POLITICA
Millones de dólares en efectivo, drogas y una empresa sin rubro: el patrimonio inexplicable del exjefe de ARSAT preso por corrupción
El caso de Facundo Leal, exfuncionario de tercera línea, que atravesó bajo el radar las gestiones del peronismo y de los libertarios, sorprendió por una derivación inesperada. El miércoles 28 de mayo, efectivos de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico ingresaron a un departamento de la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, para ejecutar una orden de allanamiento en el marco de una causa por corrupción en ARSAT. Lo que encontraron no tenía relación directa con el objetivo inicial del procedimiento.
Dentro del departamento hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. También encontraron 803.754 dólares en efectivo, 2.486.200 pesos argentinos y billetes de seis países: Uruguay, Brasil, México, Colombia, la Unión Europea y Tanzania. El secretario del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro dispuso la detención inmediata de Leal, de 51 años, en calidad de incomunicado.
Esa misma noche se libró una segunda orden para el departamento que Leal ocupaba en Mendoza, sobre la avenida Boulogne Sur Mer. Allí, donde el exfuncionario convivía con su pareja —que no estaba presente al momento del procedimiento—, la Delegación Unidad Operativa Federal encontró otros 1.787.600 dólares en efectivo, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.
En total, entre los dos domicilios, se secuestraron 2.591.354 dólares en billetes, sin declarar y sin explicación oficial hasta el momento de publicación de esta nota. Consultado por los efectivos, Leal se identificó como un simple empresario agropecuario.
La causa
La investigación que terminó con Leal detenido no nació de una denuncia por corrupción, sino de un robo. A principios de 2024, empleados de ARSAT descubrieron que un depósito en San Fernando, donde se resguardaba equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica, había sido saqueado. El predio era operado por una firma de logística contratada por la empresa estatal en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. Según las constancias de la causa, las cámaras no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.
ARSAT no es una empresa marginal del Estado: es el proveedor mayorista de fibra óptica y de conexiones satelitales del país, y el operador de la infraestructura sobre la que corre buena parte de las comunicaciones digitales de la Argentina. Tiene desplegados casi 40.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del territorio nacional, una red construida principalmente durante los gobiernos kirchneristas. Lo robado en ese depósito de San Fernando formaba parte de los insumos para mantener y ampliar esa infraestructura estratégica para las comunicaciones y el funcionamiento de la economía.
La causa quedó en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez. El foco inicial fue el robo, pero a medida que avanzaron las medidas de prueba la pesquisa se corrió hacia cómo se había contratado a esa empresa de logística y qué relaciones vinculaban a sus dueños con funcionarios de ARSAT. La reconstrucción, publicada en detalle por una investigación del diario La Nación, estableció que el proceso licitatorio fue una ficción: las tres firmas que compitieron formaban parte de la misma estructura societaria y familiar. En el expediente, además del juzgado de Mirabelli y la fiscalía de Domínguez, participa la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Leonardo Rodríguez.
Los contratos acumularon, entre órdenes directas y prórrogas, más de un millón novecientos mil dólares. Las prórrogas las firmaron Leal y otros dos gerentes, sin intervención del directorio que el reglamento interno exigía. Los teléfonos secuestrados contenían mensajes que, según La Nación, documentaban el circuito de pagos entre los contratistas y funcionarios de la empresa. La fiscalía pidió indagatoria para 10 personas por defraudación, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Leal es uno de ellos.
El patrimonio
Las declaraciones juradas que Leal presentó ante la Oficina Anticorrupción entre 2021 y 2025, a las que accedió Infobae, trazan una curva que Leal deberá explicar ante la Justicia.
Al inicio de 2021, su patrimonio total declarado ascendía a 58 millones de pesos. Al cierre de ese año, 78,9 millones. Al cierre de 2022, 118,2 millones. Al cierre de 2023, 340,8 millones. Y en la declaración inicial que presentó al asumir la presidencia del ORSNA, el organismo nacional de la aeronáutica civil, en junio de 2025, 528 millones de pesos. En cuatro años, el patrimonio declarado se multiplicó casi por nueve.
El salto más abrupto se produjo entre 2022 y 2023: el patrimonio creció 222 millones de pesos en un solo año. Es el período en el que se firmaron las prórrogas del contrato con la empresa de logística y se emitieron nuevas órdenes de compra.
El vehículo que concentró ese crecimiento fue una empresa unipersonal registrada bajo el CUIT personal de Leal, cuya actividad no quedó especificada en ninguna de las declaraciones. En 2021 figuraba valuada en 3,1 millones de pesos; en 2022 subió a 12,6 millones; en 2023 trepó a 90,5 millones; y en la declaración de 2025 ya sumaba 220,4 millones de pesos. Qué produce esa empresa, de dónde provienen sus ingresos y a qué clientes presta servicios son preguntas que la causa buscará responder.
El efectivo en pesos declarado siguió la misma trayectoria ascendente: 8,2 millones en 2021; 36,6 millones en 2022; 77,1 millones en 2023; y 94,8 millones en 2024. La flota de vehículos acompañó la curva: a la Amarok 2014 que ya tenía al ingresar al Estado se sumó en 2022 una Amarok Black Style V6 —la versión de alta gama— y en 2023 un Can-Am Maverick X3, un vehículo utilitario deportivo de importación.
El dato central, sin embargo, no está en lo que figura en las declaraciones, sino en lo que falta. En ninguna de las cinco DDJJ analizadas por Infobae aparece una tenencia significativa de dólares en efectivo. La última, correspondiente a su baja como funcionario del ORSNA a principios de 2024, consignó exactamente un centavo de dólar en efectivo. Semanas después de presentar esa declaración, la policía le secuestró más de 2,5 millones de dólares físicos distribuidos en dos domicilios de dos provincias distintas.
El perfil de Leal
Facundo Leal lleva casi dos décadas dentro del Estado nacional. Abogado mendocino, ingresó a la Administración de Aviación Civil y escaló posiciones dentro de ARSAT desde 2020. Llegó a la presidencia de la empresa en agosto de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con quien compartió actos públicos.
En el mapa del poder peronista, no fue un cuadro neutral. Fuentes políticas consultadas por este medio señalaron que su ascendencia se apoyó en el grupo de dirigentes que respondía al albertismo. Con ese respaldo tuvo poder suficiente para desplazar a un funcionario de rango ministerial que ocupaba un cargo en ARSAT, un episodio que derivó en el traslado de ese funcionario a otra área del gobierno nacional. También se le atribuye haber ganado, en su momento, una disputa interna con La Cámpora por el control de la empresa.
Esa transversalidad fue lo que le permitió continuar tras el cambio de gobierno. “Era el tipo que conocía los detalles de la administración de ARSAT, todos los negocios y había acumulado más enemigos que amistades”, explicó a este medio una fuente que trabajó en esos años. Cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023, Leal continuó al frente de ARSAT durante los primeros meses de transición, hasta que la nueva gestión designó a su propio equipo. En la Casa Rosada señalaron que su permanencia en esa dependencia tuvo más que ver con la ausencia de cuadros propios para ocupar lugares estratégicos del Estado.
Su vínculo con la gestión libertaria llegó por otra vía. Luis Pierrini, secretario de Transporte, era su amigo personal: ambos mendocinos, con años de relación. Pierrini llegó al gobierno de Milei a través de Juan Pazo, hombre clave en el entorno del ministro de Economía Luis Caputo, quien lo acercó a la estructura libertaria. Ya en la secretaría, Pierrini armó su equipo con colaboradores de confianza: llevó a Leal desde ARSAT para ponerlo al frente del ORSNA y colocó a Gerardo Boschin —el mismo funcionario que hoy figura como imputado en la causa de Mirabelli— en la presidencia de Trenes Argentinos.
Así, en junio de 2025, Leal fue designado presidente ad honorem del ORSNA mediante el Decreto 390 firmado por Milei y el ministro Caputo. No fue su primer cargo en el Estado bajo gestiones no peronistas: en total, Leal ejerció funciones durante casi dos años dentro de la administración libertaria. Fuentes del gobierno de Mauricio Macri consultadas por Infobae aclararon, sin embargo, que durante esa gestión —que tuvo a Rodrigo De Loredo y a Raúl Martínez al frente de ARSAT— Leal no ocupó roles de gerencia ni de administración en la empresa.
Cuando Pierrini dejó la secretaría en enero de 2026 —en medio de una polémica por el uso de una aeronave privada vinculada a Pablo Toviggino, de la AFA, para viajar a Barcelona—, Leal también dejó el cargo.
Fuentes con acceso a la causa consultadas por Infobae indicaron que la investigación corresponde a hechos ocurridos durante su gestión en el gobierno anterior y que su paso por el ORSNA no integra el expediente. Al momento de los allanamientos, Leal seguía figurando en la nómina de ARSAT como empleado de planta permanente.
El estado de la causa
La investigación tramita ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, bajo la conducción del juez Mirabelli y la fiscalía del doctor Domínguez. El secreto de sumario fue dispuesto tras la detención. Leal prestó declaración indagatoria.
La defensa de Leal, según fuentes al tanto de la investigación consultadas por Infobae, apunta a sostener que las drogas halladas correspondían a consumo personal y que no existen elementos que acrediten comercialización. El dinero es el flanco más difícil: deberá acreditar su origen y su titularidad. Una de las hipótesis que manejan sus allegados es la venta de propiedades. Las declaraciones juradas, sin embargo, no registran ninguna operación inmobiliaria que justifique esa magnitud de efectivo en moneda extranjera.
POLITICA
Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: comienza la última semana de producción de pruebas
Tras una semana de receso, el juicio oral por la tragedia del ARA San Juan retomará esta semana su actividad en los tribunales federales de Río Gallegos.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini escuchará a cuatro expertos de la Armada Argentina en la última semana de producción de prueba del proceso.
Los testigos convocados son el capitán de navío Arturo Marfort, los contralmirantes Gustavo Trama y Alejandro Kenny, y el capitán de navío Jorge Bergallo.
Marfort actuó como experto técnico en el Consejo General de Guerra y elaboró un informe sobre las posibles causas del hundimiento, la secuencia de eventos previos, los escenarios de pérdida de la nave y el estado de alistamiento del submarino al momento de su partida.
Por su parte, Trama, Kenny y Bergallo integraron la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa creada tras la tragedia y aportarán evaluaciones técnicas sobre la documentación reunida, las hipótesis analizadas y las probabilidades asignadas a cada escenario.
Las declaraciones de los expertos se realizarán el lunes y martes. El miércoles está prevista una ampliación de indagatoria, el jueves se celebrará la audiencia de familiares —donde los allegados de las 44 víctimas podrán expresar sus reflexiones y reclamos— y luego vendrán los alegatos finales.
En esta etapa final, la fiscalía expondrá el 22 de junio, las querellas el 23, la defensa de Villamide el 24, y las defensas de los restantes imputados a comienzos de julio. Las réplicas están fijadas para el 25 de junio, las últimas palabras el 8 de julio y el veredicto pendiente.
En la última jornada se comprobó que siete meses antes de la tragedia, la Armada Argentina ya contaba con un diagnóstico técnico preciso sobre distintas fallas de la nave.
El 30 de abril de 2017, el Consejo Asesor del Arma Submarina se reunió en Mar del Plata para evaluar el estado de la flota y las restricciones presupuestarias y técnicas que afectaban su sostenibilidad.
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El acta de esa reunión, incorporada al expediente judicial, expuso una serie de fallas y demoras en el mantenimiento que afectaban directamente al ARA San Juan.
Entre las averías mencionadas se encontraban inconvenientes en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio, fallas en sensores, ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y un tanque de baterías.
La causa
El juicio investiga la responsabilidad penal de cuatro exoficiales de la Armada: el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.
La acusación sostiene que, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017 no se adoptaron las medidas de seguridad previstas, como ordenar la navegación en superficie ni convocar de inmediato a especialistas.
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El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en una misión de patrullaje. El 15 de noviembre se produjo la falla crítica.
El submarino, con 44 tripulantes a bordo, desapareció y su casco resistente fue hallado un año después a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que sufrió una implosión. El juicio comenzó el 6 de marzo de este año y entra en su etapa final con estas últimas audiencias.
ARA San Juan, juicio, Río Gallegos
POLITICA
Autos y efectivo: investigan al expresidente de Trenes Argentinos del mileísmo, que habría recibido coimas con el gobierno anterior
Gerardo Boschin, presidente de Trenes Argentinos hasta enero y gerente de compras de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, es uno de los principales involucrados en el caso de corrupción en la empresa de los satélites que derivó en los allanamientos y la detención de Facundo Leal, el extitular de Arsat al que le descubrieron US$2,35 millones y drogas en sus propiedades.
Boschin figura actualmente como empleado de ambas empresas, tanto Arsat como Operadora Ferroviaria.
Según la investigación a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, Boschin fue el primero en recibir el contacto de los privados que resultaron beneficiados por un contrato de Arsat para proveer un depósito donde debía resguardarse material, arreglado presuntamente con coimas.
Boschin fue el que filtró el estado interno del expediente a los empresarios mientras el proceso administrativo avanzaba. También firmó las órdenes de compra. Y, según los mensajes recuperados de los teléfonos secuestrados, fue uno de los funcionarios a los que la firma contratada llevaba dinero en efectivo a las oficinas de Arsat.
La causa FSM1924/2024 se originó en el robo de equipos de la Red Federal de Fibra Óptica en el depósito de San Fernando de la firma Argentina Logistic Services S.A. —ALS—, contratada por ARSAT sin licitación para custodiar infraestructura de telecomunicaciones del Estado. A medida que los investigadores avanzaron sobre los teléfonos secuestrados, el expediente incorporó una línea de corrupción en la contratación que ubica a Boschin en el centro del esquema.
A lo largo de 2021, mientras el proceso administrativo de contratación avanzaba dentro de ARSAT, Boschin mantuvo comunicación con Diego Padilla (vicepresidente de ALS) sobre los pasos internos. El 6 de octubre de 2021, cuando el dictamen jurídico favorable todavía no había salido, Padilla le escribió: “Hola Gerardo, ¿cómo va? Me tienen con una pistola en la cabeza.” Boschin respondió con una foto de Santiago Pando (el presidente de ALS) en la gerencia de ARSAT y el mensaje: “a mi tb, tu representante no quiere cerrar nada.”
Días después, ante una nueva consulta de Padilla sobre el estado del expediente, Boschin respondió: “Si, me dijeron de legales que mañana me mandan el dictamen y sacamos la OC. Te confirmo mañana sin falta.” El 26 de octubre, cuando el dictamen jurídico ya estaba firmado, Padilla le escribió a su socio Fernando Paredes: “ya salió lo del depósito de ARSAT. No digas nada porque es off the record.”
El 4 de noviembre, con la firma del presidente de ARSAT en el expediente, Boschin le mandó un audio a Padilla: “oía hermano, buen día, cómo estás?, si, si avanzando, ya está en proceso de firmas, así que vamos nomas, ya firmo yo, firma Pagani, así que si todo anda bien entre mañana y el lunes te saco la orden de compra firmada.”
Las órdenes de compra
La firma de Boschin aparece en todas las órdenes de compra relevantes del expediente. Como subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT firmó, entre 2021 y 2024: la OC 00009392 por US$18.800 en fletes internacionales (enero 2021), la OC 00009443 por US$919 (febrero 2021), la OC 00010632 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (noviembre 2021), la OC 00010640 por $8.000.000 en alquiler de grúas (noviembre 2021), la OC 00010781 por $8.800.000 en transporte (diciembre 2021), la OC 00010869 por US$136.000 en carga y descarga (enero 2022), la OC 00011811 por $15.000.000 en transporte (julio 2022), la OC 00011843 por US$114.914 en servicio de depósito (agosto 2022), la OC 00012617 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (diciembre 2022) y la OC 00014610 por US$104.000 (diciembre 2023).
El 15 de noviembre de 2021, cinco días después de firmada la primera orden de compra por US$766.099, Boschin registró a su nombre una Volkswagen Highline, en el Registro Seccional 13016 de Mendoza.
El 26 de julio de 2023, Facundo Leal —que en ese momento ya era gerente general de ARSAT— le transfirió a Boschin la Volkswagen Amarok Extreme. La fiscalía cruzó esa transferencia con la cronología de las órdenes de compra.
Los pagos en efectivo
El 16 de mayo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla: “Hoy vamos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay.” El destinatario del efectivo identificado en el mensaje es Boschin.
En otro intercambio recuperado de los celulares, Padilla instruyó a los suyos para que sobredimensionaran los servicios contratados y generaran márgenes: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas. Más carga de las grandes. Que inventes.” La fiscalía interpreta esas instrucciones como el mecanismo para inflar el valor de las órdenes de compra y sostener el flujo de retornos.
Otro mensaje, de octubre de 2021, da cuenta de un pago anterior: “¿Te dio la otra carga de 100 lucas?» La respuesta de Padilla fue afirmativa: “Sippp”.
Boschin dejó la subgerencia de Compras de ARSAT y en 2024 asumió como presidente de Trenes Argentinos, la empresa estatal que gestiona los servicios ferroviarios de pasajeros, dentro de la estructura del gobierno de Javier Milei. Renunció en enero de 2025, en simultáneo con otros funcionarios del área de Transporte, cuando el secretario de ese entonces, Luis Pierrini, dejó el cargo. “La banda de los mendocinos”, les decían. Muchos impulsados por Pierrini, que adquirió un repentino poder de la mano de Leonardo Scatturice, el empresario cercano a Santiago Caputo.
Boschin fue allanado en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires, en dos de Mendoza y en uno de Nordelta. No fue detenido, aunque se secuestraron elementos de interés para la causa.
Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
Super-RIGI, ley de Lobby y pliegos judiciales: la agenda legislativa que impulsará el Gobierno esta semana
La Libertad Avanza cerró la semana pasada con una batería de proyectos enviados al Congreso: desde el super-RIGI, la ley de Lobby y la ley de Sociedades en Diputados —que busca desregular el régimen societario—, hasta los proyectos de Etiquetado Frontal y de Ludopatía en el Senado.
Todas son iniciativas que, en algunos casos, iniciarán sus debates en plenarios de comisiones, y otras aún no tienen definido su tratamiento. A la vez, en el Congreso se acumulan proyectos que no encuentran consensos, como la Reforma Electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, que contiene, entre otros puntos, la eliminación de las elecciones Primarias (PASO) y un capítulo de Ficha Limpia.
Los debates en Diputados
El proyecto de ley del super-RIGI es el punto más urgente en la discusión que encara esta semana el oficialismo. Por tal motivo, tres comisiones llevarán a cabo el próximo miércoles 3 de junio a las 15 el plenario. El mismo será encabezado por Bertie Benegas Lynch, titular de Presupuesto y Hacienda, junto al santacruceño José Luis Garrido, a cargo de Industria, y Martín Yeza (Pro), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El super-RIGI es un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. El proyecto apunta a atraer inversiones en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país, con beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, además de garantías de estabilidad a largo plazo. Está inspirado en el RIGI original creado por la Ley Bases.
En tanto, el debate por el proyecto de ley de Lobby se realizará también este miércoles, pero desde las 14, en la Sala 1 del Anexo. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, lideradas por el oficialismo, será de carácter informativo y se escuchará a diputados que tengan iniciativas sobre el tema. Los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio encabezarán esta reunión.
En el último tiempo presentaron proyectos en este sentido Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal). Ya con mandato cumplido, también impulsaron propuestas meses atrás Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer y Juan Manuel López.
El proyecto busca establecer reglas de transparencia sobre reuniones, audiencias y contactos entre funcionarios, legisladores, empresas, cámaras empresariales, organizaciones y otros actores que intervienen en la discusión de políticas públicas. El esquema toma como referencia regulaciones vigentes en Estados Unidos y la Unión Europea.
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La iniciativa apunta a registrar y hacer públicas las gestiones de intereses ante organismos del Estado, con el objetivo de evitar conflictos de intereses y ordenar la relación entre el sector privado, los intermediarios y los tomadores de decisión.
El objeto del proyecto, según su texto, es: “Establecer los requisitos y procedimientos que rigen las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas o procesos decisorios en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo Nacional, con el objeto de garantizar su publicidad, transparencia e integridad”.
Se crea un Registro Público de Gestores de Intereses, que deberá ser de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que realicen gestiones de intereses ante funcionarios o legisladores.
Sesión en el Senado
La Cámara de Senadores tiene prevista una sesión para el próximo jueves 4 de junio a las 11, con un temario que incluye el tratamiento de más de 70 pliegos de cargos, entre jueces y fiscales de la justicia federal; el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; y el Acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default que declaró Argentina en 2001 y mantienen litigio contra el país en los tribunales de Estados Unidos.
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Hay polémica por el listado de jueces que se pondrá en consideración del pleno durante la sesión. Por eso, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una comisión de Labor Parlamentaria —que nuclea a los jefes de bloque— para este miércoles, con el objetivo de ordenar el debate del día siguiente. De esa manera, buscan bajar las tensiones que se encendieron en la Cámara alta por los pliegos de magistrados que esperan la ratificación del Senado, como establece la Constitución Nacional.
En lo referido al tratamiento de proyectos en comisiones del Senado, el oficialismo buscará dictaminar la ley Hojarasca, ya con sanción de la Cámara de Diputados, en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, ambos de La Libertad Avanza.
En tanto, los proyectos enviados la semana pasada —como la derogación de la ley de Etiquetado Frontal y la ley de Ludopatía— aún no tienen fecha de inicio de tratamiento en la Cámara alta.
El impacto del Mundial
Pese a que el Mundial empezará a ganar intensidad con el correr de las jornadas, el Congreso inicia una semana intensa de actividad en la previa del torneo de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Los libertarios ya dejaron en claro que se trabajará durante las semanas que dure la competencia. Por eso, ya piensan en sesiones cortas, con pocos temas pero continuas, para la segunda y tercera semana de junio.
Es que, obligadamente, el debate del Acuerdo de Conciliación con los holdouts —que se tratará este jueves en el recinto del Senado— tiene como fecha límite de ratificación parlamentaria el próximo 30 de junio.
El presidente de Diputados, Martín Menem, y la jefa de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich, planean actividades durante gran parte de este mes de junio: recinto, comisiones y encuentros parlamentarios. La idea es mostrar actividad en el Congreso.
Nunca se paralizó la actividad legislativa por una Copa del Mundo, pero sí las autoridades de ambas cámaras miran el fixture del campeonato para no convocar sesiones o plenarios de comisiones durante partidos de la Selección argentina.
sesion, Senado, Diputados
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