La economía avanzó a distintas velocidades en actividad, precios, empleo e indicadores de confianza del consumidor, con resultados generales récord -con algunas excepciones-, incluida la última evaluación del FMI sobre la macroeconomía argentina: el organismo formuló elogios, pero también planteó desafíos.

Con ese escenario, Infobae entrevistó a Guido Zack, director del área de economía en Fundar, organización dedicada al estudio, investigación y diseño de políticas públicas, doctor en análisis económico y magíster en análisis económico aplicado por las universidades de Alcalá y Complutense de Madrid, magíster en finanzas por la Universidad de Alcalá y licenciado en Economía por la UBA. También es profesor de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), donde coordina el Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo (CIMaD) de la Escuela de Economía y Negocios (EEyN), y brindó su mirada sobre la coyuntura, la evaluación del Fondo Monetario y sus expectativas de corto plazo.

— El FMI destacó en su última revisión avances en leyes fiscales, comerciales y laborales, así como mejoras en el marco monetario y cambiario. También advirtió que la incertidumbre política ralentizó los logros. ¿Cree que el Gobierno podría haber avanzado más rápido o por un camino menos complejo?

— La situación económica que heredó el gobierno a fines de 2023 era crítica: recesión, déficit fiscal elevado, reservas negativas, brecha cambiaria enorme y una inflación que aceleraba. Las decisiones macroeconómicas iniciales -reducir el déficit y corregir el atraso cambiario- apuntaban en la dirección correcta. El problema no fue el diagnóstico, sino la magnitud del shock y, sobre todo, cómo se distribuyeron sus costos.

Una devaluación del 120% estaba fuera del escenario de cualquier analista. Ese salto potenció el impacto sobre la inflación, la actividad y las condiciones sociales de los sectores más vulnerables. Y lo más llamativo es que esa dureza no fue pareja: al mismo tiempo que se recortaban partidas para comedores, discapacitados y hospitales públicos, se reducía la alícuota de Bienes Personales y se creaba el Reibp, un régimen que congeló ese impuesto por 15 años para quienes adhirieron.

Hubo además una oportunidad fiscal desperdiciada: aumentar transitoriamente las retenciones a las exportaciones hubiera generado recursos adicionales y moderado el impacto inflacionario de la devaluación. El Gobierno hizo un intento tardío en la Ley Ómnibus, pero no prosperó. Lo que sí fue correcto fue mantener el cepo cambiario en ese contexto de alta fragilidad externa.

El segundo error vino después. El crawling peg al 2% mensual -con una inflación muy por encima- estaba pensado como esquema transitorio de pocos meses. Tuvo un efecto desinflacionario real y por eso se extendió mucho más allá de lo planeado. Fue ahí cuando el Gobierno cambió el relato: dejó de advertir que la estabilización iba a llevar no menos de dos duros años, y pasó a vaticinar que la economía iba a rebotar “como pedo de buzo”. Ese apuro llevó a sostener una apreciación cambiaria real que complicó el frente externo y derivó en la necesidad de tres salvatajes: el blanqueo, el FMI y el Tesoro de Estados Unidos. Sin eso, la situación actual del Gobierno sería otra.

En resumen: la dirección inicial fue correcta, la magnitud fue excesiva, la distribución de los costos fue regresiva y el error más persistente fue hacer el intento de acelerar un proceso que, por su naturaleza, no admite atajos.

— Sobre la coyuntura reciente: el intercambio comercial, el repunte del EMAE desde marzo y el ritmo de acumulación de reservas. ¿Considera que estos puntos fueron subestimados por los técnicos del FMI?

— Los tres indicadores merecen una lectura matizada. El superávit comercial es genuinamente muy bueno y podría resolver el problema histórico argentino de la escasez de dólares. Pero hacerlo prescindiendo del entramado productivo existente es desperdiciar la oportunidad: mientras el superávit bate récords, las empresas siguen cerrando, el desempleo crece y la informalidad avanza. El propio FMI reconoce este riesgo.

Vale aclarar un punto que suele generar confusión: Argentina no está cara en dólares en términos agregados. El índice de precios relativos que publicamos en Fundar muestra que los precios promedio medidos en moneda extranjera se ubican por debajo del promedio latinoamericano. Lo que sí está caro son los rubros visibles al turista (hotelería, restaurantes, indumentaria) pero servicios públicos, salud y educación son más baratos que en la región.

Sin embargo, que no estemos caros no implica que el tipo de cambio sea el adecuado. Nuestra particularidad -Banco Central sin reservas, Tesoro sin acceso a los mercados, sector privado que ahorra en dólares- exige un tipo de cambio más alto que el de nuestros vecinos.

El dato del EMAE de marzo es bueno, pero hay que ponerlo en contexto. Enero y febrero mostraron caídas, los indicadores adelantados de abril tampoco son alentadores. Un solo mes de rebote no marca tendencia. Y, en cualquier caso, la desagregación sectorial muestra la economía dual que se está configurando: sectores exportadores que crecen; sectores demandantes de trabajo que son importadores netos caen. En esta dualidad se explica también el resultado comercial récord.

En cuanto a las reservas, lo que el FMI reconoce en su informe -que la acumulación rezagó respecto a otros procesos de estabilización comparables- en realidad fue una decisión deliberada. Durante 2025, el Gobierno eligió no acumular reservas para potenciar la baja de la inflación.

Si no hubiera sido por la intervención de Trump y Bessent, el régimen cambiario no habría aguantado y el resultado electoral habría sido otro. Este año sí se está acumulando, y eso es positivo. Pero se podría acelerar. El FMI es explícito en que la acumulación basada en superávit comercial -y no en endeudamiento- es la que más reduce el índice de riesgo país y es la llave que permitiría acceder nuevamente a los mercados financieros internacionales.

En síntesis, los técnicos del FMI no subestimaron estos datos: los incorporaron con el contexto que merecen. El desafío no es sólo acumular dólares, sino construir un modelo donde el crecimiento alcance también al sector productivo formal que hoy, en el mejor de los casos, está siendo desplazado por la informalidad y, en el peor de los casos, directamente está desapareciendo.

— De cara al futuro, los técnicos del FMI insisten en la necesidad de reformas profundas en el sistema tributario y previsional. ¿Ve factible que el Gobierno avance en estos temas en lo que resta de la gestión?

— El propio Gobierno anunció en los considerandos de la Ley Bases una reforma tributaria integral para fines de 2024. Todavía estamos esperando. Lo que hubo fue una sucesión de cambios puntuales que no pueden reemplazar una reforma integral: lo que importa no es cada impuesto por separado, sino cómo interactúan entre sí.

La necesidad de reforma es urgente. El sistema tributario argentino es simultáneamente distorsivo, complejo y regresivo, y actúa como freno directo sobre la formalidad y la competitividad. Desde Fundar hemos propuesto una reforma integral que parte de un diagnóstico claro: Argentina recauda demasiado a través de impuestos indirectos -retenciones a las exportaciones, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, e ingresos brutos- y demasiado poco a través de impuestos directos sobre ingresos y patrimonio. Esa estructura no sólo es ineficiente: es regresiva, porque los impuestos indirectos pesan más sobre los que menos tienen.

Un rasgo que resume el problema: lo transitorio se vuelve permanente. El Impuesto al Cheque fue creado en 2001 como medida de emergencia; veinticinco años después, sigue vigente y es una fuente significativa de recaudación. La dirección del cambio debería ser la reducción de los impuestos más distorsivos y la ampliación de la base de los directos: recuperar Ganancias sobre los tramos medios, altos y, especialmente, súper altos; reformar el monotributo para acercarlo al régimen general enfatizando nuevamente en las escalas más altas; y fortalecer los impuestos al patrimonio.

Hay además una dimensión federal ineludible. Ingresos Brutos es un impuesto provincial, en cascada, altamente distorsivo, y su reemplazo requiere una nueva ley de coordinación tributaria. Llevamos 37 años con la misma Ley de Coparticipación, diseñada para un país que ya no existe. Desde Fundar hemos desarrollado también una propuesta en ese sentido.

Finalmente, hay un problema que el mundo entero está intentando resolver y Argentina no puede ignorar: la subdeclaración y evasión de los sectores de muy altos ingresos a través de estructuras societarias. Eso requiere trabajo serio sobre ganancias de sociedades y patrimonio.

En este punto, el Gobierno hizo exactamente lo contrario: el Reibp congela Bienes Personales por quince años y el RIGI reduce significativamente la carga sobre las grandes inversiones y la congela por 30 años.

— ¿Va a avanzar el Gobierno en esto antes de que termine el mandato?

— No lo veo probable. La secuencia que eligió -cambios puntuales sin mirada integral- es lo que perpetúa un sistema que nadie defiende, pero nadie reforma.

— El FMI subraya la importancia de mantener el apoyo a los sectores más vulnerables y mitigar los costos sociales de las reformas. ¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno en ese aspecto?

— Es, sin dudas, el aspecto más flojo de toda la gestión. Y lo peor es que era totalmente evitable: gran parte del daño social podría haberse prevenido sin comprometer el resultado fiscal ni el proceso de desinflación. El ajuste recayó de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables. Se recortaron partidas para comedores populares, para personas con discapacidad, para hospitales públicos de referencia como el Garrahan. Las jubilaciones perdieron poder adquisitivo de manera sostenida.

Todo esto en simultáneo con la reducción de la carga tributaria sobre los patrimonios más grandes, como ya mencionamos. No es sólo una cuestión distributiva abstracta: es una decisión concreta de quién paga el ajuste.

El FMI, en su última revisión, subraya la importancia de mantener el apoyo a los sectores vulnerables y mitigar los costos sociales de las reformas. Es una señal de que incluso el organismo que avala el programa entiende que este es su principal flanco débil. Pero las recomendaciones del Fondo en materia social suelen ser las menos implementadas.

— ¿Qué debería profundizarse?

— Básicamente, revertir la lógica del ajuste: en lugar de proteger a quienes más tienen y ajustar sobre los que menos tienen, priorizar el gasto social básico -salud, discapacidad, alimentación- que tiene alto impacto y bajo costo fiscal relativo, y financiarlo con una estructura tributaria más progresiva. No es incompatible con el equilibrio fiscal: es una decisión de prioridades.

— Los vencimientos de deuda en 2027 generan preocupación entre economistas y el FMI, aunque la Secretaría de Finanzas informa operaciones mensuales por montos superiores y saldos netos de baja. ¿Cómo explica esa preocupación persistente?

— La preocupación por los vencimientos de 2027 no es irracional ni caprichosa, aunque la Secretaría de Finanzas tenga razón en que mes a mes las operaciones de refinanciamiento vienen funcionando. El problema no es el presente; es la fragilidad estructural que subyace.

La clave está en una distinción importante: no es lo mismo refinanciar deuda en pesos en el mercado doméstico que refinanciar deuda en dólares en los mercados internacionales. Lo primero está funcionando razonablemente bien. Lo segundo todavía no está disponible a tasas sostenibles.

Con el índice de riesgo país rondando los 500 puntos básicos, emitir deuda en el mercado internacional implicaría pagar tasas cercanas al 10% anual en dólares. El propio secretario de Política Económica lo dijo sin rodeos: el Gobierno prefiere no salir al mercado porque no quiere pagar tasas que pongan en riesgo la dinámica fiscal de mediano plazo. A esas tasas, la deuda no se refinancia genuinamente: se acumula.

Lo que genera preocupación persistente es que ese acceso no está garantizado para 2027. Los vencimientos en moneda extranjera son significativos, y su refinanciamiento depende de que para entonces el índice de riesgo país haya bajado lo suficiente. Eso a su vez requiere que las reservas se acumulen al ritmo necesario, que el superávit fiscal se sostenga, y que no haya shocks externos o internos que descarrilen el proceso.

Son muchas condiciones simultáneas en un país con historial de incumplimiento.

A esto se suma que los años electorales generan demanda adicional de dólares para atesoramiento, presionando las reservas justo cuando más se necesitan. No estamos ante un escenario de default inminente, pero tampoco ante uno de sostenibilidad garantizada. La preocupación de los economistas no es alarmismo: es la lectura correcta de una situación que sigue siendo frágil.

— El FMI señala que serán necesarias políticas estrictas para que la inflación baje a un dígito hacia 2028. ¿Qué tipo de políticas considera viables para lograr esa meta?

— El primer mensaje es que no hay que apurarse. La experiencia internacional es contundente: Israel tardó seis años en bajar la inflación a un dígito desde el lanzamiento de su plan de estabilización de 1985; Uruguay, cinco años para bajar del 50% a menos del 10%; México y Perú, entre cinco y seis.

El propio FMI documenta que en los casos exitosos bajar la inflación de dos dígitos a uno tomó en promedio tres a cuatro años adicionales, y hasta siete en economías muy dolarizadas como la de Argentina. Apurar ese proceso tiene costos conocidos: apreciación cambiaria, fragilidad externa, acumulación insuficiente de reservas. Ya lo vivimos. El objetivo ahora no es bajar rápido, sino de manera sostenida y consistente. Para eso hacen falta varias cosas simultáneas.

1. Mantener el equilibrio presupuestario, pero recuperando la capacidad de financiar los gastos esenciales del Estado. La obra pública está prácticamente paralizada desde el inicio de la gestión, y eso tiene costos reales sobre la productividad, el empleo y la logística que se van acumulando.
2. Un tipo de cambio acorde a la productividad del país. El Gobierno invirtió los términos del plan de estabilización: los países exitosos arrancaron con tipo de cambio alto que se fue apreciando gradualmente una vez consolidada la estabilidad. Acá se hizo al revés, prometiendo que los demás costos bajarían después. Pero la industria enfrenta hoy un tipo de cambio bajo con costos tributarios, burocráticos, logísticos y de financiamiento todavía altos, y la apertura comercial fue la gota que rebalsó el vaso. Los empresarios dicen estar dispuestos a competir, pero con la cancha nivelada: su par del exterior no paga ingresos brutos ni impuesto al cheque, tiene costos financieros y logísticos menores y no opera con obra pública paralizada. El resultado está a la vista: caída récord de empresas, desempleo e informalidad.
3. Una tasa de interés positiva en términos reales y algo por encima de la expectativa de devaluación. Esto es más fácil de sostener con un tipo de cambio adecuado: si el tipo de cambio está apreciado y genera expectativas de corrección, la tasa necesaria para mantener la calma cambiaria se vuelve excesiva y termina dañando el nivel de actividad.
4. Quizás lo más ignorado: políticas de ingresos. Acuerdos entre trabajadores, empresas y sector público para reducir la inercia inflacionaria, moderar el impacto de la corrección de precios relativos sobre la inflación, y desplazar la puja distributiva hacia niveles inflacionarios menores. No es lo mismo política de ingresos que represión salarial, aunque el Gobierno parece confundirlos. Y tiene una ventaja que no es menor: no tiene costo fiscal. Aun si se descree de su efectividad, vale la pena preguntarse cuál es el costo de implementarla.

— De cara a 2027, ¿el Gobierno debe preocuparse por la incertidumbre electoral o aún es prematuro mirar tan lejos en Argentina?

— Sí, hay que preocuparse desde ahora. En Argentina, los que esperan a último momento para prepararse generalmente no llegan a tiempo. El punto de partida es reconocer algo que incomoda, pero es real: los años electorales en Argentina son volátiles porque el mercado claramente prefiere un partido político sobre el otro. Esa asimetría genera presión sobre el tipo de cambio y las reservas a medida que se acercan las elecciones, independientemente de los fundamentos económicos del momento.

El año pasado es el mejor manual de lo que no hay que hacer. Se decidió no acumular reservas para mantener el tipo de cambio bajo y acelerar la desinflación. Pero a medida que se acercaban las elecciones, la demanda de dólares fue creciendo, el tipo de cambio subió hasta tocar la banda superior y el Banco Central terminó vendiendo reservas que no tenía porque no las había acumulado antes. El desenlace requirió el salvataje desde Washington. Ese camino no puede repetirse.

La solución es acelerar la acumulación de reservas ahora, aunque eso implique un tipo de cambio algo más alto en el corto plazo. El argumento es simple: si una vez que pase la cosecha gruesa el tipo de cambio será mayor, ¿por qué no llevarlo a esos niveles desde ahora y usar ese espacio para acumular? Más reservas equivale directamente a menos riesgo país.

El mercado mira básicamente dos variables para estimar la probabilidad de impago: resultado fiscal y reservas. El primero se viene cumpliendo, aunque la recaudación lleva varios meses cayendo de manera preocupante, metiéndonos en el círculo vicioso del ajuste: menos actividad, menos recaudación, necesidad de más ajuste del gasto, y vuelta a empezar. Las reservas, en cambio, recién ahora empiezan a mostrar resultados, después de haberlas descuidado por completo durante 2025. Solo acumulando con consistencia el riesgo país bajará a niveles compatibles con la refinanciación genuina de la deuda, las expectativas de devaluación se moderarán y la dolarización de carteras en el año electoral será menor.

Pero, más allá de la coyuntura electoral, hay razones genuinas para el optimismo. Argentina tiene hoy una oportunidad estructural que no tenía hace diez años: el sector exportador –agro, hidrocarburos, minería– genera divisas a un ritmo inédito y podría resolver el problema histórico de la escasez de dólares.

El desafío es no desperdiciarla. Hoy enfrentamos una situación paradójica: una economía que crece con aumento del desempleo y la informalidad, caída de empresas, caída de importaciones y caída de la recaudación. Es una economía de senderos que se bifurcan: el sector exportador florece mientras el entramado productivo que genera empleo masivo se marchita.

Usar los dólares del superávit para sostener un tipo de cambio apreciado que destruye industria es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que usarlos para fortalecer el balance del Banco Central, bajar el índice de riesgo país y crear las condiciones para que los sectores intensivos en mano de obra crezcan también. Esa es la diferencia entre una bonanza que se agota y un desarrollo que se sostiene.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el mercado laboral formal exhibe una tendencia mayoritariamente negativa: casi seis de cada diez ramas productivas privadas perdieron trabajadores registrados. Así lo revela un informe elaborado por Misión Productiva en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que cubre el período comprendido entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

La destrucción de empleo no se concentra en un sector ni en una región: atraviesa la construcción, la industria, el comercio, los servicios y hasta el agro, lo que el documento califica como “una crisis de carácter generalizado sobre buena parte del entramado productivo argentino”.

Según los datos de la SRT, 554 de los 948 subsectores económicos relevados —excluyendo la Administración Pública— destruyeron empleo formal en el período analizado. Eso equivale al 59% de las ramas productivas privadas. El informe subraya que la pérdida de puestos registrados “no se limitó a sectores industriales o ligados a la obra pública”, sino que “también aparecen caídas relevantes en distintos servicios privados y profesionales”.

La amplitud del fenómeno es uno de los elementos que más destaca el documento. Subraya que sectores como los servicios profesionales, científicos y técnicos —actividades típicamente asociadas al segmento más calificado del mercado laboral— también registran caídas significativas y menciona que el deterioro del empleo formal va más allá de los rubros habitualmente ligados al ciclo económico más volátil, como la construcción o la industria.

Los datos por grandes ramas de actividad permiten dimensionar la magnitud de las pérdidas. La construcción encabeza la caída con 81.295 puestos de trabajo registrados perdidos desde noviembre de 2023. Le sigue la industria manufacturera, con 76.556 puestos menos. El sector de transporte y almacenamiento acumula una baja de 61.107 trabajadores registrados. Los servicios profesionales, científicos y técnicos perdieron 25.449 puestos, mientras que la intermediación financiera y los servicios de seguros registraron una caída de 12.089 empleos formales.

En conjunto, estos cinco sectores explican una porción sustancial de la destrucción total de empleo registrado en el período. Se trata, además, de actividades con fuerte capacidad de absorción laboral y con encadenamientos productivos que impactan en otras ramas de la economía, lo que amplifica el efecto de las caídas más allá de los números directos.

Frente a ese panorama, algunos sectores sí mostraron creación neta de empleo. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca sumó 17.351 puestos de trabajo. Salud humana y servicios sociales incorporó 17.259 trabajadores registrados. Los servicios de alojamiento y gastronomía crecieron en 8.959 puestos, y la enseñanza privada incorporó 7.858 empleos formales.

Sin embargo, el informe es categórico al señalar que esa creación no compensa las pérdidas. “La creación de empleo de los sectores que crecen está lejos de compensar a los sectores que destruyen”, concluye el documento. Por eso, los autores descartan que el proceso pueda interpretarse como una “destrucción creativa” y lo califican, en cambio, como “la caída mayoritaria de la economía”.

El informe introduce además una lectura sobre las consecuencias de mediano plazo. Según el documento, los trabajadores expulsados del mercado formal no están siendo reabsorbidos por los sectores transables primarios que sí crecen —como el agro—, sino que derivan “hacia el cuentapropismo informal, reduciendo la productividad media del conjunto de la economía”.

A eso se suma lo que Misión Productiva denomina “pérdida de capacidades”: la destrucción de empleo de manera transversal a la mayoría de los sectores “da cuenta de un proceso de destrucción de capacidades productivas que, probablemente, tarden varios años en ser recompuestas”. La advertencia apunta a que el daño no es solo coyuntural: la desaparición de equipos de trabajo, conocimiento técnico acumulado y redes productivas implica costos que no se revierten automáticamente cuando la actividad económica se recupera.

Por otro lado, Misión Productiva describe la situación global como “un intento de estabilización macroeconómica ejecutado con un elevado nivel de daño colateral en la microeconomía urbana”, una caracterización que separa el plano de los agregados macroeconómicos —donde el gobierno nacional exhibe resultados en materia de inflación y equilibrio fiscal— del impacto concreto sobre el tejido productivo y el empleo registrado.

El diagnóstico del mercado laboral formal será el eje central del Congreso Productivo para el Desarrollo, que Misión Productiva organiza para el próximo lunes 2 de junio a las 16:00 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El encuentro reunirá a referentes del sector productivo, la academia y el mundo del trabajo para discutir los indicadores relevados y trazar una agenda de desarrollo.

El evento reunirá voces críticas al rumbo económico del gobierno nacional. Entre los expositores confirmados figura el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una presencia que refleja la participación de sectores de la oposición —incluso de espacios que hasta hace poco integraban el oficialismo— en un espacio de debate sobre política productiva.

El congreso cuenta con el auspicio de cámaras empresarias de peso, como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), lo que le otorga al encuentro un carácter plural que excede el espacio político-académico y suma a actores del sector privado.

Argentina apuesta a operar en un mercado global radicalmente distinto al de hace años atrás. El Mercosur cerró esta semana una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Canadá, mientras avanza con Japón, Singapur y Corea del Sur. Además, ya tiene en vigor el tratado con la Unión Europea (UE), al tiempo que aguarda la ratificación parlamentaria del acuerdo con Estados Unidos. Para el Gobierno, estos movimientos representan el acceso preferencial a mercados que concentran una porción sustancial del consumo y la inversión globales.

El último avance en este sentido se informó este sábado, cuando los gobiernos de Brasil y Paraguay difundieron comunicados sobre la décima ronda negociadora del acuerdo Mercosur–Canadá, celebrada entre el 25 y el 29 de mayo en Toronto, donde se discutió sobre comercio de bienes y servicios, reglas de origen, propiedad intelectual, salvaguardas bilaterales y desarrollo sostenible.

Para Argentina, abriría un mercado de 41 millones de personas con un producto bruto interno de aproximadamente 2,2 billones de dólares e importaciones totales del orden de 541.000 millones de dólares anuales. El acuerdo permitiría que el 80% de las exportaciones industriales del Mercosur ingresen a Canadá con arancel cero. En las negociaciones, Argentina busca cuotas de exportación para queso y leche en polvo, además de condiciones preferenciales para miel, carnes y granos.

Según tres fuentes gubernamentales de Argentina, Brasil y Canadá consultadas por la agencia Reuters en marzo de 2026, la firma podría concretarse entre septiembre y octubre de este año.

Por otro lado, el acuerdo con Singapur es el más avanzado del frente asiático y el que más cerca está de generar beneficios concretos para los exportadores argentinos. El Senado lo aprobó por unanimidad el 14 de mayo y lo remitió a Diputados para su sanción definitiva. Una vez ratificado, el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán al mercado singapurense con arancel cero, según precisó el canciller Pablo Quirno al celebrar la media sanción.

El tratado, firmado en diciembre de 2023, ya está en vigor para Paraguay y Uruguay. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, lo presentó ante el Senado como una puerta de entrada estratégica al sudeste asiático: “servirá para poder negociar con Japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”, afirmó.

A su vez, el vínculo con Japón dio un salto en los últimos días. Según reportó la agencia Kyodo News el 26 de mayo, confirmado por Reuters y la agencia Jiji Press, el gobierno japonés anunciará formalmente el inicio de negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con el Mercosur en el marco de una cumbre entre la primera ministra Sanae Takaichi y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al margen de la reunión del G7 en Francia, prevista para mediados de junio.

El anuncio coronaría un proceso que arrancó en diciembre de 2025 con la firma del “Marco de Asociación Estratégica” y tuvo dos reuniones formales en enero y marzo de 2026, la segunda al margen de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún.

Para Argentina, el acuerdo abriría el acceso preferencial a un mercado que hoy recibe principalmente pescados, crustáceos, aluminio, minerales y cereales del país. Tokio, a su vez, apunta a las reservas de litio y minerales críticos argentinos para sus cadenas de producción de vehículos eléctricos. La industria automotriz japonesa impulsa el acuerdo, aunque persiste en Japón la preocupación por una eventual entrada masiva de productos agrícolas, en particular carne vacuna.

El acuerdo con Corea del Sur atraviesa su propio proceso de reactivación. Las negociaciones se lanzaron en 2018, se suspendieron en 2021 —en parte por la resistencia del sector industrial argentino a la apertura— y volvieron a la agenda el 23 de febrero de 2026, tras una cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y Lula da Silva.

Ambos líderes elevaron la relación bilateral al rango de “asociación estratégica” y firmaron diez memorandos de entendimiento en minerales críticos, inteligencia artificial, defensa y agricultura. Las partes acordaron además constituir grupos técnicos de trabajo con el objetivo de presentar un primer marco negociador antes de fin de año. Corea del Sur no figura aún en la lista de negociaciones activas de la Cancillería argentina.

Dos acuerdos sí ya están en vigor o en aplicación parcial. El Mercosur–UE, firmado el 17 de enero de 2026 tras 27 años de negociaciones, entró en aplicación provisional el 1° de mayo: elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque y deja alcanzado al 99% de las exportaciones agrícolas argentinas.

El acuerdo bilateral Argentina–Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de 2026, incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y aguarda ratificación del Congreso argentino para entrar en vigor pleno.

Por fuera de ese acuerdo, el presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero una orden ejecutiva que amplió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales la cuota de importación de carne vacuna argentina con arancel cero, distribuida en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas. La medida aplica específicamente a recortes magros —piezas de bajo contenido graso destinadas principalmente a la elaboración de carne picada y hamburguesas— y tiene vigencia durante 2026. En 2025, Argentina exportó 44.300 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos por un valor de 341,5 millones de dólares, según datos del Consorcio ABC.

Con el nuevo esquema, el sector estima ingresos adicionales de más de 700 millones de dólares en divisas durante el año. El sector advierte, no obstante, que la cuota es temporal y que será necesario incorporarla de forma permanente al acuerdo para garantizar su continuidad más allá de 2026.

La agenda no se agota allí. El acuerdo Mercosur–Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado en septiembre de 2025 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, aguarda aprobación parlamentaria. Las tratativas con los Emiratos Árabes Unidos acumulan cuatro rondas. Las negociaciones con Vietnam —lanzadas el 20 de diciembre de 2025— y con El Salvador aún no tienen fecha para sus primeras rondas formales. En el plano regional, el bloque mantiene acuerdos vigentes con Chile, Bolivia, Colombia, Perú, la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Egipto, India, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU) y Panamá.

En su informe de gestión ante la Cámara de Diputados el 29 de abril, el jefe de Gabinete Manuel Adorni afirmó que “Argentina le está mostrando a la región que el camino es el libre comercio”. El sitio oficial de la Cancillería lista actualmente nueve escenarios negociadores activos o en proceso de ratificación parlamentaria, frente a los cuatro acuerdos extrarregionales en vigor con los que contaba el Mercosur al inicio de la gestión.