El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) consolidó una masa de capitales clave para el mediano y largo plazo en la Argentina, y así lo refleja un relevamiento de la consultora Paspartú que determinó que el esquema oficial computa un total global de u$s94.922 millones entre las iniciativas que ya obtuvieron el visto bueno gubernamental y aquellas que aguardan en los despachos bajo análisis técnico.

El reporte sectorial identificó que del universo que superó los filtros regulatorios, la minería acapara el 51% de las asignaciones, seguida de cerca por el segmento del petróleo y el gas con un 42%. El margen restante se distribuye de manera decreciente entre proyectos de energía con el 3%, siderurgia con el 2% e infraestructura con idéntica proporción.

A la fecha, el Ministerio de Economía dictó la aprobación de 15 proyectos de Vehículos de Proyecto Único (VPU), mientras que desestimó una sola postulación. El bloque de inversiones autorizadas contempla un desembolso inicial de u$s6.860 millones para los primeros dos años, una obligación mínima en activos computables de u$s13.970 millones con plazo extendido hasta 2035 y un volumen total proyectado que escala a los u$s19.557 millones.

El escenario inversor proyecta un dinamismo adicional a partir de la reciente instrumentación del denominado Súper RIGI. Con una exigencia de inversión mínima de u$s1.000 millones en activos computables y la obligación de desembolsar el 20% de ese monto durante los primeros dos años, el esquema apunta a viabilizar proyectos de vanguardia global que van desde la industrialización del litio y la producción de hidrógeno verde, hasta la instalación de reactores nucleares modulares (SMR) y plantas petroquímicas.

RIGI: para el Gobierno lo mejor está por venir 

En una instancia posterior de evaluación técnica se localizan 21 proyectos en trámite, cuyas inversiones anunciadas trepan a u$s75.365 millones. La geografía de estos capitales en espera exhibe una fuerte impronta federal con epicentro en la provincia de Neuquén, que concentra el 41,6% de las intenciones de desembolso, traccionada por el yacimiento Vaca Muerta, secundada por San Juan con el 28,5% mediante megaemprendimientos de cobre.

El mapa de los fondos bajo análisis oficial se complementa con la participación de Salta, que absorbe el 10,8% del dinero en trámite, Río Negro con el 10,4% y Catamarca con el 6,4%. En escalones inferiores aparecen Jujuy con el 1,6%, Buenos Aires con el 0,4% y La Pampa con el 0,1%, lo cual evidencia el sesgo netamente cordillerano y extractivo del interés corporativo internacional.

La procedencia del capital para los desarrollos vigentes demuestra un fuerte protagonismo de firmas originarias de Europa, Canadá, Australia y China. En contrapartida, el informe de la consultora Paspartú remarcó que las corporaciones de Estados Unidos poseen apenas una participación marginal en el entramado vigente, al figurar como accionistas minoritarios en solamente dos de los Vehículos de Proyecto Único que consiguieron luz verde institucional.

Entre los planes de inversión más significativos que se encuentran en el listado de aprobados destaca el tramo rionegrino del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que prevé un desembolso total de u$s2.720 millones. En la misma provincia, el proyecto de licuefacción de gas natural flotante (FLNG) registra un presupuesto global de u$s6.878 millones, lo que convierte a esa zona costera en un nodo exportador estratégico para el mercado de hidrocarburos.

Megadesarrollos bajo la lupa oficial

Los proyectos con RIGI en trámite

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Algunos proyectos presentados llaman la atención por la magnitud de las inversiones previstas, de los cuales el más emblemático de este grupo es el megadesarrollo de upstream «LLL OIL» presentado por YPF para la formación Vaca Muerta, una ambiciosa apuesta de desarrollo masivo que contempla desembolsos por u$s25.000 millones que permitirá dar el impulso a las metas exportadoras de crudo.  

En sintonía con la reconversión de los bloques productivos, Pan American Energy (PAE) sacudió el tablero con una primera postulación para el segmento convencional. La operadora busca estructurar un programa de inversiones de más de u$s680 millones orientado a la optimización de recursos maduros a través de técnicas de recuperación terciaria que apuntan a extender la vida útil y revertir el declive técnico de sus principales activos en Chubut.

La capilaridad del RIGI también alcanza a jugadores independientes enfocados en consolidar su posicionamiento estratégico en la ventana del shale. La colombiana GeoPark mantiene bajo revisión una propuesta para los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste que asciende a los u$s1.000 millones, mediante un esquema de inversión que busca acelerar la delimitación y el desarrollo de infraestructura de evacuación temprana.

Por su parte, Pampa Energía tracciona un ambicioso pipeline corporativo que acumula compromisos globales por aproximadamente u$s10.000 millones entre sus diferentes unidades de negocio. Este portafolio diversificado incluye una planta de separación de líquidos del gas natural, la producción masiva de petróleo a través del área Rincón de Aranda y la construcción de una planta de producción de urea granulada en Bahía Blanca.

La minería metalifera también asoma

Por el lado de la minería metalífera con aval formal, la provincia de San Juan encabeza la nómina mediante el Proyecto Los Azules, orientado a la extracción de cobre, con una inversión total calculada en u$s2.672 millones. En paralelo, Salta se posiciona firmemente en la carrera del litio con el Proyecto Rincón, una iniciativa que compromete fondos por u$s2.744 millones para la construcción de su planta de procesamiento.

El análisis crítico de la consultora Paspartú advirtió sobre ciertos márgenes de opacidad regulatoria en la implementación cotidiana del régimen, debido a que el Estado no dispone de un repositorio centralizado que unifique, ordene y publicite los datos consolidados. Esta falencia técnica debilita los estándares de acceso a la información pública, un aspecto sensible considerando que se otorgan amplias exenciones fiscales por un período de 30 años.

Asimismo, el informe técnico planteó reparos respecto de la ampliación del RIGI al upstream petrolero en la cuenca neuquina. Los analistas sectoriales advirtieron sobre el riesgo fiscal de otorgar beneficios extraordinarios a proyectos de producción en Vaca Muerta que poseían rentabilidad garantizada antes de la ley, puesto que la vaguedad en los límites para áreas con desarrollo previo deja un margen de discrecionalidad en la autoridad de aplicación.

El horizonte de los próximos catorce meses estará marcado por una aceleración en las presentaciones corporativas debido a la prórroga anual del plazo de adhesión extendido hasta el 8 de julio de 2027. Las compañías buscarán adecuar sus estructuras jurídicas para capturar la estabilidad fiscal, mientras la petrolera estatal YPF lidera la tracción de los planes de mayor envergadura como el megaproyecto de shale oil denominado LLL OIL por u$s25.000 millones.

Bioceres Crop Solutions denunció una presunta estafa por USD 12 millones que involucra a su exdirectiva Gloria Montarón Estrada.

Según la presentación hecha ante la justicia de Santa Fe el miércoles pasado, Montarón Estrada habría transferido 5,3 millones de acciones de la empresa, lo que habría causado un perjuicio económico para Bioceres y, de manera indirecta, para sus accionistas y acreedores.

La denuncia ubica los hechos en octubre de 2025. Allí se detalla que la operación se realizó a través de una carta de indemnidad, mediante la cual se evitó el trámite habitual de certificación de firmas y se liberó de responsabilidad a la entidad que custodiaba las acciones. Todo el proceso, según comentaron fuentes cercanas al caso a Infobae, fue gestionado por Montarón Estrada, quien en ese momento ya no era parte de Bioceres, sino que presidía el directorio y encabezaba el área legal de Moolec, la holding que controlaba toda la operación.

De acuerdo al escrito judicial, la carta presentada incluía una firma falsa atribuida a Federico Trucco, CEO de Bioceres. Trucco declaró que nunca firmó ese documento ni autorizó a nadie a hacerlo en su nombre. La denuncia sostiene que Montarón Estrada habría aprovechado su relación previa con la empresa para ejecutar la maniobra.

La operación culminó con la transferencia de las acciones a una firma vinculada al ecosistema de Moolec Science, lo que generó una pérdida para Bioceres Crop Solutions, que fue uno los apéndices de la empresa que cotiza en Wall Street (BIOX) y hoy funciona de manera separada, y sus accionistas. Voceros de los fundadores y exdirectores de Bioceres S.A. afirman que los nuevos accionistas, entre ellos el empresario uruguayo, Juan Sartori, no estaban al tanto de la maniobra y señalan a Montarón Estrada como principal responsable.

En el centro del conflicto, marcado por denuncias cruzadas y graves acusaciones económicas, están Federico Trucco, CEO y fundador de la compañía, y Juan Sartori, empresario uruguayo, exsenador y exprecandidato presidencial, quien ingresó como accionista en 2025.

El enfrentamiento entre Trucco y Sartori atraviesa el presente de Bioceres y explica el trasfondo de la crisis. En los últimos años, la compañía biotecnológica, que alguna vez fue señalada como potencial unicornio argentino, quedó envuelta en una profunda crisis financiera y societaria. El conflicto se agudizó luego del ingreso de Sartori como accionista tras la convocatoria de Trucco.

La relación se deterioró rápidamente y derivó en una “guerra de comunicados” y denuncias cruzadas. La nueva conducción, encabezada por Sartori, responsabilizó a Trucco y a la gestión anterior por el deterioro patrimonial y la caída del valor de la empresa. De hecho, atribuyó el colapso financiero a decisiones tomadas bajo la conducción centralizada de Trucco, incluyendo la emisión de pagarés bursátiles, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones de deuda. Alegaron que estas maniobras terminaron por agravar la exposición financiera del grupo y precipitaron el pedido de quiebra de Bioceres S.A., presentado como una “medida necesaria” ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones exigibles.

Por su parte, allegados a Trucco rechazan la versión de la nueva conducción y acusan a Sartori de haber impulsado el default de pagarés y una estrategia hostil con los acreedores. Según fuentes cercanas al ex CEO, Sartori intentó desplazarlo del control de BIOX con una oferta hostil que no prosperó, y luego avanzó con la venta de acciones a pérdida, lo que habría generado una pérdida adicional de unos USD 20 millones. Además, señalan que la quiebra de Bioceres S.A., decretada el pasado 3 de marzo por la justicia santafesina, fue utilizada como herramienta de presión societaria en medio del proceso judicial.

El conflicto escaló en los últimos meses, en paralelo a la caída del valor de las acciones de BIOX en el Nasdaq, que pasaron de USD 7 a menos de USD 1 desde el ingreso de Sartori. Hoy la acción cotiza a USD 0,49, uno de los valores mas altos del papel de BIOX en todo mayo, aunque tuvo picos de USD 0,54. En este escenario, la empresa se encuentra dividida entre quienes responden a Trucco y quienes apoyan a Sartori, mientras las causas judiciales y las acusaciones por el manejo de activos y decisiones estratégicas siguen sin resolverse.

El segundo año de gobierno en el segundo mandato de Nayib Bukele en El Salvador culminó con un crecimiento económico de 3.9% en 2025, reservas internacionales netas históricas, un auge de turismo y un récord en remesas, aunque persisten desequilibrios en el sector externo y aumentan las exigencias de ajuste fiscal.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país experimentó una inusual combinación de expansión, control inflacionario y presión sobre su balanza de pagos en el último año de gestión de Bukele, comprendido del 1 de junio de 2025 a mayo de 2026.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.9% el año pasado, con una proyección de 3.3% para 2026 según el FMI, cifras que superan la media de América Latina y el Caribe.

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el PIB nominal ascendió a 36,708 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción, el turismo y los servicios financieros. El crecimiento sectorial estuvo marcado por una aceleración en la construcción, que registró una expansión de 24.4%.

Este resultado se atribuye a una cartera de inversiones privadas superior a 9,000 millones de dólares, así como a proyectos de infraestructura pública. Los sectores de transporte y almacenamiento, junto con las actividades financieras, también reportaron variaciones positivas.

La seguridad continúa siendo uno de los factores que más inciden en el clima de negocios. El Plan Control Territorial, eje de la administración de Bukele, permitió una reducción de los homicidios, lo que favoreció el auge del turismo y la inversión.

El Ministerio de Turismo reportó que en 2025 el país recibió 4.1 millones de visitantes internacionales, generando ingresos superiores a 3,600 millones de dólares.

Entre enero y abril de 2026, la llegada de turistas extranjeros creció un 35% interanual, con más de 1.7 millones de personas, consolidando al turismo como uno de los nuevos pilares de la economía salvadoreña.

Durante el periodo comprendido entre 2025 y 2026, El Salvador mantuvo una inflación contenida en comparación con gran parte de la región. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y el Consejo Monetario Centroamericano, la inflación promedio en 2025 se ubicó en 0.93%, por debajo del promedio de 1.77% registrado en los últimos quince años. Esta estabilidad de precios respondió tanto al anclaje de la dolarización como a intervenciones focalizadas del Ejecutivo en sectores sensibles de la canasta básica.

Hacia finales de 2025, varias divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraron incluso tasas interanuales negativas. El transporte cayó -1.64%, las comunicaciones retrocedieron -0.88% y la vestimenta -0.48%. El comportamiento general del IPC durante ese año reflejó una prolongada estabilidad, sin registrar shocks abruptos en los precios internos.

No obstante, el escenario inflacionario comenzó a modificarse en el primer cuatrimestre de 2026. La inflación interanual subió hasta 1.47% en marzo y alcanzó 2.16% en abril, con una inflación mensual de 0.71% ese último mes.

El rubro de restaurantes y hoteles lideró los incrementos, con un alza del 4.22% interanual en abril, impulsada por el fuerte crecimiento de la demanda turística. Por su parte, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas —que representan el 26% de la canasta— aumentaron un 2.99% interanual, impactando especialmente en los hogares de menores ingresos.

A pesar de este repunte, las proyecciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén que la inflación promedio de El Salvador para 2026 se mantendrá en niveles bajos, entre el 1.8% y el 1.9%, consolidando al país como el de menor inflación en América Latina.

Entre los factores que explican el alza reciente se cuentan la presión de la demanda por el auge turístico, el encarecimiento de los alimentos y los efectos de las tensiones internacionales sobre los precios de materias primas y combustibles.

Las remesas constituyen el motor principal de la liquidez nacional. En 2025, El Salvador recibió 9,987 millones de dólares en remesas, un crecimiento del 17.8% respecto al año anterior y equivalente a cerca del 24% del PIB.

El 92% de los envíos provino de Estados Unidos, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de crédito, atribuyó este aumento al temor de cambios en la política migratoria estadounidense, lo que motivó a muchos migrantes a enviar mayores sumas a sus familias.

El monto promedio recibido por persona disminuyó levemente, evidenciando un fenómeno de concentración de remesas en segmentos específicos de la diáspora.

El comercio exterior mostró la fragilidad de la estructura económica salvadoreña. Las exportaciones totalizaron 6,428 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 17,848 millones, arrojando un déficit comercial de 11,419 millones de dólares, un incremento del 20.3%.

El auge de la construcción y el turismo incrementó la demanda de bienes intermedios importados, lo que, junto a la debilidad de los sectores transables, acentuó la dependencia de las divisas externas.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones crecieron 5% interanual, especialmente en los rubros textil y azucarero, favorecidas por la eliminación de aranceles temporales por parte de Estados Unidos. Guatemala y Honduras se mantuvieron como socios clave en la región centroamericana.

Las Reservas Internacionales alcanzaron niveles inéditos. En abril de 2026, el BCR reportó un saldo de 5,106 millones de dólares, con un crecimiento sostenido gracias a la entrada de remesas, divisas por turismo y la llegada de financiamiento multilateral tras el acuerdo con el FMI. Este acuerdo, por 1,400 millones de dólares, obligó al Estado a aumentar el encaje legal bancario hasta un 15% y a modificar la Ley Bitcoin, eliminando la obligatoriedad de su aceptación en el sector público.

Según el FMI, el fortalecimiento de las reservas ofrece un colchón frente a eventuales crisis de liquidez y facilita la estabilidad del régimen dolarizado.

El impacto social de estos indicadores se reflejó en la reducción de los índices de pobreza. La última la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), el principal relevamiento oficial de hogares indica que la pobreza monetaria descendió un 14.5% durante 2025, mientras la pobreza extrema cayó un 17.3%.

No obstante, persisten desafíos estructurales en el mercado laboral: la tasa de desempleo subió al 4.7%, y el subempleo afecta al 39% de la población económicamente activa urbana. Además, solo el 27% de la PEA está cubierta por el sistema previsional, que enfrenta una crisis de sostenibilidad.

En el terreno fiscal, el acuerdo con el FMI introdujo una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal y obliga al Estado a reducir el déficit y la deuda pública, con metas de superávit primario y límites claros para el endeudamiento futuro.

El FMI condicionó el desembolso de fondos a la presentación de una reforma integral del sistema de pensiones, que arrastra un déficit actuarial estimado en más de 16,000 millones de dólares.

El gobierno tenía plazo hasta mediados de 2026 para proponer una solución que garantice la viabilidad financiera sin comprometer la protección social, aunque hasta la fecha aún no se ha presentado dicha propuesta.