El Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut, Santa Cruz y en diversos departamentos de Mendoza. La decisión, publicada este miércoles a la madrugada en el Boletín Oficial, fue otorgada debido a la gravedad de las condiciones climáticas que afectaron a miles de productores del sur y oeste del país.

Las resoluciones firmadas por el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, establecieron diferentes períodos de vigencia y condiciones según la provincia y el tipo de contingencia, bajo el marco de la Ley 26.509 de emergencia agropecuaria.

En el caso de la Resolución 746/2026, se dispuso el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía durante un año para todas las explotaciones ganaderas de Chubut. La medida entró en vigor desde el 7 de enero de 2026 y, según el texto oficial, se extenderá por el plazo de un año en todo el territorio provincial.

“Determínase que el 7 de enero de 2027 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas”, aclararon las autoridades al remarcar que los productores que deseen acceder a los beneficios previstos por la ley deberán contar con un certificado emitido por la autoridad provincial que acredite los daños en sus predios.

De esta manera, indicaron que el Gobierno de Chubut deberá remitir el listado de afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Asimismo, indicaron que entre las ayudas se encuentran prórrogas impositivas y líneas de asistencia financiera a través del sistema bancario (ya sea nacional, provincial o mixto) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De igual forma, en la Resolución 792/2026 se estableció el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas de Santa Cruz impactadas por sequía y fuertes vientos. La misma tendrá una duración de un año, es decir, desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027.

El procedimiento y los beneficios para los productores santacruceños replican el esquema establecido por la Ley N° 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Esto incluye la presentación de certificados, incorporación en el listado de afectados y acceso a prórrogas impositivas, asistencia bancaria y medidas de apoyo articuladas por el Ministerio de Economía y la ARCA.

Por último, en la Resolución 765/2026, el Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos de Mendoza afectados por heladas y granizo. Para los cultivos perjudicados por helada, el período de emergencia abarca del 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2027, mientras que para los dañados por granizo, la vigencia es desde el 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha de 2027.

El Banco Central sigue sumando compras de dólares a sus reservas y la cifra bruta llegó a los u$s47.908 millones, monto que marcó el record más alto desde 2019. Esto se debe a que este martes la entidad monetaria adquirió u$s112 millones, y se sumaron los u$s1.000 millones del nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras aprobar la segunda revisión del programa establecido con el Gobierno.

De hecho, desde que el BCRA comenzó con la compra de divisas el 5 de enero pasado, ha sumado de manera continua, durante 94 ruedas consecutivas, un total de u$s9.100 millones.

Por lo tanto, quedó a pasos de cumplir la meta comprometida con el FMI de comprar u$s10.000 millones de reservas en todo 2026.

«Hay una meta cuantitativa específica que es u$s10.000 millones de compra y de u$s8000 millones de acumulación en todo el año. La diferencia es que el BCRA tiene la libertad para usar parte de lo que compra para lo que quiera y cumplir el objetivo», dijo la semana pasada Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

La «lluvia de dólares» que favorece al BCRA

Cabe recordar que hasta fines de junio se espera un fuerte ingreso de divisas por parte del campo, por la liquidación de la cosecha gruesa de soja y trigo. A ello se le suman las exportaciones de otros sectores clave, como petróleo de Vaca Muerta, con precios altos, en torno a los u$s100 por barril, por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. También las ventas al exterior de minería, otro rubro en crecimiento.

«Nosotros dijimos que iniciábamos un programa de recompras y que creíamos que era consistente porque anticipamos un proceso de remonetización», completó Bausili. 

Este martes, el Banco Central compró u$s112 millones, en una jornada en que, según los operadores del mercado, durante toda la rueda «la operatoria estuvo marcada por la demanda» de fin de mes, época en que empresas e importadores necesitan divisas para cancelar sus compromisos.

«El monto comprado por la entidad monetaria sorprendió por lo elevado, debido a que la demanda era alta por fin de mes y el precio había subido. Algo que generó una mayor suba. Creo que tuvo que ver, por un lado, al incremento de las liquidaciones de exportadores y, al mismo tiempo, a la mayor demanda estacional de dólares», sostiene a iProfesional Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios.

Por otro lado, este martes ingresaron los u$s1.000 millones del nuevo desembolso que el FMI habilitó para las reservas, tras aprobar la segunda revisión del programa.

«Sin embargo, el último informe del organismo expuso marcadas diferencias con el equipo económico local. El Fondo reclamó mayor flexibilidad cambiaria y exigió que la tasa de interés reemplace al control de agregados monetarios como herramienta clave. Según el organismo, el esquema actual pierde fuerza ante la desaceleración de la inflación. El Gobierno defendió su estrategia en el mismo documento y rechazó las sugerencias por no adaptarse al contexto del país», analiza Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

Precio de dólar en alza

El precio del dólar minorista subió este martes 5 pesos (0,4%), para ubicarse en los $1.430 para la venta al público en Banco Nación, por lo que en todo el mes acumula un incremento de 1,8%.

Más allá de esta suba propia de fin de mes, el tipo de cambio acumula una baja de 3,4% en todo el año, por lo que sigue en alerta un atraso cambiario, debido a que la inflación de todo el 2026 avanza el 13,5%.

El atraso cambiario comienza a preocupar a determinados sectores, debido a que el tipo de cambio actual se asemeja al de los niveles del 2017.

En el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3), se espera que el tipo de cambio mayorista alcance a fin de diciembre un precio de $1.627, alrededor de 15% más que la cotización presente del billete mayorista, que es de $1.411.

De hecho, la banda máxima de flotación establecida por el Banco Central, en el que no interviene en el mercado cambiario y que ajusta mensualmente por la inflación de dos meses atrás (t-2), se encuentra en la actualidad en $1.751,66. Es decir, un 24% por encima del valor actual del dólar mayorista.

La crisis que atraviesa la industria nacional sigue sumando empresas históricas. Esta vez fue el turno de A. Mutz y Cía., una tradicional fabricante textil con más de 120 años de actividad, que ingresó formalmente en concurso preventivo después de reconocer ante la Justicia una situación de cesación de pagos y un deterioro financiero que terminó por volver inviable su operatoria habitual.

La apertura del concurso fue decretada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°1, a cargo de Alberto Alemán, en el expediente «A. Mutz y Cía. S.A. s/ Concurso Preventivo», luego de la presentación realizada por la propia compañía.

La firma, fundada en 1903, se dedica a la fabricación de medias, ropa interior y productos textiles de punto. Desde hace décadas opera con marcas conocidas dentro del mercado local como Zorba, Mercury y Mutz Sport, además de desarrollar producción integrada de hilandería, tintorería y confección desde su planta ubicada en San Martín.

Durante años logró posicionarse dentro del segmento masivo de indumentaria básica masculina y deportiva. Pero el expediente judicial muestra cómo el deterioro económico y financiero de los últimos años terminó golpeando de lleno a la compañía.

En la presentación, la empresa describió un escenario atravesado por caída del consumo, inflación, aumento de costos productivos, suba de tarifas y tasas financieras cada vez más elevadas. A eso sumó otro factor que aparece repetido varias veces en el escrito: el fuerte crecimiento de las importaciones textiles.

Según sostuvo la concursada, el nuevo contexto económico profundizó el ingreso de productos terminados provenientes de países como China, Brasil y Bangladesh, con precios imposibles de igualar para buena parte de la industria local.

Cómo logró atravesar el Tequila y la crisis de 2001 pero quedó atrapada en el derrumbe textil

Uno de los aspectos más llamativos del expediente es que la propia compañía reconstruyó cómo logró atravesar algunas de las peores crisis económicas argentinas durante décadas, algo que, según admitió, no pudo repetir esta vez.

La historia de la empresa se remonta a comienzos del siglo pasado, aunque la sociedad actual nació formalmente en 1989, cuando la familia Battagliotto y Alicia María Mutz relanzaron la actividad tras la liquidación de la firma anterior fundada por Amadeo Mutz.

En el escrito judicial, la compañía recordó que comenzó prácticamente desde cero: «Esta comenzó su actividad con instalaciones alquiladas, maquinaria obsoleta adquirida por un valor residual y sin acceso a financiamiento bancario».

Aun así, logró crecer durante los años siguientes. En plena crisis del «Tequila» de 1995, la empresa incluso aprovechó el colapso de otras firmas del sector para expandirse. Según relató ante la Justicia, en ese momento avanzó en la «adquisición de maquinaria de empresas endeudadas, llegando a operar con 65 máquinas modernas».

También consiguió contratos internacionales. Uno de los más importantes fue con la estadounidense Hanes, para abastecimiento de medias y posteriormente exportaciones a Brasil.

La compañía también sobrevivió a la crisis de 2001. En ese período incorporó tecnología de prendas sin costura y amplió la producción de bóxers y ropa interior masculina.

Ya en 2006 compró su planta industrial de San Martín, de unos 4.200 metros cuadrados cubiertos, mediante una combinación de reservas propias, financiamiento del vendedor y crédito bancario.

Pero el escenario cambió drásticamente en los últimos años.

El momento exacto en que la empresa dejó de poder pagar

Dentro del expediente, A. Mutz fijó el 21 de octubre de 2025 como la fecha en la que comenzó formalmente su cesación de pagos.

Según explicó, desde entonces empezó a incumplir cheques diferidos emitidos a proveedores, cooperativas, acreedores y empresas vinculadas al sector textil. También aparecieron obligaciones pendientes con la Asociación Obrera Textil (AOT).

La empresa reconoció que el deterioro venía acumulándose desde antes y que cada vez dependía más del financiamiento de corto plazo para sostener capital de trabajo, pagar gastos corrientes y mantener activa la producción.

Pero las tasas terminaron acelerando el colapso. De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, los gastos financieros crecieron un 182% en términos reales entre 2022 y 2023.

Los balances incorporados al expediente muestran además un derrumbe operativo contundente: el margen bruto pasó de 44% en 2022 a apenas 0,6% en 2024. La propia concursada describió que los costos comenzaron a absorber prácticamente toda la facturación.

«Los ingresos ordinarios resultaron insuficientes para absorber simultáneamente los costos de producción y operación, el sostenimiento del capital de trabajo y el cumplimiento regular de obligaciones exigibles», sostuvo.

Los números terminaron reflejando ese deterioro. La empresa informó pérdidas netas superiores a $941 millones al 31 de enero de 2026 y un capital de trabajo negativo por más de $658 millones.

El flujo de fondos presentado en la causa expuso además el nivel de asfixia financiera que atravesaba la compañía. Durante enero de 2026, casi la mitad de todos los ingresos de la firma se destinaron únicamente a cubrir costos financieros e impositivos.

En uno de los párrafos más delicados del expediente, la propia empresa admitió haber ingresado en un «círculo vicioso de endeudamiento», donde el crédito ya no se utilizaba para financiar producción sino para cancelar obligaciones anteriores.

Cheques rechazados, deuda bancaria y temor a quedar fuera del sistema

La crisis financiera llegó a un punto crítico cuando la textil pidió medidas cautelares para evitar que los bancos cerraran sus cuentas corrientes por el rechazo de cheques.

Según surge del expediente, la firma acumula 36 cheques rechazados por más de $69,2 millones.

Además, los registros del Banco Central muestran créditos tomados por más de $1.200 millones, gran parte de ellos catalogados en situación 3 y 4, es decir, con problemas o alto riesgo de insolvencia.

En la presentación judicial, la empresa advirtió que perder la operatoria bancaria podía generar un «perjuicio económico concreto y actual» y afectar irreversiblemente el funcionamiento cotidiano de la compañía.

Por eso pidió específicamente mantener activa una cuenta corriente en el Banco Provincia y evitar inhabilitaciones derivadas del rechazo de cheques.

La explicación fue directa: sin cuentas bancarias operativas, la empresa ya no podía cobrar ventas, realizar pagos ni sostener el giro comercial habitual.

La lista completa de textiles que también quedaron atrapadas en la crisis

El caso de A. Mutz se suma a una lista cada vez más extensa de empresas textiles que en los últimos meses terminaron recurriendo a concursos preventivos, cierres de operaciones o procesos de reestructuración para intentar sobrevivir a un escenario que combina caída del consumo, aumento de costos, financiamiento caro y avance de las importaciones.

• Una de las situaciones más recientes fue la de Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, que decidió presentarse en concurso preventivo después de varios meses de suspensiones, menor producción y fuerte retracción de ventas en su planta de Mar del Plata. La compañía informó un pasivo millonario y explicó que el proceso busca reordenar su estructura financiera para sostener la continuidad operativa. Entre noviembre de 2025 y marzo de este año llegó a suspender a 175 trabajadores, mientras evaluaba cómo seguir funcionando en medio de la caída del mercado interno.
• También quedó envuelta en una situación crítica Fantome Group, firma que llegó a fabricar indumentaria para marcas como Reebok, Kappa, Billabong, Cheeky, Mimo y Kosiuko. En su presentación judicial, la empresa describió un escenario de «competencia diabólica» frente al ingreso de productos importados y explicó que varias de las marcas para las que producía comenzaron a reemplazar fabricación local por importaciones directas. Según detalló, la salida de algunos de esos contratos terminó desarmando buena parte de su estructura productiva.
• Otro expediente que expuso la profundidad de la crisis fue el de Owoko, la marca de indumentaria infantil que llegó a tener más de 40 locales en todo el país y que hoy atraviesa un proceso concursal a través de las sociedades De Niños y Kokoloko. La empresa enfrenta pasivos superiores a los $2.800 millones, cierre de locales y una fuerte caída de ventas. En el expediente judicial sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo impactó directamente sobre su negocio y advirtió además sobre el cambio en los hábitos de consumo y el crecimiento del comercio electrónico internacional.
• La crisis también alcanzó a Hilado S.A., integrante del grupo TN Platex, controlado por la familia Karagozian. Al justificar su concurso preventivo, la empresa apuntó contra «la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada y el elevado costo financiero». En paralelo, el grupo decidió cerrar DFAC (De Fábrica al Consumidor), el proyecto lanzado por Teddy Karagozian que buscaba vender ropa básica producida íntegramente en Argentina. «Las marcas con las que trabajamos pasaron a importar y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica», señaló la empresa al anunciar el cierre de la iniciativa.
• Otro de los casos que reflejan el deterioro del sector es el de Textil Amesud, la firma fundada por el empresario coreano Yeal Kim, ex presidente de la Fundación Pro Tejer. La compañía opera actualmente con apenas entre 20% y 30% de su capacidad instalada y enfrenta fuertes caídas de ventas respecto de años anteriores. «Es inviable una empresa que pueda trabajar con menos del 30% de su capacidad», sostuvo Kim al describir la situación de la firma. En paralelo, el empresario vinculó el deterioro del negocio al crecimiento de las importaciones y a la decisión de muchas marcas de dejar de producir en el país para comenzar a abastecerse con productos terminados del exterior.

Aunque cada empresa muestra particularidades distintas, los expedientes empiezan a repetir una misma radiografía: desplome del mercado interno, presión financiera, caída de márgenes, aumento de costos y una competencia cada vez más difícil de sostener frente al avance de productos importados y plataformas internacionales. En muchos casos, además, las propias compañías describen un cambio estructural dentro del negocio textil, donde buena parte de las marcas comenzó a reemplazar producción nacional por esquemas de importación directa.

El resultado ya se refleja en toda la cadena industrial: fábricas trabajando con fuerte capacidad ociosa, suspensiones de personal, cierre de líneas de producción y empresas históricas que buscan refugio judicial para intentar sostener operaciones en uno de los momentos más delicados que atraviesa el sector en los últimos años.