El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 350 millones en bonos en dólares para reforzar el pago de los vencimientos de deuda de julio por USD 4.300 millones, al tiempo que evitó liberar pesos al mercado gracias a un elevado nivel de refinanciamiento en la licitación de este miércoles.

Según informó la Secretaría de Finanzas de la Nación, en la subasta se adjudicaron $12,57 billones en instrumentos de deuda, con ofertas totales por $16,14 billones y un rollover del 114,36% sobre los compromisos de la fecha.

Dentro de los instrumentos en dólares, se asignaron USD 200 millones en el bono AO27 (vencimiento 29 de octubre de 2027, TIREA 5,12%, TNA 5,00%) y USD 150 millones en el AO28 (vencimiento 31 de octubre de 2028, TIREA 8,49%, TNA 8,17%), reflejo de la mayor prima que exige el mercado por el plazo adicional de un año. Estos recursos se destinarán a cubrir parte de los vencimientos de julio, que ascienden a 4.300 millones de dólares.

En el tramo de instrumentos en pesos, la mayor adjudicación correspondió a la Lecap/Boncap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (S15S6), por $5,16 billones y una tasa efectiva mensual de 1,99% (TIREA de 26,68%). Para los bonos ajustados por CER, se adjudicaron $0,54 billones con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7) a una TIREA de 2,00%, y $1,30 billones con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7) a una TIREA de 5,06 por ciento.

En el segmento ajustado por tasa BADLAR (TAMAR), se colocaron $3,76 billones con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28) y un margen de 7,93 por ciento. Para los bonos dólar linked se adjudicaron $0,75 billones al 31 de julio de 2026 (D31L6) a una TIREA de 6,01%, y $1,06 billones al 31 de marzo de 2027 (D31M7) a una TIREA de 5,50 por ciento.

El resultado de la licitación reflejó un fuerte interés de los inversores en los instrumentos en pesos de corto y mediano plazo. El título más demandado fue la Lecap/Boncap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026, que concentró el 41,05% del total adjudicado, representando el mayor volumen dentro de la oferta en moneda local. Este instrumento, de tasa fija, suele ser elegido por quienes buscan seguridad y liquidez frente a escenarios de volatilidad.

En contraste, el título en pesos con menor demanda fue el bono ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7), que sumó apenas el 4,29% del resultado final. La menor participación de este bono sugiere un interés más acotado por los títulos indexados a inflación a plazos intermedios, posiblemente por expectativas de estabilidad de precios en el corto plazo o por la preferencia de los inversores por tasas fijas y plazos más cortos.

“La vida promedio pondera de la cartera emitida fue de 1,06 años y se patearon vencimientos a 2028 por $3,8 billones”, destacó Felipe Núñez, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.

Noticia en desarrollo…

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) afirmaron que «ante la decisión intransigente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y las patronales aceiteras y de biodiesel, que ofrecieron una recomposición salarial del cero por ciento en la negociación colectiva salarial del sector», decidieron convocar a medida de fuerza una medida de fuerza conjunta, siguiendo el mandato otorgado por las y los delegados de base.

Desde las organizaciones gremiales recordaron «el compromiso asumido en la paritaria del año pasado, que indicaba que entre el 27 de abril y el 2 de mayo de este año analizaríamos la evolución de las variables económicas del país y su impacto en el salario para negociar los aumentos necesarios».

Apuntaron que «las patronales, que obtuvieron una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares con la enorme reducción de los derechos de exportación, ofrecieron un aumento salarial de 0 por ciento para mayo. No ofrecen ni un peso de aumento para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan».

El reclamo de los aceiteros, que buscan un fuerte aumento de sueldo

«Además, volvieron a desconocer el criterio de negociación bajo el concepto del Salario Mínimo Vital y Móvil, que garantice las nueve necesidades que establece la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo, y quieren utilizar la lógica del índice de inflación del INDEC, que ya sabemos que no representa los gastos de una familia trabajadora. Lo que proponen es una trampa y, al mismo tiempo, niegan una historia de paritarias que lleva más de 20 años y que siempre aceptaron«, subrayaron.

Los Aceiteros apuntaron: «Vuelven, como lo hicieron en 2020, con la idea de acomodar los salarios a la inflación y sostienen que sólo podrá haber aumentos a partir de junio y con el techo impuesto por ellos mismos que estará apretado entre el aumento de 12,7 por ciento de principio de año y el IPC anual. Así, las y los aceiteros deberíamos esperar que se liquiden los salarios de junio para recibir un aumento que nunca podrá superar la inflación mensual«.

La Federación que lidera Daniel Yofra sostuvo que «estas empresas lograron ganancias extraordinarias sin aumentar la cantidad de trabajadores porque el gobierno les regaló una baja de los derechos de exportación, que fueron reducidos entre un 27 y un 67 por ciento (dependiendo el producto) respecto a 2023».

Agregó que «la ganancia adicional fue -como dijimos- de 3.740 millones de dólares para el sector (contemplando la baja de derechos de enero, la quita de derechos durante septiembre y la nueva baja en diciembre de 2025). Sólo con esa ganancia extraordinaria, pueden pagarnos al menos 5 años de salarios de todos los aceiteros».

Gremio anuncia plan de lucha: ¿dictan la conciliación obligatoria?

Los sindicatos anunciaron que el plan de lucha consiste en un paro por tiempo indeterminado, lo que afectará las agroexportaciones, impactando en la recaudación de divisas para el Estado, uno de los pilares del actual modelo económico libertario. Según pudo averiguar iProfesional, en el ministerio de Capital Humano ya comenzó a circular la intención de dictar la conciliación obligatoria o ver cómo se puede aplicar la nueva Ley de Modernización Laboral.

Volviendo a los reclamos, los gremios expresaron que «las patronales no quieren hablar de salarios y tampoco quieren hablar de lo que representa lo que ellas llaman ‘costo laboral’ que no es otra cosa que el trabajo de miles de compañeras y compañeros que producen lo que se exporta. ¿Y cuánto es ese ‘costo’? En la actividad aceitera los salarios representan apenas un 3,3 por ciento de las exportaciones del sector».

Detallaron que «en 2025 se batieron récords de producción procesamiento de soja y girasol. Eso lo hicimos nosotros, los que producimos: pasamos de 183 toneladas por mes a 191 toneladas por mes por trabajador. Lo hicimos sin que las patronales aumentaran la cantidad de trabajadoras y trabajadores» y destacaron que «de todo esto, las patronales no quieren hablar. Mucho menos sobre las necesidades de las familias aceiteras, de los aumentos de los precios de todo lo que consumimos los trabajadores».

El súper sueldo que reclaman: equivale a ocho salarios mínimos

El último acuerdo fijó un salario básico inicial de $2.344.000, que incluyó una suma extraordinaria no remunerativa, incrementada un 32 por ciento respecto a la anterior, que se abonó en enero y febrero pasado.

Al respecto, Yofra declaró que «nuestro pedido tiene el mismo fundamento de hace 20 años, garantizar un salario inicial conforme nuestro derecho constitucional a un Salario Mínimo Vital y Móvil que garantice, conforme los establece el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».

En ese marco, relató que «para garantizar ese salario, y según las mismas estadísticas del INDEC, se necesitan $2.802.754 y eso es lo que reclamamos a las patronales aceiteras. Su negativa a otorgar aumentos demuestra su mala fe y sin lugar a dudas es una provocación a los sindicatos aceiteros y a los trabajadores». En concreto, el sueldo que reclaman los aceiteros equivale a ocho salarios mínimos.

Los sindicatos manifestaron que «por eso decidimos iniciar una huelga nacional aceitera. No estamos dispuestos a aceptar ni una rebaja ni un congelamiento salarial. Mucho menos vamos a atar nuestra vida y la de nuestras familias a la conveniencia de las patronales».

Como expertos conocedores del lenguaje diplomático, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional suelen empezar con elogios, y dejan para el final, en letra chica y con lenguaje técnico las críticas más complicadas. El último reporte no fue la excepción, dado que tras un extenso elogio a los esfuerzos fiscales y la agenda de reformas del gobierno, insiste en un punto altamente sensible: el peso argentino está sobrevaluado.

El tema cambiario aparece en los anexos del reporte divulgado la semana pasada, en el cual se analiza con detalle una serie de metas de política económica, el desvío respecto del plan trazado y se plantea la evolución a corto plazo.

En lo que respecta al tipo de cambio, el modelo que aplica el Fondo para determinar la cotización que no impida el crecimiento de la economía, establece que tiene que haber un superávit de 0,7% del PBI en la cuenta corriente. Pero el año pasado se registró un déficit de 1,1%. En otras palabras, salieron más dólares de los que entraron por los canales de comercio y servicios, cuando el FMI sugería un resultado positivo para no afectar la competitividad.

Y, de acuerdo con esa evaluación, el peso está sobrevaluado en un 15,8%. Esa apreciación toma en cuenta el tipo de cambio de fin de año. En el primer cuatrimestre, esa situación se agravó, dado que el dólar se abarató en términos nominales, mientras la inflación acumuló un 12,3%.

El FMI se cuida de no aconsejar explícitamente una devaluación, pero deja en claro su opinión. Considera que hay problemas de competitividad, y que podrían agravarse si el panorama internacional -que ahora juega a favor de Argentina por los precios de las materias primas-, se tornara menos amigable.

«Dejen que el tipo de cambio actúe como un colchón para absorber un shock externo. Aprovechen el buen momento de la exportación petrolera para acelerar la acumulación de reservas, lo cual podría reducir el riesgo país argentino y facilitar el acceso a mercado y la inversión externa directa», sugiere el staff del FMI.

Es una forma indirecta, pero bien elocuente, de decirle al gobierno que ante una crisis comercial global, haga como sus vecinos de la región, que devalúan sus monedas.

Cuánto debería valer el dólar según el FMI

El informe del FMI, en vista del esfuerzo fiscal del Gobierno y del creciente superávit comercial, trató de ser componedor y proyectó que el tipo de cambio real va a converger gradualmente hasta «un nivel consistente con los fundamentos de mediano plazo, en el contexto de una mayor flexibilidad y un cuidadoso desarme de las restricciones pendientes».

Esa última alusión es una concesión a Caputo y al Banco Central, en el sentido de que sus preocupaciones por lo que podría ocurrir en un sistema de flotación limpia están justificadas.

Y el informe agregó también la necesidad de mantener políticas que garanticen la estabilidad de los flujos de capitales, algo que, como demuestra la historia económica argentina, puede revertirse rápidamente ante una crisis internacional.

La parte optimista del reporte es la que proyecta que el déficit de la cuenta corriente se reducirá este año, hasta un nivel de 0,8% del PBI.

Pero eso no quita que el Fondo haya tocado el tema que le incomoda al gobierno, y que le haya puesto cifras. Si se considera que, el retraso de 15,8% se agravó en este cuatrimestre por una inflación en dólares de 9% -descontado el IPC de Estados Unidos-, entonces la conclusión es que, para el Fondo, el dólar en Argentina debería estar cotizando por encima de $1,740.

Es, casualmente, un precio que coincide con el límite superior de la banda de flotación.

La visión de Caputo: el dólar no está atrasado

Claro, en Argentina las cosas no son tan fáciles. La propensión de la población a ahorrar en la moneda estadounidense hace que la demanda de dinero sea altamente volátil. Y, como saben los propios funcionarios del Fondo, la última vez que se impuso la sugerencia de una devaluación nominal, durante la campaña electoral de 2023, la inflación duró pocas semanas en neutralizar por completo el salto inflacionario.

Pese a esos antecedentes negativos, el atraso cambiario siempre aparece entre las críticas al plan económico, sobre todo por las dificultades de la industria doméstica para competir con las importaciones de origen asiático. La pérdida de cuota de mercado, los despidos de empleados y los números recesivos que mostró la industria hasta febrero hacen que esta polémica se exacerbe.

Sin embargo, el ministro de economía, Toto Caputo, se ha mantenido firme en rechazar cualquier sugerencia de devaluación. Lo hizo saber de manera muy gráfica hace dos meses, al hablar en la Bolsa de Comercio de Rosario, cuando calificó de «patéticos» a los economistas que reclaman un dólar más alto y -tapando el micrófono, pero modulando con claridad- dijo que «me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo».

Es probable que, ante la misión técnica del FMI, Caputo haya usado palabras más técnicas, pero el fondo de su argumento es el mismo: que no puede hablarse de atraso cambiario cuando se está produciendo un récord de exportaciones, al mismo tiempo que el Banco Central compra divisas y, para completar, caen las tasas de interés.

Según Caputo, cuando el dólar y las tasas de interés caen en forma simultánea, eso es un síntoma de que los argentinos tienen mayor disposición a mantener pesos en el bolsillo. Es un punto que generó polémica entre los economistas, dado que los de la línea más ortodoxa sostienen que, contrariamente a lo que afirma Caputo, si hubiese mayor demanda de pesos eso se reflejaría en una mayor tasa de interés.

Pero entre quienes adhieren al punto de vista del gobierno hacen otro análisis: afirman que cuando cae la demanda por activos en pesos, el Tesoro se ve obligado a convalidar una mayor tasa en las licitaciones de bonos, y eso se traslada al sistema bancario. Es, de hecho, lo que ocurrió el año pasado antes de la elección legislativa. Ahora, como los inversores compran bonos en pesos a menor tasa, Caputo tiene el argumento de una mayor demanda de pesos.

En definitiva, el argumento oficial es que no sólo no hay atraso cambiario sino que, de no ser por la intervención oficial en el mercado financiero, la cotización del billete verde estaría más abajo.

Desarmar el cepo sin que explote

Pero hay otros factores que entran en el análisis, y que resultan políticamente molestos para el gobierno. Por ejemplo, que el FMI -en coincidencia con economistas críticos, como Domingo Cavallo– insista en que hay que levantar el cepo cambiario remanente, que sigue limitando la operatoria para las empresas. Nadie cree que el levantamiento abrupto del cepo pudiera ser inocuo. Más bien al contrario, se da por obvio que la reacción inicial del mercado sería una devaluación.

En lo que no certidumbre es en el monto de ese salto. Mientras algunos expertos, como Cavallo, opinan que sería acotado y temporaria, Toto Caputo no opina lo mismo. Si bien afirmó que su objetivo es llegar a la liberalización total del mercado cambiario, dijo que todavía no están dadas las condiciones.

Y su prudencia es explicable: el ministro había proyectado para el año pasado una caída del índice de riesgo país por debajo de los 400 puntos, lo que le abriría la puerta del mercado global de crédito. Sin embargo, la masiva dolarización pre electoral -equivalente a la mitad de la base monetaria- echó por tierra con esos planes. El propio FMI admite la probabilidad de que en 2027 esa dolarización se repita ante una incertidumbre política.

Ahora, Caputo tiene por delante un exigente calendario de vencimiento de deuda dolarizada, que implica que, para el trimestre julio-septiembre se acumularán obligaciones con los bonistas del mercado por u$s4.400 millones, con el FMI por u$s1.613 millones y con otros organismos de crédito por u$s1.529 millones.