La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y las entidades empleadoras Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) firmaron un nuevo acuerdo paritario para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 807/23, que establece un mecanismo de actualización mensual de los salarios básicos desde julio hasta diciembre de 2026.

El entendimiento fija que los salarios se ajustarán automáticamente todos los meses en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta forma, el esquema de incrementos queda atado a la evolución de la inflación registrada en el mes inmediato anterior.

Además de definir la modalidad de actualización salarial, el acuerdo incorpora la escala correspondiente a julio de 2026 y establece que las partes firmarán nuevas escalas mensualmente para reflejar cada actualización. También prevé una nueva instancia de negociación durante enero de 2027 para determinar las condiciones salariales que regirán el próximo año.

UTEDYC acordó una actualización mensual de salarios por inflación

El nuevo acuerdo salarial alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23, que regula las relaciones laborales del personal que presta servicios en mutuales representadas por la CAM y la CONAM.

La principal característica del entendimiento es la implementación de una cláusula de actualización automática de los salarios básicos convencionales. En lugar de fijar porcentajes predeterminados para varios meses, las partes resolvieron que los haberes se ajusten mensualmente tomando como referencia la inflación oficial medida por el INDEC.

Según lo establecido en el acta, cada actualización salarial se calculará utilizando la variación del IPC correspondiente al mes anterior al de aplicación.

Esto implica que los salarios de julio de 2026 incorporan la inflación registrada durante junio, los haberes de agosto se actualizarán con el IPC de julio, y el mismo mecanismo continuará durante los meses siguientes hasta diciembre.

El calendario de actualizaciones funcionará de la siguiente manera:

De esta manera, el convenio establece un esquema de actualización mensual que permanecerá vigente hasta finalizar el año.

Cómo funcionará el mecanismo de actualización salarial

El acuerdo determina que el incremento mensual surgirá directamente de la variación porcentual informada por el INDEC para el Índice de Precios al Consumidor.

En la práctica, cada vez que el organismo publique el dato oficial de inflación de un determinado mes, ese porcentaje será utilizado para actualizar los salarios básicos del mes siguiente.

El sistema permite que los salarios convencionales acompañen mensualmente la evolución del índice inflacionario durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.

Las partes no establecieron porcentajes fijos adicionales ni sumas extraordinarias dentro del acuerdo firmado. El único parámetro previsto para las actualizaciones mensuales será la variación del IPC oficial.

Este mecanismo también implica que las escalas salariales deberán modificarse todos los meses para reflejar los nuevos valores resultantes de la actualización correspondiente.

La escala salarial de julio ya fue incorporada al convenio

Como parte del acuerdo, UTEDYC, la CAM y la CONAM incorporaron como Anexo I la escala salarial correspondiente al mes de julio de 2026.

Los valores incluidos en esa escala ya contemplan la actualización derivada de la inflación registrada durante junio.

Asimismo, las partes acordaron que cada mes suscribirán una nueva escala salarial que incorporará el porcentaje de actualización correspondiente según el IPC publicado por el INDEC.

Cada una de esas escalas pasará a integrar el convenio colectivo como anexos complementarios, permitiendo contar con valores salariales actualizados durante toda la vigencia del acuerdo.

Qué ocurrirá después de diciembre de 2026

El entendimiento firmado entre las partes tiene vigencia hasta la actualización correspondiente al mes de diciembre de 2026.

Una vez finalizado ese período, el acuerdo establece que representantes sindicales y empleadores volverán a reunirse durante enero de 2027, con el objetivo de analizar las condiciones salariales que regirán para el nuevo período y definir la modalidad de negociación que se aplicará durante 2027.

De esta manera, el convenio deja prevista una nueva instancia paritaria para revisar la evolución de los salarios y establecer las futuras pautas de actualización.

El acuerdo podrá ser homologado por la autoridad laboral

El texto firmado también contempla el procedimiento administrativo posterior a la suscripción del acuerdo.

En ese sentido, las partes establecieron que cualquiera de los firmantes podrá solicitar la homologación ante la autoridad laboral competente.

La homologación constituye el trámite mediante el cual la autoridad administrativa verifica el acuerdo celebrado entre las partes y le otorga los efectos previstos por la normativa laboral vigente.

Hasta tanto se complete ese procedimiento, el acta refleja el entendimiento alcanzado entre la organización sindical y las entidades empleadoras.

Qué establece el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23

El Convenio Colectivo de Trabajo 807/23 regula las condiciones laborales del personal que presta servicios en mutuales representadas por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM).

Dentro de ese marco convencional se establecen las categorías laborales, los salarios básicos, las condiciones de trabajo y las distintas cláusulas aplicables a los trabajadores comprendidos por el convenio.

Con el nuevo acuerdo salarial, las partes modificaron exclusivamente las escalas salariales para el período julio-diciembre de 2026 mediante la incorporación del mecanismo de actualización mensual vinculado al IPC.

El sistema acordado reemplaza la fijación de incrementos porcentuales para varios meses por un esquema de ajustes mensuales calculados sobre la inflación oficial publicada por el INDEC.

Puntos principales del acuerdo salarial de UTEDYC para mutuales

El entendimiento firmado entre UTEDYC, la CAM y la CONAM establece los siguientes aspectos:

• Actualización mensual automática de los salarios básicos convencionales
• Ajustes calculados según la variación del IPC del mes inmediato anterior
• Vigencia del mecanismo desde julio hasta diciembre de 2026
• Incorporación de la escala salarial de julio como Anexo I del convenio
• Firma de nuevas escalas salariales todos los meses para reflejar cada actualización
• Nueva reunión paritaria prevista para enero de 2027
• Posibilidad de solicitar la homologación del acuerdo ante la autoridad laboral

Con este esquema, los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23 tendrán actualizaciones mensuales de sus salarios básicos convencionales conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.

La inversión bruta interna volvió a mostrar signos de debilidad en junio y profundizó el deterioro que arrastra desde comienzos de año. En un contexto de actividad económica aún golpeada y sin señales claras de una recuperación sostenida, el nivel de inversión registró una nueva caída interanual, impulsada principalmente por el retroceso en la compra de maquinaria y equipos, mientras que la construcción exhibió una leve mejora.

De acuerdo con las estimaciones de OJF, la consultora de Orlando Ferreres, la inversión cayó 6,2% interanual en junio medida en términos de volumen físico, descontando el efecto de la inflación. De esta manera, acumuló una contracción de 7,6% durante el primer semestre del año. En tanto, medida en dólares, la inversión alcanzó los USD 7.464 millones.

El principal factor detrás de la baja fue el desempeño en maquinaria y equipos, que registró una caída de 11,2% respecto de junio del año pasado. Dentro de ese rubro, los equipos de producción nacional retrocedieron 9,5%, mientras que los bienes importados mostraron una contracción aún mayor, de 12,7%.

Como resultado, el segmento acumuló una baja de 12,2% en los primeros seis meses del año, consolidándose como el componente de peor desempeño dentro de la inversión.

En contraste, la construcción logró mantenerse en terreno positivo durante junio. La inversión en ese sector registró una suba interanual de 0,4%, aunque el balance del semestre continúa siendo negativo, con una caída acumulada de 1,7%.

En conclusión, el informe aseguró que “al promediar el año en curso, la inversión sigue marchando a niveles muy bajos y aún no se ven señales claras que inviten a pensar en una recuperación, aunque ciertos rubros puntuales mostraron mejores números en el sexto mes del año. En efecto, la construcción logró ubicarse nuevamente en terreno positivo y también se registraron leves subas en los patentamientos de vehículos comerciales pesados”.

Hacia adelante, “esperamos que continúe desacelerando la contracción de la inversión, mostrando una mejora paulatina. El factor que puede cambiar esta lenta evolución es el de las inversiones anunciadas bajo el paraguas del RIGI, pero los plazos y cronogramas de estas inversiones son flexibles, sujetos a cierta discrecionalidad”, agregó.

El esquema de incentivos ya cuenta con 19 proyectos aprobados, que en conjunto representan una inversión comprometida de USD 36.424 millones y la generación estimada de 61.123 empleos directos e indirectos. La mayor parte de las iniciativas corresponde al sector minero, con 10 proyectos, seguido por petróleo y gas (5), energía (2), siderurgia (1) e infraestructura (1).

En paralelo, el Gobierno mantiene 24 proyectos en evaluación, que implican inversiones por USD 111.500 millones y podrían sumar 137.522 puestos de trabajo entre directos e indirectos si obtienen la aprobación.

Al mismo tiempo, la baja utilización de la capacidad instalada limita los incentivos para realizar nuevas inversiones, ya que muchas empresas aún cuentan con margen para aumentar la producción sin necesidad de ampliar su infraestructura o incorporar más maquinaria.

El uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,4% en mayo, por debajo del nivel registrado en abril y también del observado en el mismo mes del año pasado, según el Indec.

El relevamiento sectorial mostró que cinco de los doce bloques industriales se ubicaron por encima del promedio general de 58,4%. Según el Indec, el mayor nivel de utilización correspondió a la refinación del petróleo, con 88,7%, seguida por las industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y productos alimenticios y bebidas (60%).

En contraste, siete sectores quedaron por debajo del promedio. Se trata de productos minerales no metálicos (55,5%), edición e impresión (54%), industria automotriz (45,5%), productos del tabaco (43,2%), productos textiles (42,2%), productos de caucho y plástico (39,6%) y metalmecánica, excluida la fabricación de automotores (38,7%).

La promesa de Javier Milei sobre eliminar el Banco Central parece haber quedado en el olvido. Incluso, a esta altura, pocos la recuerdan. Ahora, se limita a reformular la Carta Orgánica de la entidad y borrar los cambios que implementó Cristina Kirchner. El objetivo del Presidente es devolverle la misión principal a la autoridad monetaria y «blindarla» ante próximas administraciones al reforzar su independencia. Para los analistas del mercado, la iniciativa es positiva: jugaría a favor de la fortaleza de la moneda y se reflejaría en mayor estabilidad cambiaria y menor inflación.

El proyecto que Milei enviará al Congreso y que presentará este jueves por la noche en Cadena Nacional, apunta a eliminar los objetivos que incorporó la ex presidenta en 2012 y reemplazarlos por uno solo, su misión principal: preservar el valor de la moneda, objetivo que rigió desde 1992 hasta la reforma kirchnerista. Además, el proyecto buscará:

• Prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal
• Restringir la distribución de utilidades contables del BCRA al Tesoro
• Fortalecer la independencia de la entidad con el endurecimiento de las condiciones para remover al presidente y al directorio del organismo, con el objetivo de protegerlos ante eventuales presiones políticas
• Sumar el concepto de «shutdown«, que obliga al Estado a frenar gastos si se agota el presupuesto aprobado

«La modificación de la carta orgánica del Banco Central de 2012, recientemente criticada por Milei, introdujo tres cambios principales. El cambio más importante fue la modificación de su misión principal, hasta entonces grabada en la entrada de mármol del edificio y ahora cubierta por un nuevo cartel de yeso, una metáfora del deterioro del BCRA durante el kirchnerismo. En términos prácticos, permitió una mayor utilización del impuesto inflacionario«, afirma el equipo de Max Capital.

De acuerdo con el bróker de bolsa, varios de los cambios de la administración kirchnerista «implicaron, básicamente, un mayor uso del señoreaje y del impuesto inflacionario». Entre las principales modificaciones se destacan:

• El objetivo pasó de «preservar el valor de la moneda», bajo una independencia teórica respecto del Poder Ejecutivo, a múltiples objetivos que incluían estabilidad monetaria y financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social
• El monto máximo de transferencias monetarias mediante adelantos transitorios aumentó desde 12% de la base monetaria y 10% de la recaudación tributaria a un límite transitorio de 12% de la base monetaria y 20% de la recaudación tributaria
• Consolidó el uso de «reservas de libre disponibilidad» para realizar pagos de deuda soberana en dólares

Efecto sobre el precio del dólar tras los cambios de Milei en el BCRA

«Si bien las operaciones de mercado abierto y la represión financiera podrían, en principio, utilizarse para canalizar financiamiento hacia el Tesoro de manera indirecta, limitar directamente el financiamiento monetario sería un avance significativo y debería ser positivo para el peso. Como referencia, antes de los cambios que introdujo el kirchnerismo en 2012, el tipo de cambio ‘libre’ a precios actuales (y ajustado por términos de intercambio) se ubicó en $2.310 en promedio entre 2006 y 2012, frente a $2.530 entre 2012 y 2014 y $3.400 entre 2020 y 2023«, detalla Max Capital.

El bróker agrega que bajo administraciones peronistas posteriores a 2012, el promedio del tipo de cambio «libre» a precios actuales fue de $3.000, superior a los $2.300 que promediaba antes de 2012. De acuerdo con el análisis, la diferencia de 30% se explica principalmente por la dominancia fiscal, las restricciones cambiarias y un mayor uso del «impuesto inflacionario», especialmente durante las cuarentenas por la pandemia del Covid-19.

Por lo tanto, estima que el peso podría ser entre 15% y 20% más fuerte de lo que sería con una administración «populista» si existiera una Carta Orgánica del Banco Central sólida que limite la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal e indirectamente imponga disciplina en las cuentas públicas, tal como lo propone Milei en el proyecto de ley que planea enviar al Congreso la próxima semana. Con el eventual apoyo de la oposición no kirchnerista, prevé que la iniciativa avanzaría hasta convertirse en ley.

Apoyo del mercado y de exfuncionarios a los cambios en el Banco Central

Fundación Capital, conducida por Martín Redrado, ex presidente del BCRA entre 2004 y 2010, resalta que la modificación de la Carta Orgánica no es un tema ajeno a la vida diaria de las empresas: es transversal a todos los sectores, ya que está vinculada con la estabilidad económica a largo plazo. Afirma que el país necesita transformar la discusión sobre esta reforma en un punto de inflexión, con un enfoque que sobreviva a los gobiernos de turno y le devuelva a los argentinos una institución esencial para desarrollar una estrategia de crecimiento sustentable.

«Incluso antes de modificar la ley, hay cosas que se pueden hacer en pos del objetivo de estabilidad. En el tránsito hacia una nueva Carta Orgánica se debe clarificar el régimen monetario y cambiario, que vaya más allá de la coyuntura del día a día. La política monetaria no ha mostrado un horizonte de largo plazo claramente definido, aunque en el camino se han ido corrigiendo algunos errores del pasado. La falta de un sendero claro genera interrogantes sobre la continuidad del esquema monetario ante un eventual cambio en las condiciones macroeconómicas», afirma.

De acuerdo con el análisis, la mejor contribución que puede hacer un banco central al crecimiento y al empleo es «jerarquizar el objetivo de la estabilización de los precios y asegurar la estabilidad monetaria y financiera (con el factor diferencial de que Argentina es un país bimonetario de hecho)». En cuanto a esto último, destaca que las experiencias internacionales en países emergentes muestran que uno de los principales retos de las autoridades monetarias es la administración de los flujos financieros globales.

«La volatilidad que hoy muestran los mercados de capitales hace necesarias políticas anticíclicas que permitan amortiguar ‘shocks externos’ que afecten nuestras economías. La experiencia muestra que las formulaciones excesivamente amplias de los objetivos de la institución, como la que se incorporó en 2012 (‘promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social’), pueden diluir prioridades y abrir la puerta a subordinar la estabilidad de precios a urgencias fiscales, políticas o electorales», sostiene.

Características que debería tener, según el ex titular del BCRA

De acuerdo con el informe elaborado por el equipo de Redrado, en base a las enseñanzas y modelos probados acá y en otros países, se debe dotar al Banco Central de independencia funcional, orgánica y de objetivos que resulten robustos frente al ciclo político argentino. En ese sentido, afirma que la definición de un nuevo marco institucional para el BCRA debe tener dos características: independencia operacional (sin injerencia del Poder Ejecutivo en el manejo de los instrumentos de política) y coordinación con el resto de la política económica (sin subordinación).

«De este modo, una nueva Carta Orgánica debe eliminar toda vía de financiamiento al Tesoro Nacional, tanto en pesos (derogando el artículo 20, que autoriza adelantos transitorios al Gobierno), como en dólares (mediante la utilización de reservas internacionales a cambio de Letras Intransferibles). En países como Brasil (1988), Chile (1980) y Perú (1993) incluso se establecieron resguardos constitucionales fuertes para evitar que el banco central sea la ventanilla financiera del gobierno», detalla.

Además, según el análisis, sería conveniente revisar la posibilidad (prevista en el artículo 28) de integrar parcialmente los requisitos de efectivo mínimo (encajes) con títulos públicos, porque a través de la tenencia de bonos del Tesoro Nacional se constituye una forma indirecta de financiar al Gobierno. Considera que esta modificación debería ser compensada progresivamente por una baja en igual magnitud de los encajes, lo que permite converger hacia parámetros internacionales e impulsar el crédito.

«Sin un marco institucional que impida volver a financiar el déficit fiscal con emisión monetaria y sin autoridades que puedan ejercer su mandato con independencia, la estabilidad será transitoria. Argentina necesita un Banco Central independiente, pero coordinado, con una misión clara, reglas estables y capacidad para afrontar los desafíos futuros», resalta.

Por la historia inflacionaria del país, destaca, deben evitarse las vías de emisión monetarias que puedan comprometer la estabilidad. A la vez, se debe impedir el financiamiento al sector público y se debería evitar emitir para financiar al sistema financiero y que éste otorgue financiamiento al sector público o al sector privado. Por ende, sostiene, corresponde revisar el artículo 17, inciso F, que admite adelantos del BCRA al sistema financiero para crédito productivo.

«También es imprescindible blindar la nueva Carta Orgánica para reducir el riesgo de que sea modificada ante cada cambio de gobierno. Así, una ley de esta naturaleza debería surgir de un acuerdo político amplio y ser aprobada por una mayoría especial, con mecanismos institucionales que eleven el costo de su modificación», remarca.

Fundación Capital sostiene que es clave avanzar hacia reglas que trasciendan a la administración de turno. Afirma que el desafío también consiste en la consolidación de un régimen monetario claro y duradero, junto con la implementación de una regla fiscal intertemporal con sustento legal, un esquema cambiario orientado a la eliminación de restricciones para converger hacia un mercado único y libre de cambios en el menor plazo posible y una reducción de la carga impositiva. En conjunto, estos elementos «contribuirán a la estabilización y el crecimiento sostenido con generación de empleo«.