POLITICA
La Justicia de Tierra del Fuego anuló el llamado a elecciones constituyentes que habilitaba la re-reelección de Melella
La Justicia de Tierra del Fuego anuló anteayer la convocatoria a elecciones constituyentes, impulsada por el gobernador Gustavo Melella, que formalizaba el avance de una reforma constitucional en la provincia. La medida vuelve a acorralar al mandatario, que atraviesa una crisis política y quedó en minoría en la Legislatura local.
El fallo del Juzgado de Primera Instancia Electoral Provincial, a cargo de la jueza Mariel Zanini, determinó que el decreto firmado por Melella carecía de validez por contravenir una resolución judicial previa.
La iniciativa de reforma buscaba limitar las reelecciones indefinidas de los legisladores fueguinos. Sin embargo, sectores de la oposición sospechaban que el verdadero objetivo era habilitar una posible re-reelección de Melella, si la futura Convención Constituyente consideraba el actual mandato como el primero.
Con la anulación judicial, quedó cerrada toda posibilidad de un nuevo mandato.
La jueza Zanini fundamentó la anulación en que el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que en agosto de 2025 había dado plazo al gobierno para convocar a elecciones constituyentes, aún no está firme. El diputado de Somos Fueguinos, Jorge Andrés Lechman, había presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, cuya resolución todavía está pendiente. Luego, insistió con un recurso de queja. El máximo tribunal del país aún no se expidió.
Por esta razón, la magistrada interpretó que no se agotaron todas las instancias de apelación y que la convocatoria no tiene validez.
En agosto de 2024, Lechman había objetado la constitucionalidad de la reforma y solicitado una medida cautelar para frenar el proceso. Un año después, el Superior Tribunal de Justicia resolvió a favor del planteo de Melella, pero supeditó la convocatoria a convencionales a la firmeza del fallo, lo que aún no se produjo.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, celebró el fallo y exigió un cambio de prioridades en el gobierno provincial. “Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la Constitución no es ninguna de las dos. La decisión de la Justicia Electoral de declarar nulo el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes vuelve a poner en evidencia que Tierra del Fuego es perjudicada, es dañada por seguir en una discusión alejada de lo importante, de lo urgente y de la gente”, expresó el jefe comunal de una de las ciudades más importantes de la isla.
La Legislatura fueguina había rechazado el proceso de reforma constitucional a fines de abril, apenas un día después de que Melella firmara el decreto de convocatoria electoral para el 9 de agosto, sustentado en la ley N°1529 aprobada en 2025. Rápidamente, la oposición reunió una mayoría -incluyendo votos identificados con el kirchnerismo- y derogó la norma, con el motivo de evitar gastos extraordinarios en un contexto de crisis económica. En el distrito, hay una fuerte presión por la paritaria docente y reclamos sobre el financiamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
El gobernador Melella vetó la derogación resuelta por la Legislatura, tanto de la resolución de la convocatoria constituyente como el de la “ley de goteo”, que resuelve un reparto automático de los recursos coparticipables a los municipios. Es decir, un pedido de los intendentes, que están en abierta confrontación con el gobernador.
Ambos vetos intensificaron el conflicto con la oposición y sectores del peronismo. Es que Melella integra el partido Frente Grande y forma parte de una coalición. Esa alianza, que reunía al kirchnerismo y dirigentes locales del PJ, se quebró y perdió varios eslabones. El intendente de Ushuaia y ligado a La Cámpora, Walter Vuoto, también se manifestó en contra de la reforma, y calificó que el decreto era inconstitucional.
Los dos vetos del gobernador, nuevamente, fueron rechazados por la Legislatura fueguina y profundizaron la crisis institucional.
“La Constitución provincial (art. 192) es clarísima: la única que puede decidir si se reforma la Constitución es la LEGISLATURA, con 2 de cada 3 votos. El Gobernador no tiene voz ni voto en esa decisión”, señaló Vuoto en redes sociales. “Este veto del Gobernador se arroga un poder que la Constitución NO le da y rompe la división de poderes. Y encima veta el goteo a los municipios, ahogando a Ushuaia, Río Grande y Tolhuin en plena crisis. La prioridad no puede ser una aventura electoral millonaria. Primero los fueguinos. Siempre”, concluyó.
Los ejes de la reforma
La propuesta de reforma constitucional abarcaba 70 de los 211 artículos de la Constitución provincial. Entre los principales cambios, Melella buscaba limitar la reelección de legisladores a dos mandatos consecutivos, equiparándola con la restricción ya vigente para el Ejecutivo. Además, proponía limitar los sueldos de diputados y funcionarios para que no superasen el ingreso del gobernador, entre otros puntos.
En la oposición existía la sospecha de que la reforma podía abrir una puerta para que el gobernador compitiera por un tercer mandato, si se consideraba el actual como el primero tras la reforma. La discusión remite a lo ocurrido en Formosa, donde en 2025 se incluyó una cláusula transitoria al reformar la Constitución que permitió al gobernador Gildo Insfrán reiniciar el cómputo de mandatos.
En Tierra del Fuego, la oposición temía un escenario similar, si bien desde el entorno de Melella siempre negaron intenciones de buscar un tercer mandato. Apuntan que la idea de reformar la Carta Magna es anterior a su gestión como gobernador.
El gobierno provincial anticipó que apelará la resolución de la Justicia electoral, para intentar destrabar el proceso de reforma. Lo cierto es que, por el momento, la convocatoria a elecciones constituyentes quedó sin efecto.
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POLITICA
El oficialismo apura la fecha para que Manuel Adorni brinde su informe de gestión en el Senado
La fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurra al Senado a brindar su informe de gestión aparece como una posible salida a la presión de la oposición. La propuesta será llevada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, a la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18.
Según pudo saber TN al consultar a una alta fuente libertaria, el planteo busca responder a una de las principales quejas de los bloques opositores: saber cuándo Adorni asistirá al Congreso. La Cámara alta tiene previsto sesionar el jueves 18 con una agenda que incluye temas de interés del oficialismo, aunque la oposición dialoguista pidió antes resolver la situación del ministro coordinador.
La presión de Villarruel y el reclamo opositor
“Esta obligación es, al menos, una vez al mes. Sin embargo, el jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025”, planteó Villarruel al convocar a los jefes de bancada para la semana próxima.
La agenda del Senado incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, solicitado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados para cubrir cargos judiciales, principalmente en el fuero laboral. Sin embargo, la discusión quedó atravesada por el pedido para que Adorni se presente ante la Cámara alta.
Fijar una fecha para su exposición podría funcionar como una primera salida política ante la presión legislativa.
La declaración jurada que complicó al jefe de Gabinete
La situación política de Adorni se agravó a partir de la presentación de su declaración jurada de bienes y de sus declaraciones periodísticas para justificar el ocultamiento de 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores.
A los cuestionamientos de sectores aliados como la UCR y el PRO se sumaron también dirigentes referenciados en Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez desde la Cámara de Diputados.
En el Senado, las bancadas del PRO y de la UCR, que lideran Martín Goerling Lara y Eduardo Vischi, también solicitaron la presencia del ministro en el recinto.
Leé también: El PRO presiona a Javier Milei: “Queremos que defienda el cambio en vez de defender a Manuel Adorni”
“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.
Los pedidos de interpelación son impulsados por la oposición más dura en ambas cámaras del Congreso. En el Senado ingresó una presentación firmada por legisladores del interbloque Justicialista, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria.
En Diputados, los reclamos fueron acompañados por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, los radicales críticos, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
El jefe de UxP, Germán Martínez, encabezó la presentación: “Manuel Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional”, dijo.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete. Entre ellas, habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió directamente su remoción: “Los argentinos no merecen un jefe de Gabinete que miente descaradamente para “justificar” su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”.
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Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, contraviniendo los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.
En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.
Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes —que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades— evidencia una “intención deliberada” de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.
Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.
La denuncia también hace foco en el perjuicio institucional generado por las declaraciones públicas del funcionario, quien pasó de afirmar que su patrimonio estaba correctamente declarado a admitir ante la opinión pública que mantenía activos fuera del circuito formal.
Adorni reconoció el miércoles pasado que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas».
La pena de la “omisión maliciosa” es de quince días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión.
En la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 US$ en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 US$ en nuevas deudas. Tal como informó , a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
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POLITICA
La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
Alicia López, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuestionó las explicaciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre la incorporación de activos no declarados en sus declaraciones patrimoniales.
En diálogo con Infobae al Amanecer, advirtió sobre dificultades técnicas y legales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y señaló una posible derivación hacia lavado de activos.
La exposición pública de Adorni, quien admitió haber ahorrado en negro y justificó la existencia de fondos sin declarar a través de inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018, motivó la presentación de nuevas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La rectificación patrimonial incorpora USD 513.000 en criptomonedas y concentra el eje de la investigación judicial.
La extitular de la UIF sostuvo que la estrategia declarativa de Adorni implica riesgos penales más graves que los discutidos al inicio. Según López, “es grave porque Adorni en una de las declaraciones dijo: ‘Yo ahorré en negro, o sea, soy evasor, como todas las personas’. Entonces, está diciendo que todas las personas son evasores, que también es un delito. Es un delito tributario”.
La especialista explicó que, como las inversiones declaradas por Adorni corresponden a un período anterior a su desempeño como funcionario público, la figura de enriquecimiento ilícito pierde peso y la investigación podría encuadrarse en el delito de lavado de activos. “En la ley que se modificó del lavado de activos en 2012, el delito tributario pasó a ser un delito antecedente. Por ende, en el periodo que él está declarando, al no ser funcionario público, este origen espurio entra dentro de la configuración del delito de lavado de activos”, indicó.
También planteó que la situación procesal de Adorni y del fiscal a cargo se vuelve más compleja por la necesidad de demostrar el origen y la trazabilidad del dinero involucrado, en especial por la naturaleza de las inversiones en criptomonedas.
Las dudas sobre el relato patrimonial
Para la exfuncionaria, el argumento de Adorni resulta poco verosímil desde el punto de vista técnico y de la experiencia del mercado. “Me da la impresión que Adorni se metió en un tema que está mal asesorado. Primero porque habla de colocaciones que hizo en un periodo, 2013-2018, yo soy contadora y en el 2013 poco y nada podía saber de las inversiones en criptomonedas, bitcoin fundamentalmente, y tampoco me hubiera atrevido a utilizar mis ahorros en algo que desconocía. La conclusión es poco creíble, esa es la realidad”, sentenció.
López consideró que las inconsistencias en los relatos de Adorni se suman a otras declaraciones previas cuestionadas y que la rectificación patrimonial no despeja las sospechas. “Es poco creíble todo lo que dijo antes. O sea que esto es algo que viene a acompañar todas las cosas que dijo antes con dos jubiladas, con mutuos, exactamente”.
López advirtió que la operatoria con criptomonedas dificulta la posibilidad de probar el origen de los fondos y su titularidad real. “Cuando vos iniciaste el ahorro en cripto, tuviste que tener cash. No hay forma de iniciar ninguna inversión si no es a través de cash. Hay que encontrar a dónde lo depositó”, explicó.
La extitular de la UIF detalló que, para acreditar la legitimidad de la inversión, Adorni debería presentar comprobantes financieros de una entidad reconocida que respalden el movimiento inicial de fondos. “Lo que sirve es el comprobante financiero de una entidad en la cual él puso el dinero cash y que le otorgó ese algoritmo”, señaló.
López agregó que las criptomonedas adquiridas en negro y la ausencia de regulación en 2013 dificultan la reconstrucción documental. “El primer problema es encontrar en dónde se puso el dinero. Si es que se transforma en lavado de activos, como yo pienso, porque no era funcionario público, ya ahora queda en manos de la Justicia empezar a demostrar toda esta trazabilidad”, afirmó.
Además, mencionó la posibilidad de simular titularidad mediante la compra de billeteras virtuales ajenas. “Una persona que tenía una billetera en 2013, son algoritmos y tienen una clave secreta, o sea, no dice que es Adorni. Él perfectamente le pueden dar una de aquella época y decir: ‘Es esta’”.
En su intervención, López también repasó el uso de instrumentos como los mutuos y las operaciones back to back en maniobras de lavado de dinero. “Los mutuos son muy utilizados por los lavadores. Porque es un instrumento válido para el back to back. Yo te doy la plata y vos me prestás algo. Y se registra todo en un mutuo”, comentó.
La exfuncionaria expresó su escepticismo sobre la transparencia y el control de los nuevos instrumentos financieros no regulados, y sostuvo que las explicaciones de Adorni resultan insuficientes para sostener su versión. “Me parece que realmente cada vez la va empeorando más”, cerró.
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