Los activos financieros aportaron frecuentes frustraciones en los últimos años, con volatilidad y debilidad de precios que fueron a la vez una respuesta a políticas económicas erradas. Estas llevaron a un estancamiento de la actividad sin precedentes en la historia argentina, que se extendió -con idas y vueltas- durante los últimos 15 años.

Este estancamiento económico se amplía a dos décadas -hasta 2007- si se toman algunas mediciones internacionales, como la comparación global que realiza el Banco Mundial del PBI per cápita PPA (Paridad de Poder Adquisitivo), a dólares constantes.

Dos “décadas perdidas” desde un punto de vista económico o una generación desde un punto de vista demográfico, lapso en que no se conoció el crecimiento ni la mejora palpable en las condiciones de vida.

Las cotizaciones de acciones y bonos no escaparon a dicho estatus de la economía en general. De hecho, no son más que un reflejo del mismo. Y no en vano hoy Argentina exhibe un elevado riesgo país -precios bajos para sus bonos y altas tasas de retorno-, superior al de los vecinos de la región, y carece de acceso a los mercados voluntarios de crédito.

La pregunta que plantean los analistas es si la economía doméstica se acerca a un punto de inflexión. Sentadas las bases con una inflación que va cediendo de a poco, estabilidad cambiaria y equilibrio en las cuentas públicas, ¿será posible iniciar un nuevo ciclo de crecimiento consistente y a largo plazo? Un Gobierno que consiga financiarse por sus propios medios, sin emisión inflacionaria, controles cambiarios ni impuestos al ahorro y al comercio, puede contribuir con ese punto de partida imprescindible para alcanzar el objetivo.

Por ahora los inversores mueven sus fichas en función de expectativas. Con un desempeño muy dispar entre sectores, el FMI actualizó sus proyecciones de crecimiento del PBI argentino en 2026 -a 3,5%, desde el 4%- y prevé una inflación todavía alta, del 25% anual.

Fue auspicioso que en la última semana el índice de riesgo país volviera a operar debajo de los 500 puntos básicos -tocó 487 pb intradiarios el viernes 29-. Este indicador de JP Morgan -que mide la brecha de tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con sus pares emergentes- tocó un piso en la “era Milei” de 481 pb el 28 de enero de este año, la cifra más baja desde el 8 de junio de 2018 (476 puntos básicos).

Si se tiene en cuenta el índice de riesgo país de los vecinos, como Brasil 178 unidades, Chile 84, Uruguay 67, Paraguay 111 o Perú 114 puntos básicos, a Argentina le queda mucho camino por recorrer en términos financieros.

A la vez, con muy altas tasas de retorno cercanas al 5% anual en dólares que rinden los bonos del Tesoro norteamericano de mayor plazo, la emisión de deuda “nueva” en el exterior le demandaría a la Argentina pagar tasas anuales próximas al 10%, por ahora caras y excesivas para las posibilidades de las arcas públicas.

En un principio, una caída del índice de riesgo país hacia la zona de los 300 pb, permitiría al Tesoro financiarse en el exterior a tasas inferiores al 8% anual, aún altas, pero que sería posible honrarlas en la medida en que mejoren las condiciones macroeconómicas, con efecto en mayor recaudación y reservas internacionales en el Banco Central.

Numerosas emisiones de deuda corporativa y algunas colocaciones efectuadas por provincias en los últimos dos años demostraron que el Gobierno nacional podría financiarse a tasas accesibles en el corto plazo. En la última semana, el Tesoro alcanzó el límite de emisión de USD 2.000 millones con el Bonar 2027 (AO27), un título con ley local y vencimiento dentro del actual mandato presidencial que rinde 6 por ciento.

Si el Gobierno consiguiera en los próximos meses colocar nuevos bonos en Wall Street, aliviaría la enorme carga de vencimientos —que desde 2023 viene pagando mayormente en efectivo— al renovar deuda “vieja” con nuevas emisiones. También despejaría cualquier incertidumbre cambiaria, pues los dólares que compra el Banco Central quedarían para fortalecer las reservas y no serían consumidos por el Tesoro debido a sus obligaciones.

¿Cuáles son los fundamentos que pueden comprimir el índice de riesgo país? Son claves:

• El ingreso de divisas a través del superávit comercial,
• El fortalecimiento de las reservas del BCRA y un nivel de actividad sostenido y más homogéneo,
• También se necesita despejar la incertidumbre electoral en 2027: los nombres y propuestas de los candidatos tendrían que ayudar a despejar cualquier duda respecto de la voluntad de pago futuro de los bonos.

“La deuda soberana tuvo un desempeño superior al de sus pares, de la mano de datos económicos positivos. La combinación de un muy buen resultado comercial, junto con la recuperación económica por encima de lo previsto en marzo y la continuidad en la acumulación de reservas, colaboró en el buen desempeño de los bonos en dólares”, definieron los analistas de Balanz Capital.

“Hacia adelante, no obstante, el foco seguirá pasando por el ritmo de acumulación de reservas, las perspectivas para la economía real y la posibilidad de volver a los mercados internacionales de crédito voluntario. Además, a medida que transcurran los meses, la cuestión política de cara al ciclo electoral 2027 irá ganando ponderación entre los inversores”, afirmó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“Falta mucho para 2027 y a esta altura de las últimas tres elecciones presidenciales era imposible predecir quién iba a ganar”, evaluó la Consultora 1816 en un informe. “Si bien Milei perdió imagen, si se cumplen los pronósticos del REM (Relevamiento de Expectativa del Mercado del BCRA) sobre inflación y actividad, La Libertad Avanza debería llegar con muy buenas chances. La posibilidad de que haya o no balotaje dependerá no solo de la imagen del presidente Javier Milei, sino también de cuántos candidatos haya en primera vuelta”, acotó.

“Más allá de cómo termine la elección, lo más difícil de todo es imaginar que no habrá algo de volatilidad en el camino a los comicios. Lo ‘positivo’ es que las tasas forwards de los bonos ya incorporan eso: en la curva de Bonares, el AO28 y el AO27 sugieren que hacia octubre de 2027 la tasa de un bono en dólares a un año vista será de 13,7% contra Cable -calculamos la forward con los precios contra cable para que no afecte en los cálculos el canje CCL-MEP-“, precisó 1816.

El economista Gustavo Ber observó que “los activos domésticos amagan con intercalar un respiro tras la fuerte racha alcista reciente. Esta llegó a partir de un renovado apetito inversor alimentado por las mejores señales económicas y una nueva encuesta que refleja un repunte en el respaldo al Gobierno, además de las apuestas de influyentes inversores externos que actuaron como catalizador”.

“Dicha combinación abre espacio a mejores expectativas entre los inversores de cara a las elecciones del 2027, toda vez que cualquier señal intenta de inmediato ser traducida en probabilidades electorales. También se espera que un repunte en la actividad económica más expandido en los próximos meses, junto a progresos en el proceso de desinflación, pudiera repercutir favorablemente sobre el humor social“, explicó el director del Estudio Ber.

La llegada de Kevin Warsh a la silla más importante de la Reserva Federal como su decimoséptimo presidente promete sacudir las tradicionales discusiones doctrinarias dentro de la autoridad monetaria de los Estados Unidos. El debate abandonó los carriles tradicionales para incorporar una variable disruptiva: el impacto de la Inteligencia Artificial en la productividad general y su capacidad para reconfigurar la dinámica de los precios al consumidor.

Una sugestiva convicción del nuevo titular de la Fed, propuesto por Donald Trump, tiene la capacidad de transformarse en la clave para decidir bajas de tasas en la hiperinfluyente política monetaria de los EEUU por motivos muy distintos a los habituales.

En noviembre del año pasado, en un artículo de opinión en The Wall Street Journal Wwarsh expuso su visión. En esa oportunidad, calificó a la tecnología emergente como una fuerza desinflacionaria de carácter estructural y cuestionó los modelos de proyección que utilizaba el personal técnico del organismo. Según su mirada, la incorporación de herramientas digitales avanzadas inyectó ganancias de eficiencia que las ecuaciones tradicionales omitieron de forma sistemática en sus cálculos de inflación. “La IA será una fuerza desinflacionaria significativa”, sostuvo.

La defensa formal de esta visión ocurrió durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Banca del Senado, que tuvo lugar el 22 de abril de este año. Ante los legisladores, la autoridad nominada ratificó su diagnóstico y definió a la nueva tecnología como la mayor ola de mejora de productividad de las vidas humanas. Para respaldar su propuesta de reformas, recurrió a una cita de Milton Friedman vinculada a la tiranía del statu quo, con la intención de ilustrar la inercia institucional y la resistencia a revisar supuestos metodológicos arraigados en las grandes corporaciones y organismos públicos.

“La IA representa la ola de mayor mejora de productividad de nuestras vidas: pasada, presente y futura“, dijo Warsh ante legisladores.

Sus ideas asimilan las condiciones económicas actuales con el comportamiento que registró el aparato productivo estadounidense durante la década de noventa, bajo la conducción de Alan Greenspan. En aquel período, la irrupción de Internet funcionó como un amortiguador de los costos de producción, lo que permitió sostener un ritmo de expansión elevado sin la necesidad de aplicar una política contractiva de tasas de interés. La conducción actual pretendió replicar ese marco interpretativo para justificar una postura monetaria flexible, bajo la premisa de que la mayor eficiencia expandió el límite del crecimiento potencial de la economía sin acelerar la suba de precios.

Sin embargo, esta caracterización del escenario macroeconómico encontró fuertes resistencias internas y externas. Miembros destacados del comité de política monetaria de la Fed, entre quienes se alinearon Michael Barr y Philip Jefferson, plantearon objeciones centradas en la dimensión temporal del fenómeno. Los funcionarios advirtieron que la fase inicial del despliegue tecnológico requirió un monumental gasto de capital por parte de las corporaciones. La demanda masiva de procesadores, la construcción de centros de infraestructura de datos y el consecuente consumo energético operaron, en el corto plazo, como un shock de demanda que presionó sobre el mercado de capitales y elevó el nivel de la tasa de interés neutral.

Las discrepancias técnicas impactaron de forma directa en el mercado de renta fija. Las dudas en torno a la viabilidad de la teoría desinflacionaria coincidieron con un incremento persistente en los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo. El instrumento de referencia a diez años alcanzó una tasa del 4,6% en el transcurso del mes de mayo, lo que reflejó la inquietud de los inversores ante las necesidades de financiamiento del sector tecnológico y las restricciones en la cadena de provisión de hardware especializado.

Por fuera de la estructura de la banca central, los analistas económicos manifestaron un marcado escepticismo frente a las promesas de prosperidad tecnológica. Relevamientos recientes indicaron que aproximadamente el sesenta por ciento de los especialistas privados consideró que el impacto real de estas innovaciones sobre las variables de inflación y tasas de interés resultará insignificante durante el horizonte de los próximos dos años. Este colectivo de expertos tomó distancia del optimismo oficial y remarcó que las distorsiones del boom inversor inmediato poseen un peso superior a las hipotéticas ganancias de eficiencia futuras.

La formalización institucional del recambio de autoridades se completó el pasado viernes veintidós de mayo, mediante una ceremonia de jura celebrada en la Casa Blanca que contó con la alocución del mandatario Donald Trump. El discurso de asunción de la nueva conducción se caracterizó por su brevedad y un estricto carácter protocolar, sin espacio para alusiones técnicas directas a la Inteligencia Artificial. En esa intervención, el jefe del organismo central se comprometió a guiar una gestión orientada a las reformas estructurales y a abandonar las metodologías estáticas, con el propósito de alcanzar metas combinadas de menor inflación y mayor dinamismo salarial real.

En Argentina, los economistas no se ocuparon directamente de analizar la relación entre la variación del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) y la pobreza, sino que lo observaron como un efecto “colateral”, pese a su alta sensibilidad. Tampoco el tema fue tratado en profundidad en los documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero los técnicos del organismo manifestaron de manera habitual su recomendación de tender a una paridad alta para asegurar la solvencia externa, porque incentiva las exportaciones y desalienta la demanda de importaciones y el ahorro.

El último reporte del directorio del FMI, tras analizar el desempeño de la economía argentina en el último trimestre de 2025 y datos preliminares del primer cuarto de 2026 y su relación con las metas comprometidas en el Acuerdo de Préstamo de Facilidades Extendidas (abril de 2025), remarcó la “necesidad de que la política monetaria evolucione hacia un esquema en el que la tasa de interés gane protagonismo y el tipo de cambio tenga mayor flexibilidad, en detrimento del actual enfoque basado en agregados monetarios, para lograr una acumulación más acelerada de reservas”. Al mismo tiempo, el documento recomendó en otro apartado: “Mantener o profundizar los programas de asistencia a los sectores más vulnerables”.

Los economistas Daniel Heymann, José María Fanelli y Mario Damill, al analizar a comienzos de siglo la salida traumática de la convertibilidad tras la crisis de 2001, con devaluación, pesificación asimétrica y default de la deuda pública, concluyeron que “el TCR competitivo impulsa la actividad agregada y el empleo, pero la inflación resultante deteriora ingresos reales, afectando pobreza en el corto plazo”.

A pesar del récord de crecimiento de las exportaciones y contracción de las importaciones en los primeros 29 meses de gobierno de Javier Milei -en particular en el primer cuatrimestre de 2026 cuando maduraron los efectos de la baja y eliminación, en varios casos, de las retenciones y aranceles al comercio exterior, junto a otros impuestos y desregulaciones-, la preocupación de la mayor parte de las consultoras locales e internacionales por el nivel del tipo de cambio real, al que consideran “atrasado”, se mantuvo entre los indicadores más debatidos por su influencia sobre el comercio exterior y la cuenta corriente de la balanza de pagos, mientras no contemplaron los efectos sobre las condiciones socioeconómicas del país.

Este indicador es considerado esencial para los economistas porque su nivel determina la capacidad de acumulación o pérdida de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, consecuentemente, la vulnerabilidad del sector externo, al afectar el movimiento de divisas por el intercambio comercial y por servicios como turismo internacional, ahorro o desahorro en activos externos, fletes, seguros y dividendos de filiales nacionales o extranjeras.

La serie de 30 años del Itcrm y de pobreza, muestra que la devaluación -en particular cuando es significativa (más de 5% real en corto plazo)- impacta en general negativamente en las finanzas personales y las condiciones de vida de la población por el efecto inmediatamente alcista sobre el precio de los alimentos. Eso ocurre porque Argentina tiene la particularidad de que los productos del agro explican casi dos tercios de las exportaciones del año.

Los economistas indios Raghuram Govind Rajan y Arvind Subramanian detectaron en un estudio para el FMI en 2006: “Las devaluaciones pueden mejorar el empleo industrial, pero los efectos regresivos sobre el ingreso real dominan en el corto plazo”.

Infobae realizó en noviembre de 2025 un análisis detallado de las series del tipo de cambio real multilateral (Itcrm) del BCRA y su relación con el desempeño del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Indec, y detectó que existían otros factores más relevantes que el nivel del Itcrm, como la inflación, la productividad de los factores y la apertura de la economía al resto del mundo, principalmente.

Ahora, mientras el Indec avanza con el relevamiento de campo para elaborar los índices de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026 -prevé difundirlos en septiembre-, y la economía muestra señales de retomar el camino de la reactivación y la desinflación, y el BCRA acumula reservas, economistas recomiendan “no atrasar el tipo de cambio real”. Los primeros cinco meses de 2026, con desinflación y recuperación de la actividad, anticipan, según estimaciones privadas, una baja de la pobreza en el próximo dato oficial del Indec.

En un período que abarcó desde enero de 1997 hasta mayo de 2026 para el Itcrm (base 100 el 17 de diciembre de 2015) y la pobreza en porcentaje de la población, con los datos agrupados por semestre, Infobae dividió la serie en cuatro instancias:

1) Itcrm mayor a 95 puntos y pobreza superior a 30%: ocurrió en 35% del período. En ese lapso, en el 37% del tiempo, los dos indicadores subieron en simultáneo; en el 26% bajaron ambos; mientras que en el 37% restante se movieron de manera inversa.

2) Itcrm mayor a 95 puntos y pobreza menor a 30%: se observó en casi 30% de la serie. En ese lapso, en el 69% del período ambos se movieron a la baja en forma sincronizada; en el 6% subieron en simultáneo; y un cuarto del tiempo se movió en forma asintótica.

3) Itcrm menor a 90 puntos y pobreza menor a 30%: tuvo lugar en 20% de la serie. En el 64% de ese tramo, los indicadores se comportaron en descenso de manera sincrónica y en el 18%, al alza.

4) Itcrm menor a 90 puntos y pobreza mayor a 30%: Esa instancia se registró en 15% de las últimas tres décadas (ocho semestres), en el que ambos bajaron en tres ocasiones y subieron en dos.

De ello se desprende que, en 15 de los últimos 30 años, excluidos los cinco semestres comprendidos entre el segundo de 2013 y el mismo período de 2015 por el “apagón estadístico” implementado por el gobierno de Mauricio Macri -al considerar que las series no reflejaban la realidad-, la pobreza se ubicó por debajo de 30% de la población cuando el tipo de cambio real, con base 100 al 17 de diciembre de 2015, fue inferior a 95 puntos, como ocurre en la actualidad, en un contexto de desregulación de la economía, baja de la inflación a menos de 30% anual y aumento de la actividad económica superior a 3% anual.

La evidencia internacional coincide en tres puntos:

1. Las devaluaciones aumentan la pobreza en el corto plazo por la caída del salario real.
2. El efecto puede revertirse solo si el tipo de cambio real competitivo impulsa empleo en sectores transables.
3. El impacto negativo es mayor en países con alta informalidad, baja productividad y una canasta alimentaria dolarizada, tres características que describen a Argentina.

Los movimientos del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral tienen en Argentina un impacto social más rápido y más profundo que en otros países de la región, y reflejan que la paridad pesos por dólar no solo es un precio macroeconómico, sino un determinante directo del bienestar social del país, y por tanto el ministro Luis Caputo enfatiza a menudo en entrevistas periodísticas que la política del Gobierno está focalizada en no repetir los ciclos de crisis y deterioro social del pasado.

En Argentina, la pobreza llegó a superar el 40% de la población cuando el Itcrm fue muy superior al promedio de la serie de 30 años (113,4 puntos), entender el vínculo con las condiciones de vida ya no es un ejercicio académico: es una necesidad para diseñar políticas económicas que no repitan los ciclos de crisis y deterioro social.