POLITICA
Millones de dólares en efectivo, drogas y una empresa sin rubro: el patrimonio inexplicable del exjefe de ARSAT preso por corrupción
El caso de Facundo Leal, exfuncionario de tercera línea, que atravesó bajo el radar las gestiones del peronismo y de los libertarios, sorprendió por una derivación inesperada. El miércoles 28 de mayo, efectivos de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico ingresaron a un departamento de la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, para ejecutar una orden de allanamiento en el marco de una causa por corrupción en ARSAT. Lo que encontraron no tenía relación directa con el objetivo inicial del procedimiento.
Dentro del departamento hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. También encontraron 803.754 dólares en efectivo, 2.486.200 pesos argentinos y billetes de seis países: Uruguay, Brasil, México, Colombia, la Unión Europea y Tanzania. El secretario del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro dispuso la detención inmediata de Leal, de 51 años, en calidad de incomunicado.
Esa misma noche se libró una segunda orden para el departamento que Leal ocupaba en Mendoza, sobre la avenida Boulogne Sur Mer. Allí, donde el exfuncionario convivía con su pareja —que no estaba presente al momento del procedimiento—, la Delegación Unidad Operativa Federal encontró otros 1.787.600 dólares en efectivo, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.
En total, entre los dos domicilios, se secuestraron 2.591.354 dólares en billetes, sin declarar y sin explicación oficial hasta el momento de publicación de esta nota. Consultado por los efectivos, Leal se identificó como un simple empresario agropecuario.
La causa
La investigación que terminó con Leal detenido no nació de una denuncia por corrupción, sino de un robo. A principios de 2024, empleados de ARSAT descubrieron que un depósito en San Fernando, donde se resguardaba equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica, había sido saqueado. El predio era operado por una firma de logística contratada por la empresa estatal en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. Según las constancias de la causa, las cámaras no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.
ARSAT no es una empresa marginal del Estado: es el proveedor mayorista de fibra óptica y de conexiones satelitales del país, y el operador de la infraestructura sobre la que corre buena parte de las comunicaciones digitales de la Argentina. Tiene desplegados casi 40.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del territorio nacional, una red construida principalmente durante los gobiernos kirchneristas. Lo robado en ese depósito de San Fernando formaba parte de los insumos para mantener y ampliar esa infraestructura estratégica para las comunicaciones y el funcionamiento de la economía.
La causa quedó en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez. El foco inicial fue el robo, pero a medida que avanzaron las medidas de prueba la pesquisa se corrió hacia cómo se había contratado a esa empresa de logística y qué relaciones vinculaban a sus dueños con funcionarios de ARSAT. La reconstrucción, publicada en detalle por una investigación del diario La Nación, estableció que el proceso licitatorio fue una ficción: las tres firmas que compitieron formaban parte de la misma estructura societaria y familiar. En el expediente, además del juzgado de Mirabelli y la fiscalía de Domínguez, participa la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Leonardo Rodríguez.
Los contratos acumularon, entre órdenes directas y prórrogas, más de un millón novecientos mil dólares. Las prórrogas las firmaron Leal y otros dos gerentes, sin intervención del directorio que el reglamento interno exigía. Los teléfonos secuestrados contenían mensajes que, según La Nación, documentaban el circuito de pagos entre los contratistas y funcionarios de la empresa. La fiscalía pidió indagatoria para 10 personas por defraudación, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Leal es uno de ellos.
El patrimonio
Las declaraciones juradas que Leal presentó ante la Oficina Anticorrupción entre 2021 y 2025, a las que accedió Infobae, trazan una curva que Leal deberá explicar ante la Justicia.
Al inicio de 2021, su patrimonio total declarado ascendía a 58 millones de pesos. Al cierre de ese año, 78,9 millones. Al cierre de 2022, 118,2 millones. Al cierre de 2023, 340,8 millones. Y en la declaración inicial que presentó al asumir la presidencia del ORSNA, el organismo nacional de la aeronáutica civil, en junio de 2025, 528 millones de pesos. En cuatro años, el patrimonio declarado se multiplicó casi por nueve.
El salto más abrupto se produjo entre 2022 y 2023: el patrimonio creció 222 millones de pesos en un solo año. Es el período en el que se firmaron las prórrogas del contrato con la empresa de logística y se emitieron nuevas órdenes de compra.
El vehículo que concentró ese crecimiento fue una empresa unipersonal registrada bajo el CUIT personal de Leal, cuya actividad no quedó especificada en ninguna de las declaraciones. En 2021 figuraba valuada en 3,1 millones de pesos; en 2022 subió a 12,6 millones; en 2023 trepó a 90,5 millones; y en la declaración de 2025 ya sumaba 220,4 millones de pesos. Qué produce esa empresa, de dónde provienen sus ingresos y a qué clientes presta servicios son preguntas que la causa buscará responder.
El efectivo en pesos declarado siguió la misma trayectoria ascendente: 8,2 millones en 2021; 36,6 millones en 2022; 77,1 millones en 2023; y 94,8 millones en 2024. La flota de vehículos acompañó la curva: a la Amarok 2014 que ya tenía al ingresar al Estado se sumó en 2022 una Amarok Black Style V6 —la versión de alta gama— y en 2023 un Can-Am Maverick X3, un vehículo utilitario deportivo de importación.
El dato central, sin embargo, no está en lo que figura en las declaraciones, sino en lo que falta. En ninguna de las cinco DDJJ analizadas por Infobae aparece una tenencia significativa de dólares en efectivo. La última, correspondiente a su baja como funcionario del ORSNA a principios de 2024, consignó exactamente un centavo de dólar en efectivo. Semanas después de presentar esa declaración, la policía le secuestró más de 2,5 millones de dólares físicos distribuidos en dos domicilios de dos provincias distintas.
El perfil de Leal
Facundo Leal lleva casi dos décadas dentro del Estado nacional. Abogado mendocino, ingresó a la Administración de Aviación Civil y escaló posiciones dentro de ARSAT desde 2020. Llegó a la presidencia de la empresa en agosto de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con quien compartió actos públicos.
En el mapa del poder peronista, no fue un cuadro neutral. Fuentes políticas consultadas por este medio señalaron que su ascendencia se apoyó en el grupo de dirigentes que respondía al albertismo. Con ese respaldo tuvo poder suficiente para desplazar a un funcionario de rango ministerial que ocupaba un cargo en ARSAT, un episodio que derivó en el traslado de ese funcionario a otra área del gobierno nacional. También se le atribuye haber ganado, en su momento, una disputa interna con La Cámpora por el control de la empresa.
Esa transversalidad fue lo que le permitió continuar tras el cambio de gobierno. “Era el tipo que conocía los detalles de la administración de ARSAT, todos los negocios y había acumulado más enemigos que amistades”, explicó a este medio una fuente que trabajó en esos años. Cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023, Leal continuó al frente de ARSAT durante los primeros meses de transición, hasta que la nueva gestión designó a su propio equipo. En la Casa Rosada señalaron que su permanencia en esa dependencia tuvo más que ver con la ausencia de cuadros propios para ocupar lugares estratégicos del Estado.
Su vínculo con la gestión libertaria llegó por otra vía. Luis Pierrini, secretario de Transporte, era su amigo personal: ambos mendocinos, con años de relación. Pierrini llegó al gobierno de Milei a través de Juan Pazo, hombre clave en el entorno del ministro de Economía Luis Caputo, quien lo acercó a la estructura libertaria. Ya en la secretaría, Pierrini armó su equipo con colaboradores de confianza: llevó a Leal desde ARSAT para ponerlo al frente del ORSNA y colocó a Gerardo Boschin —el mismo funcionario que hoy figura como imputado en la causa de Mirabelli— en la presidencia de Trenes Argentinos.
Así, en junio de 2025, Leal fue designado presidente ad honorem del ORSNA mediante el Decreto 390 firmado por Milei y el ministro Caputo. No fue su primer cargo en el Estado bajo gestiones no peronistas: en total, Leal ejerció funciones durante casi dos años dentro de la administración libertaria. Fuentes del gobierno de Mauricio Macri consultadas por Infobae aclararon, sin embargo, que durante esa gestión —que tuvo a Rodrigo De Loredo y a Raúl Martínez al frente de ARSAT— Leal no ocupó roles de gerencia ni de administración en la empresa.
Cuando Pierrini dejó la secretaría en enero de 2026 —en medio de una polémica por el uso de una aeronave privada vinculada a Pablo Toviggino, de la AFA, para viajar a Barcelona—, Leal también dejó el cargo.
Fuentes con acceso a la causa consultadas por Infobae indicaron que la investigación corresponde a hechos ocurridos durante su gestión en el gobierno anterior y que su paso por el ORSNA no integra el expediente. Al momento de los allanamientos, Leal seguía figurando en la nómina de ARSAT como empleado de planta permanente.
El estado de la causa
La investigación tramita ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, bajo la conducción del juez Mirabelli y la fiscalía del doctor Domínguez. El secreto de sumario fue dispuesto tras la detención. Leal prestó declaración indagatoria.
La defensa de Leal, según fuentes al tanto de la investigación consultadas por Infobae, apunta a sostener que las drogas halladas correspondían a consumo personal y que no existen elementos que acrediten comercialización. El dinero es el flanco más difícil: deberá acreditar su origen y su titularidad. Una de las hipótesis que manejan sus allegados es la venta de propiedades. Las declaraciones juradas, sin embargo, no registran ninguna operación inmobiliaria que justifique esa magnitud de efectivo en moneda extranjera.
POLITICA
Valentina Bassi advirtió por el impacto de los cambios en discapacidad: “Cada obra social va a poder fijar qué terapias aceptar”
La discusión por la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso. La iniciativa propone modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos el funcionamiento del nomenclador y el régimen de pensiones.
En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.
“Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.
Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.
El nomenclador, el principal eje del reclamo
El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.
Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.
“El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.
La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.
Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.
El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.
Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.
La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.
El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.
Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones
Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.
La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.
Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.
La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.
El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.
Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.
La emergencia y el debate en el Congreso
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.
Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.
También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.
Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.
El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.
Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.
Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.
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POLITICA
El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
POLITICA
Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas
Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Sigue muy lejos la prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones. El proyecto enviado al Congreso llega, así, en “un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación”, dijo a un oficial en actividad.
“En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa”, explicó con preocupación un militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.
Experiencias recientes, como la Operación Roca −el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo− y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.
El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24, dictado en la gestión ministerial de Luis Petri. Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. “De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia: amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior”, explicó Juan Battaleme, quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.
“El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras. Crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur”, advirtió a el teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi.
Más allá de las deudas y la coyuntura presupuestaria, hay consenso entre los uniformados en que todo el encuadramiento legal vigente en materia militar fue pensado para los tiempos de la guerra fría, con conceptos como agresiones del orden externo e interno. “El nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado”, estimó un general del Ejército retirado, que ya inmersos en la tercera década del siglo XXI sugiere “despojarse de ataduras ideológicas”.
Desde una perspectiva profesional, algunas fuentes militares entienden que es positivo que “el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina” y que se procure articular capacidades que hoy aparecen muy fragmentadas.
Muchos, incluso, comparten la mirada integral del proyecto, que crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia. Pero estiman difícil que funcione en la práctica. “Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma”, precisó un oficial retirado.
Amenazas y misiones
Frente al debate parlamentario de la ley que diseña el nuevo escenario para el instrumento militar, voces castrenses advierten que “una cosa es ampliar el concepto de amenazas y otra muy distinta es ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas”.
“Que las Fuerzas Armadas estén preparadas para operaciones no convencionales no significa que deban convertirse en una fuerza de seguridad, ni asumir indistintamente funciones que corresponden a otros instrumentos del Estado”, señala un experimentado general, ante una consulta de .
La impresión de fuentes familiarizadas con la seguridad y la defensa, según pudo evaluar , es que el proyecto del gobierno de Milei es extremadamente largo y muy amplio. “Es una ley ómnibus, porque mezcla temas que son de diferentes niveles y aspectos muy distintos”, dijo un exfuncionario experto en temas de seguridad. Advirtió que la iniciativa “amplía las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y “vuelve a instalar la posibilidad de que los militares desarrollen actividades de inteligencia en el marco interno”, cuando la Argentina en democracia había cancelado ese debate.
El exjefe militar Paleo añadió otro punto de controversia. “Me preocupa la falta de mención a la problemática de la milla 350”, lamentó Paleo. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta la milla 350, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero el proyecto de Milei limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200. “Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino”, advirtió.
En términos políticos, Sabina Frederic, exministra de Seguridad y excolaboradora de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, expresó que la iniciativa “está lanzada para generar discusiones” sobre tareas, misiones y objetivos, en momentos en que las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo de la región. Y cerró: “Con la excusa de Malvinas, el Gobierno hizo un proyecto con muchas trampas que nada tiene que ver con la causa”.
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