Clinc, caja: con la última licitación de bonos del Tesoro, el ministro Toto Caputo sumó otros u$s350 millones, a los que hoy agregará u$s200 millones. Pero, además, absorbió liquidez del mercado en pesos, por una suma neta de $1,58 billón, con lo cual podría comprarle otros u$s1.100 millones al Banco Central, que un día antes había recibido un desembolso del Fondo Monetario Internacional por una cifra parecida.

Tal como viene ocurriendo en las últimas licitaciones, el Gobierno celebró el hecho de haber colocado bonos con vencimientos más largos -incluyendo $3,76 billones que se pagarán en el próximo período de gobierno-. Y también fue objeto de festejo el haber colocado títulos «a tasa de mercado», aunque hay analistas que observan una diferencia respecto de la cotización que se observa en el mercado secundario.

Caputo confirmó el cambio de planes

De todas formas, hasta ahí no hay polémica. En cambio, ya se percibiendo un clima raro respecto de que Caputo no se conforme con «rollear» los vencimientos de deuda que se producen cada dos semanas, sino que además siga absorbiendo pesos «excedentes».

Si bien los funcionarios lo siguen presentando como una señal de confianza por parte de los inversores, lo cierto es que esa actitud va en el sentido totalmente opuesto al que el equipo de política económica había anunciado. Es decir, que una vez disipada la incertidumbre política creada por las elecciones legislativas del año pasado, el Tesoro volvería a rollear por debajo del 100%.

De esa manera, dejaría de competir con el sector privado y promovería una mayor liquidez para lubricar el crédito. De hecho, fue la actitud que Caputo había adoptado hasta mediados del año pasado, cuando se jactaba de que «los bancos volvieron a trabajar de bancos».

Es decir, que la idea del ministro era no sacar liquidez «sobrante» del mercado, sino que los pesos quedaran en los bancos, para que sean canalizados al crédito productivo

Sin embargo, la tónica del año ha sido la opuesta: en casi todas las licitaciones del Tesoro se produjo una absorción de pesos. Esto indica que está prevaleciendo la línea más dura, impulsada por el propio Javier Milei, quien dijo ante un auditorio de empresarios que intensificaría el sesgo contractivo de la política monetaria, como forma de asegurarse que no habrá un quiebre en la senda descendente del IPC.

Salen por el BCRA, vuelven por el Tesoro

¿Por qué ocurre esto? Hay economistas que interpretan que, aunque en sus discursos hable sobre una recuperación de la demanda de pesos por parte del público, Caputo sigue percibiendo una situación inestable, y no quiere arriesgarse a que una liquidez excesiva empuje a los ahorristas hacia el dólar o presione la inflación al alza.

Además, están las recomendaciones del FMI, que en su último reporte sugiere renovar el 100% de los vencimientos de deuda. Pero el ministro está yendo más allá.

Y es por eso que hay también quienes consideran que el celo del ministro por aumentar la liquidez del Tesoro se explica por su necesidad de comprar dólares para afrontar los vencimientos de la deuda externa.

Y no sólo eso, cada vez que Caputo absorbe pesos, está neutralizando la expansión monetaria que antes había generado el Banco Central con sus compras de dólares en el mercado. Puesto en números, en enero, la entidad presidida por Santiago Bausili emitió $1,7 billones, en febrero y marzo $2,2 billones, en abril saltó a $3,8 billones. Y todo indica que en mayo también se superarán los $3 billones.

Estas cifras implican que en el último mes el BCRA emitió el equivalente al 7% del del M2 transaccional privado -que incluye pesos circulantes, depósitos en cuentas corrientes y en cajas de ahorro-. Si, en cambio, se toma como referencia al agregado M3 -que suma también la deuda del sector público y los depósitos en plazos fijos- esa emisión es por 2,3% de la base. Son números relativamente bajos, pero que duplican el nivel de expansión de los últimos meses.

Caputo junta dólares baratos

Lo cierto es que, en las licitaciones desde marzo, Caputo sacó de circulación un promedio en torno de $3 billones por mes. Será casualidad o no, pero las cifras se asemejan a la inyección monetaria hecha por el BCRA en sus compras de dólares.

Con el resultado de esos «rolleos» y, además, con la ayuda del BCRA, que le transfirió $24 billones por ganancias contables, el Tesoro cuenta ahora con una liquidez de $13 billones en su cuenta -antes, le había devuelto $18,4 billones para recomprarle al Central las letras intransferibles-.

Es una liquidez suficiente como para comprarle a Bausili todos los billetes verdes que captura mes a mes. En mayo, el BCRA lleva comprados u$s1.947 millones cuando todavía faltan dos jornadas de mercado, con abundancia de divisas ingresadas por las exportaciones.

Pero claro que Caputo no tendrá necesidad de gastar toda su liquidez en pesos, porque el mercado le sigue prestando dólares. Con la segunda vuelta de la licitación de esta semana, el ministro ya habrá acumulado más de u$s3.000 millones, distribuidos en siete colocaciones de su nuevo bono suscribible en dólares y con pagos de cupones mensuales.

Lo que pone contento al ministro no es solamente el volumen de bonos que le tomó el mercado doméstico sino, sobre todo, el hecho de que consigue dólares «baratos», porque los que vencen en 2027 pagan una tasa efectiva anual de 5,12% y los que vencen en 2028 tienen un premio de 8,49%.

Es decir, aun considerando el diferencial de «riesgo kuka» contenido en el segundo bono, sigue siendo un buen negocio para Caputo, a quien en el mercado global de crédito le resultaría obtener financiación por menos de 10%.

Lo que viene

El calendario de pagos indica que, para el trimestre julio-septiembre se acumularán obligaciones con los bonistas del mercado por u$s4.400 millones, con el FMI por u$s1.613 millones y con otros organismos de crédito por u$s1.529 millones. Se da por descontado que la parte de esos vencimientos que corresponde al capital será «rolleada», pero habrá que abonar los vencimientos, lo que implicará pagarle u$s820 millones al FMI y u$s551 millones a los organismos.

El escenario base que manejan los analistas es que la deuda a mercado deberá ser cancelada en su totalidad, lo que implica que las necesidades de caja del Tesoro ascenderían a unos u$s6.170 millones.

Es una cifra que impresiona, pero el hecho de que Caputo logre con facilidad más de u$s3.000 millones con los bonos expresamente lanzados para ese fin, y además se le sume ahora la ayuda del BCRA hace que el escenario financiero esté despejado en el corto plazo.

Mediante una resolución publicada en Boletín Oficial, la Secretaría de Energía extendió para junio la bonificación del 25% extra sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes que había implementado a principio de mes, y aplicó una medida similar sobre la electricidad.

De esta manera la normativa firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti reiteró que el grupo a los cuales se extiende este beneficio se mantiene en los usuarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el decreto 943/2025.

La decisión tomada por el organismo dependiente del Ministerio de Economía, se debe al “mayor consumo energético por las bajas temperaturas invernales del mes de junio, se produce un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano indiluido por redes”, como lo explica en el texto de la resolución 121/2026.

En tanto, fijó una reducción adicional para el mismo mes del 11,97% sobre un consumo base de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para usuarios residenciales del SEF “con la intención de morigerar el impacto tarifario”, explicaron.

El esquema de subsidios fue implementado en diciembre a través del decreto 943/25 y alcanzaba a la tarifa de gas natural, energía eléctrica, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos para hogares que cumplan determinadas condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad. Mientras que a través de la resolución 111/2026, avanzaron con el 25% extra.

Dentro del mismo texto se determinaron las bonificaciones generales a aplicar al Precio Estacional (PEST) de la electricidad, al Precio Anual Uniforme del gas natural (PAU) y al precio del gas propano utilizado habitualmente en garrafas domésticas “a trasladar a las tarifas finales de los beneficiarios, por los consumos base que realicen a partir de la entrada en vigencia del régimen de SEF”.

La norma también alcanza a Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro, en los términos de las Leyes 27.098 y 27.218, quienes reciben las bonificaciones sobre la totalidad de su consumo.

La implementación de las nuevas alícuotas quedó a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que en mayo de 2026 conformó su Directorio mediante el Decreto 318. El mismo deberá reflejar los cambios en los cuadros tarifarios y los mecanismos de facturación, y notificar a las distribuidoras y licenciatarias del servicio público de gas y electricidad en todo el país. También se instruyó la notificación a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), a los entes reguladores provinciales y a las cooperativas eléctricas, entre otros organismos.

Para acceder al beneficio estatal, se debe acreditar que los ingresos del hogar no superan tres Canastas Básicas Totales ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec). También pueden sumarse quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La norma prevé que los hogares registrados bajo este criterio junto a los clubes de barrio, clubes de pueblo y entidades sin fines de lucro, accedan a una reducción conjunta del 75% en sus consumos base de gas natural y propano por redes.

Con este esquema, el Gobierno apuntó a reducir la masa de subsidios destinados a los servicios públicos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, los subsidios al agua, la energía y el transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual, mientras las tarifas residenciales acumularon un alza del 594%.

El régimen SEF reemplazó la segmentación anterior —categorías N1, N2 y N3, que abarcaban cerca del 60% de los hogares— por la categoría de usuarios “vulnerables”. Quedaron excluidos quienes superen las tres Canastas Básicas Totales o acrediten patrimonio incompatible con el beneficio.

Esta madrugada, el Gobierno nacional oficializó una actualización en el listado de jurisdicciones consideradas no cooperantes en el intercambio de información fiscal. De esta manera, excluyó a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago del listado.

La medida entró en vigencia luego de que se publicara el Decreto 398/2026 en el Boletín Oficial. Con la aprobación del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la modificación quedó plasmada en el primer párrafo del artículo 24 correspondiente a la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

El cambio respondió a cambios recientes en el estatus de algunas jurisdicciones ante la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Consejo de Europa. Este instrumento internacional establece los estándares globales en materia de transparencia e intercambio de información tributaria.

Según explicaron las autoridades, la actualización era necesaria, debido a que algunas jurisdicciones originalmente incluidas en el listado comenzaron a cumplir los requisitos de cooperación internacional en materia fiscal.

“El listado debe adaptarse a los acuerdos y compromisos vigentes que la República Argentina mantiene con organismos multilaterales y con las administraciones tributarias de terceros países”, señalaron.

De esta manera, la nómina descendió de 75 jurisdicciones a las 72 que continúan en vigencia. Entre ellas se encuentran el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Estado de Libia, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Cuba, la República de Irak y la República Islámica de Irán.

La actualización, detallada por el Boletín Oficial, busca ajustar el listado de acuerdo a los estándares internacionales de cooperación tributaria y al grado de colaboración efectiva de cada jurisdicción. El decreto establece que la nueva lista se compone de 72 territorios, en contraste con los 75 que se consignaban previamente, e instruye que el artículo 24 de la reglamentación fiscal refleje estos cambios.