INTERNACIONAL
Los videos que muestran cómo es por dentro el motín en una cárcel de Venezuela
En reclamo por las torturas que aseguran recibir, centenares de presos iniciaron un motín en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA), el estado venezolano donde nació el expresidente Hugo Chavez, a 500 kilómetros de Caracas. La protesta es protagonizada por unos 1200 hombres y más de 100 mujeres que pasan sus días en esa institución ubicada al sudoeste del país.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), un organismo civil que monitorea la situación de las cárceles locales, informó la situación y en sus redes sociales difundió una serie de videos en los que se muestra cómo se desarrolla el conflicto.
En las imágenes se ve a los internos con la cara tapada con remeras mientras protestan sobre los techos del centro penitenciario y queman colchonetas. En ese contexto, se ve una intensa nube de humo negro que se levanta en la zona, desde atrás de los muros y alambrados que rodean al edificio.
También se aprecian una gran cantidad de objetos rotos, esparcidos sobre el piso en medio del caos generalizado. También se puede escuchar que los protagonistas de la escena aseguran que se trata de una “huelga pacífica”.
En tanto, la agencia AFP reportó que los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer «SOS», «Nos torturan» o «No más tortura». Varios presos tenían el rostro cubierto.
“Mientras en las afueras del penal los familiares se encuentran angustiados porque no les dan información, solo observan como llegan gran cantidad de militares y funcionarios de diversos cuerpos de seguridad al penal”, escribieron desde el Observatorio en un comunicado.
De acuerdo con el OVP, recibieron denuncias que indican que “al menos 120 prisioneros están castigados en una celda de aislamiento”. Los avisos se suman a una serie de alertas anteriores, entre los que mencionaron “traslados inconsultos y aislamiento prolongado”.
En este contexto, la organización pidió a las autoridades judiciales y a los organismos competentes que “adopten medidas para garantizar la vida y los derechos de los prisioneros”.
Invocando los artículos 46, 68 y 337 de la Constitución, los internos exigen la destitución inmediata del Ministro de Servicios Penitenciario Julio García Zerpa, yde Elvis Macuare Guerrero, director de INJUBA, a quienes señalan por presunta corrupción y maltratos.
Los privados… pic.twitter.com/pOPP1QyurO
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 25, 2026
“Vemos cómo el Ministerio de Servicio Penitenciario ignora a los internos, quienes tienen más de una semana denunciando los maltratos, no los escuchan, todo lo contrario les disparan y los ponen a tragar gas. ¿Donde están las autoridades de la Defensoría e incluso los jueces de ejecución?, su trabajo es ir a la cárcel, estar al lado del privado de libertad y cumplan su misión de velar por el respeto de los derechos humanos de la población reclusa”, agregaron
En tanto, hasta el momento las autoridades del gobierno de Delcy Rodríguez no se pronunciaron sobre el registro fílmico de la manifestación, donde en el exterior del complejo penitenciario aparecen integrantes de las fuerzas de seguridad y familiares de los presos.
La protesta de este domingo va en línea con las denuncias que activistas de derechos humanos hicieron en varias oportunidades por las “condiciones de hacinamiento, el precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas”, así como por los retrasos procesales.
En medio de la tensión y la preocupación, la madre de uno de los reclusos contó que desde el 8 de mayo no tiene noticias de su hijo. La mujer describió los maltratos y torturas que, según mencionó, recibe el joven.
«Me lo tienen encerrado, golpeado (…) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director», declaró a AFP.
En el mismo sentido, consigna el sitio de noticias El Pitazo, familiares denunciaron que desde hace casi un mes no se permite el acceso de alimentos, agua potable, medicamentos. Esa situación, aparentemente, habría aumentado el conflicto entre los alijados en los distintos pabellones del centro penitenciario.
“Nos está dejando una sola camisa, un solo mono y un solo shorts. Un solo tubo de agua por privado”, afirmó un presidiario en uno de los videos que está circulando en el mundo virtual.
INTERNACIONAL
Abogada panameña es condenada a 12 años de prisión por apropiarse mediante engaños de una finca propiedad de 7 adultos mayores
El engaño y la falsificación de documentos para apropiarse de una finca que pertenecía a siete adultos mayores fue suficiente para que una abogada de nacionalidad panameña fuera condenada a 12 años de prisión.
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Chiriquí, logró probar en un juicio oral la responsabilidad penal de la imputada con los delitos de estafa y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos.
Un vez concluida la pena principal a la condenada igualmente se le inhabilitó para ejercer la profesión de abogada por cinco años, además de la restitución de las propiedades a las víctimas.
Para lograr la pena la Fiscalía mostró al menos 50 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, lo que permitió que el Tribunal de Juicio emitirá de manera unánime el fallo condenatorio.
La causa penal está relacionada con hechos acaecidos en la comunidad de Bongo, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, cuando mediante engaño y la falsificación de documentos la abogada hoy condenada logró apropiarse de la finca.
Por otro lado, las autoridades llevaron ante el Tribunal de Garantías a un hombre de 34 años de edad a quien se le legalizó su aprehensión, la imputación por el delito de violencia de género y la aplicación de la medida cautelar de detención provisional, por su vinculación al delito de violencia de género en perjuicio de dos mujeres.
Sobre el caso, el Ministerio Público indicó que los hechos ocurrieron de forma reiterada los días 18, 23, 25 de marzo y el 7 de abril del año en curso.
Durante ese tiempo el sujeto, que laboraba como agente de seguridad en un colegio privado, ubicado en el corregimiento Rufina Alfaro, enviaba mensajes de amenazas a las víctimas quienes brindaban el servicio de colegial en el mismo centro educativo.
El imputado, de acuerdo con el informe judicial, las humillaba diciéndoles palabras soeces y les advertía que las golpearía e incluso les envió un mensaje diciendo “las quiero muertas”.
Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público sustentó la solicitud de detención provisional basándose en los riesgos procesales existentes, tales como el peligro que representa el imputado para las víctimas, el riesgo de afectación de los medios de prueba y la naturaleza grave del delito.
La Procuraduría General de la Nación, mediante su Fiscalía Regional, en colaboración con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial, Dirección de Inteligencia Policial y Servicio Nacional de Fronteras, también desarrolló la operación, Barú, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.
Esta permitió la aprehensión de dos personas, la incautación de más de 100 envoltorios de sustancias ilícitas, equipos tecnológicos (13 celulares, dos router) así como también indicios presuntamente relacionados con delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto de vehículos.
Según la información oficial, las diligencias se llevaron a cabo en la cárcel pública de la capital chiricana, David, dentro de dos celdas.
Además, en los distritos de Barú, Bugaba y Alanje se recuperaron 27 tarjetas Sim, pesa digital y documentos que pudieran estar vinculados también con la causa penal.
Las investigaciones establecen que las víctimas eran contactadas por los presuntos agresores y mediante diferentes estrategias delincuenciales se apropiaban de sus automóviles.
A través de esta operación, la Fiscalía informó que espera poder establecer, con los indicios con que se cuentan, si existen algunas otras personas más vinculadas en esta investigación.
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INTERNACIONAL
California mayors revolt over Newsom bullet train plan they warn could ‘raid’ local tax bases
NEWYou can now listen to Fox News articles!
California city leaders are escalating opposition to the state’s high-speed rail project amid fears the Golden State could tap local taxpayer funds to prop up the troubled rail system after nearly two decades of delays.
«This proposal in the 2026 Draft Business Plan is fiscally reckless, legally vulnerable, and fundamentally unfair to the communities expected to host High-Speed Rail facilities. It would weaken local governments, destabilize public services, and undermine constitutional protections that California voters have repeatedly affirmed. Simply put: the state cannot solve a state funding problem by raiding local tax bases,» wrote Fresno Mayor Jerry Dyer along with nine other mayors in the letter obtained by Fox News Digital.
The mayors penned the April letter to the CEO of the High-Speed Rail Authority (HSRA), slamming a tax and planning proposal to help bankroll the railroad that has been in the works since 2008.
The mayors urged the state to pursue voter-approved bonds or dedicated state revenue sources instead of «attempting to divert local tax growth through a legally dubious scheme.»
NEWSOM’S CALIFORNIA RAIL PROJECT NOW EXPECTED TO COST $126B, OFFICIAL ADMITS, WITH STILL NO TRACKS LAID
Ten California mayors are demanding an end to a draft proposal that would use local tax funds to bankroll the high-speed railroad. (Fred Greaves/Reuters)
The suggested plan first appeared in the California High-Speed Rail Authority’s 2026 Draft Business Plan. The plan outlined a full Phase 1 buildout of the line was re-estimated to cost $231.3 billion, while the Authority’s optimized approach puts the initial Phase 1 investment at about $126.2 billion.
The proposed funding for the high-speed rail would not create a new tax, but redirect tax revenues near future High Speed Rail stations to the project, local outlet the Fresno Bee reported.
A California High-Speed Rail Authority spokesperson pushed back on the mayors’ characterization, saying there is no finalized plan to capture local revenues.
«There is no proposal. Through the 2026 Draft Business Plan, the Authority is continuing conversations with local jurisdictions and stakeholders about potential tools that could support station-area infrastructure and long-term system delivery,» said a California High-Speed Rail Authority spokesperson.
President Donald Trump and other administration officials have repeatedly called out Newsom and other California leaders for the time and money that has been spent on the project since it was approved in 2008 with an initial $33 billion price tag, before ballooning to more than $200 billion in expected costs.
«A little train going from San Francisco to Los Angeles that’s being run by Gavin New-scum — the governor of California,» Trump said on May 6. «Did you ever hear of Gavin Newsom? He has got that train—the worst cost overrun I’ve ever seen. It’s like, totally out of control.»
The railroad project was approved in 2008 with an initial $33 billion price tag. (Damian Dovarganes/AP)
«It is not constitutionally allowable in California for the state of California to come in and take those sales tax dollars for any other purpose than what they’re intended for, and that’s to support local government,» said Dyer.
He added that mayors have been left in the dark, having not met with HSRA officials, been left out of conversations and remained unsure of what the tax would be.
JONATHAN TURLEY: GRANDSTANDING NEWSOM WILL STOP AT NOTHING TO RIDE THE RAILS TO GLORY IN 2028
The nine other mayors who signed the letter represent the cities of Anaheim, Lancaster, Riverside, Bakersfield, Gilroy, Merced, Burbank, Hanford and Stockton.
Mayors called the plan to cherry-pick tax dollars as «legally dubious scheme» and «sets a dangerous statewide precedent.»
Lawmakers and local officials have slammed the project for failing to show deliverables and seemingly wasting taxpayer funds, while project leaders insist it will be completed.
«California’s high-speed rail has become a slow-moving train wreck — a case study in government waste and mismanagement, with billions spent, deadlines blown, and still nothing to show for it,» Rep. Vince Fong, R-Calif., wrote on X in April. «No finished track. No trains. Just broken promises. Years later, taxpayers are still footing the bill.»
‘WHO BENEFITED?’: BLUE STATE LAWMAKER DEMANDS FBI INVESTIGATE BULLET TRAIN ‘BOONDOGGLE’
While at a conference in Washington, D.C., HSRA CEO Ian Choudri said the high-speed railway will be finished «in our lifetime,» SFGate reported.
The Department of Transportation canceled billions of dollars in federal grants for the project in the summer of 2025.
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Fox News Digital reached out to the HSRA, office of Gov. Newsom and Mayor Dyer for comment.
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INTERNACIONAL
From rally gunfire to White House shooting, threats against President Trump continue to mount
Suspect identified after shooting near White House
Madeleine Rivera reports live from Washington, D.C., on the shooting incident near the White House where a gunman was killed after allegedly opening fire. Retired Secret Service agent Jeff James provides expert analysis on the incident during ‘Fox & Friends Weekend.’
NEWYou can now listen to Fox News articles!
Saturday’s shootout between the Secret Service and a deranged gunman near the White House marked the latest in a growing series of threats and security incidents involving President Donald Trump and senior administration officials, intensifying concerns about political violence.
As investigators continue piecing together the incident, authorities said Nasire Best, 21, of Maryland, approached a Secret Service checkpoint near 17th Street and Pennsylvania Avenue NW at about 6 p.m. local time, removed a weapon from his bag and opened fire on posted officers.
GUNMAN DEAD AFTER OPENING FIRE NEAR WHITE HOUSE CHECKPOINT, SECRET SERVICE SAYS
A 21-year-old man armed with a revolver was killed after exchanging gunfire with Secret Service agents near the White House gates, President Trump said. (Obtained by the New York Post)
According to a senior administration official with direct knowledge of the incident, Best — who allegedly had prior encounters with the Secret Service and a history of mental health issues — fired about three shots toward the executive mansion before he was taken down by Secret Service agents.
The shooting comes just weeks after another armed suspect rushed the entry point of the White House Correspondents’ Association Dinner at the Washington Hilton hotel.
Authorities identified that suspect as 31-year-old Cole Allen, of Torrance, California, who traveled to the nation’s capital armed with multiple weapons and carrying a manifesto outlining his intent. Investigators also said Allen shared anti-Trump rhetoric on social media and allegedly expressed hostility toward Christians in online posts reviewed by law enforcement.
WHCD SHOOTING SUSPECT PLANNED TO TARGET TRUMP OFFICIALS, MANIFESTO REVEALS
Cole Allen allegedly ran past Secret Service agents in an attempt to assassinate President Donald Trump. (US Attorney Pirro)
According to investigators, Allen intended to target senior Trump administration officials attending the annual event before being stopped by law enforcement outside the Washington Hilton.
The alleged WHCA plot came less than two years after Trump survived two separate assassination attempts during the 2024 presidential campaign, incidents that dramatically reshaped security operations around the president and other top officials.
In July 2024, a gunman opened fire during a Trump rally in Butler, Pennsylvania, grazing Trump’s ear, killing one rally attendee and injuring others before Secret Service agents fatally shot the suspect. Federal investigators later described the shooting as one of the most serious security failures in decades.
TRUMP RALLY GUNMAN ACTED ALONE, FBI SAYS — BUT QUESTIONS ABOUT MOTIVE PERSIST
Just months later, an armed suspect was discovered near Trump International Golf Club in West Palm Beach, Florida, in what investigators described as a second assassination attempt. Prosecutors alleged the suspect had positioned himself near the course with a rifle before being spotted by Secret Service agents.
The heightened security posture has continued since those incidents.
In February, Secret Service agents fatally shot a 21-year-old man carrying a shotgun and gas canister outside Mar-a-Lago while Trump was in Washington. The incident occurred around 1:30 a.m. when the suspect made an «unauthorized entry» through the north gate of the resort as another vehicle was exiting. The man was identified as 21-year-old Austin Tucker Martin of North Carolina.
Beyond those incidents, federal officials have repeatedly warned about a broader rise in threats targeting Trump and current and former administration officials, including dangers linked to extremist rhetoric, online radicalization and foreign adversaries such as Iran.
SUSPECT IDENTIFIED AFTER FATAL SHOOTING AT TRUMP’S MAR-A-LAGO ESTATE: OFFICIALS
President Donald Trump’s Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., on Aug. 10, 2022. (Steve Helber/AP)
Security concerns have also extended beyond Trump himself, with repeated swatting incidents, online death threats and increased protection measures for judges, prosecutors, and public officials connected to politically charged investigations and events.
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Taken together, the incidents have heightened concerns inside federal law enforcement and the intelligence community about the escalating risk of political violence ahead of another contentious election cycle.
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