POLITICA
Un robo de fibra óptica destapó la corrupción y expuso a un funcionario con miles de dosis de drogas
Todo empezó como un robo en un depósito de fibra óptica de Arsat, la empresa nacional de telecomunicaciones, pero a medida que la investigación avanzó, afloraron pruebas que complican a funcionarios en delitos de corrupción.
El robo fue raro. Requirió un gran despliegue y varios días de trabajo, según declaró un especialista en la causa. Las cámaras de seguridad que debían custodiar el predio no funcionaban. Escuchas judiciales afianzaron luego la hipótesis de que el depósito robado habría sido adjudicado con una licitación irregular. Los investigadores sospechan que a cambio de sobornos.
El principal acusado es Facundo Leal, expresidente de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, reconvertido en funcionario del gobierno de Javier Milei como titular del Orsna, el organismo que controla el sistema de aeropuertos nacionales. Leal es el protagonista del último giro de esta trama y el más llamativo: los investigadores le encontraron más de 2 millones de dólares en efectivo y una cantidad de drogas equivalentes a miles de dosis recreativas.
El 4 de enero de 2024, empleados de Arsat descubrieron que en 15 contenedores que estaban en un depósito en San Fernando faltaban flejes de cobre y componentes internos de equipos de fibra óptica que se usan para llevar internet de alta velocidad a todo el país. No fue un robo sencillo: Marcelo Garozzo, del área de Infraestructura de Arsat, declaró que un asalto semejante requirió escaleras, herramientas especiales y varios días de trabajo durante el horario diurno.
El depósito era operado por la firma Argentina Logistic Services SA. Las cámaras de seguridad no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.
La denuncia del robo quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y en la fiscalía de Fernando Domínguez.
A medida que el caso fue avanzando, se amplió la investigación porque aparecieron indicios de corrupción en la contratación de la empresa de logística que custodiaba el predio. Se analizaron comunicaciones y la semana pasada se ordenaron más de una decena de allanamientos. Incluyeron inmuebles de Leal en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza.
Lo que encontraron los investigadores abrió un tercer capítulo del caso: en lo de Leal había más de 2,4 millones de dólares, monedas de otros países -algunas exóticas, como chelines tanzanos- y una importante cantidad de drogas.
Leal es un mendocino que desembarcó en Arsat hace 20 años, cuando se creó el organismo. Llegó junto con el primer presidente, Rodolfo Gabrielli, un peronista que había sido gobernador de Mendoza. Entre 2022 y 2024, durante el gobierno de Alberto Fernández, Leal presidió Arsat.
En 2025, el gobierno de Milei lo puso al frente del Orsna, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, un cargo que otorga mucho poder y que ejerció hasta enero de este año. Siempre siguió siendo, en paralelo, empleado de planta permanente de Arsat.
Leal renunció al gobierno de Milei en enero, junto con Luis Pierrini, otro mendocino que era hasta entonces el secretario de Transporte de la Nación. Los dos habrían sido “invitados” a dejar el Gobierno por haber viajado a Barcelona en un avión privado ligado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Carlos Pagni informó que se trató del mismo avión que trajo al gendarme Nahuel Gallo de Venezuela a la Argentina.
No está claro todavía qué apoyos políticos les permitieron a Leal y a Pierrini ascender a cargos tan relevantes en esta gestión, pero se trata de funcionarios que tejieron toda clase de lazos. Pierrini, conocido en Mendoza como un hombre de muy buen pasar económico, secunda al empresario Daniel Vila en el club Independiente Rivadavia, de Mendoza. También se le adjudica una relación con Leonardo Scatturice, un hombre de negocios muy cercano a Santiago Caputo, con un pasado en el espionaje y una muy diversificada cartera de inversiones.
En el departamento de Leal del barrio de Palermo se encontraron más de US$670.000 en una caja fuerte. Pero lo más llamativo es que además se hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, es decir, drogas sintéticas, y 14 gramos de clorhidrato de cocaína. Según reportes de organismos especializados, los 128 gramos de ketamina equivalen a entre unas 1700 y 4300 dosis recreativas moderadas. Según declaró Leal en los tribunales, era para consumo personal.
Entre los elementos hallados también había 15 cucharas presuntamente utilizadas para consumo, un vaper con aceite de cannabis y 15 bolsas tipo Ziploc.
En la casa de Leal de Palermo también fueron secuestrados 165 euros, $2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6258 reales, 3040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos y 2000 chelines tanzanos.
Pero la mayor cantidad de dinero se secuestró en el domicilio de Leal de Mendoza, que también fue allanado: allí había cerca de US$1.700.000.
En un primer momento, el caso se limitaba a la investigación de un robo de material sensible de Arsat, pero las características de ese hecho desataron la sospecha de un presunto pago de coimas. La sospecha es que los funcionarios de Arsat que debían controlar al proveedor eran, en paralelo, sus beneficiarios. La firma Argentina Logistic Services (ALS) y 10 personas están bajo investigación. El fiscal pidió las primeras indagatorias por una serie de delitos que incluyen, además de cohecho, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública.
Además, se abrió una investigación específica por las drogas encontradas en lo de Leal, que la semana pasada ya declaró en indagatoria -exclusivamente por los estupefacientes- y dijo que no comercializaba sustancias sino que las consumía.
El otro ex alto directivo de Arsat acusado en la misma investigación es Gerardo Boschin, que fue gerente de compras del organismo durante la gestión de Alberto Fernández y que, como Leal, obtuvo un cargo importante en el gobierno de Milei, que lo nombró presidente de Trenes Argentinos, puesto que ocupó hasta enero pasado. Como Leal, nunca dejó de ser empleado de planta permanente de Arsat.
Boschin fue determinante en la contratación del depósito donde se guardaba la fibra óptica robada a Arsat. De acuerdo con las comunicaciones analizadas en la causa, él les filtraba el estado interno del expediente a los empresarios que supuestamente concursaban mientras el proceso administrativo estaba en marcha. Mensajes recuperados de los teléfonos secuestrados aluden a dinero en efectivo que Boschin habría recibido en las oficinas de Arsat de parte de empresarios beneficiados por sus gestiones. Boschin renunció a Trenes Argentinos en enero, junto con Pierrini y Leal.
El juez debe decidir ahora si hace lugar a los pedidos de indagatorias que presentó la fiscalía. El viernes pasado dispuso el secreto del sumario. Mientras tanto, se siguen analizando los documentos, teléfonos y computadoras secuestrados.
Resta definir además qué destino tendrá la parte del caso que investiga la droga encontrada en lo de Leal. Todo indica que esa parte de la investigación se desprenderá del resto del caso y será enviada a los tribunales federales de Comodoro Py porque fue en la ciudad de Buenos Aires donde se produjo en hallazgo.
POLITICA
Senado: Patricia Bullrich se desmarca del Gobierno y se niega a votar el retiro del pliego de Michelli
La jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich (Capital), anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” y que votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata cuya postulación Javier Milei impugna por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en la red social X, despegándose de la decisión del Gobierno, que el martes de la semana pasada pidió el retiro del pliego que nomina a Michelli como vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, agregó la senadora en su posteo en la red social.
La postura de Bullrich amenaza con abrir una crisis en el oficialismo, ya que es un un hecho inédito que una jefa de bloque parlamentario anuncie públicamente que votará en contra de la orden emanada por el Gobierno que la puso al frente de la bancada oficialista.
Mucho más cuando la orden de vetar a Michelli fue dictada por la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei.
Esta no es la primera vez que Bullrich se pone en contra de los intereses políticos de Karina Milei. Hace menos de un mes tuvo un fuerte cortocircuito con la jefa de La Libertad Avanza al pedirle, de manera pública, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presentara “cuanto antes” su declaración jurada de bienes para terminar con la polémica en torno al patrimonio del funcionario.
“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión”, agregó Bullrich en su pronunciamiento en la red social X.
En prevención de las críticas que podría recibir, la jefa de la bancada oficialista en el Senado sostuvo que “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio” y que sigue “empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”.
“Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, concluyó la senadora.
La postura de Bullrich podría acelerar los tiempos en el Senado, sobre todo porque la nominación de Michelli cuenta con las firmas necesarias para obtener dictamen, pero el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), se niega a presentar el documento.
La objeción que le podría costar la postulación de Michelli, y que había firmado el propio Milei a mediados de marzo último, es ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones.
Esa postura de Pagotto va en contra de todas las normas reglamentarias y de la voluntad de los legisladores que le dieron su visto bueno a la candidata.
Pagotto es riojano y llegó al Senado en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
El legislador tiene línea directa con Karina Milei, que fue quien pidió nombrarlo al frente de Acuerdos, y se suele jactar en privado de tener libertad de acción para desmarcarse de las órdenes de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.
Hasta ahora, el enojo de los senadores por la no presentación del dictamen se mantiene en privado. El miércoles, a las 11, está prevista una reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidirá el temario de la sesión del próximo jueves.
En esa sesión debería votarse el retiro del pliego de Michelli pedido por el Poder Ejecutivo. La postura de Bullrich abre un fuerte interrogante sobre si el Poder Ejecutivo tendrá la mayoría para terminar de vetar la posturlación de la candidata.
La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la hermana presidencial, y del jefe del Estado, Javier Milei.
Preocupación de los abogados
Más temprano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Poder Ejecutivo Nacional para retirar del Senado el pliego de Michelli, candidateada originalmente para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
El pliego de Michelli fue enviado al Senado por el Ministerio de Justicia, pero el Gobierno decidió bloquearlo cuando advirtió que Michelli es cuñada del periodista Alconada Mon, que investigó y publicó casos de corrupción ligados a la administración mileísta.
Los abogados del Colegio de la Ciudad dijeron que el pliego ya tendría dictamen favorable de la comisión correspondiente del Senado. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas”, destacaron los letrados.
June 1, 2026,caso $LIBRA,patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni,Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Crisis en la obra social de Camioneros: hay recortes en remedios y empresas de la esposa de Moyano en la mira
La obra social de Camioneros dejó de aplicar descuentos en medicamentos incluso para tratamientos crónicos, según las quejas de los afiliados, en un cuadro de deterioro creciente de la entidad que se suma a una deuda con prestadores de al menos $32.400 millones y a pedidos formales de intervención ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por presuntas irregularidades y fallas en la atención.
Esa solicitud la hizo en abril pasado la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), a raíz de que la obra social atiende a 190 mil afiliados y arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias prestacionales. En su presentación, sostuvo que la deuda en las seccionales del interior ascendía a $32.400 millones a febrero de 2026 y que, si se computa la provincia de Buenos Aires, llegaría a $60.000 millones.
Sin embargo, la SSS nunca le dio una respuesta oficial a Ocaña sobre su pedido, algo que la ex ministra de Salud atribuyó a cuestiones políticas: “Es que para el Gobierno la casta sindical no se toca”, sostuvo.
Ahora, la legisladora porteña anticipó a Infobae que pedirá a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre las 6 empresas de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, una de las cuales se encarga del gerenciamiento de la obra social, porque “nada de su patrimonio se vio afectado, mientras que las prestaciones médicas hoy son casi nulas”.
La profunda crisis del sistema de salud de Camioneros se va agravando pese a que todos los meses recibe una multimillonaria suma de dinero de las cámaras empresariales pactada en las paritarias como contribución para la obra social: desde marzo pasado, al sindicato le llegan mensualmente 4750 millones de pesos, ya que recibe $25 mil por trabajador cada 30 días en un universo de 190 mil afiliados.
Pese a eso, según el diario Clarín, hace dos semanas varias farmacias dejaron de vender con descuento a afiliados de la obra social de Camioneros por deudas impagas. La última alternativa era Farma Social, en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, a 200 metros de la sede sindical de Hugo Moyano, pero en los últimos días también dejó de entregar productos con cobertura.
A quienes se acercaron con recetas para comprar medicamentos, sondas, leches medicamentosas para bebés y pañales, les informaron que no había stock. La opción que les ofrecieron, de acuerdo con el diario, fue pagar el 100% del valor y luego solicitar reintegro, una salida que muchos afiliados dijeron no poder afrontar.
“Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. No sé qué quieren que hagamos. Pasaron un límite, es la medicación de los chicos”, dijo un afiliado que pidió reserva de identidad a Clarín. Ese trabajador contó que cobra alrededor de $2 millones con horas extra y que le descuentan unos $30.000 de mutual, $60.000 de obra social y $70.000 de cuota sindical.
Otro trabajador, que gana $1,5 millón, relató que en la farmacia le dijeron que no tenían lo recetado “porque la droguería no les entregó, pero la droguería no les entrega porque la obra social no les paga”.
Los descuentos para los afiliados variaban según la rama del gremio y si además aportaban a la mutual sindical. La cobertura iba del 50% en medicamentos, por la suma del 40% fijado por el Programa Médico Obligatorio y un 10% adicional para quienes tributaban a la mutual, hasta el 90% para afiliados de la rama recolección de residuos que también aportaban a esa entidad.
La situación actual implica que afiliados que antes accedían a esos porcentajes ya no consiguen los remedios con rebaja en las farmacias que seguían atendiendo a la obra social. Según Clarín, los reclamos de afiliados aparecen en la página web del gremio, aunque luego son borrados por el administrador del sitio.
En mayo pasado, Hugo Moyano convocó de urgencia a un plenario sindical para analizar la crisis de la obra social y allí defendió su gestión y atribuyó las críticas sobre el manejo de la salud de los afiliados a “mentiras y estupideces” de los medios. “Cuando veo algunas críticas, pienso en los problemas que sufrimos en la economía argentina y en cómo seguimos administrando. Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99% son mentiras. Son cosas que inventan para perjudicar a los dirigentes”, señaló.
El deterioro financiero de la obra social de Camioneros no es nuevo. A fines del año pasado, no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, y eso derivó en protestas.
Esas medidas de fuerza se registraron en clínicas de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y en el Sanatorio Antártida, en el barrio porteño de Caballito. En el caso del Sanatorio 15 de Diciembre III, ubicado en Laprida 4211, en Villa Martelli, los empleados arrastraban un retraso prolongado en el cobro de salarios, mientras que en otras clínicas se había abonado la mitad del sueldo.
La crisis de la obra social de Camioneros lleva al menos cuatro años y el déficit financiero fue el detonante de una pelea entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano.
Moyano controla dos obras sociales, una corresponde a la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y otra a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende al resto del país. Según un informe contable oficial, esta última adeudaba a sus prestadores $26.617 millones a agosto pasado y en febrero de 2026 la deuda acumulada era de $32.400.693,39.
En ese contexto, también circulan versiones sobre la venta del Sanatorio Antártida y sobre una posible operación inmobiliaria para desprenderse de un predio de 10 hectáreas en Escobar perteneciente a la mutual, como parte de una búsqueda urgente de liquidez.
Liliana Zulet es apuntada en el conflicto porque es la dueña de IARAI, la empresa que gerencia OSCHOCA. Ella es la fundadora de esa compañía y Valeria Salerno, hija de un matrimonio anterior de Zulet, integra el directorio.
En su presentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, Ocaña afirmó que OSCHOCA debería ser “un modelo de prestaciones para la Argentina”, pero describió otro cuadro: “Obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de ‘caja chica’ que de chica no tienen nada para Hugo Moyano”.
La legisladora porteña recordó denuncias iniciadas en 2006 y actuaciones judiciales sobre un presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas al entorno familiar de Moyano, en especial IARAI S.A. También citó que la Unidad de Información Financiera denunció en 2013 maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y firmas como IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., y vinculó esas operaciones con la supuesta sustracción de más de $570 millones.
La presentación de Ocaña añadió que los subsidios del sistema de salud recibidos por OSCHOCA crecieron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016, sin que la situación financiera mejorara. Entre los balances de 2017 y 2022, la obra social registró capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo en negativo, mientras la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.
La legisladora de Confianza Pública fundamentó el pedido de intervención en el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que faculta a la autoridad sanitaria a intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional.
POLITICA
La Corte difunde su plataforma para subastas por internet de los bienes decomisados a condenados
La Corte Suprema de Justicia difundió hoy su plataforma digital de subastas online de bienes decomisados a delincuentes. La comunicación se dio en coincidencia con una próxima ejecución de las propiedades de Cristina Kirchner para hacer frente al decomiso de 640 millones de dólares en la causa Vialidad por la que fue condenada.
La comunicación explica que los interesados en participar de las subastas online del Poder Judicial deben empadronarse.
Aún no hay fecha para el remate por internet de los bienes de la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia. Son 111 en esta ocasión. La última decisión fue de la Cámara de Casación Penal que la semana pasada rechazó el recurso extraordinario de Cristina Kirchner para oponerse a ese remate. El fallo fue de los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.
El rechazo del recurso extraordinario hace ejecutable la sentencia por parte de la oficina de subastas, aunque la expresidenta aún pueda acudir mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.
La plataforma online de remates de la Corte fue creada para desactivar la famosa “liga de rematadores”, una organización que direccionaba subastas judiciales para favorecer a unos pocos elegidos a cambio de sumas de dinero. Ahora la plataforma digital tiene más de mil personas empadronadas en todo el país y ya se tramitaron más de 300 subastas.
A tres meses de la puesta en funcionamiento del sistema de subastas electrónicas judiciales, fueron rematados 20 inmuebles y 29 vehículos, informó la Corte. El portal, puesto en línea por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se basó en la acordada 15/25. El mecanismo hace más accesible este proceso, garantiza el anonimato de los postores y facilita la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.
Ya hay inscriptas 1078 personas en el padrón de personas dispuestas a pujar, pero esta cifra crece todos los meses. De ellas, 705, de 19 provincias y la ciudad de Buenos Aires, permanecen como usuarios activos. El total de subastas tramitadas por esta vía en los últimos tres meses fue de 301, correspondientes a 186 expedientes.
Asimismo, la cantidad de subastas con fechas otorgadas fue incrementando durante los últimos meses: mientras que entre marzo y mayo promediaron 48, para junio ya ascienden a 76, con una proyección de seis por día. La iniciativa se enmarca en la búsqueda de mejorar y agilizar la realización de los bienes cuya venta haya sido dispuesta por la autoridad judicial.
Estos bienes llegan al sitio Subastas Electrónicas Judiciales luego de dictada la orden por parte de los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires que utilizan el procedimiento de subastas electrónicas reglamentado el año pasado por el tribunal.
Los interesados no deben concurrir físicamente al remate; se amplía la difusión, se evita el traslado de dinero y las “manipulaciones” impropias de los compradores. La plataforma digital, asimismo, posibilita la celebración de las subastas de manera simultánea y continua. Entre marzo, abril y mayo se pujó por lotes, departamentos, casas, vehículos, mobiliario, equipamiento, marcas y acciones.
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