El segundo año de gobierno en el segundo mandato de Nayib Bukele en El Salvador culminó con un crecimiento económico de 3.9% en 2025, reservas internacionales netas históricas, un auge de turismo y un récord en remesas, aunque persisten desequilibrios en el sector externo y aumentan las exigencias de ajuste fiscal.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país experimentó una inusual combinación de expansión, control inflacionario y presión sobre su balanza de pagos en el último año de gestión de Bukele, comprendido del 1 de junio de 2025 a mayo de 2026.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.9% el año pasado, con una proyección de 3.3% para 2026 según el FMI, cifras que superan la media de América Latina y el Caribe.

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el PIB nominal ascendió a 36,708 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción, el turismo y los servicios financieros. El crecimiento sectorial estuvo marcado por una aceleración en la construcción, que registró una expansión de 24.4%.

Este resultado se atribuye a una cartera de inversiones privadas superior a 9,000 millones de dólares, así como a proyectos de infraestructura pública. Los sectores de transporte y almacenamiento, junto con las actividades financieras, también reportaron variaciones positivas.

La seguridad continúa siendo uno de los factores que más inciden en el clima de negocios. El Plan Control Territorial, eje de la administración de Bukele, permitió una reducción de los homicidios, lo que favoreció el auge del turismo y la inversión.

El Ministerio de Turismo reportó que en 2025 el país recibió 4.1 millones de visitantes internacionales, generando ingresos superiores a 3,600 millones de dólares.

Entre enero y abril de 2026, la llegada de turistas extranjeros creció un 35% interanual, con más de 1.7 millones de personas, consolidando al turismo como uno de los nuevos pilares de la economía salvadoreña.

Durante el periodo comprendido entre 2025 y 2026, El Salvador mantuvo una inflación contenida en comparación con gran parte de la región. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y el Consejo Monetario Centroamericano, la inflación promedio en 2025 se ubicó en 0.93%, por debajo del promedio de 1.77% registrado en los últimos quince años. Esta estabilidad de precios respondió tanto al anclaje de la dolarización como a intervenciones focalizadas del Ejecutivo en sectores sensibles de la canasta básica.

Hacia finales de 2025, varias divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraron incluso tasas interanuales negativas. El transporte cayó -1.64%, las comunicaciones retrocedieron -0.88% y la vestimenta -0.48%. El comportamiento general del IPC durante ese año reflejó una prolongada estabilidad, sin registrar shocks abruptos en los precios internos.

No obstante, el escenario inflacionario comenzó a modificarse en el primer cuatrimestre de 2026. La inflación interanual subió hasta 1.47% en marzo y alcanzó 2.16% en abril, con una inflación mensual de 0.71% ese último mes.

El rubro de restaurantes y hoteles lideró los incrementos, con un alza del 4.22% interanual en abril, impulsada por el fuerte crecimiento de la demanda turística. Por su parte, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas —que representan el 26% de la canasta— aumentaron un 2.99% interanual, impactando especialmente en los hogares de menores ingresos.

A pesar de este repunte, las proyecciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén que la inflación promedio de El Salvador para 2026 se mantendrá en niveles bajos, entre el 1.8% y el 1.9%, consolidando al país como el de menor inflación en América Latina.

Entre los factores que explican el alza reciente se cuentan la presión de la demanda por el auge turístico, el encarecimiento de los alimentos y los efectos de las tensiones internacionales sobre los precios de materias primas y combustibles.

Las remesas constituyen el motor principal de la liquidez nacional. En 2025, El Salvador recibió 9,987 millones de dólares en remesas, un crecimiento del 17.8% respecto al año anterior y equivalente a cerca del 24% del PIB.

El 92% de los envíos provino de Estados Unidos, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de crédito, atribuyó este aumento al temor de cambios en la política migratoria estadounidense, lo que motivó a muchos migrantes a enviar mayores sumas a sus familias.

El monto promedio recibido por persona disminuyó levemente, evidenciando un fenómeno de concentración de remesas en segmentos específicos de la diáspora.

El comercio exterior mostró la fragilidad de la estructura económica salvadoreña. Las exportaciones totalizaron 6,428 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 17,848 millones, arrojando un déficit comercial de 11,419 millones de dólares, un incremento del 20.3%.

El auge de la construcción y el turismo incrementó la demanda de bienes intermedios importados, lo que, junto a la debilidad de los sectores transables, acentuó la dependencia de las divisas externas.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones crecieron 5% interanual, especialmente en los rubros textil y azucarero, favorecidas por la eliminación de aranceles temporales por parte de Estados Unidos. Guatemala y Honduras se mantuvieron como socios clave en la región centroamericana.

Las Reservas Internacionales alcanzaron niveles inéditos. En abril de 2026, el BCR reportó un saldo de 5,106 millones de dólares, con un crecimiento sostenido gracias a la entrada de remesas, divisas por turismo y la llegada de financiamiento multilateral tras el acuerdo con el FMI. Este acuerdo, por 1,400 millones de dólares, obligó al Estado a aumentar el encaje legal bancario hasta un 15% y a modificar la Ley Bitcoin, eliminando la obligatoriedad de su aceptación en el sector público.

Según el FMI, el fortalecimiento de las reservas ofrece un colchón frente a eventuales crisis de liquidez y facilita la estabilidad del régimen dolarizado.

El impacto social de estos indicadores se reflejó en la reducción de los índices de pobreza. La última la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), el principal relevamiento oficial de hogares indica que la pobreza monetaria descendió un 14.5% durante 2025, mientras la pobreza extrema cayó un 17.3%.

No obstante, persisten desafíos estructurales en el mercado laboral: la tasa de desempleo subió al 4.7%, y el subempleo afecta al 39% de la población económicamente activa urbana. Además, solo el 27% de la PEA está cubierta por el sistema previsional, que enfrenta una crisis de sostenibilidad.

En el terreno fiscal, el acuerdo con el FMI introdujo una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal y obliga al Estado a reducir el déficit y la deuda pública, con metas de superávit primario y límites claros para el endeudamiento futuro.

El FMI condicionó el desembolso de fondos a la presentación de una reforma integral del sistema de pensiones, que arrastra un déficit actuarial estimado en más de 16,000 millones de dólares.

El gobierno tenía plazo hasta mediados de 2026 para proponer una solución que garantice la viabilidad financiera sin comprometer la protección social, aunque hasta la fecha aún no se ha presentado dicha propuesta.