POLITICA
El Gobierno evalúa citar a las provincias para explorar un nuevo pacto fiscal
CÓRDOBA.- El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que podría convocar a todos los mandatarios provinciales para acordar una rebaja de Ingresos Brutos y tasas municipales. Sería una suerte de nuevo consenso fiscal. El funcionario evalúa la convocatoria a instancias de un pedido de un gobernador aliado: Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos y excompañero de Caputo durante la gestión de Mauricio Macri.
La posibilidad de un acuerdo con las provincias se daría después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclame a la Nación una reforma tributaria integral, la que requeriría más de un esquema de coordinación amplio que de un pacto de difícil monitoreo. Los antecedentes de los últimos 30 años muestran que esos acuerdos son muy volátiles.
“Estamos hablando con algunos gobernadores para hacer esa convocatoria”, le respondió Caputo a hace una semana y sostuvo que la idea es avanzar durante este año con la reducción de tributos provinciales -en especial Ingresos Brutos- y municipales que, dijo, representan hoy uno de los principales componentes del “costo argentino”.
Desde inicios de los ’90, los pactos fiscales entre la Nación y las provincias han sido recurrentes. Funcionan, en muchos casos, como parches a la reforma de fondo que viene demorada desde 1994, cuando la nueva Constitución Nacional ordenó dictar una nueva ley de coparticipación. La normativa actual data de 1988; nació como transitoria en la presidencia de Raúl Alfonsín. En medio de una situación económica crítica, estableció porcentajes fijos de distribución de recursos entre la administración central y los estados subnacionales.
Con Carlos Menem en la presidencia y Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, los pactos aparecieron como una herramienta para que las provincias corrigieran sus desequilibrios fiscales y la Nación pudiera sostener el modelo de la convertibilidad.
En 1992, firmaron un acuerdo por el que los gobernadores aceptaron la retracción del 15% de la masa coparticipable para financiar Anses (impactado por la creación de las AFJP), asumían compromisos de disciplina fiscal y se comprometían a reformas administrativas y previsionales. A cambio, la Casa Rosada garantizaba un piso mínimo de transferencias mensuales, asistencia financiera en caso de desequilibrios, refinanciación de deudas provinciales y apoyo político para la gestión de créditos internacionales.
Ese acuerdo terminó convirtiéndose en uno de los puntos más conflictivos del federalismo argentino. Varias provincias fueron a la Justicia porque, desaparecidas las AFJP, la retención continuaba. En 2015, la Corte Suprema falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis y declaró inválida la continuidad de ese descuento sin un nuevo acuerdo federal.
Le siguió el Pacto Fiscal Federal de 1993 -firmado también bajo el menemismo- por el que las provincias asumían compromisos concretos como eliminar o reducir impuestos considerados “distorsivos” y modernizar la administración tributaria, privatizar bancos provinciales deficitarios, ajustar el gasto público, limitar el crecimiento del empleo estatal y avanzar en reformas previsionales. El enunciado es similar a lo que hoy todavía está pendiente.
A cambio, la Casa Rosada ofrecía compensaciones financieras, fondos especiales para cubrir déficits, avales para tomar créditos afuera y programas de asistencia técnica. El Gobierno nacional necesitaba resultados fiscales para mostrar al FMI y varios gobernadores no tuvieron otro camino que aceptar por su dependencia creciente de los giros nacionales.
Con Fernando de la Rúa en la presidencia y José Luis Machinea en Economía se sucedieron los compromisos fiscales de 1999 y 2000 que pedían déficit cero provincial, congelamiento del gasto público, reducción del déficit previsional, reformas impositivas locales y límites al endeudamiento. A cambio la Nación que, una vez más, negociaba recursos con el FMI, garantizaba refinanciación de deudas, compensaciones económicas y asistencia técnica. En medio de la crisis, las provincias emitieron cuasimonedas y los acuerdos quedaron en la nada.
Otra etapa
Con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003 comenzó un estilo diferente de relación con las provincias. La Nación concentró poder y, a partir de la entrega o negación de fondos, buscó disciplinar políticamente a los gobernadores. Crecieron las transferencias no automáticas, los recursos distribuidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.
En esos años, además, creció la presión tributaria nacional a partir de suba de impuestos, como las retenciones, que no son coparticipables. Cristina Kirchner terminó creando un “fondo sojero” para distribuir parte de esa recaudación con las provincias. Fue a finales de su gestión cuando la Corte Suprema de Justicia puso fin del descuento del 15% de la coparticipación para Anses. Fue Mauricio Macri, a semanas de asumir, quien debió cumplir con el fallo.
En 2017, con Frigerio como ministro del Interior, se firma un nuevo Consenso Fiscal. Hay especialistas que lo consideran el “más ambicioso” de los de la lista, mientras que para otros nació con problemas de diseño.
Las provincias debían reducir progresivamente durante cinco años, Ingresos Brutos, bajar impuestos de Sellos, eliminar tratamientos diferenciales, contener el gasto público, transparentar la información fiscal y frenar juicios contra la Nación. A cambio, la Rosada compensaba pérdidas de recaudación, devolvía gradualmente el 15% retenido para Anses, transfería fondos adicionales a Buenos Aires y refinanciaba deudas.
Macri intentaba generar previsibilidad fiscal y mostrar un esquema más “federal” de relación con los gobernadores. Como en algunas categorías de Ingresos Brutos la banda superior de alícuotas era más alta que las vigentes, hubo provincias que las subieron. La crisis cambiaria de 2018 alteró el contexto y el pacto se suspendió en 2019.
Alberto Fernández, después de asumir y en medio de la pandemia, directamente lo dejó sin efecto.
La relación de la administración de Javier Milei con los gobernadores es zigzagueante, con alianzas que se reeditan en función de las promesas en un contexto permanente de reclamo de obras y recursos por parte de las provincias.
podría convocar a todos los mandatarios provinciales,Gabriela Origlia,Conforme a,,Avanza la derecha. El Gobierno celebró el triunfo de De la Espriella en Colombia y se entusiasma con tener otro aliado en la región,,Análisis. El Gobierno adelanta el calendario electoral,,Billeteras virtuales. La investigación de $LIBRA se frena por la falta de recursos tecnológicos para seguir la ruta del dinero
Nueve gobernadores del Norte Grande volverán a encontrarse este martes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con un objetivo que trasciende la agenda formal del encuentro: intentar construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría que impulsa el gobierno de Javier Milei y avanzar en una propuesta que permita compensar a las provincias que enfrentan temperaturas extremas durante el verano.
La reunión se desarrollará desde las 10 de la mañana en la sede del CFI, en el barrio porteño de San Telmo, y reunirá a mandatarios de distintos signos políticos, con vínculos muy diferentes con la Casa Rosada. La discusión energética aparece como uno de los pocos temas capaces de alinear intereses entre gobernadores cercanos al oficialismo y otros enfrentados al Gobierno nacional.
Según pudo saber Infobae, la intención de los mandatarios es aprovechar el encuentro para delinear una estrategia regional común que les permita negociar en bloque durante el debate legislativo de la reforma de Zona Fría y, al mismo tiempo, plantear la necesidad de incorporar mecanismos compensatorios para las provincias del norte argentino.
La reforma que se discute en el Congreso
La discusión se produjo después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de subsidios al gas natural, una iniciativa que constituyó uno de los capítulos más relevantes de la política de reducción de subsidios energéticos que lleva adelante la administración libertaria.
El encuentro tendrá una particularidad política: sentará en una misma mesa a gobernadores que habitualmente se ubican en veredas opuestas frente a la Casa Rosada.
Entre los asistentes figuran el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el salteño Gustavo Sáenz, el santiagueño Elías Suárez, el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela, el misionero Hugo Passalacqua y el correntino Juan Pablo Valdés. Hasta este lunes por la tarde, la única ausencia que aparecía como probable era la del chaqueño Leandro Zdero.
La composición de la mesa refleja el carácter transversal del reclamo.
Jaldo, Jalil, Sadir y Zdero aparecen entre los gobernadores con mejor diálogo con el Gobierno nacional, y cuyos legisladores acompañaron varias de las principales iniciativas impulsadas por Javier Milei en el Congreso. Del otro lado se encuentran dirigentes como Insfrán y Quintela, que mantuvieron una relación de fuerte confrontación con la administración nacional y cuestionaron buena parte de sus políticas económicas y fiscales.
Pese a esas diferencias, la cuestión energética generó una agenda compartida.
Qué es la Zona Fría y qué cambió en 2021
La clave de la discusión está en el futuro del régimen de Zona Fría, un sistema creado para reducir las tarifas de gas en regiones donde las bajas temperaturas generan mayores necesidades de calefacción y elevan el consumo residencial.
El esquema otorga descuentos que oscilan entre el 30% y el 50% sobre la factura de gas natural y durante años estuvo concentrado principalmente en la Patagonia, la Puna y distintas zonas cordilleranas del país.
Sin embargo, en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, el Congreso aprobó una ampliación del régimen que incorporó nuevas provincias, departamentos y municipios. Esa modificación elevó el universo de beneficiarios desde alrededor de 850.000 usuarios a más de 4 millones de hogares distribuidos en gran parte del territorio nacional.
La ampliación incluyó 230 departamentos y más de 600 localidades, e incorporó amplias regiones de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja, entre otras jurisdicciones.
Desde su llegada a la Casa Rosada, el gobierno de Milei cuestionó esa expansión.
La administración nacional sostuvo que el régimen perdió su objetivo original y terminó transformándose en un subsidio generalizado financiado por todos los usuarios del sistema. Con ese argumento, promovió una reforma que busca excluir del beneficio a una parte importante de las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021.
Según los cálculos utilizados durante el debate legislativo, la modificación permitiría generar un ahorro fiscal de entre 200.000 y 460.000 millones de pesos anuales, dependiendo de la evolución de las tarifas y del consumo.
La iniciativa impacta sobre millones de usuarios y afecta particularmente a numerosas localidades que perderían descuentos que hoy forman parte de su estructura tarifaria.
La idea de una “Zona Caliente” para el Norte Grande
En ese contexto apareció una idea que comenzó a circular entre gobernadores y legisladores del Norte Grande: la posibilidad de impulsar algún mecanismo de compensación para las provincias que enfrentan temperaturas extremas durante el verano.
La propuesta todavía no tiene una formulación legislativa concreta, pero ya es conocida informalmente como “Zona Caliente”.
El planteo parte de una premisa. Mientras el régimen de Zona Fría reconoce los mayores costos energéticos derivados de las bajas temperaturas, las provincias del norte sostienen que enfrentan consumos extraordinarios durante varios meses al año debido a las olas de calor y al uso intensivo de sistemas de refrigeración.
Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca suelen registrar durante el verano temperaturas que superan ampliamente los 40 °C (104 °F) y demandan un elevado consumo eléctrico tanto en hogares como en actividades comerciales y productivas.
Para los gobernadores, esa situación justificó la discusión de algún esquema específico que contemple la realidad climática de la región.
La reunión del martes servirá para medir hasta dónde existe consenso interno para avanzar en esa dirección y para evaluar cuáles podrían ser los instrumentos más adecuados para negociar con el Gobierno nacional.
Formalmente, el encuentro fue convocado por el CFI para analizar los avances de la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, una iniciativa que las provincias desarrollan junto al organismo con el objetivo de construir una estrategia regional de largo plazo. El temario contempla la validación de los capítulos vinculados a logística y energía, además de avances en recursos hídricos, educación y trabajo e industrias culturales y creativas. También figura específicamente la situación del gas en las provincias del norte.
En los despachos provinciales, sin embargo, admiten que la discusión energética dominará buena parte de las conversaciones.
No se trata únicamente de una disputa por subsidios. También es una demostración de que los gobernadores del Norte Grande buscan recuperar capacidad de negociación colectiva en un contexto en el que la Casa Rosada concentra buena parte de las decisiones fiscales y presupuestarias.
La discusión sobre Zona Fría y una eventual “Zona Caliente” se convirtió así en una oportunidad para que mandatarios con intereses políticos muy distintos intenten actuar como bloque frente al Gobierno nacional.
Por eso, más allá de los documentos técnicos, los capítulos de logística o los proyectos de infraestructura regional, la verdadera incógnita de la reunión será si los gobernadores logran salir del CFI con una posición común. De conseguirlo, la negociación por la reforma de Zona Fría podría convertirse en uno de los próximos capítulos de la compleja relación entre las provincias y la administración de Javier Milei.
Si bien se esperaba para los primeros días de junio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todavía no presentó su declaración jurada y en Casa Rosada aclaran que aún no hay una fecha exacta. Sin embargo, cerca del ministro coordinador remarcaron que toda la documentación estará lista para antes del 15 de este mes.
Con la presentación, el Gobierno confía en que el funcionario podrá esclarecer su situación patrimonial y poner un punto final a estos últimos meses de desgaste atravesados por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, la fecha límite que estableció Adorni se superpone con el inicio del Mundial 2026 programado para el próximo jueves 11 de junio. Por la magnitud del evento, el Gobierno ve una oportunidad de encontrar un respiro en la agenda mediática mientras busca sostener la actividad legislativa en el Congreso.
Por otra parte, el jefe de Gabinete confirmó que, en agosto, volverá al Congreso a dar su informe de gestión.
Noticia que está siendo actualizada.-
Manuel Adorni, declaración jurada
POLITICA
“Súper RIGI”: la apuesta de Milei por la IA y el big data y por qué despierta sospechas en la oposición
El “Súper RIGI” que Javier Milei envió al Congreso apunta a atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina. El proyecto menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.
Son definiciones que alimentaron las sospechas de la oposición, que ve en el nuevo régimen un esquema pensado para grandes compañías tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial, procesamiento de datos y defensa. El foco de las críticas está puesto especialmente en el manejo de datos sensibles y los posibles usos de esas tecnologías.
Los movimientos alrededor del proyecto reforzaron esas interpretaciones. El texto ingresó a Diputados pocos días después de que Peter Thiel -fundador de Palantir, una de las compañías más influyentes del mundo en inteligencia artificial y análisis de datos para gobiernos y agencias de seguridad- visitara la Casa Rosada. Se reunió primero con Milei y el canciller, Pablo Quirno, y luego con el ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro, José Luis Daza, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
A eso se sumó el reciente anuncio oficial sobre la creación de un “Gemelo Digital Social”, una herramienta basada en simulaciones e inteligencia artificial para optimizar políticas públicas y prever escenarios sociales. Aunque el Ministerio de Capital Humano aseguró que el desarrollo se realizará “sin recurrir a contrataciones integrales de empresas” y que la tecnología “no pertenece a una corporación o individuo en particular”, la oposición ya impulsó pedidos de informes sobre eventuales vínculos privados, uso de datos personales y financiamiento del programa.
“El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía”, sostuvo el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi, tras anunciar un pedido de explicaciones al Gobierno.
En el Poder Ejecutivo rechazan esas lecturas. Sobre el “Súper RIGI” aseguran que el régimen no apunta a compañías específicas, sino a industrias inexistentes en el país. “¿Por qué pensaríamos en una empresa en particular, cuando podría ser cualquiera?”, responden en el oficialismo.
Pero la inquietud quedó expuesta incluso entre funcionarios y simpatizantes libertarios. Durante una emisión del programa Las tres anclas, del streaming Carajo, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) intentó precisar qué tipo de compañías podrían desembarcar con el nuevo régimen. “¿Anthropic? ¿Palantir? ¿Boeing?”, preguntó en referencia a empresas vinculadas a inteligencia artificial, big data y fabricación de aviones.
La consulta generó una secuencia incómoda entre Felipe Núñez, asesor económico del Ministerio de Economía; Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Martín Vauthier, director del Banco Central. Los funcionarios evitaron validar nombres concretos y respondieron con evasivas. “Es una pregunta muy micro, muy personal”, deslizó Furiase.
Tras un silencio que nadie supo ocultar, Núñez retomó la explicación con ejemplos generales. Mencionó la posibilidad de atraer inversiones en autos eléctricos y también en inteligencia artificial y datacenters. Allí apareció otro de los ejes del proyecto libertario: aprovechar la combinación entre Vaca Muerta, energía abundante y las bajas temperaturas del sur argentino para instalar grandes centros de servidores destinados al procesamiento de datos y sistemas de IA.
Otro proyecto se trabajó en paralelo y da cuenta de la prioridad que el Gobierno le otorga al tema. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, envió al Congreso una iniciativa que funcionará como el complemento jurídico del “Súper RIGI”: la creación de sociedades automatizadas de algoritmos. Se trata de un “tipo societario nuevo para empresas sin personas”, pensado para estructuras asociadas a inteligencia artificial.
“Distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización. Se regulan la ‘Sociedad Automatizada’, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las ‘DAO’, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”, escribió Sturzenegger en su cuenta de X.
La lógica acompaña el espíritu del nuevo régimen de inversiones. No se trata solo de atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, sino también de adaptar el marco legal para permitir su desembarco y funcionamiento.
Los beneficios del “Súper RIGI”
El “Súper RIGI” ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios considerablemente más amplios que los previstos en el RIGI aprobado el año pasado dentro de la Ley Bases.
Expone, así, una de las tensiones del modelo libertario: mientras Milei reivindica un Estado mínimo, la propuesta oficial diseña un esquema robusto de garantías jurídicas, aduaneras, cambiarias y protección regulatoria para grandes capitales.
Es que el régimen contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto incluso establece que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos internacionales ante modificaciones regulatorias futuras.
El esquema también limita la capacidad de provincias y municipios para imponer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos. Y, aunque obliga a presentar permisos y habilitaciones, no incorpora metas ambientales ni estándares de protección ecológica para las inversiones alcanzadas, algo que también enciende las alarmas de la oposición.
Detrás del proyecto aparece además una visión geopolítica más amplia sobre el lugar que podría ocupar la Argentina en la nueva economía global. El economista liberal Federico Domínguez sostuvo que las tensiones internacionales están empujando inversiones en inteligencia artificial, robótica, defensa, energía e infraestructura estratégica. Según planteó, el país reúne varias de las condiciones que demanda esa transformación: energía, minerales críticos como litio, cobre y uranio, alimentos, talento tecnológico y posición estratégica sobre el Atlántico Sur.
La lectura fue celebrada públicamente por Santiago Caputo, el asesor presidencial y artífice del discurso oficial. “Acá está definido el proyecto nacional argentino de los próximos 20 años. La política lo único que tiene que hacer es no estorbar”, escribió en X.
En la misma línea, Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, afirmó que “reactivar la minería de uranio es una prioridad de este gobierno” y sostuvo que la Argentina tiene “reservas, conocimiento y condiciones macroeconómicas” para insertarse en la cadena global de suministro estratégico.
pic.twitter.com/IOmoWjz7tM,May 7, 2026,pic.twitter.com/j6TXMtVG0A,May 27, 2026,más amplios,https://t.co/kkEAOFPtt4,May 26, 2026,pic.twitter.com/QlgOYCXsqg,May 27, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Los principales puntos. El Gobierno impulsa una nueva ley de sociedades y la envía al Congreso,,La aristocracia vial,,Niños sin defensor
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