POLITICA
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de Lobby: qué regula y qué actividades quedan excluidas

En medio del envío de una nueva tanda de reformas al Congreso, el Gobierno presentó un proyecto para regular la actividad de lobby o gestión de intereses ante el Estado. La iniciativa propone crear un régimen con registros públicos, reglas de transparencia y mecanismos de trazabilidad para las interacciones entre funcionarios y actores privados con el objetivo de influir en decisiones públicas.
Los fundamentos del Gobierno nacional sobre el proyecto de ley de Lobby sostienen que la gestión de intereses es una actividad legítima y presentan la iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.
Para el Ejecutivo, “un Estado más transparente es aquel que se erige sobre una base sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor libertad y participación ciudadana”. Además, agrega: “La calidad institucional no se declama, se construye con reglas claras que limiten el poder y expongan su ejercicio al control público”.
El proyecto será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezadas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
Qué establece el proyecto
La iniciativa define a la gestión de intereses como toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia desarrollada por personas humanas o jurídicas —por cuenta propia o de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita— con el objetivo de influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de decisiones públicas.
Entre las actividades alcanzadas figuran la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones; además de la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.
En cambio, quedarán excluidas las comunicaciones de carácter protocolar, social o institucional y las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general, siempre que no busquen influir sobre una decisión pública determinada. También quedará exceptuado el ejercicio individual del derecho de petición ante las autoridades.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
También establece incompatibilidades: ningún funcionario podrá actuar como gestor de intereses mientras ejerza funciones públicas, en línea con la Ley de Ética de la Función Pública.
Quedarán incluidas dentro del régimen las gestiones vinculadas con la elaboración o derogación de leyes, licitaciones, concesiones o la asignación de subsidios y beneficios fiscales.
En La Libertad Avanza sostienen que la propuesta “es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Antecedentes legislativos
El último proyecto de ley de Lobby presentado en el Congreso ingresó en 2024 y fue impulsado por la diputada radical Karina Banfi, hoy integrante del monobloque Adelante Buenos Aires.
“La existencia de un régimen implica reglas y constituye el primer paso para evitar conflictos de intereses, que son centrales en la conducta ética de cualquier funcionario o tomador de decisiones”, señaló Banfi a TN. Y agregó: “El conflicto de intereses y los lobbies son la puerta de ingreso a la corrupción cuando la ética del funcionario queda expuesta a beneficios o privilegios por encima del bien común”.
La legisladora también cuestionó al Poder Ejecutivo: “No responde pedidos de acceso a la información, pero ahora quiere autorregularse respecto de con quiénes se reúne. Lo celebro de todas maneras si toman en serio, de una vez por todas, la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional”.
Su iniciativa fue acompañada por los radicales Fabio Quetglas, Mario Barletta, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini y Marcela Coli. En los fundamentos del proyecto señalaron que una regulación de este tipo “representa una de las deudas del Congreso para fortalecer la democracia y promover la probidad en la función pública”.
Sin embargo, esa propuesta nunca avanzó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Antecedentes internacionales
En Estados Unidos, la ley de Lobby fue sancionada en 1995 y reformada en 2007. El sistema establece un esquema de transparencia basado en registros públicos y la divulgación obligatoria de las actividades de cabildeo.
La normativa exige que cualquier individuo u organización contratada para realizar tareas de lobby se registre ante la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes.
En la Unión Europea no existe una ley específica, aunque sí un sistema regulatorio apoyado en un Registro de Transparencia. Funciona bajo el principio de “condicionalidad”: registrarse es un requisito indispensable para cualquier persona u organización que quiera realizar actividades de influencia sobre las decisiones públicas.
Diputados, proyectos, Javier Milei
POLITICA
Alumnos tomaron el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini para exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario

Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resolvieron en asambleas tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La decisión fue adoptada este martes después de una serie de debates internos en los que participaron decenas de alumnos, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Argumentan que la medida es una respuesta directa al ajuste del Gobierno nacional, que afecta tanto los salarios docentes como el mantenimiento de la infraestructura educativa.
La protesta comenzará en la noche, al finalizar el turno vespertino, y se desarrollará bajo la modalidad de toma con presencia de los estudiantes en los edificios. Según lo resuelto en las asambleas, el dictado de clases no se interrumpirá completamente: cada alumno podrá optar por adherirse o no a la medida y, en reemplazo de la actividad habitual, se organizarán clases públicas en el marco de la protesta. El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, precisó en diálogo con A24 que la voluntad de la comunidad estudiantil “es visibilizar la crisis y defender la educación pública”, remarcando que cada jornada se evaluará en asambleas si la ocupación continúa.
El reclamo central apunta a que el Gobierno nacional cumpla la ley votada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que establece pautas para el financiamiento de las universidades y sus instituciones dependientes. Sin embargo, la norma se encuentra judicializada y su aplicación fue suspendida a la espera de una definición sobre las partidas presupuestarias. El Poder Ejecutivo apeló los fallos iniciales que ordenaban la puesta en marcha de los artículos vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento, mientras el oficialismo promueve un nuevo proyecto legislativo que condiciona las actualizaciones presupuestarias a que la inflación anual supere el 14,3%.
La toma de los colegios preuniversitarios se inscribe en un contexto de conflicto por los recursos destinados a la educación superior. En paralelo a la protesta estudiantil, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por veinticuatro horas para este viernes, con la consigna de exigir la convocatoria urgente a paritarias y la recomposición salarial. “Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló la organización en un comunicado. Se suma a los otros sindicatos de docentes universitarios, Conadu y Conadu Histórica.

La medida de fuerza de los docentes se suma a una serie de movilizaciones y jornadas de clases públicas impulsadas desde 2024 en todo el país. El gremio sostiene que los salarios perdieron un 52,1 % de poder adquisitivo desde la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada y denuncia que el atraso impacta de manera directa en la calidad educativa y en la permanencia del cuerpo docente en el sector público.
“Los profesores del Nacional Buenos Aires están cobrando un 30 % menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad”, afirmó Pitrola en A24. Según el dirigente estudiantil, esta situación representa un perjuicio estructural y evidencia “un claro ataque directo a las universidades”. Sostuvo también que “históricamente, los docentes de los colegios preuniversitarios ganaban un 30 % más que sus pares de la ciudad”, y consideró que la reversión de esta relación salarial se produce en el marco de una política que busca “deteriorar la educación pública para eventualmente arancelarla”.
En la entrevista concedida a A24, Pitrola explicó que la ocupación de los establecimientos tiene carácter “indeterminado”, pero que la continuidad de la medida será evaluada de manera cotidiana en asambleas abiertas a toda la comunidad educativa. “La idea es visibilizar, la idea es informar a la sociedad lo que está pasando en el colegio, porque es realmente muy grave”, expresó el presidente del centro de estudiantes. Aseguró que “la situación es límite” y que “los profesores se están yendo al sector privado, dejando la labor de la enseñanza pública”.
Desde la perspectiva de los alumnos, el deterioro de los salarios y la falta de mantenimiento edilicio son síntomas de una crisis más profunda que afecta a toda la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al sistema universitario nacional. En este sentido, la movilización estudiantil se articula con las acciones de los gremios docentes y no docentes, que este martes organizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir una definición de la Corte Suprema sobre la ley.
El conflicto por el financiamiento universitario no es nuevo: desde 2024, estudiantes y trabajadores han encabezado al menos cuatro movilizaciones federales y numerosas jornadas de protesta. La promulgación de la ley en octubre de 2025 no destrabó la situación, ya que su implementación quedó supeditada a la asignación de fondos en el Presupuesto. Mientras tanto, el Gobierno envió al Congreso una nueva iniciativa que no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.
POLITICA
La Argentina ante los senderos que se bifurcan

Estados Unidos quiere ganarle a China la carrera de la inteligencia artificial, pero ¿cómo sabremos quién ganó o perdió? Kyle Chan, investigador de Brookings, planteó esta pregunta provocadora en una audiencia pública en la Cámara de Diputados de EEUU hace unas semanas. Una primera respuesta posible: quién lleva la ventaja en los modelos más poderosos, que define quién llega primero a la anhelada y temida superinteligencia artificial. Otra manera de entender la disputa sería acerca de quién controla los insumos en la cadena de valor de la IA: el acceso a los minerales críticos, a los semiconductores o a la energía que demandan los centros de datos. Una tercera forma de abordarlo, argumentó Chan, sería en qué medida la IA logra mejorar la vida y el progreso de la mayor cantidad de personas. Estas formas de evaluar no son excluyentes, y requieren activar distintas palancas de política pública.
La competencia entre Washington y Pekín no tiene correlato con lo que ocurre en el resto del mundo, pero como en cada momento de disrupción tecnológica, todos los países están corriendo su propia carrera, incluida la Argentina. Y esa es la pregunta que quiero plantear: ¿qué significaría que a la Argentina le vaya bien en la carrera de la IA?
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, ofrece un punto de partida útil. Argentina ocupa el sexto lugar de 19 países evaluados, con 52 puntos sobre 100, clasificada como “adoptante”: ni entre los pioneros (Chile, Brasil, Uruguay) ni entre los más demorados. Pero la región en su conjunto viene corriendo de atrás. Toda la inversión privada en IA de América Latina representa apenas el 1,12% de la inversión global: una brecha de siete veces respecto al peso de la región en el PBI mundial. Argentina tiene hoy un rezago de adopción de IA en una región rezagada.
Descartemos primero lo que no está a nuestro alcance. Sería poco realista plantearnos que Argentina busque insertarse en la construcción de grandes modelos fundacionales (como Claude o ChatGPT), un camino que requiere inversiones de capital abismales, talento especializado en escala y acumulación de conocimiento durante años. Para dimensionar dónde estamos: Corea del Sur, que se ubica en un muy lejano tercer lugar detrás de Estados Unidos y China en el desarrollo de modelos de IA, es el país con más patentes de IA per cápita del mundo. Ese club tiene barreras de entrada que hoy no podemos franquear.
Eso no significa que países como Argentina queden automáticamente sin lugar en esta nueva geografía tecnológica. En las grandes transformaciones, buena parte del valor suele estar en la capacidad de adaptar y difundir tecnologías a lo largo de distintos sectores de la economía, más que en liderar necesariamente la invención original. Nuestro test tiene que ser otro.
Una primera dimensión pasa por construir aplicaciones, servicios y plataformas sobre los grandes modelos existentes. Puede además aprovechar el acceso abierto a varios de ellos ya que la Argentina tiene la ventaja de ocupar el segundo lugar de la región en relevancia de su producción de código abierto. Tenemos un sector muy significativo en el que apalancarnos: las exportaciones de servicios basados en la economía del conocimiento alcanzaron en 2025 un récord de 9.600 millones de dólares y fueron el tercer complejo exportador del país.
El desafío es que este terreno se mueve rápido. Cada nuevo anuncio de los grandes modelos de IA redefine en cuestión de semanas modelos de negocio y barreras de entrada para millones de start-ups en todo el mundo. La capacidad de innovar es clave y para ello hacen falta recursos humanos especializados y acceso a financiamiento para escalar rápido. La brecha de talento en IA entre América Latina y el promedio mundial se viene ampliando desde 2022, impulsada por una pérdida acelerada de profesionales especializados. Y el problema es doble: no retenemos el talento existente y nuestros indicadores de calidad educativa revelan cuán endeble es la base sobre la que formamos a quienes vienen. Sin reformas e inversión en el sistema educativo y tecnológico, la IA es un simple anhelo de deseo.
Una segunda dimensión es horizontal: que la IA no quede confinada a los sectores de vanguardia o start-ups sino que impregne al conjunto de la economía, de manera que potencie la productividad. América Latina arrastra un problema severo de productividad —su crecimiento promedió apenas un 0,4% anual en los últimos 25 años y fue negativo en la última década— y los grandes saltos tecnológicos abren oportunidades para acelerar transformaciones. Esta puede ser una de ellas.
Como ocurrió con internet o la electricidad, hay países que lideran la invención y los primeros desarrollos comerciales, pero eso no impide que otros se vuelvan especialmente eficaces en difundir esa tecnología a lo largo de toda su economía. No conocemos una revolución tecnológica de esta escala y velocidad, pero sí sabemos que los procesos de difusión tecnológica son muy relevantes para el desarrollo de los países.
¿Podemos convertir esta disrupción en una herramienta para mejorar la competitividad de nuestra economía? ¿Cómo incentivamos usos de IA que potencien el trabajo humano y no lo reemplacen? Según el ILIA, Argentina registraba a inicios de 2025 casi 8 millones de usuarios activos de aplicaciones de IA generativa. Somos adoptantes tempranos. Pero ese uso individual no se traduce todavía en impacto productivo. Como suele ocurrir en los procesos de difusión tecnológica, las compañías más grandes y dinámicas llevan la delantera y para las pymes es más cuesta arriba.
Según una encuesta de usos de IA en pymes argentinas realizada por NADIA (Nodo argentino de IA), existe un crecimiento acelerado de uso pero aún incipiente. Entre las pymes de manufactura, el 36% reporta usar al menos un tipo de IA y su principal uso es para marketing y ventas. Aún no se observa un uso sistemático y con rediseño de procesos. La brecha entre uso individual e impacto productivo es, por ahora, un fenómeno extendido en el mundo. Pero el potencial es grande, especialmente en los sectores más rezagados. A lo largo del país, empresas de distintos sectores están experimentando con IA de formas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que podrían convertirse en referencia para otras organizaciones y, además, contribuir a dinámicas de ecosistema que han demostrado acelerar la difusión de innovaciones tecnológicas.
El sector público no es ajeno a esta promesa de adopción transversal, desde un algoritmo que detecta irregularidades en licitaciones antes de que se firmen, a un hospital que agiliza diagnósticos (ni hablar del desafío que implica para el sistema educativo). Pero una incorporación de IA en el Estado que no sea solo cosmética para un reel de Instagram tiene prerrequisitos: datos públicos de calidad y con estándares de ciberseguridad, interoperabilidad de sistemas e inversión en profesionales especializados capaces de conducir una adopción que hoy avanza a distintas velocidades. A su vez, el sector público expone, sin atenuantes, el desafío que la IA plantea a toda la economía: cómo se van a reconfigurar los trabajos con la automatización creciente.
Una tercera dimensión opera en una capa más basal: la infraestructura física que hace posible la IA y que condiciona también la capacidad de usarla y de innovar del resto de la economía. La infraestructura digital global tiene un costo material enorme y la inteligencia artificial lo está multiplicando: centros de datos que consumen cantidades crecientes de energía, semiconductores que requieren minerales críticos y redes que demandan conectividad de alta capacidad.
Argentina tiene ventajas concretas en ese ecosistema. Produce carbonato de litio, tiene reservas de cobre y un sector energético en crecimiento, además de un territorio extenso y subutilizado para infraestructura digital. Los casos de referencia no están tan lejos. En el Nordeste de Brasil, Porto Digital reúne casi 500 empresas tecnológicas y ayudó a convertir a Recife en uno de los polos de innovación más dinámicos de América Latina. El desafío para Argentina es atraer inversiones y lograr sinergias que redunden en mejoras en conectividad, empleo y condiciones para acelerar la incorporación tecnológica en el resto de la economía.
Aplicaciones y servicios sobre IA, difusión productiva e infraestructura digital. Son dimensiones distintas de una misma transformación y se potencian mutuamente. Hay una tentación simétrica en los senderos del debate actual en nuestro país sobre la inteligencia artificial. La del entusiasmo fácil: creer que la IA va a resolver los problemas estructurales de la economía argentina sin que cambie nada de lo demás. Y la del rechazo defensivo: resistir la infraestructura y la adopción en nombre de una soberanía digital que, en la práctica, equivale a aislarnos y perder oportunidades concretas. La apuesta más difícil y más valiosa es construir márgenes de acción: articular capacidades de innovación, uso e infraestructura que traduzcan la expansión de la IA en mejoras concretas de productividad, competitividad y bienestar. Argentina puede seguir acumulando usuarios de IA generativa y quedarse, al mismo tiempo, fuera de los beneficios reales de esta revolución. En el jardín de Borges, todos los futuros permanecen abiertos. El de la Argentina en la IA también, todavía.
*La autora es directora regional The Global Initiative for Digital Empowerment (GIDE) y profesora invitada Universidad Di Tella
Julia Pomares,Conforme a
POLITICA
Después del pedido judicial, el Gobierno transfirió $590 millones al Banco de Datos Genéticos

El juez federal Alejo Ramos Padilla dejó sin efecto la medida cautelar que había ordenado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a adoptar de inmediato las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.
La decisión se tomó después de que el Gobierno transfirió una partida de 590 millones de pesos, lo que evitó la paralización de los estudios de ADN clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura.
La cautelar había sido solicitada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE). También se sumó como querellante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, expresó su preocupación por el “carácter irremplazable” de las muestras biológicas y genéticas que custodia el banco.
En la resolución, a la que tuvo acceso TN, Ramos Padilla explicó que “la Jefatura de Gabinete de Ministros, luego de haber recibido la comunicación de la medida cautelar interina dictada en el presente y el requerimiento del informe previo, articuló una serie de reuniones con las autoridades del BNDG y asumió el compromiso de afrontar mayores partidas presupuestarias“.
Por ese motivo, profundizó el juez, “corresponde concluir que la finalidad preventiva perseguida mediante la tutela cautelar interina oportunamente dispuesta aparece satisfecha a partir de las medidas administrativas y presupuestarias posteriormente adoptadas e informadas por las autoridades competentes, las que permitieron superar —en esta instancia— la situación de urgencia que motivó la intervención jurisdiccional».
El juez aseguró también que las medidas adoptadas hasta el momento resultan propicias “para alcanzar una solución de común acuerdo”. En esa línea, Ramos Padilla remarcó que el acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año.
Sobre el final del fallo, el juez remarcó que “cualquier asunto que se vincule con el adecuado servicio de justicia, mucho más cuando éste puede verse comprometido o resentido en áreas claves como la investigación de crímenes de lesa humanidad –que no son otra cosa que crímenes cometidos por el propio Estado– o la reparación del derecho a la identidad de aquellos centenares de niños que fueron apropiados con la participación y/o aquiescencia del Estado, es competencia ineludible de la cartera de justicia del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene como una de sus funciones reparar esos hechos y, en particular, asistir y advertir a las otras áreas ejecutivas acerca de las obligaciones a nivel nacional e internacional que se podrían ver afectadas».
El origen del conflicto
Cuando presentaron la denuncia, los fiscales destacaron que para 2026, la Ley de Presupuesto Nacional aprobó solo el 55,96 % del monto requerido, lo que impide cubrir gastos fijos, variables y compromisos asumidos.
La directora del banco advirtió entonces que se encuentraban en riesgo inminente los servicios esenciales: limpieza, mantenimiento edilicio, vigilancia, recolección y disposición de residuos patogénicos, entre otros.
Tras analizar la demanda, Ramos Padilla aseguró que el Banco de Datos “reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
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Por lo tanto, “la eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”.
La decisión recayó directamente contra Adorni, ya que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Nacional de Datos Genéticos quedaron bajo la órbita de la jefatura de Gabinete.
Banco Nacional de Datos Genéticos, Alejo Ramos Padilla, Gobierno
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