimen de Zonas Frías y los cortes de suministro a empresas fabriles que también afrontan un fuerte aumento de costos.
De aprobarse en el Senado, el cambio al régimen de Zonas Frías, que ya tiene media sancion de Diputados, significará un aumento adicional a gran parte de los usuarios que habían sido beneficiados por la ampliación que en 2021 llevó de unos 950.000 a cerca de cuatro millones el número de beneficiarios.
Argentina es un país abundante en gas, pero en los meses de invierno, por el fuerte aumento del consumo domiciliario, debe importar una parte, mayormente en forma de Gas Natural Licuado (GNL) que llega en barcos metaneros a un precio que este año tuvo un fuerte salto por la guerra en Medio Oriente y las restricciones de tránsito en el Estrecho de Ormuz.
El Gas Natural Licuado (GNL) llega en invierno en barcos metaneros a un precio que este año tuvo un fuerte salto por la guerra en Medio Oriente y las restricciones de tránsito en el Estrecho de Ormuz
Ya en mayo, según un reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet, el costo de la canasta de servicios públicos aumentó 17,5%, a $249.834 para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La factura que más aumentó respecto de abril fue la del gas, a $49.972, porque al aumento de 4% del cargo fijo y 3,3% del variable se sumó la estacionalidad del consumo, que explota al quedar atrás el período de menor demanda del año. Ese efecto se estima se intensificará en los próximos meses.
Las restricciones en el suministro de gas ya alcanzaron a unas 130 fábricas principalmente en Córdoba, el litoral y el NOA (por insuficiencias de la infraestructura de transporte) y el sector industrial pidió al Gobierno evitar una profundización del problema. La Unión Industrial de Córdoba (UIC) emitió un comunicado advirtiendo que “la industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos” y resaltó que las restricciones de suministro afectan incluso a empresas con contratos firmes y semi-firmes, es decir, empresas que pagan por el gas más que aquellas con contratos “interrumpibles”.
“La situación resulta especialmente alarmante porque ocurre antes del período de mayor demanda invernal”, subrayó la UIC. Fuentes de la UIA plantearon a Economía que las industrias afronten el costo del GNL importado, pero sin el “efecto de la guerra”.
La necesidad de importar GNL y los cortes a la industria están ligadas al aumento de la demanda domiciliaria.

Incluso cuando debido a importantes proyectos de aumento de la producción Argentina se convierta en un fuerte exportador de GNL, el país tal vez deberá seguir importando GNL porque la inversión en infraestructura de transporte para abastecer picos de unos pocos días no tendría sentido económico, explicó Juan Bosch, CEO de Saesa, una comercializadora de energía.
“Argentina puede reducir la importación de GNL sensiblemente, pero todavía importar algo, porque en invierno la demanda domiciliaria pasa de 20 millones de metros cúbicos por día (Mm3d) a 80 o hasta 90 Mm3d. Si este swing ocurre, tal vez haya que importar GNL por unos pocos días y en cantidades muy inferiores, pero con superávit en petróleo y también en gas. Estamos en una posición muy robusta”, dijo Bosch a Infobae.
El experto también defendió las limitaciones al Régimen de Zonas Frías, que enfrentará una fuerte resistencia de las provincias en el Senado.
El régimen era prudente y razonable, pero se fue desvirtuando al incluir zonas y usuarios que no requerían protección especial (Bosch)
“El régimen era prudente y razonable, pero se fue desvirtuando al incluir zonas y usuarios que no requerían protección especial. En su origen incluía un impuesto del 7,5% que ya violaba la ley 24.076 (marco regulatorio del gas, de junio de 1992, que prohíbe los subsidios cruzados), pero como no alcanzó, se recurrió a rentas generales. Así, el habitante del Chaco o de La Matanza que no tiene gas de red, también paga los subsidios a los beneficiarios del régimen de Zonas Frías. Un hotel 5 estrellas en Zona Fría que pone sus habitaciones a 26 grados, ¿tiene que recibir subsidio? Yo creo que no, sobre todo porque lo pagan muchos a quienes no les sobra nada”, dijo Bosch.
El ejecutivo recordó que en 2002 se rompieron los contratos y el esquema económico del gas y recién ahora se está superando el nivel de producción de principios de siglo.

Bosch destacó: “Hemos dilatado las inversiones en producción y transporte. Hicimos una política anti-industrial: pagábamos el gas importado hasta 6 o 7 veces que al productor local: el dinero argentino iba a desarrollar industrias hidrocarburíferas en el extranjero. De haber llegado a importar 100 barcos de GNL, vamos a importar unos 25 este año. La gestión de compra es de Enarsa, pero todo el GNL que se compró para junio ya está vendido a USD 21,17 el millón de BTU. Es más caro que el gas local, pero siempre fue así. Lo bueno es que lo paga el sector privado, que lo usa, y es un incentivo para que se produzca más acá y reducir la dependencia del gas importado”.
La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) proyectó que en un escenario “moderado” Argentina producirá 213 millones de metros cúbicos de gas diarios en 2030 y que en escenarios de “expansión” o “aceleración” superará la línea de los 280 millones hacia 2030 y la de los 300 millones en 2025, casi duplicando su nivel de consumo actual.
Para entonces, calculó Saesa en base a datos de Cammesa y la Secretaría de Energía, Argentina exportará tantas cargas de buques con GNL como las que debió en 2014, cuando la Argentina pagaba carísimo el gas importado y con precios muy inferiores desalentaba la producción local hasta llegar a picos de subsidio, importación y déficit energéticos.
Un precio del gas local muy inferior al internacional (en este momento, la mitad, aunque insuficiente para abastecer el pico de consumo invernal y todavía sin infraestructura para exportación masiva) implica a su vez la potencialidad de agregar valor industrializando el gas “aguas arriba” o “aguas abajo”. El caso más obvio es la industria petroquímica y, en particular, la producción de fertilizantes, del que la Argentina es un fuerte importador.
Un precio del gas local muy inferior al internacional (en este momento, la mitad) implica a su vez la potencialidad de agregar valor industrializando el gas “aguas arriba” o “aguas abajo”
Es el primer y más obvio sector al que podría aplicarse el Super RIGI que anunció, pero todavía no presentó, el Gobierno, dijo Fernando Navajas, economista jefe de FIEL especializado en energía en la presentación del “Observatorio de la Transición Energética” de la Fundación Torcuato di Tella, que en un informe había adelantado el crecimiento de la actividad industrial de marzo que el jueves confirmó el Indec.
En base a datos de Cammesa, un informe del Observatorio ya había detectado que ese mes la demanda total de energía eléctrica aumentó 2,8% interanual, pero mientras la demanda residencial había aumentado 1%, la de los grandes usuarios del Mercado Mayorista Eléctrico (esto es, grandes industrias) lo había hecho un 12,8 por ciento.
Según Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de Fundación Mediterránea, la industria argentina aún no experimentó a pleno el efecto multiplicador de Vaca Muerta, cuyo potencial va mucho más allá del efecto sobre el sector externo, como mostró la experiencia de Estados Unidos con el “shale”.
En Argentina, el efecto multiplicador sobre los proveedores de bienes y servicios “aguas arriba” ya se constató, aunque no hay mediciones precisas al respecto, pero el efecto multiplicador “aguas abajo” recién está comenzando, y tiene que ver más con gas que con petróleo: la fluidez de esta fuente energética es un factor de competitividad de primer orden para actividades industriales intensivas en el uso del gas y apunta a ser una ventaja comparativa relevante en relación al resto de los países de la región, dijo Vasconcelos, aunque aclarando que las inversiones industriales capaces de aprovechar esa oportunidad “son en general proyectos de lento recupero, por lo que el nivel de riesgo país y otros factores institucionales pesan a la hora de decidir la inversión”.
En una investigación, Vasconcelos destacó que a partir de la irrupción del “shale gas” en Estados Unidos cambió la pendiente de la evolución industrial. Por caso, ejemplificó, mientras de 1997 a 2007, cuando el shale apenas se iniciaba, la industria manufacturera de ese país perdió 384.000 puestos de trabajo, mientras que de 2011 a 2013, con el fenómeno del shale ya consolidado, recuperó 159.000 empleos. El cambio fue abrupto para sectores industriales particulares, como la producción de bienes durables, que de perder 217.000 en el período pre-shale pasó a ganar 146.000 gracias al boom del shale, y dentro de durables el empleo en el rubro “metales fabricados” pasó de perder 17.000 a ganar 49.000 empleos, casi el triple de los que había perdido, y la de Maquinaria pasó de perder 34.000 a ganar 36.000 puestos.
En Estados Unidos la producción de bienes durables pasó de perder 217.000 en el período pre-shale a ganar 146.000 gracias al boom del shale (Vasconcelos)
El vuelco más impresionante se dio en producción de bienes para Transporte, que de perder 38.000 empleos entre 1997 y 2007 pasó a ganar 61.000 entre 2011 y 2013, gracias a que el boom del shale gas proveyó a ese sector de una fuente de energía abundante y barata.
Lo mismo podría suceder en Argentina, si antes supera el aumento abrupto de costos, por el gas importado y el aumento del consumo domiciliario durante los meses de invierno.
En caso que se apruebe en el Senado el proyecto para restringir el subsidio al gas del Régimen de Zonas Frías, el subsidio se limitará a regiones con clima severo y a hogares vulnerables, apuntando a un ahorro fiscal de poco más de $270.000 millones anuales, una reducción de casi 56% del costo fiscal del actual sistema, de unos $485.000 millones.

La nueva norma dejaría fuera del beneficio a 1,2 millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, manteniendo el subsidio pleno solo en la Región Patagónica, el departamento Malargüe en Mendoza y la Puna. En el resto de las zonas sumadas en 2021, el subsidio continuará exclusivamente para usuarios residenciales que cumplan con los criterios de ingresos del Subsidio Energético Focalizado (SEF), menores a tres Canastas Básicas Totales, poseedores del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares del Certificado Único de Discapacidad.
Además, el subsidio ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando afuera el “Valor Agregado de Distribución” que regulan los organismos provinciales.
El viernes, en un comunicado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que los cambios propuestos “alteran la lógica histórica del régimen compensatorio” y que “limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas”. Una presión tarifaria adicional, dice el documento, “profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo”.
El subsidio ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando afuera el “Valor Agregado de Distribución” que regulan los organismos provinciales
La revisión excluye expresamente a 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y 8 de Santa Fe. Un estudio del Ieral calculó que la factura de un hogar de Bahía Blanca que consuma 118 metros cúbicos mensuales pasará de $19.945 a $39.890, un aumento del 100%, mientras los hogares que califiquen para el SEF con los nuevos criterios en esa misma ciudad pagarán 22% más y en la zona fría histórica el aumento será del 20%, sobre una canasta de servicios que, como se precisó al inicio de esta nota, ya en mayo aumentó 17,5 por ciento.
Así, según los analistas, para acceder a los beneficios del gas propio y abundante (creciente superávit comercial, industrialización, nuevos empleos y eventualmente consumo más barato), antes hay que pasar el invierno, frase vieja y repetida de la historia económica argentina.
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ECONOMIA
El FMI elogió al Gobierno, pero enciende luces amarillas: incertidumbre electoral, fatiga social y percepción de corrupción

(AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo)
La semana pasada estuvo plagada de buenas noticias sobre la marcha de la economía. En el frente externo, las exportaciones siguen aumentando y en abril se registró un superávit comercial récord, de USD 2.710 millones. El Central aceleró compras y las reservas están a punto de superar los USD 47.000 millones, un nuevo máximo para este gobierno.
En el frente interno, la actividad económico marcó en marzo una clara recuperación respecto de febrero. Según el último valor, la economía creció al 5,5% interanual y se consolida en máximos en lo que va de la gestión de Javier Milei. Prácticamente todos los sectores mostraron mejoras interanuales, incluso lo más complicados, como construcción, industria y comercio.
Pero no todas son buenas noticias. La demanda interna es a esta altura un karma para el Gobierno y no exhibe signos de repunte. Según un informe de la consultora Claves, el consumo masivo está 11% abajo de los niveles de enero de 2023. Los aumentos de tarifas y la caída de ingresos en términos del salario, en un marco de aún elevada inflación, impactan negativamente a la hora de las compras en el supermercado.
Estos datos no hacen más que dejar a la vista el contraste de un país que marcha a dos velocidades. Por un lado están los sectores ganadores como agro, energía y minería. Pero luego están la industria y el comercio, que recién ahora empiezan a encontrar un piso luego de fuertes caídas en 2024 y 2025. El resultado es que algunas provincias presentan fuerte crecimiento (Neuquén es el caso más claro) y otras siguen en situación crítica: sucede en el Gran Buenos Aires y otros grandes aglomerados urbanos que dependen de sectores hoy en declive.
Según un informe de la consultora Claves, el consumo masivo está 11% abajo de los niveles de enero de 2023
La baja de la inflación pasó a ser clave para que los salarios recuperen terreno. Pero todo apunta a un proceso lento. Las expectativas de un índice de 2% o incluso menos en mayo se van diluyendo a partir de algunos aumentos puntuales en alimentos. Ahora el promedio de consultoras estiman cerca de 2,3%, mejor que en abril pero todavía lejos del nivel deseado por el equipo económico.
El economista y profesor del CEMA, Jorge Ávila, se mostró cauteloso respecto al proceso de desinflación en los próximos meses: “Va a ser difícil que baje mucho más allá del 2% porque el Central está emitiendo muchos pesos para comprar dólares. Y esos pesos los precisa el Tesoro para luego comprarle divisas al BCRA y pagar deuda. Por eso es muy importante que el riesgo país baje de los 400 puntos y Argentina recupere el acceso al mercado internacional. Pero lo veo difícil porque el mercado tiene miedo al regreso del kirchnerismo”.
Justamente a esos riesgos aludió de manera bastante más explícita que de costumbre el FMI en el Staff Report de la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina, difundido el viernes a la noche.
El Fondo es muy elogioso con el Gobierno, en especial por los continuos esfuerzos por mantener el superávit fiscal. También enfatiza que es fundamental fortalecer al BCRA vía acumulación de reservas. E insiste en la necesidad de regresar a los mercados internacionales para asegurar financiamiento. Esto se transformó en algo relevante para el propio FMI, a partir de los USD 7.000 millones que Argentina debería pagarle al organismo entre capital e intereses en 2027.
Pero junto a los elogios llegaron las advertencias, que ponen en palabras lo que les sucede a los inversores que evalúan oportunidades y riesgos en Argentina.
En un apartado, el Fondo hace foco en los peligros que conlleva el proceso electoral y la volatilidad que podría traer sobre las variables financieras y en particular al dólar. Además, hace referencia al “cansancio social” producto de una bonanza económica que no llega aún a los grandes conglomerados urbanos. En ese sentido, aconseja al Gobierno a mantener o profundizar los programas de asistencia a los sectores más vulnerables. Y pone el acento en el aumento del desempleo, especialmente el joven. “Estas situaciones podrían restarle apoyo popular a las reformas”, advierte.

Sin hacer referencia a ningún episodio en particular el Fondo menciona también el aumento de “percepción de corrupción”, que podría derivar en un menor respaldo al oficialismo y una disminución de la confianza.
El propio presidente Milei introdujo la cuestión electoral esta semana, en su anuncio de rebaja de retenciones al dcir: “el cronograma de reducción va a continuar en 2028, si es que nos reeligen”. Es una de las primeras veces que refiere explícitamente su intención de continuar por cuatro años, pero sobre todo deja en claro que se vienen medidas que tendrán un inevitable tinte electoralista.
Luis “Toto” Caputo también hizo una referencia electoral en un reportaje radial: “Aún si la economía no repunta la gente no lo va a votar a Kicillof, porque no quiere volver al pasado”.
La evolución de las distintas variables económicas muestra que en la mayoría de los sectores se habría tocado un piso. Algunos están volando y los más rezagados empiezan a recuperar, aunque desde niveles muy bajos como sucede con la industria y la construcción.
A diferencia de lo que le ocurrió a Mauricio Macri, la posibilidad de una crisis cambiaria -al menos este año- lucen minúsculas. Al contrario, el BCRA seguirá comprando muchos dólares al menos hasta julio. Después ingresarán divisas de la energía, emisiones de deuda provinciales y de empresas. Todo indica que el 2026 luce con una oferta adecuada de divisas.
Las dudas se concentran en la dinámica del 2027. Carlos Melconian consideró “inexorable” un proceso de dolarización en la previa electoral. Los antecedentes le dan la razón. La compra récord de divisas de 2025 en medio de las elecciones legislativas requirieron de la ayuda del Tesoro americano para evitar un descontrol cambiario.
Todo eso volverá el año que viene. Las PASO serán en agosto y en el primer trimestre empezarán a definirse las candidaturas. La “ventana” de tiempo del Gobierno para que el fuerte superávit comercial llegue a los bolsillos es relativamente corto. En el mejor de los casos, deberá conformarse con haber evitado un nuevo estallido cambiario, ponerle un piso a la actividad y continuar con un proceso suave de desinflación.

¿Alcanza para que Milei consiga su reelección? No solo es demasiado prematuro ensayar una respuesta, sino que será una incógnita imposible de despejar posiblemente hasta octubre del año que viene.
La economía y las mercados entrarán en pocos meses en un estado de alta incertidumbre. Será difícil evitar que el riesgo país, las tasas de interés, el dólar y el nivel de actividad eviten el impacto.
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ECONOMIA
El dólar cerró la semana en alza y volvió a superar los 1.400 pesos

El monto negociado en el mercado mayorista este viernes fue de los más altos del año, en los USD 825,1 millones en el segmento de contado. Sin embargo, la demanda firme impulsó al dólar, que ganó 13,50 pesos o 1%, a $1.403, el precio más alto en lo que va de mayo.
“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 8,50 pesos (+0,6%), muy por encima de los 3,50 pesos de caída registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
El límite superior del régimen de bandas cambiarias del BCRA marcó $1.744,12, para dejar al dólar mayorista a 341,12 pesos o 24,3% de esa banda de flotación.
El dólar mayorista anota un incremento de 12 pesos o 0,9% en el transcurso de mayo, mientras que mantiene una pérdida de 52 pesos o 3,6% desde el inicio del año.
El dólar al público ganó 15 pesos o 1,1%, a $1.425 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de mayo. En la semana el dólar minorista subió cinco pesos o 0,4 por ciento. El dólar blue estuvo operado sin variantes, también a 1.425 pesos.
“Con la oferta aún al mando, el dólar mayorista continúa cerca de los $1.390 mientras se evalúa la respuesta del campo a los anuncios sobre retenciones, en especial respecto al ritmo de liquidaciones de las próximas semanas. Con un BCRA comprando sostenidamente en esta etapa como condición como necesaria, los operadores monitorean en qué medida se va traduciendo en acumulación de reservas, entre otros a través de la evolución de las cuentas en pesos y dólares del Tesoro, en busca de que pueda maximizarse dicho objetivo”, reflexionó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.
El jueves, el presidente Javier Milei anunció una rebaja a partir de junio de las retenciones que pagan las exportaciones de trigo y cebada, y planteó un esquema de reducción gradual para la soja en 2027. También incluyó otros sectores como la industria automotriz, petroquímica y maquinarias.
Durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Presidente confirmó que desde junio las retenciones al trigo y la cebada bajarán de 7,5% a 5,5 por ciento. El mandatario también informó una reducción gradual prevista para la soja de entre 0,25 y 0,5 mensual a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación.
Milo Farro, analista de Rava Bursátil, comentó que “la autoridad monetaria acumula adquisiciones por USD 8.800 millones, con lo que se aproximó al piso de la meta anual de USD 10.000 millones. En esta línea, el mercado mantiene su atención en la reunión con el Fondo Monetario Internacional que liberaría un desembolso de USD 1.000 millones para Argentina. Por último, según difundió la Consultora1816 el Tesoro habría realizado una operación de compra de dólares al BCRA por USD 1.700 millones.
En este sentido, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Compañía, recordó que “al igual que con la primera revisión del año pasado, el Fondo otorgó un nuevo waiver por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas a fin de 2025, en tanto destacó la implementación del programa de compras de divisas del BCRA y el avance del proceso de reformas. Luego de los fuertes desembolsos iniciales al momento de la aprobación del acuerdo en abril del año pasado, los flujos netos con el FMI ya se tornaron negativos».
“De acuerdo al cronograma, queda una revisión para la segunda mitad del año -que liberaría un nuevo desembolso por USD 900 millones-, en tanto que se prevén pagos de interés y amortización por un total de USD 2.800 millones en lo que queda de 2026. Para el año próximo, los vencimientos totalizan USD 7.600 millones, con desembolsos potenciales por USD 1.800 millones sujetos a dos nuevas revisiones”, acotó Ortiz Villafañe.
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Según Bloomberg, el Gobierno busca extender los vencimientos con bancos internacionales para después de las elecciones

Con la mira puesta en el exigente cronograma de vencimientos de deuda de 2027, el gobierno de Javier Milei negocia con bancos internacionales para unificar los tres préstamos repo en una sola operación y, de esta manera, extender el plazo de pago, según consignó Bloomberg.
“El gobierno del presidente Javier Milei mantiene conversaciones con bancos para fusionar los tres repos negociados desde 2025 en uno solo por al menos USD 5.000 millones, con vencimiento en 2028 o después de las elecciones presidenciales”, destacó la agencia de noticias.
A la vez, el medio especializado en temas económicos y financieros señaló que las entidades bancarias esperan que la operación se concrete dentro de un mes, aunque todavía la tasa no fue definida entre las partes.
Cabe recordar que en enero de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había sellado un repo por USD 3.000 millones, acordado con seis bancos internacionales a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual. Esta operación se había llevado adelante ante la proximidad de un vencimiento de deuda con tenedores privados, por un total de 4.300 millones de dólares.

Fuentes oficiales evitaron detallar la identidad de los bancos participantes, aunque voceros del sector financiero mencionaron a Citi, JP Morgan, BBVA, Santander, Bank of China y Deutsche Bank entre las entidades involucradas. La demanda por parte de los bancos alcanzó los USD 4.400 millones, superando en cerca de un 50% el monto ofrecido.
Este último préstamo constituyó el tercero bajo la gestión de Santiago Bausili al frente del BCRA. Los anteriores se celebraron en 2025: el primero, en enero, por USD 1.000 millones a una tasa de 8,8%, y el segundo, en junio, por USD 2.000 millones a una tasa de 8,25 por ciento. Ambos con un plazo de dos años.
A través de este mecanismo de financiamiento, la Argentina entregó bonos como garantía —en este caso, Bonares 2035 y 2038, ambos bajo legislación local— a cambio del efectivo recibido, asumiendo el compromiso de recomprar esos activos a un precio pactado de antemano.
En este esquema, quien solicita los fondos cede títulos —como bonos estatales o instrumentos de deuda— a una entidad internacional a cambio de liquidez. El acuerdo establece la recompra de esos activos tras un período determinado, pagando un importe superior al entregado inicialmente. La diferencia representa la tasa de interés aplicada.
La participación de bancos internacionales en este tipo de contratos permite canalizar recursos en distintas monedas y mercados. Estos instrumentos son habituales en el ámbito financiero global, donde las entidades buscan alternativas para diversificar sus fuentes de financiamiento y administrar la liquidez.
Desde la consultora Invecq advirtieron que la proximidad de las elecciones de 2027 “complejiza la perspectiva de un ingreso de capitales por parte del sector público, y el perfil de vencimientos de ese año luce particularmente exigente: incluso en el escenario más favorable -refinanciamiento de organismos internacionales, renovación del tramo activado del swap con China, entre otros-, el Tesoro y el BCRA deberán afrontar compromisos por más de USD 21.000 millones“.
En ese contexto, el equipo económico evita el regreso a los mercados internacionales de deuda al considerar que la tasa de interés, reflejada en el riesgo país, no representa los fundamentals de la economía real y, por ende, el costo del endeudamiento externo, es muy alto. Siguiendo esa lógica, el ministro de Economía, Luis Caputo, opta por la colocación de bonos en dólares en la plaza local -los Bonares 2027 y 2028- y aguarda una mayor compresión del índice elaborado por JP Morgan.
En ese sentido, el presidente Javier Milei remarcó en declaraciones recientes que “Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos”, en referencia a la colocación de bonos en dólares en el ámbito doméstico y el acuerdo de garantías de endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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