POLITICA
El contador de Bailaque reveló que el exjuez le pidió “emprolijar” su DDJJ porque no podía justificar la compra de dos inmuebles
El exjuez federal Marcelo Bailaque, que actualmente se encuentra detenido en su casa y enfrenta tres causas judiciales, quedó contra las cuerdas esta semana, luego de que su amigo y contador personal Gabriel Mizzau se presentara como arrepentido en la causa que lo que al exmagistrado como principal acusado. Mizzau no sólo era quien le llevaba las cuentas personales al juez, sino también al jefe narco Esteban Alvarado, a quien Bailaque debía investigar.
Lo más peligroso para el exmagistrado es que Mizzau conoce sus finanzas, sus inversiones y su crecimiento patrimonial. El desafío de los fiscales es determinar si Bailaque cobró dinero del narco Esteban Alvarado y dónde pueden haberse invertido esos fondos. Mizzau es clave para escarbar en el posible crecimiento patrimonial que tuvo el exjuez a costa de la “protección” que le daba al capo narco rosarino.
Mizzau declaró en tres oportunidades durante los últimos meses, según señalaron fuentes judiciales. Lo que pudieron sacar en limpio de las extensas charlas con el contador es que entre 2014 y 2015 Bailaque compró dos propiedades. Una la habría puesto a nombre de su pareja. Y convocó a su contador personal para que tratara de “emprolijar” su declaración jurada, porque con sus ingresos en blanco no podía justificar esa compra. Mizzau se habría encargado de esa tarea, pero a la par -según admitió en su declaración- recibía de parte de Bailaque información calificada del expediente que lo tenía a Alvarado como principal sospechoso, en ese momento, de liderar una organización narco.
Mizzau tenía contacto con Rosa Capuano, la entonces pareja de Alvarado, que era la que estaba encargada de llevar adelante el blanqueo del dinero del narco, a través de la creación de empresas de transporte, como Santino, Sagrado Corazón de María y Toia. Esa tarea la realizaba el contador, cuya firma figura -según comprobó – cuando publicó el 11 de junio de 2024 que Mizzau tenía como clientes al juez y al jefe narco.
Al plegarse a la figura del arrepentido y aceptar su culpabilidad, la causa queda con un solo implicado sin firmar estos acuerdos: el exjuez Bailaque, que espera que se defina la fecha del juicio oral que deberá afrontar en soledad.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, aseguró Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, en la audiencia de esta semana.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por haber prestado asesoramiento contable al entramado societario que montó Alvarado desde 2014 en adelante. Las empresas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas del narco. Con esas empresas legales el jefe criminal pretendía blanquear su economía. Acumuló una fortuna a partir de que Bailaque, en la justicia federal, no lo investigaba. La primera condena contra Alvarado fue en el fuero provincial, luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery reseñaran toda la red de violencia y de distribución de droga que tenía montada el narco rosarino desde hacía más de una década.
Mizzau firmó los balances, gestionó habilitaciones municipales y nunca hizo reportes de operaciones sospechosas. Todo eso, mientras le llevaba al mismo tiempo las cuentas al juez que tenía en sus manos la causa contra Alvarado. En la nota publicada por en 2024, Bailaque reconoció que Mizzau era su contador, pero que desconocía que asesorara a la par al narcotraficante.
A partir de esa publicación, la situación de Bailaque comenzó a desmoronarse. El Consejo de la Magistratura, que ya había abierto un sumario disciplinario en abril de 2024, aceleró la investigación. En paralelo, los fiscales federales avanzaron con las imputaciones. En noviembre de ese año se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por noventa días, con la salvedad de que no podía hacerse efectiva mientras conservara los fueros. Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Acorralado, el exmagistrado presentó su renuncia en junio de 2025. El gobierno de Javier Milei la aceptó el 30 de ese mes. A partir del 1° de julio, Bailaque quedó detenido en su domicilio.
Mizzau no es el primero en quebrarse. Antes lo hizo Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, que en marzo de 2025 se presentó como arrepentido y admitió que en una cena en el quincho de Bailaque se había planificado el armado de una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias. El objetivo era extorsionarlo: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares que le exigían, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
También Whpei, titular del Grupo Unión y otro de los amigos del exjuez, se plegó a la figura de colaborador. Sus revelaciones comprometen a Bailaque en el manejo irregular de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, donde el magistrado permitió el giro de más de mil millones de pesos hacia una mutual controlada por Whpei, en lugar de una entidad regulada por el Banco Central.
Con tres arrepentidos que declaran en su contra -Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau-, el cerco sobre Bailaque se cierra. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito, que supera las 200 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron las conductas atribuidas a Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación contra Bailaque se vincula con su actuación en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco y a su socio Luis Medina, que fue asesinado en diciembre de ese año. El entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas. Bailaque las rechazó o las demoró hasta once meses. Esa pasividad fue clave para que Alvarado consolidara su poder criminal. En esos nueve años en que la Justicia federal no avanzó contra él, Alvarado acumuló una fortuna, controló el negocio del narcotráfico en Rosario y dejó un tendal de asesinatos.
Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por fiscales del fuero provincial y su carrera criminal estaba en ruinas, Bailaque lo procesó. Fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar con la Justicia aporta, según indicaron los fiscales, información patrimonial que permite avanzar en causas conexas. El hombre que durante años operó en la zona gris donde convergían la justicia y el narcotráfico ahora habla. Lo que diga tiene el potencial de revelar ramificaciones que exceden la figura de Bailaque e iluminan un sistema de funcionamiento que contaminó durante años a la justicia federal de Rosario.
El juicio oral, que los fiscales esperaban que comenzara en el primer semestre de 2026, es ahora inminente. Bailaque sigue detenido en su domicilio. La causa que empezó con la revelación de un vínculo contable entre un juez y un narco terminó exponiendo una trama de corrupción judicial sin precedentes en la historia de Rosario.
se presentara como arrepentido,Germán de los Santos,Conforme a
POLITICA
Pese a la euforia por la gira en París, el Gobierno busca blindarse ante la turbulencia económica
Los cafés y las delicias de las boulangeries por la mañana y la tarde, las luces de la Torre Eiffel por la noche, los trece gobernadores aliados, los máximos exponentes de la elite empresarial… El Gobierno tuvo su momento político épico en la Argentina Week que montó en Francia y disfrutó las mieles del poder, pero como un hondazo a la realidad la semana cerró con el riesgo país más alto del año, en 655 puntos.
La pompa francesa que envolvió a la comitiva funcionó como amnesia de los problemas de Buenos Aires pero no del todo. El acuerdo de París con los gobernadores (sonaba lindo, dicen) no se cerró. Distintas fuentes consultadas por coincidieron en que todavía faltan paradas en la hoja de ruta hacia una convergencia. Sin embargo, sí hubo un discurso firme del Gobierno respecto a la necesidad de alcanzar el pacto ahora en octubre, lo antes posible. Ese posicionamiento antes era difuso.
Frente a los trece mandatarios provinciales, en una cena en la embajada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron enfáticos en avanzar con un pacto definitivo este mes para disipar ruidos en los indicadores, coinciden fuentes al tanto de las conversaciones. Los argumentos dejaron ver que, pese a las arengas públicas, en privado el Gobierno reconoce que necesita los acuerdos por la falta de certezas a esta altura del año sobre si Milei reelegirá. Distintos actores que hablaron con aseguran que notaron a Santilli y Caputo conscientes de los efectos del programa sobre todo en la clase media, pese al dogmatismo férreo que expone Milei.
El jefe del Palacio de Hacienda insiste desde hace meses en acordar con los socios, igual que su sobrino, el estratega Santigo Caputo, y al contrario del menemismo, que imaginaba cerrar recién en febrero-marzo. En base a fuentes que siguieron de cerca las charlas, en Francia, Caputo refrendó su línea acompasado por Santilli. Dijo algo así como que si llegan a un entendimiento, se van a disipar las dudas sobre una vuelta del kirchnerismo y que de esa forma las decisiones de inversión no quedarán detenidas hasta la elección.
Sin embargo, los gobernadores se volvieron de París todavía sin tener claro qué ofrecerá el Gobierno. La secretaria general, Karina Milei, retomó en Francia su línea del win-win: que ellos apoyen a Milei y que La Libertad Avanza no los moleste en las provincias. Pero la desconfianza de viejos incumplimientos aún perdura, además de que entre los mandatarios provinciales hay distintos diagnósticos sobre cómo irá la economía.
Los gobernadores que quieren arreglar con la Casa Rosada concuerdan en que sin los términos del acuerdo no hay conjunción posible. Definir las elecciones locales y también cómo se repartirán las listas nacionales para el Congreso son dos aspectos clave. Para las legislativas de octubre, LLA quiere a su gente en los listados. Sueña con la mayoría parlamentaria para un segundo mandato. Los gobernadores no están dispuestos a entregar todo.
“Hay optimismo, se avanzó, pero falta”, reconocieron en la Casa Rosada sobre la convergencia con los gobernadores, al volver de París.
A diferencia de la week de Nueva York, en la que estalló el escándalo Adorni y los gobernadores se sintieron ninguneados por el Presidente, esta vez hubo sobrados gestos para mimarlos, incluso con Milei agradeciéndoles. “La política tiene que acompañar la economía, no puede haber errores no forzados del Gobierno”, aconseja un actor del empresariado que participó ante y añade: “Es como un déjà vu, en el que otra vez los de afuera dicen ‘todo bien, pero ganá’”.
La avanzada parisina sirvió de canto de sirenas a un Gobierno que gusta de envalentonarse a sí mismo con sus supuestas bondades. Milei habló a auditorio lleno. La organización perfecta y los altos perfiles empresariales (tanto argentinos como CEOs globales de empresas de hidrocarburos, minería, agro) fueron una perla que las fuentes le adjudicaron al embajador Ian Sielecki. Hubo comidilla, incluso, de que empresarios menos conocidos quisieron ir y se quedaron afuera. Algún descreído igual advirtió que la presencia no siempre es respaldo. “Ojo que [Francisco] De Narváez todo bien acá, pero también le presta el avión a Massa”, se escuchó.
Fuentes al tanto aseguran que el propio Sielecki hasta motivó la llegada a París de la mesa jurídica (comandada por el ministro Juan Mahiques con tres jueces) como una especie de garantía legal de las inversiones. Richar Fernando Gallego, de la Cámara Federal de General Roca y con autoridad en Vaca Muerta, fue de los más taquilleros.
A pesar de los pactos sin firmar, el sector empresarial recibió con buenaventura la visión de los jefes provinciales. “Los gobernadores dijeron que formaban parte de otros espacios pero que acompañaban el camino de estabilización del Gobierno y el orden en las cuentas fiscales”, celebraron.
Esas cosas, los US$27.000 millones en anuncios de inversión y un universo de personajes de poder entre los que el kirchnerismo no tuvo cabida fueron música para los oídos del Gobierno, tras una semana de indicadores en rojo y esta que cerró con el riesgo país en alza.
El fragor parisino motivó un nuevo discurso del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con sus teorías sobre movimientos poblacionales hacia provincias ganadoras del modelo. Karina Milei se ocupó de contener a los gobernadores pero también de dar gestos empresariales, por ejemplo, cuando sorprendió con su aparición en una ronda de negocios entre exportadores argentinos de langostinos y vieiras, e importadores franceses. En un hábitat que no le es propio, aseguran que quiso mostrarse interesada en conocer más de un rubro que hace entrar dólares al país.
El Presidente se regodeó de aquellos que refrendaron su plan. Estuvo tan exultante que en el cocktail de cierre en la Torre Eiffel saludó de a uno a los asistentes. “Fue un éxito rotundo”, dijeron en el Gobierno concluido el evento. “El cocktail fue inolvidable”, reconoció un invitado.
Los 11.000 kilómetros de distancia a Buenos Aires hicieron ver otro panorama. La preocupación por el alza del riesgo país pasó de leve a moderada en los despachos oficiales, ante una elección donde el oficialismo apuesta al crédito y la inversión. “¿Será que el mercado nos bajó el pulgar?“, se llegó a oír. Los encuentros de París se ponderaron, pero acá repararon en que las fotos “duran solo 24 horas”.
Apenas Milei estaba por levantar vuelo para volver a la Argentina, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, decía en el streaming La Casa: “Hay que saber cuál es tu momento, tu tiempo. Yo probé una vez y no llegué. Ahora, bueno, voy a esperar, hay que ver… voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país. No me voy a apurar, tampoco tengo tanto tiempo, pero no me voy apurar, y voy a esperar. Si vos me decís: ‘Esa idea, ese sueño que tuviste, ¿lo querés llevar adelante?’. Sí, porque tengo las ideas intactas; tengo un montón de ideas de cómo transformar muchísimas cosas, de cómo llegar al bienestar de todos. Esas ideas quizás las hace otro; quizás me toca a mí. No lo sé“.
Con este ritmo frenético de las cosas, un funcionario le había dicho a , apenas unas horas antes: “Patricia está jugando muy al fleje, no está siendo sutil. Hace entrar dudas sobre si va a romper”.
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Las dos decisiones del Gobierno que tensaron al máximo la relación con la CGT y podrían acelerar el paro general
La relación entre el Gobierno y la CGT es mala, pero no tanto como para que se concrete el quinto paro general contra Javier Milei. El último se hizo el 19 de febrero pasado y el plan de lucha que la cúpula cegetista realiza con las dos CTA desde el 22 de julio no contempló ninguna huelga e incluyó hasta ahora 4 movilizaciones con participación testimonial, a las que ahora se sumó otra concentración el jueves próximo en defensa de la industria y un acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria que se hará el 15 de este mes.
En la cabeza de los jefes cegetistas se despliega un tablero lleno de desafíos y complicaciones. Los referentes del sector dialoguista siguen explicando en privado que “aún no hay clima social” para impulsar una nueva paralización total de actividades. Saben que crece el malestar por el deterioro de algunos índices económicos y laborales, pero no están seguros de que eso garantice el éxito de otro paro general: sus bases son renuentes a que les descuenten un día de trabajo o a perder el presentismo y, obviamente, muchos temen que la adhesión a una huelga los lleve al despido.
Además, un acatamiento dispar al paro general también dejará al sindicalismo en una posición de debilidad ante el PJ en un momento clave: está en juego la interna del peronismo en la que se definirán la candidatura presidencial y las listas legislativas para 2027, donde la CGT espera tener por fin un papel protagónico.
Pero, ¿qué político se asociará para el trazado electoral a un poder sindical que no puede hacer un paro general que verdaderamente arrincone a Milei y lo obligue a rectificar sus políticas? Es una de las dudas que los carcome.
En ese escenario tan complejo, la CGT pudo acordar en julio pasado con el Gobierno una serie de correcciones a la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que había perjudicado a los sindicatos en puntos clave para su financiamiento. Así surgió el decreto 612, que dejó a salvo la caja sindical, y graficó una etapa del oficialismo más predispuesta a la negociación a partir de la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.
Algunos creen que quizá por ese alivio en las arcas de los gremios la CGT amagó con un virulento esquema de protestas “a la francesa”, con medidas sectoriales y alternadas, y terminó en un plan de lucha sin huelgas y con eje en marchas callejeras, en las que tampoco movió todo el “aparato sindical” para que fueran masivas.
Pero dos recientes decisiones del Gobierno volvieron a prender las luces amarillas en la CGT y podrían derivar en un endurecimiento de su estrategia, aunque siempre después de la visita del Papa León XIV a la Argentina, donde la expectativa cegetista, más allá de su encuentro del 9 de noviembre en la UCA junto con el empresariado y los movimientos sociales, es que el sucesor de Francisco brinde señales que puedan interpretarse inequívocamente como críticas a la política socieconómica de la administración libertaria.
Una de las decisiones oficiales que inquietaron a la CGT es la de preparar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, luego de las elecciones sindicales de diciembre pasado.
La apelación, como anticipó Infobae, busca cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó de manera provisoria la conducción nacional del gremio y ordenó a la Secretaría de Trabajo que expidiera en un plazo de 5 días el correspondiente certificado de autoridades, que es el reconocimiento de que Barrionuevo ganó las elecciones y tiene todas atribuciones como titular de la UTHGRA.
Pero el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, decidió ir a la Corte para no convalidar al líder de Gastronómicos con el argumento de que las elecciones en las que se proclamó ganador están judicializadas y sin fallo en firme.
“Es muy preocupante que recurra a la Corte porque es una injerencia total del Poder Ejecutivo contra un gremio nacional”, dijo a Infobae un alto directivo de la CGT, temeroso de que la resolución sirva de “antecedente para desobedecer” fallos favorables a otros sindicatos.
Pero, además, en la cúpula de la CGT, dominada por el sector dialoguista, causó impacto el alejamiento de la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa: creen que es una “muestra de hostilidad” hacia el sindicalismo porque la funcionaria saliente tenía fluidas relaciones con la dirigencia gremial y con el empresariado.
Algunos líderes sindicales incluso advirtieron que Testa “no fue desplazada” por Pettovello, como deslizaron fuentes oficiales, sino que presentó su renuncia indeclinable al cargo por “motivos personales”, aunque deslizaron que se fue por diferencias en la gestión como consecuencia de las “presiones” de Federico Sturznegger, el enemigo público N° 1 de la CGT.
Nunca fue un secreto que la ex subsecretaria de Trabajo, que fue nombrada en enero de 2025 por impulso de Julio Cordero, el secretario del área, llegó desde el gobierno porteño, donde era directora general de Relaciones Laborales, sin ser un cuadro técnico del PRO y con un pasado como abogada de la UOCRA, pero pareció haber sido elegida precisamente porque, además de mucha experiencia en la gestión, tenía excelentes vínculos en el ámbito sindical y empresarial.
En la CGT dicen que Testa “se cansó” de lidiar con problemas ajenos a su función, mientras que en el Gobierno aclaran que su alejamiento se debió a una “reestructuración” en Capital Humano, dejando en claro que no se cuestionaba la forma en que trabajó.
Más allá de su relación con Cordero, los sindicalistas sienten que perdieron una interlocutora que podía contemplar sus posiciones gracias a haber conocido la problemática gremial por su tarea profesional en la organización liderada por Gerardo Martínez.
Para la CGT son pésimas señales la designación del abogado Mariano Sartoris en lugar de Testa porque “no conoce sobre las relaciones laborales” (se trata de una persona de extrema confianza de Pettovello) y la llegada de Ramiro Cherñetz como director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo: “Proviene de las corporaciones empresariales y de los estudios jurídicos que escribieron la reforma laboral”, se quejan.
Pese a que ya se enteró del malestar de la CGT a raíz de sus últimas dos decisiones, el Gobierno afirma que no habrá modificaciones en el rumbo y que seguirá teniendo “las puertas abiertas”. “No se tienen que sentir amenazados -advirtió a Infobae una importante fuente libertaria-, pero los sindicalistas piensan que son los dueños de la Secretaría de Trabajo y que son más importantes que el presidente de la Nación. No se dan cuenta de que los tiempos cambiaron”.
Justamente, a tono con sus reflejos de siempre, los jefes de la CGT tomaron nota de los “gestos de hostilidad” del Gobierno con sus últimas decisiones y, aunque admiten que deberán “analizar cuál es el mejor momento y la mejor reacción”, ya acercaron el pie al acelerador del nuevo paro general: la segunda quincena de noviembre, luego de la visita del Papa, figura en estas horas marcada en rojo en el almanaque de las protestas cegetistas.
Sandra Pettovello,Gerardo Martínez,Julio Cordero,Luis Barrionuevo
POLITICA
En la antesala de la discusión electoral, el peronismo buscará un gesto de unidad en la Legislatura bonaerense
Mientras los distintos referentes del peronismo con peso en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, transitan de manera autónoma un camino hacia la negociación electoral de 2027, las segundas y terceras líneas intervienen en distintas negociaciones políticas, con la Legislatura bonaerense como teatro de operaciones.
La semana que inicia, el peronismo podría mostrar una foto de cohesión en el Senado bonaerense. Al menos esa es la expectativa, con el antecedente reciente de que en Diputados legisladores de Kicillof acompañaron un proyecto del presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, después de mostrar sus disidencias al texto durante el debate en comisión.
La tensión sigue latente, pero podría haber un breve momento de convivencia interna. El próximo martes, el peronismo buscará aprobar en la Cámara alta dos proyectos de ley que el gobernador giró tiempo atrás y son la creación de una empresa de medicamentos y la unificación del sistema de salud.
Las iniciativas no son nuevas. De hecho, por la interna del peronismo, el año pasado perdieron el estado parlamentario. A fines del 2025, en repetidas oportunidades, los senadores que responden a Cristina Kirchner y a Sergio Massa le solicitaron por nota a la vicegobernadora, Verónica Magario, que convocase a una sesión para tratar los expedientes. El requerimiento llegaba en medio de lo que fue la negociación por las autoridades de la mesa. Entonces, aquellos pedidos nunca avanzaron porque no se sesionó y los proyectos -que ya habían sido aprobados en Diputados- perdieron estado parlamentario. Este año, el Ejecutivo volvió a presentarlos. “Se perdieron diez meses; si hubieran convocado a sesionar a fin de año, ya sería ley. Lo importante es que ahora parece que avanzan y nosotros vamos a acompañar, como acompañábamos también el año pasado”, aseguró un referente K ante este medio.
A fines de agosto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, volvió a defender las iniciativas ante los integrantes de la comisión de Salud. El kirchnerismo había asegurado que respaldaría los proyectos, aunque —en principio— el senador Mario Ishii mostró su distancia. El último jueves, la comisión de Salud de la Cámara alta se reunió y sacó despacho de mayoría de los dos proyectos para que lleguen al recinto. Fuerza Patria acompañó, aunque con modificaciones. Mientras que los representantes de La Libertad Avanza –Diego Valenzuela y Betina Rivas-, el PRO –Alex Campbell– y el bloque Hechos de los hermanos Passaglia –Marina Subiza– rechazaron el dictamen y harán lo propio en el recinto. El argumento es que el Estado “no está en condiciones” de sumergirse en un proyecto que “genera un gasto de grandes magnitudes” y además busca “regular” el funcionamiento del sector privado de salud. Para la oposición, el espíritu de los proyectos va a contramano de la baja del déficit y el superávit que promueve la gestión nacional.
“Esto es un ir cerrando un círculo: que la salud es una sola en realidad, pero el Estado tiene que tener una injerencia importante y no como está haciendo hoy el Estado nacional, que se corre de todos lados y para él es todo privado”, consideró el senador Pedro Borgini, que es el presidente de la comisión de Salud y forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que comanda Kicillof. El proyecto pasará este lunes por la comisión de Legislación General —que preside el senador del MDF, Germán Lago— para así, con dos dictámenes, llegar a la sesión de este martes.
Para que el kirchnerismo acompañe las iniciativas, hubo que hacerle modificaciones al proyecto original. Detrás de esa jugada estuvo el intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii. En el proyecto de ley de creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), las modificaciones apuntan a delimitar con mayor precisión las atribuciones estatales y reforzar las garantías para los actores del sistema. Se eliminan las facultades del Poder Ejecutivo para definir la localización de establecimientos sanitarios y determinar previamente la necesidad de incorporar nuevas instituciones, servicios o tecnologías, manteniéndose únicamente las habilitaciones correspondientes. Asimismo, se restringe la posibilidad de exigir prestaciones extraordinarias al sector privado a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria formalmente declarada, con carácter temporal y sin afectación permanente de bienes o personal. También se aclara que la adhesión de municipios y establecimientos privados a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud es voluntaria, y que la falta de incorporación no afectará su habilitación, funcionamiento ni acceso a programas generales. Además, se reorganizan disposiciones sobre gobernanza de datos, se limitan sanciones graves y se precisan las competencias de los órganos de coordinación del sistema.
Respecto del proyecto de creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense SAPEM, las modificaciones se orientan a asegurar la sostenibilidad financiera, preservar el control estatal y fortalecer la supervisión legislativa. Se establece que el endeudamiento y la emisión de títulos deberán estar vinculados al objeto social, contemplados en el presupuesto aprobado y sujetos a los límites previstos en el Estatuto y la Ley de Administración Financiera provincial. El Estatuto deberá incluir una política de financiamiento y endeudamiento con límites prudenciales. A su vez, se fija que la Provincia conservará el 99% del capital social mediante acciones clase A, mientras que cualquier transferencia de esas acciones requerirá autorización legislativa con mayoría de dos tercios. Finalmente, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores, con facultades para requerir informes, formular recomendaciones e intervenir previamente en operaciones de endeudamiento extraordinario. Este último punto fue el que destrabó la votación en Diputados cuando se votó la misma iniciativa que luego perdió estado parlamentario en el Senado.
En Diputados, el juego en línea
La Cámpora descuenta que los diputados de Fuerza Patria acompañarán el último proyecto de ley potente que presentó Tignanelli junto a la diputada Micaela Olivetto. El mismo propone un marco integral de prevención y regulación de apuestas on line. La misma es con verificación facial, límites de acceso, prohibición de bonos y publicidad dirigida a menores. La iniciativa también impide presentar la actividad como un “juego”, crea una fiscalía especializada para bloquear plataformas ilegales y establece que, si apuesta un menor, se podrá revocar la licencia del operador. “Llamarlas juego es una trampa, son lugares donde se realizan apuestas”, afirmó el autor que ostenta la jefatura política de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires.
La propuesta, además, obliga a las empresas a destinar a salud mental el equivalente a todo su gasto publicitario y a aportar el 3% de los premios para clubes, centros culturales, jubilados y becas deportivas. “Estas empresas todos los meses sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante”, sostuvo Tignanelli, quien planteó que los fondos permitirán fortalecer organizaciones comunitarias y financiar tratamientos por ludopatía. Hace un mes, el gobierno bonaerense definió aplicar un cobro del 2% sobre los premios de las apuestas online en las siete plataformas de juego que tienen concesión para operar en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había dicho que se recaudaría “entre 35.000 y 40.000 millones de pesos adicionales todos los meses”. Fue a través de una resolución del Instituto de Loterías y Casinos que preside Gonzalo Atanasof.
Jueces, a la espera
Mientras se aguardan definiciones de corte electoral que también dependen de la intervención de la Legislatura como posible eliminación de las PASO en Buenos Aires, la chance de ir hacia un sistema de Boleta Única en PBA como reclama la oposición, hay un tema más cercano y es la prestación de acuerdos para cargos judiciales, en el cual no solo deberá haber un acuerdo interno entre las distintas facciones del peronismo, sino también con la oposición.
El Ejecutivo tiene 280 pliegos en su poder, que ya “salieron” desde el Consejo de la Magistratura provincial en sus respectivas ternas y aún no se han girado al Senado para su aprobación definitiva luego de las entrevistas que debe hacer la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado. “Nosotros estamos relativamente al día”, cuenta un integrante del Consejo de la Magistratura. Es decir, se avanzó en el proceso de selección. Las miradas apuntan al Ejecutivo, que debe resolver nombres y elevar los pliegos. La demanda del Consejo de la Magistratura es compartida por el Poder Judicial sobre todo para suplir las subrogancias en distintos tribunales. Durante la gestión de Juan Martín Mena en el Ministerio de Justicia bonaerense se avanzó con 412 designaciones. Esta semana que inicia, dejan correr en distintas terminales; podría haber novedades al respecto y un gesto de avanzar en dicha agenda.
Senado de la Provincia de Buenos Aires,legisladores,sesión parlamentaria
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