POLITICA
Marcela Pagano lleva realizadas más de 30 presentaciones contra el Gobierno en la Justicia
La diputada nacional Marcela Pagano se transformó en algo más que una pieza suelta en el Congreso para el oficialismo: desde hace por lo menos dos meses, la periodista que en 2023 acompañó a Bertie Benegas Lynch al tope de la lista de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) bombardea sin descanso a la cúpula del Gobierno desde Comodoro Py con denuncias de todo tipo.
Su nuevo rol de “denunciadora serial” quedó reflejado en los números que cosechó en todo ese último tiempo: entre denuncias y ampliaciones, la diputada contabiliza presentados en la Justicia un total de 31 escritos.
En muchos casos, sus señalamientos se hacen eco de noticias periodísticas; en otros, se fundan en datos propios. En ocasiones, es patrocinada por su pareja, el abogado penalista Franco Bindi.
La nueva rutina de la diputada en los tribunales comenzó el 11 de marzo con la denuncia del viaje que llevó a Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, a Nueva York como parte de la comitiva oficial.
Pasó sin hacer mella: el juez Daniel Rafecas la cerró a instancias de la fiscal Alejandra Mángano, que consideró que no había delito. Pero otras que la siguieron se encuentran activas y al menos dos se convirtieron en un dolor de cabeza permanente para el Gobierno.
Una es la que investiga al jefe de Gabinete por su vuelo en avión privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval. El juez Ariel Lijo se encamina a indagar al funcionario por aquel viaje junto a su familia y su amigo, el periodista Marcelo Grandio, quien habría pagado los pasajes según los registros en manos de la Justicia.
Fue en el marco de ese expediente que la diputada dejó en claro que Comodoro Py sería su nuevo hábitat. El 29 de abril, cuando Adorni presentaba su informe de gestión en la Cámara de Diputados, Pagano eligió darle la espalda al Congreso para visitar una vez más los tribunales de Retiro y ampliar su denuncia original, incorporando a la causa información sobre una sociedad de Grandio en Uruguay, a la cual, dijo, fluirían los fondos de sus contrataciones con el Estado.
La exoficialista también dio inicio a la causa por enriquecimiento ilícito que revisa los números de Adorni y tiene contra las cuerdas al funcionario desde hace dos meses. Pagano ofreció información del departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cuá, las dos propiedades que Adorni sumó a su patrimonio como funcionario público.
Pero también fueron blanco de ataque el entorno de Adorni y otros muchos funcionarios y legisladores. Pagano denunció al hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, por enriquecimiento ilícito; a su mujer, Bettina, por un presunto uso indebido de su custodia y por los contratos que trabó con empresas ligadas al Estado; al senador Joaquín Benegas Lynch, por enriquecimiento ilícito, y a su antiguo compañero de bancada, el diputado Santiago Santurio, por el crédito al que accedió en el Banco Nación, entre otros.
Casi no hubo polémica del Gobierno que no estuviera acompañada de una presentación de Pagano en la Justicia. Por el uso dispendioso de las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica, también Demian Reidel quedó alcanzado por una de sus presentaciones.
Durante la semana pasada, la legisladora sumó información a una causa que inició contra la hermana del Presidente, Karina Milei, por supuestas irregularidades en la contratación millonaria de un servicio de jardinería en la quinta de Olivos.
Su actividad en los tribunales se extendió hasta última hora del último vierns. En una denuncia que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, la diputada apuntó contra la polémica cuenta en X de @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem y eliminada tras un traspié digital que habría dado cuenta de que esta pertenecía, en efecto, al presidente de la Cámara de Diputados.
Pagano pidió que se adopten medidas “urgentes” para identificar al titular de la cuenta y preservar su contenido. Solicitó, además, ser tenida como querellante en el expediente, argumentando que la cuenta Periodista Rufus le dirigió ataques personales durante el tiempo en que estuvo al frente de la Comisión de Juicio Político.
Se remitió así al episodio que marcó su ruptura con el Gobierno: Menem se opuso desde el primer momento a que Pagano, que contaba en ese entonces con el aval de Oscar Zago, asumiera la titularidad de esa comisión, donde se ordena el trámite de los pedidos de remoción contra funcionarios y jueces.
Pagano reunió los votos para ocupar el cargo, pero Menem nunca reconoció oficialmente la designación. Ambos quedaron enfrentados hasta que, en agosto de 2025, Pagano se abrió de la bancada oficialista con Coherencia, el bloque que hoy habita en soledad.
Hasta marzo de este año −cuando dio inicio a la avalancha de denuncias− Pagano había mantenido sus diferencias con el Gobierno en el terreno político, incluida una disputa abierta con Lilia Lemoine en la Cámara baja.
El tono de su distanciamiento lo marcó en una carta abierta en la que advertía al Presidente que su entorno lo empujaba “hacia un abismo”. “Los leones genuinos fueron expulsados del reino, y lo que queda es una corte de adulones que le susurran al oído lo que quieren que escuche”, decía en el escrito.
El enfrentamiento de Pagano con el Gobierno se corrió a la Justicia y recientemente terminó por trepar hasta el Poder Ejecutivo. Fue después de que la diputada, afuera de los tribunales, vinculara el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni con la criptomoneda digital $LIBRA. El 5 de mayo, en un canal de televisión, agitó la versión de que el funcionario movió dinero proveniente del activo y al otro día, salió a su cruce el presidente Milei, cuando sostuvo en LN+ que Adorni tenía todos los papeles listos y presentaría en breve su declaración jurada.
“Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora Pagano”, dijo el Presidente, que abandonó el tono cortés en sus siguientes apariciones para referirse a la diputada como el “lechón iraní”.
El contrapunto nacido en los canales de televisión tuvo su correlato en los tribunales. El 15 de mayo, por primera vez, Pagano denunció directamente a Milei. En su escrito sostuvo que el Presidente omitió denunciar un “intento de golpe de Estado” −episodio al que había referido en una entrevista con Neura− y un intento de corrupción por parte de un empresario, que le habría ofrecido dinero.
“Lo que estoy haciendo no es más ni menos que mantener las promesas que hicimos en campaña −le explica Pagano a − cuando militábamos que la transparencia era uno de los pilares fundamentales de nuestro contrato social”.
“El propio Presidente decía que si encontraba la más mínima irregularidad en el accionar de un funcionario iba a invertir la carga de la prueba y lo iba a apartar preventivamente, hasta tanto pudiera demostrar su inocencia, y que se tenía que defender ante la Justicia”, recuerda.
Este lunes, Milei volvió a recrudecer el conflicto al darle difusión a un mensaje en redes en el que la diputada Leila Lemoine acusaba a Pagano de haber grabado gente dentro del Congreso y dedicarse al “chantaje y la extorsión”.
“Ya hemos confirmado que a través de Bindi tiene llegada a jueces y fiscales que, por estar implicados en situaciones non sanctas, son capaces de actuar por ellos”, dijo su excompañera de bancada, que habló también de un “intento” de Pagano y Bindi de “tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente”.
Entre la ruptura política con el oficialismo y el inicio de la embestida judicial de Pagano, hubo otro episodio en los tribunales. En septiembre, cuando en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y en ella incluyó a la pareja de Pagano, Bindi. Lo señaló como ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y como posible autor intelectual de “algunos tramos” de la difusión de aquellos audios.
En aquella causa promovida por el Gobierno se apoyaron finalmente el fiscal Franco Picardi y el entonces juez del caso Andis, Sebastián Casanello, para avanzar en la investigación sin peritar los audios, cuyo origen ya era objeto de análisis en ese otro expediente.
se encamina a indagar al funcionario,https://t.co/EBFo9twmFR,May 26, 2026,Federico González del Solar,Marcela Pagano,Javier Milei,Manuel Adorni,Conforme a,,El mensaje del tedeum. La bronca oculta de Milei con la Iglesia,,»Es una mala señal». Preocupa en la Iglesia el proyecto del Gobierno que no restringe la publicidad de las apuestas online,,La batalla por la imagen. Ignorado por la transmisión oficial del tedeum, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo,Marcela Pagano,,Con el respaldo de Milei. Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de operar contra LLA y buscar exparejas de funcionarios para destruirlos,,Una casta alimentada desde los sótanos del poder,,»Tengo 16 kilos de mucho amor en mi vientre». A pocos días de parir, Marcela Pagano respondió a los agravios de Milei, que la tildó de “cerda”
POLITICA
El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude según las nuevas auditorías
El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.
El caso Tucumán
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.
Un patrón de fraude que investiga que se investiga desde 2014.
Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.
En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.
POLITICA
El Gobierno busca avanzar con su plan para achicar el Estado y prepara cambios en los sectores inmobiliario, financiero y de seguros
A pocos días de entregar su declaración jurada con el objetivo de aclarar su situación patrimonial, Manuel Adorni retomó este miércoles las reuniones con los ministros del Gabinete para planificar la agenda del periodo 2026/2027.
Esta vez, el turno fue de Federico Sturzenegger y todo su equipo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conversaron con el jefe de Gabinete sobre los hitos de la cartera y los proyectos de trabajo para el año en curso.
Durante la reunión de trabajo, los funcionarios debatieron sobre los procesos de achique de la estructura y dotación del Estado, la racionalización de organismos públicos y las iniciativas destinadas a fortalecer la profesionalización del empleo público.
Además, “se analizaron los próximos proyectos de ley vinculados a las desregulaciones necesarias para seguir consolidando un Estado más eficiente, moderno y orientado a simplificarle la vida a los argentinos”, según comunicaron en la Jefatura de Gabinete.
Según pudo saber TN, también se abordaron digestos de normas de sectores productivos, es decir, leyes consideradas redundantes u obsoletas como las que fueron incluidas en la Ley Hojarasca.
Respecto al resto de los proyectos bajo elaboración, fuentes al tanto de la reunión aseguraron a este medio que las iniciativas se irán anunciando a medida que estén listas. Sin embargo, entre ellas aparece un paquete de desregulación que apunta a reducir costos, aumentar la competitividad y facilitar el acceso a nuevos actores para una serie de actividades económicas.
El paquete incluirá puntos que van desde una reforma a la Ley de Cabotaje para garantizar la libre navegación fluvial hasta cambios en el mercado inmobiliario, el sector de seguros y el financiero.
Manuel Adorni recupera protagonismo a días de presentar su declaración jurada
La última vez que Adorni había recibido a un ministro en su despacho para conversar sobre la gestión había sido a principios de mayo, cuando se reunió con Diego Santilli.
Desde entonces, el funcionario protagonizó una serie de apariciones públicas, incluida una conferencia de prensa con los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), para anunciar el envío de un proyecto de super-RIGI y anunciar avances en materia de la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, si bien el tema desescaló respecto a semanas atrás, Adorni todavía no logró dejar atrás la presión, tanto interna como externa, alrededor de su investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En ese sentido, según anticipó TN, el Gobierno espera que el ministro coordinador presente su declaración jurada los primeros días de la semana que viene para esclarecer el asunto.
Leé también: El Gobierno espera que Adorni presente su declaración jurada y se resigna ante una eventual citación judicial
Tal como lo dijo el presidente Javier Milei, en Casa Rosada insisten en que Adorni tiene cómo justificar su patrimonio, y adelantan que el funcionario apelará a una herencia de su padre y a ingresos previos de su esposa para respaldar parte de los fondos investigados por la Justicia.
Con la presentación, el oficialismo apunta a lograr pasar la página sobre el asunto y así poder recuperar la iniciativa perdida durante los últimos meses. Para ello, el Gobierno enfoca toda su atención en una batería de proyectos de ley que actualmente tramitan en el Congreso, ayudados también por la cercanía del Mundial, que se llevará buena parte de la atención pública.
Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, declaración jurada
POLITICA
Suspendieron a los hermanos que trabajaban en el Consejo de la Magistratura y se dedicaban a secuestrar delincuentes
Un chofer del Consejo de la Magistratura y su hermano, que hacía tareas de vigilancia en el organismo, fueron suspendidos en sus funciones porque están presos acusados de integrar una banda que se dedicaba a secuestrar a narcotraficantes y delincuentes a los que les cobraban como rescate el botín que obtenían en sus actividades ilegales.
El padre de ambos, que era un expolicía jefe del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, fue removido de su cargo y trasladado mientras es investigado. Se sospecha que uno de los secuestros de un menor de edad, hijo de un delincuente preso en la cárcel de Villa Devoto, se realizó con una camioneta blanca Volkswagen Amarok que pertenece a la flota oficial del Consejo de la Magistratura, dijo a una fuente del caso.
Los dos empleados del Consejo de la Magistratura suspendidos tras un estudio del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial son Matías Nahuel Más y Juan Jesús Más, según la resolución 28 de 2023 firmada por la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Diaz Cordero. En esa misma decisión se cita que ambos detenidos fueron acusados por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso de integrar una asociación ilícita, secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate y la participación de tres o más personas; robo agravado por haberse cometido en banda y con armas, y secuestro agravado de un menor de edad.
Uno de los hermanos era chofer del Consejo, el otro monitoreaba cámaras de seguridad. Ambos están presos y fueron ahora suspendidos. El padre de ambos, Sebastián Más, entre diversas funciones vinculadas a la seguridad de los edificios judiciales, era el responsable del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, como titular de la Oficina de Enlace. Ahora fue trasladado al área de Recursos Humanos.
El juez federal de Morón Jorge Rodríguez debe decidir sobre la situación de los hermanos, involucrados en una organización integrada por la menos 10 personas.
“Nos encontramos ante imputaciones penales de delitos graves, pluriofensivos en los que respecta a los bienes jurídicos lesionados y que, a más del carácter de funcionarios públicos de las dos personas detenidas, exhiben una línea de investigación jurisdiccional enderezada a determinar el probable empleo en al menos uno de los hechos de un vehículo oficial de este Consejo de la Magistratura”, dice el informe de Díaz Cordero.
Los investigadores del caso relataron el origen insólito de esta investigación, que puso al descubierto a una organización de secuestradores que robaba a ladrones y a narcos en el entendimiento de que entre miembros del hampa no iban a ser denunciados.
La causa se inició en enero cuando se produjo un robo mediante una “entradera” en una casa en la ciudad de Buenos Aires. La policía comenzó a investigar e identificó a los tres delincuentes, y logró dar con uno de ellos. Pero uno de los dos prófugos, en su huida, fue secuestrado por una banda que buscaba sacarle dinero. Así, pagó un rescate de 45.000 dólares y fue liberado. Una vez que recuperó la libertad, la policía lo detuvo por la entradera en la casa porteña.
La banda de secuestradores tenía información privilegiada sobre el botín que había en la casa, por lo que esta vez secuestraron al hijo menor de edad de uno de los ladrones que estaba preso en la cárcel de Villa Devoto. Ningún miembro de la banda hizo la denuncia, pero sí los vecinos que vieron el secuestro.
La policía empezó a investigar, hizo seguimientos, controló imágenes de cámaras de seguridad y logró la autorización judicial para intervenir teléfonos, entre ellos los de los empleados del Consejo de la Magistratura ahora detenidos. Con toda esa información cayó sobre los secuestradores, luego del pago del rescate, que fueron otros 45.000 dólares. Eso permitió además liberar al hijo del delincuente.
Ahora, la fiscalía de Basso sigue investigando a la organización, ante la sospecha de que hay personas implicadas en esta banda. Entienden que para robar a otros delincuentes no solo hay que tener potencia de fuego y ser “pesados”, sino contar además con información privilegiada sobre los negocios ilegales de los secuestrados. Información que tienen los delincuentes o los policías, y hacia allí se encamina la pesquisa.
una banda,La justicia electoral retiró tres listas que iban a competir en las PASO de la Ciudad por el Congreso y la Presidencia,Hernán Cappiello,Consejo de la Magistratura,Justicia Federal,secuestro extorsivo,Conforme a,,De bajo perfil. Quiénes son los operadores políticos todoterreno que trabajan con Sergio Massa,,Secretos de campaña. Elecciones 2021: un drenaje de cinco millones de votos que partió al Frente de Todos y selló la suerte de Alberto Fernández,,Los 70. El atentado contra José Alonso, un blanco sindical de los Montoneros,Consejo de la Magistratura,,¡Los dólares o le corto un dedo! Trabajaban en el Consejo de la Magistratura e integraban una banda de secuestradores,,Qué dice el texto. El Consejo de la Magistratura avanza con un nuevo Código de Ética para los jueces,,Clave en los casos de corrupción. El Gobierno logró avanzar en el concurso para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal
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