POLITICA
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de Lobby: qué regula y qué actividades quedan excluidas
En medio del envío de una nueva tanda de reformas al Congreso, el Gobierno presentó un proyecto para regular la actividad de lobby o gestión de intereses ante el Estado. La iniciativa propone crear un régimen con registros públicos, reglas de transparencia y mecanismos de trazabilidad para las interacciones entre funcionarios y actores privados con el objetivo de influir en decisiones públicas.
Los fundamentos del Gobierno nacional sobre el proyecto de ley de Lobby sostienen que la gestión de intereses es una actividad legítima y presentan la iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.
Para el Ejecutivo, “un Estado más transparente es aquel que se erige sobre una base sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor libertad y participación ciudadana”. Además, agrega: “La calidad institucional no se declama, se construye con reglas claras que limiten el poder y expongan su ejercicio al control público”.
El proyecto será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezadas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
Qué establece el proyecto
La iniciativa define a la gestión de intereses como toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia desarrollada por personas humanas o jurídicas —por cuenta propia o de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita— con el objetivo de influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de decisiones públicas.
Entre las actividades alcanzadas figuran la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones; además de la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.
En cambio, quedarán excluidas las comunicaciones de carácter protocolar, social o institucional y las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general, siempre que no busquen influir sobre una decisión pública determinada. También quedará exceptuado el ejercicio individual del derecho de petición ante las autoridades.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
También establece incompatibilidades: ningún funcionario podrá actuar como gestor de intereses mientras ejerza funciones públicas, en línea con la Ley de Ética de la Función Pública.
Quedarán incluidas dentro del régimen las gestiones vinculadas con la elaboración o derogación de leyes, licitaciones, concesiones o la asignación de subsidios y beneficios fiscales.
En La Libertad Avanza sostienen que la propuesta “es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Antecedentes legislativos
El último proyecto de ley de Lobby presentado en el Congreso ingresó en 2024 y fue impulsado por la diputada radical Karina Banfi, hoy integrante del monobloque Adelante Buenos Aires.
“La existencia de un régimen implica reglas y constituye el primer paso para evitar conflictos de intereses, que son centrales en la conducta ética de cualquier funcionario o tomador de decisiones”, señaló Banfi a TN. Y agregó: “El conflicto de intereses y los lobbies son la puerta de ingreso a la corrupción cuando la ética del funcionario queda expuesta a beneficios o privilegios por encima del bien común”.
La legisladora también cuestionó al Poder Ejecutivo: “No responde pedidos de acceso a la información, pero ahora quiere autorregularse respecto de con quiénes se reúne. Lo celebro de todas maneras si toman en serio, de una vez por todas, la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional”.
Su iniciativa fue acompañada por los radicales Fabio Quetglas, Mario Barletta, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini y Marcela Coli. En los fundamentos del proyecto señalaron que una regulación de este tipo “representa una de las deudas del Congreso para fortalecer la democracia y promover la probidad en la función pública”.
Sin embargo, esa propuesta nunca avanzó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Antecedentes internacionales
En Estados Unidos, la ley de Lobby fue sancionada en 1995 y reformada en 2007. El sistema establece un esquema de transparencia basado en registros públicos y la divulgación obligatoria de las actividades de cabildeo.
La normativa exige que cualquier individuo u organización contratada para realizar tareas de lobby se registre ante la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes.
En la Unión Europea no existe una ley específica, aunque sí un sistema regulatorio apoyado en un Registro de Transparencia. Funciona bajo el principio de “condicionalidad”: registrarse es un requisito indispensable para cualquier persona u organización que quiera realizar actividades de influencia sobre las decisiones públicas.
Diputados, proyectos, Javier Milei
POLITICA
“Se defienden con hechos, no con palabras”: el mensaje de Milei sobre las Islas Malvinas en plena tensión con el Reino Unido
El presidente Javier Milei defendió este lunes a través de su cuenta de X la medida que tomó el Gobierno para intimar al Reino Unido por el proyecto petrolero en las islas Malvinas. “Defendiendo con hechos”, tituló el mandatario su posteo.
“Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió Milei.
En el mismo mensaje, el Presidente fijó un plazo para Londres: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”. Y cerró: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras. VLLC!!!”.
El posteo acompañó un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, que detalla que el arbitraje se tramitará bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos en la zona a través de Sea Lion y frenar cualquier otra medida que pueda agravar la situación, en particular el otorgamiento de nuevos permisos de explotación en la plataforma continental argentina.
Según el texto, la Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que en un plazo de dos semanas adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de esas actividades. De no cumplirse el requerimiento, el país pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar sus derechos sobre la plataforma continental.
Para fundamentar la decisión, el Gobierno citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e instó a resolverla mediante negociaciones, y la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe ese proceso. En esa línea, sostuvo que la explotación unilateral de los recursos de la zona es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio “irreversible e irreparable” a los derechos de soberanía argentinos.
El comunicado también expresó un “rechazo categórico” a la respuesta británica al discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Gobierno afirmó que la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum de 2013, al que calificó de unilateral y no reconocido internacionalmente, no alteran la controversia de soberanía reconocida por la ONU.
Además, la Casa Rosada informó que detectó operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas–Punta Arenas, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. Por ese motivo, el Presidente ordenó iniciar de forma urgente procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional”, concluye el documento.
Islas Malvinas, soberania de malvinas, Javier Milei
POLITICA
Caso $LIBRA: la Cámara Federal rechazó los recursos de cuatro inversores que buscan recuperar su lugar como querellantes
Con la nueva conformación que dispuso el Gobierno, la Cámara Federal porteña le propinó hoy un nuevo traspié a los inversores perjudicados por el “caso $LIBRA” que quieren ser querellantes para impulsar la investigación penal. Declaró inadmisibles los recursos que presentaron para acudir a la Casación Penal, por lo que solo tendrán una última y muy angosta oportunidad para llegar a la máxima instancia penal del país: un recurso de queja.
La decisión la adoptaron hoy el camarista Mariano Llorens y sus colegas que designó la Casa Rosada, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, que rechazaron los recursos de Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega contra la decisión que los apartó del expediente.
Llorens, Bertuzzi y Yadarola se limitaron a rechazar la vía que habían elegido los inversores para recurrir la decisión que adoptó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en primera instancia a pedido del lobista Mauricio Novelli, y que refrendó la Cámara Federal el 4 de este mes, en el primer día hábil con su nueva integración.
Ahora, se espera que los cuatro inversores presenten un recurso de queja directo ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar que una sala de ese tribunal revise la negativa de la Cámara Federal, les conceda la apelación y evalúe luego si les asiste o no la razón.
En la resolución de hoy, Bertuzzi y Yadarola admitieron que las decisiones que excluyen a un querellante pueden ser equiparadas a una sentencia definitiva, porque pueden ocasionarle un perjuicio de imposible reparación al cercenar “la oportunidad de que la presunta víctima intervenga como parte acusadora”. Pero aclararon que esa posibilidad de apertura formal no alcanza por sí sola para abrirles la puerta para que acudan a la Casación.
En ese sentido, Bertuzzi y Yadarola sostuvieron que los inversores se limitaron a discrepar con la interpretación que hizo Martínez de Giorgi y compartió la Cámara sobre la configuración del ardid exigido para que se configure el delito de estafa, y sobre su legitimación para querellar. En otras palabras, según los jueces, no demostraron cómo el juez y los camaristas aplicaron mal la ley.
Para Bertuzzi y Yadarola, además, los recurrentes tampoco demostraron que hayan padecido una arbitrariedad y descartaron los supuestos defectos de fundamentación requeridos para admitir sus recursos.
Llorens fue más allá en un voto propio. Advirtió que la vía casatoria, “nacida para casos muy específicos, ha visto incrementado su caudal con asuntos a los que debiera ser extraña”, y planteó que es necesario acotarla. Según su criterio, la garantía del doble conforme quedó satisfecha porque la Cámara ya revisó la decisión del juez de primera instancia, y los inversores solo intentan “reeditar una discusión” que ya tuvo respuesta en esa instancia.
El Poder Ejecutivo oficializó las designaciones de Bertuzzi y Yadarola mediante sendos decretos que firmó el presidente Javier Milei y ambos juraron el 3 de septiembre en los tribunales federales de Comodoro Py, después de que el Senado les prestara acuerdo el 27 de agosto. Yadarola llegó desde el fuero Penal Económico, mientras que Bertuzzi ocupaba el cargo de manera provisoria desde 2018, tras un traslado que dispuso el entonces presidente Mauricio Macri.
El próximo paso posible para los cuatro inversores será presentar una queja directamente ante la mesa de Entradas de la Casación Penal contra la decisión que declaró inadmisibles sus recursos. Una eventual llegada a la Corte Suprema quedaría sujeta, posteriormente, a que se configure una cuestión federal que habilite el recurso extraordinario.
La decisión de este lunes, cabe aclarar, tampoco cierra la investigación penal sobre el lanzamiento y desplome de $LIBRA ni implica una definición sobre la eventual existencia de un delito, aunque fortalece las aspiraciones de dejar atrás el escándalo de Novelli, Manuel Terrones Godoy, los hermanos Milei y otros acusados que, ante un sobreseimiento que firmara el juez Martínez de Giorgi, solo dependerían del fiscal Eduardo Taiano para evitar que el caso se cierre.
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POLITICA
El Gobierno relativiza la caída del índice de confianza y busca explicar los cuestionamientos de Milei a las mediciones
Tras la publicación de un nuevo dato adverso, el Gobierno relativiza la caída en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente a septiembre y elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. Luego de que el indicador registrara un descenso de 5,9% y se ubicara en 1,94 puntos, en Casa Rosada ensayan una serie de argumentos para atenuar los números.
“Es un índice fluctuante. El mes pasado nos dio arriba de los 2 puntos y el mes anterior abajo”, expresó ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial tras conocerse el menor registro de la presidencia de Javier Milei, un nivel que ya había alcanzado en septiembre de 2025 y julio de 2026.
En Balcarce 50, plantearon que la fluctuación de la medición complejiza el análisis y precisaron que detectan una suerte de “serrucho” en la tendencia. “La medición sube y baja todo el tiempo. Este mes el Índice de Confianza del Consumidor de la Di Tella dio arriba de casi 3 puntos y el mes anterior había caído”, planteó un funcionario al respecto.
Asimismo, un hombre del círculo rojo de Milei señaló que el índice de la Di Tella suele mantenerse estable, en torno al 40% de la escala máxima, aunque con lo que definió como “pequeñas oscilaciones poco significativas”.
El dato se conoció en una semana adversa para el Gobierno en el frente económico: el INDEC informó que la actividad económica retrocedió 1,4% interanual en julio y 2,9% respecto de junio en la medición desestacionalizada, mientras que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre.
A eso se sumó el comportamiento de los mercados: el riesgo país cerró el 25 de septiembre en 609 puntos básicos, su nivel más alto desde abril, y el S&P Merval cedió 1,57%, mientras que las acciones y los bonos argentinos también operaron en baja. Además, J.P. Morgan redujo a 1,5% su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026, luego del dato de actividad de julio.
En ese contexto, en el oficialismo buscaron explicar los recientes cuestionamientos de Milei a los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). “Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, precisó en declaraciones a La Nación+.
En Casa Rosada aseguran que el mandatario no tiene previsto avanzar en el corto plazo con cambios en la metodología para elaborar los distintos indicadores y sostienen que Milei intentó exponer que la fluctuación de las estadísticas responde a las variaciones que atraviesa la economía.
“Milei dijo que los datos están dando cualquier cosa, pero porque hay mucha fluctuación y mucha variación en la ponderación, no porque está mal la medición. De hecho, no hay ninguna observación al respecto de eso”, expresó una fuente del entorno del mandatario.
En la misma línea, aclararon que la explicación apunta a subrayar que los cambios que atraviesa la economía dificultan la lectura de los indicadores en el corto plazo. “Lo que está diciendo (Milei) es que la economía está recibiendo tantos shocks que todavía no hay una uniformidad. Entonces, hay un mes que hay una subida importante de la actividad, otro que registra una caída y así. Hay como un efecto serrucho, que es a lo que él se refiere con que están dando cualquier cosa”, explicaron ante este medio.
“No hay un error en la medición y eso no significa que vaya a haber alguna decisión de cambiar la medición o la metodología”, aclararon ante la consulta de Infobae.
La discusión sobre los indicadores se inscribe, además, en medio del debate interno en torno a la vigencia del programa económico que instrumenta el ministro de Economía, Luis Caputo, y en la férrea defensa que el propio mandatario hace del rumbo económico. “El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo”, expresó recientemente.
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