POLITICA
El Gobierno aclaró que siguen vigente los viajes gratuitos para personas con discapacidad y problemas de salud
El Gobierno nacional aclaró que las personas con discapacidad, trasplantadas y los niños y adolescentes con cáncer seguirán viajando gratis en el transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional, pese a la polémica desatada por la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La medida, firmada el 22 de mayo por el secretario Mariano Ignacio Plencovich, eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas del sector por los pasajes gratuitos otorgados en virtud de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, pero no tocó el derecho a la gratuidad en sí mismo.
En el gobierno hicieron notar que la distinción es central: lo que se suprimió no es el beneficio que reciben los usuarios, sino el mecanismo financiero mediante el cual el Estado reembolsaba a los operadores privados el costo de esos pasajes. La resolución es explícita en su artículo 2°, que establece que la medida “no afecta el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674 y sus respectivas reglamentaciones ni la obligación de los transportistas de dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas normas”. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó expresamente encargada de fiscalizar ese cumplimiento.
La respuesta llegó a partir de las críticas de la oposición, que luego de la novedad salió a cuestionar la medida con dureza. .
Qué dice la resolución
El texto de la Resolución 28/2026 fundamenta la supresión del régimen compensatorio tiene como base el cambio regulatorio introducido por el decreto 883 del 4 de octubre de 2024, que habilitó la libertad tarifaria en el transporte automotor interjurisdiccional. Hasta ese momento, las empresas operaban bajo un esquema de tarifas reguladas con bandas de precios fijadas por el Estado, lo que les impedía trasladar libremente a sus precios el costo de los pasajes gratuitos. Las compensaciones nacieron, precisamente, para cubrir ese desfasaje.
Con la liberalización del mercado, el argumento oficial es que los operadores ahora pueden incorporar ese costo en su estructura de precios. El documento señala que “la introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”. En esa lógica, el subsidio habría perdido su razón de ser.
Las compensaciones que se eliminan habían sido establecidas a partir de enero de 2018 mediante la Resolución 717 de ese año del entonces Ministerio de Transporte, y fueron sucesivamente modificadas por las resoluciones 567 de 2019, 536 de 2022 y 549 de 2023. Todas quedaron derogadas por el artículo 1° de la nueva norma.
Las críticas de la oposición y la respuesta del Ejecutivo
El diputado nacional peronista Carlos Castagneto fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su cuenta en la red social X, cuestionó la medida con una pregunta que sintetizó el núcleo del debate: “¿Puede el Estado obligar a un privado a prestar un servicio gratis sin ningún tipo de compensación? ¿Y quiénes quedan de rehenes en el medio?”. Castagneto calificó al Gobierno de “tramposo” y sostuvo que la resolución usa el “versito del ahorro” para encubrir el abandono de sectores vulnerables.
En la misma línea se expresó el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, quien afirmó en X que el Ejecutivo “suma un nuevo capítulo a su maltrato sistemático con las personas con discapacidad” y advirtió que la medida deja “a miles sin la posibilidad de viajar para atenderse, estudiar o trabajar”.
La respuesta oficial llegó desde la cuenta identificada como Oficina de Respuesta Oficial, que calificó de “falso” el planteo opositor. “La gratuidad se mantiene totalmente vigente. Las empresas de micros están obligadas a seguir entregando los pasajes gratis y la CNRT va a seguir controlando que lo cumplan”, sostuvo el comunicado. El texto oficial agregó que los kirchneristas “usan a los sectores vulnerables como escudo para defender el curro de los millonarios subsidios a empresas privadas”.
Quiénes son los beneficiarios y qué garantizan las leyes vigentes
Las tres leyes que amparan la gratuidad en el transporte tienen alcances distintos. La ley 22.431 establece que las empresas de transporte colectivo terrestre bajo control nacional deben trasladar sin cargo a las personas con discapacidad en el trayecto entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir. La ley 26.928 extiende ese derecho a quienes hayan recibido un trasplante o estén inscriptos en lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante (SINTRA), con residencia permanente en el país. La ley 27.674 incorporó a los niños, niñas y adolescentes con cáncer bajo el mismo régimen.
Ninguna de esas tres leyes fue modificada ni derogada por la Resolución 28/2026.
La resolución encomienda a la CNRT el “mantenimiento de los procedimientos pertinentes” para garantizar la emisión de pasajes gratuitos, aunque no detalla mecanismos sancionatorios nuevos ni recursos adicionales para esa fiscalización. La norma entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
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POLITICA
Otro traspaso del PRO a La Libertad Avanza: una legisladora rionegrina se sumó al espacio de Milei
La Libertad Avanza continúa ampliando su estructura política con miras a las elecciones del 2027. En este caso, volvió a sumar a sus filas a una dirigente del PRO en Río Negro.
Se trata de la legisladora provincial Martina Lacour, que oficializó su incorporación al espacio referenciado en la provincia por el senador nacional Enzo Fullone. La diputada había intentado competir para conducir el PRO en Río Negro, pero finalmente la Junta Electoral partidaria no oficializó su lista.
Tras ese episodio, la dirigente tomó distancia de la estructura partidaria y ahora confirmó su llegada al armado libertario alineado con el presidente Javier Milei. El anuncio fue realizado por referentes de La Libertad Avanza en Río Negro a través de una imagen junto a Fullone y la firma de la ficha de afiliación.
Desde el espacio destacaron que la incorporación forma parte del proceso de consolidación política del oficialismo nacional en la provincia. “Seguimos sumando dirigentes valiosos y comprometidos con el cambio profundo que eligieron los argentinos. La incorporación de Martina fortalece nuestro trabajo en Río Negro y nos permite seguir construyendo una alternativa sólida para los vecinos de toda la provincia”, sostuvo Fullone.
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Lacour desarrolla su actividad política principalmente en Bariloche, donde construyó buena parte de su trayectoria dentro del PRO. Su pase se suma al reciente movimiento del legislador Claudio Doctorovich, que durante mayo también se incorporó al espacio libertario en la provincia.
Con estos cambios, La Libertad Avanza busca fortalecer su presencia dentro de la Legislatura rionegrina y avanzar en una reorganización parlamentaria de cara a las próximas sesiones previstas para junio, en las que podrían redefinirse los bloques y representaciones políticas dentro de la cámara provincial.
El origen del conflicto interno en el PRO
Martina Lacour compartió boleta junto al presidente del PRO en Río Negro, Juan Martín, en la elección nacional del año pasado, él por el Senado y ella en Diputados, pero ninguno logró ingresar al Congreso. Este año intentó competir por la presidencia del partido, mientras del lado de Martín apuntaban su cercanía con los libertarios.
En concreto, Lacour tiene el respaldo del diputado nacional Aníbal Tortoriello, que supo representar al PRO en el pasado pero que en estas últimas elecciones encabezó la lista libertaria. “Quiere destruir al PRO”, aseguraron en el entorno de Martín.
Tortoriello busca posicionarse como el candidato a gobernador de LLA en 2027. Si eso no sucede, tiene su propio partido para presentarse, aunque no tendría el mismo peso.
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Uno de los dueños de Carajo y Blender se quedó con un nuevo contrato millonario del Estado en el sector ferroviario
El dueño del canal de streaming Carajo, que alberga en su programación a funcionarios del área económica y al referente libertario Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y también de la señal Blender, obtuvo un nuevo contrato en el sector público ferroviario. Se trata de Augusto Marini, accionista de Cale Group, el holding que contiene a Motora Argentina, adjudicataria de una compulsa por US$3,8 millones.
“Contratación directa por compulsa abreviada por emergencia ferroviaria”, se lee arriba del documento oficial que anuncia que Motora Argentina fue adjudicada para proveer repuestos de locomotoras y coches. De esta manera, la empresa de Marini sumó un nuevo contrato con Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
Desde la empresa pública dijeron a que “ganó Motora porque fue la que ofertó mejor precio”. Fuentes oficiales explicaron que la contratación avanzó mediante una compulsa abreviada, dada por el carácter de urgencia que implica la emergencia ferroviaria decretada después del choque de trenes en mayo de 2024.
El pasado 8 de abril se abrieron los sobres con las ofertas y 22 días después se comunicó la adjudicación en favor de Motora. Fuentes al tanto del proceso indicaron que hubo ofertas desestimadas por presuntamente no haber cumplido los requisitos y otras eran más caras, como la presentada por Expocomex que alcanzó los US$4,8 millones.
Ante esos números, Marini negó que Motora haya obtenido este contrato por la conexión entre sus inversiones y funcionarios del Gobierno. “Hay una fantasía de que si soy el dueño de Carajo soy socio del Presidente; que si me presento a una licitación de la Ciudad soy amigo de Jorge Macri; o que porque tengo una empresa ferroviaria soy testaferro de Maturano. Y eso no es así”, dijo el empresario en diálogo con .
Marini también es accionista de otro canal de streaming, Blender, que no está identificado con el oficialismo. Sus negocios en el ámbito de los medios de comunicación proyectan ampliarse. Es uno de los competidores para quedarse con la concesión del Canal de la Ciudad. Y sus inversiones también se extienden hasta el campo de la energía. Una de las empresas de su holding presentó una oferta en una compulsa sobre instalación de baterías que eviten cortes de luz en momentos de alta demanda eléctrica.
“He desarrollado proyectos en industrias muy diferentes, con éxito y a lo largo de muchos años. Pensar que todo eso responde a un padrino político no solo es falso, sino que desconoce el trabajo de miles de personas que forman parte de nuestras empresas”, señaló Marini.
Motora ganó notoriedad por el nuevo contrato que recibió de Operadora Ferroviaria, pero no fue el primero. Su vínculo con la empresa pública es anterior. En agosto de 2024 ya había sido adjudicada para cambiar discos de freno y reparar coches. El monto del contrato fue 129.800 dólares, según documentación a la que tuvo acceso . En octubre de este año fue ampliado por una cifra menor (US$64.900).
Cuatro meses antes de la primera contratación de Motora con la Operadora Ferroviaria, el holding de Marini, Cale Group, incorporó a Alejandro Javier Hibbert, exempleado de la empresa pública. Hibbert se desempeñó como asesor de la Gerencia General Operativa hasta mayo de 2024, según su Linkedin.
Motora Argentina SA, tiene apariencia de ser nueva en el sector, pero, bajo otro nombre y dueños, esconde un historial vinculado a él. Se llama así desde finales de 2023. Antes era conocida como TMH, filial argentina de la compañía rusa Transmashholding. Marini tomó el control de la compañía en junio de ese año, indicaron desde su entorno.
Durante su anterior gestión, la compañía también desarrolló negocios con el Estado. Algunos de ellos se prolongaron durante la gestión de Marini, como por ejemplo el del mantenimiento de la Línea San Martín. A propósito de eso, desde Motora comentaron que Operadora Ferroviaria presuntamente le adeuda $5.600 millones por tareas acumuladas desde septiembre del año pasado. Ante la consulta de , fuentes de la empresa pública reconocieron que existe una deuda con Motora, pero aseguran que la misma asciende a casi 3 mil millones y que las autoridades de la compañía estatal ya elevaron un pedido a la Secretaría de Transporte para que la obligación sea cancelada.
Otro antecedente que une a Operadora Ferroviaria con la predecesora de Motora, TMH, es una licitación que pretendía traer trenes desde Rusia. Su cifra: US$864,2 millones. La adjudicación, firmada en diciembre de 2021 por Juan Manzur, entonces jefe de Gabinete, y Alexis Guerrera, exministro de Transporte. El objetivo era la adquisición de 70 unidades eléctricas múltiples, “la provisión de la documentación técnica y la prestación de los servicios de capacitación técnica, asistencia técnica y mantenimiento de unidades”. En aquella época las relaciones entre la Argentina y Rusia se intensificaban. Dos meses más tarde de la firma de la adjudicación, Alberto Fernández visitaba a Vladimir Putin en Moscú. Luego se desencadenó la invasión a Ucrania y, finalmente, esa provisión nunca ocurrió.
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Un intendente cordobés lloró en una entrevista por la crisis económica en su municipio: “No duermo, no como”
El intendente de Embalse, Mario Rivarola, rompió en llanto durante una entrevista al hablar sobre los despidos en el complejo turístico estatal de la localidad cordobesa y la situación económica que atraviesa el municipio.
El jefe comunal se mostró angustiado por el impacto social de las cesantías y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional. “Tengo tanta angustia; que te corten las rutas, que la gente se quede sin trabajo, estoy muy triste, es como que me supera todo esto. Me voy a Buenos Aires, viajo, hago todo lo que tengo que hacer para hacer las cosas bien. Lo único que necesito es que le den laburo a la gente”, expresó en diálogo con un streaming de La Voz del Interior.
Mientras hablaba, Rivarola se quebró y describió el complejo panorama financiero que enfrenta el municipio. “Estoy muy triste porque no me da el cuerpo. No sé qué hacer, te juro, porque no duermo, no como. De la coparticipación me entraron $220 millones, de Nación le bajaron la coparticipación a las provincias y la provincia nos tuvo que bajar a nosotros. Tengo $330 millones por mes en sueldos, tengo que sacar todos los meses crédito en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos a los chicos que ganan miseria también. ¿Cómo puede ser?”.
El intendente también aseguró que el sistema de salud local está desbordado y afirmó que la crisis golpea cada vez más fuerte a los vecinos de la zona. “Tengo el hospital superado, entre 75 y 100 personas por día estamos atendiendo porque no doy abasto. No duermo, eran las 4 de la mañana y estaba despierto porque digo: ‘No sé qué hacer’. Estoy desesperado, es muy duro”, agregó con la voz quebrada.
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El conflicto se desató días después de que el Gobierno habilitara la privatización de distintos inmuebles estatales, entre ellos la Unidad Turística Embalse. El pasado 26 de mayo fueron despedidos 40 trabajadores que se desempeñaban en el complejo.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 322/2026, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a avanzar con la venta, transferencia o concesión de propiedades nacionales con el objetivo de reducir gastos y “eficientizar” la estructura estatal.
El pedido del intendente al Gobierno
Rivarola, dirigente del peronismo cordobés, reclamó mayor diálogo entre la Casa Rosada y las provincias. “Que los senadores y diputados se junten realmente a ver los problemas que tiene la gente, que no se peleen más. Que desde el Gobierno nacional no peleen al interior, porque el interior somos los que bancamos al Gobierno nacional. Que escuchen a los gobernadores”, sostuvo.
Las declaraciones del intendente generaron repercusiones en redes sociales. Uno de los que salió a respaldarlo fue el intendente de Castelli, Francisco Echarren, quien calificó de “desgarrador” el testimonio del jefe comunal cordobés.
“El abandono del gobierno nacional en el interior es devastador, sin la contención de los intendentes Milei se cae como un piano”, escribió el dirigente bonaerense en sus redes.
Córdoba, crisis, despidos
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