El segundo año de gobierno en el segundo mandato de Nayib Bukele en El Salvador culminó con un crecimiento económico de 3.9% en 2025, reservas internacionales netas históricas, un auge de turismo y un récord en remesas, aunque persisten desequilibrios en el sector externo y aumentan las exigencias de ajuste fiscal.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país experimentó una inusual combinación de expansión, control inflacionario y presión sobre su balanza de pagos en el último año de gestión de Bukele, comprendido del 1 de junio de 2025 a mayo de 2026.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.9% el año pasado, con una proyección de 3.3% para 2026 según el FMI, cifras que superan la media de América Latina y el Caribe.

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el PIB nominal ascendió a 36,708 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción, el turismo y los servicios financieros. El crecimiento sectorial estuvo marcado por una aceleración en la construcción, que registró una expansión de 24.4%.

Este resultado se atribuye a una cartera de inversiones privadas superior a 9,000 millones de dólares, así como a proyectos de infraestructura pública. Los sectores de transporte y almacenamiento, junto con las actividades financieras, también reportaron variaciones positivas.

La seguridad continúa siendo uno de los factores que más inciden en el clima de negocios. El Plan Control Territorial, eje de la administración de Bukele, permitió una reducción de los homicidios, lo que favoreció el auge del turismo y la inversión.

El Ministerio de Turismo reportó que en 2025 el país recibió 4.1 millones de visitantes internacionales, generando ingresos superiores a 3,600 millones de dólares.

Entre enero y abril de 2026, la llegada de turistas extranjeros creció un 35% interanual, con más de 1.7 millones de personas, consolidando al turismo como uno de los nuevos pilares de la economía salvadoreña.

Durante el periodo comprendido entre 2025 y 2026, El Salvador mantuvo una inflación contenida en comparación con gran parte de la región. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y el Consejo Monetario Centroamericano, la inflación promedio en 2025 se ubicó en 0.93%, por debajo del promedio de 1.77% registrado en los últimos quince años. Esta estabilidad de precios respondió tanto al anclaje de la dolarización como a intervenciones focalizadas del Ejecutivo en sectores sensibles de la canasta básica.

Hacia finales de 2025, varias divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraron incluso tasas interanuales negativas. El transporte cayó -1.64%, las comunicaciones retrocedieron -0.88% y la vestimenta -0.48%. El comportamiento general del IPC durante ese año reflejó una prolongada estabilidad, sin registrar shocks abruptos en los precios internos.

No obstante, el escenario inflacionario comenzó a modificarse en el primer cuatrimestre de 2026. La inflación interanual subió hasta 1.47% en marzo y alcanzó 2.16% en abril, con una inflación mensual de 0.71% ese último mes.

El rubro de restaurantes y hoteles lideró los incrementos, con un alza del 4.22% interanual en abril, impulsada por el fuerte crecimiento de la demanda turística. Por su parte, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas —que representan el 26% de la canasta— aumentaron un 2.99% interanual, impactando especialmente en los hogares de menores ingresos.

A pesar de este repunte, las proyecciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén que la inflación promedio de El Salvador para 2026 se mantendrá en niveles bajos, entre el 1.8% y el 1.9%, consolidando al país como el de menor inflación en América Latina.

Entre los factores que explican el alza reciente se cuentan la presión de la demanda por el auge turístico, el encarecimiento de los alimentos y los efectos de las tensiones internacionales sobre los precios de materias primas y combustibles.

Las remesas constituyen el motor principal de la liquidez nacional. En 2025, El Salvador recibió 9,987 millones de dólares en remesas, un crecimiento del 17.8% respecto al año anterior y equivalente a cerca del 24% del PIB.

El 92% de los envíos provino de Estados Unidos, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de crédito, atribuyó este aumento al temor de cambios en la política migratoria estadounidense, lo que motivó a muchos migrantes a enviar mayores sumas a sus familias.

El monto promedio recibido por persona disminuyó levemente, evidenciando un fenómeno de concentración de remesas en segmentos específicos de la diáspora.

El comercio exterior mostró la fragilidad de la estructura económica salvadoreña. Las exportaciones totalizaron 6,428 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 17,848 millones, arrojando un déficit comercial de 11,419 millones de dólares, un incremento del 20.3%.

El auge de la construcción y el turismo incrementó la demanda de bienes intermedios importados, lo que, junto a la debilidad de los sectores transables, acentuó la dependencia de las divisas externas.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones crecieron 5% interanual, especialmente en los rubros textil y azucarero, favorecidas por la eliminación de aranceles temporales por parte de Estados Unidos. Guatemala y Honduras se mantuvieron como socios clave en la región centroamericana.

Las Reservas Internacionales alcanzaron niveles inéditos. En abril de 2026, el BCR reportó un saldo de 5,106 millones de dólares, con un crecimiento sostenido gracias a la entrada de remesas, divisas por turismo y la llegada de financiamiento multilateral tras el acuerdo con el FMI. Este acuerdo, por 1,400 millones de dólares, obligó al Estado a aumentar el encaje legal bancario hasta un 15% y a modificar la Ley Bitcoin, eliminando la obligatoriedad de su aceptación en el sector público.

Según el FMI, el fortalecimiento de las reservas ofrece un colchón frente a eventuales crisis de liquidez y facilita la estabilidad del régimen dolarizado.

El impacto social de estos indicadores se reflejó en la reducción de los índices de pobreza. La última la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), el principal relevamiento oficial de hogares indica que la pobreza monetaria descendió un 14.5% durante 2025, mientras la pobreza extrema cayó un 17.3%.

No obstante, persisten desafíos estructurales en el mercado laboral: la tasa de desempleo subió al 4.7%, y el subempleo afecta al 39% de la población económicamente activa urbana. Además, solo el 27% de la PEA está cubierta por el sistema previsional, que enfrenta una crisis de sostenibilidad.

En el terreno fiscal, el acuerdo con el FMI introdujo una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal y obliga al Estado a reducir el déficit y la deuda pública, con metas de superávit primario y límites claros para el endeudamiento futuro.

El FMI condicionó el desembolso de fondos a la presentación de una reforma integral del sistema de pensiones, que arrastra un déficit actuarial estimado en más de 16,000 millones de dólares.

El gobierno tenía plazo hasta mediados de 2026 para proponer una solución que garantice la viabilidad financiera sin comprometer la protección social, aunque hasta la fecha aún no se ha presentado dicha propuesta.

Mientras se tensa más la situación geopolítica en en torno al Estrecho de Ormuz, la cotización internacional del petróleo operó con alzas próximas al 5%, a la vez que los principales indicadores de Wall Street se recuperaron de las bajas de la mañana y concluyeron con nuevos máximos históricos.

El Dow Jones de Industriales ganó 0,1%, en los 51.078 puntos; el panel tecnológico Nasdaq subió 0,4%, a 27.086 unidades, mientras que el promedio S&P 500 avanzó 0,3%, en los 7.599 puntos.

El crudo Brent del Mar del Norte subió 4,6%, a USD 95,19 el barril con entrega en agosto. El WTI (crudo intermedio de Texas) también terminó negociado con alza de 5,5%, a USD 92,19 el barril para julio.

En los últimos tres meses, a partir del inicio de las hostilidades en Oriente Medio entre los EEUU e Israel contra Irán, el precio del petróleo se incrementó en un 40% -con picos cercanos a USD 120 el barril-, un movimiento alcista que preocupó por sus consecuencias sobre la inflación global, el efecto negativo sobre la actividad económica y la dificultad para bajar las tasas de interés.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó este lunes que el equipo negociador de Teherán suspendió el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de mediadores debido a los ataques contra el Líbano, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Irán, que ya dura tres meses.

La agencia reportó que Irán y el Frente de Resistencia, que incluye a sus aliados chiíes en Yemen, Líbano e Irak, han establecido un plan para bloquear completamente el estrecho de Ormuz y activar otros frentes, incluido el estrecho de Bab el Mandeb, con el fin de “castigar” a Israel y a sus partidarios.

Si los hutíes, aliados de Irán en Yemen, abren un nuevo frente en el conflicto, un objetivo obvio sería el estrecho de Bab el Mandeb, frente a la costa de Yemen, un punto clave para el tráfico marítimo y un estrecho paso que controla el tráfico marítimo hacia el Canal de Suez.

“Una violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, a través de un mensaje publicado en la red social “X”, en referencia a las operaciones israelíes en el Líbano.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero causó la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y El Líbano. También ha provocado dificultades económicas a nivel mundial al hacer subir los precios de la energía, ya que Irán cerró de facto el Estrecho de Ormuz, una ruta de suministro vital a nivel mundial para el petróleo y el gas natural licuado.

“Los funcionarios y negociadores iraníes han hecho hincapié en el cese inmediato de las agresivas y brutales operaciones militares del régimen sionista en Gaza y el Líbano, así como en la necesidad de la retirada total del régimen de las zonas ocupadas en el Líbano, y no habrá conversaciones hasta que se satisfagan las opiniones de Irán y de la resistencia sobre este asunto”, añadió Tasnim.

“Los mercados iniciaron junio sopesando señales contradictorias sobre un acuerdo de paz provisional en Oriente Medio que esperaba la aprobación del presidente Trump”, reportó Yahoo Finance. Este lunes, Donald Trump publicó en “Truth Social” que “todo saldrá bien”, incluso después del intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana.

“Seguirá siendo importante en los próximos días la evolución del conflicto en Medio Oriente, que continúa entre idas y vueltas. Esto se debe a que cualquier señal relacionada con el crudo puede cambiar el apetito por los activos de riesgo”, señalaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

La crisis en la industria avícola golpea fuerte, tanto en la producción como en los puestos de trabajo y los salarios. Un fiel reflejo de este cóctel explosivo es Granja Tres Arroyos, que frenó su actividad en la planta instalada en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), donde peligran unos 1.000 empleos directos, lo que ya trae graves consecuencias económicas en la ciudad, impactando principalmente en el consumo diario y la caída del comercio.

Tanto la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) como la seccional Concepción del Uruguay del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) señalaron que la compañía «desde hace años, viene incurriendo en una serie de irregularidades como el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo o hechos de precarización laboral».

Indicaron que «las políticas de ajustes son descargadas sobre las espaldas de quienes sostienen diariamente la producción y la falta de pago de los salarios en tiempo y forma», por lo que rechazaron «categóricamente las acusaciones que intentan responsabilizar a las organizaciones gremiales y a los legítimos reclamos gremiales por el cierre de la planta y la paralización de la actividad».

Granja Tres Arroyos: números de la empresa al «rojo vivo»  

Asimismo, explicaron que «la situación de Granja Tres Arroyos no es consecuencia de la acción sindical, sino el resultado directo de la mala gestión empresarial y el desmanejo económico financiero que incurre en reiterados incumplimientos patronales, precarización laboral y políticas de ajuste».

Según se informó, la planta pasó de procesar 700.000 pollos diarios a apenas 200.000 ejemplares, en tanto que el 85 por ciento de los productores denunciaron la falta de insumos básicos y una cadena de pagos rota.

Los 950 trabajadores y trabajadoras de la fábrica fueron notificados de la interrupción de sus tareas, al tiempo que registra una deuda financiera de unos 51.700 millones de pesos y una exigible carga previsional de 7.272 millones de pesos que no ha podido honrar, con la existencia de 280 cheques rechazados por falta de fondos, agregando que, sólo en mayo, la empresa sumó 75 cheques rechazados por un monto cercano a los 4.000 millones de pesos.

El gremio advierte por despidos y atraso en el pago de sueldos

Tanto la Federación como la seccional del gremio de la aclararon que «las y los trabajadores siempre acompañamos con esfuerzo y responsabilidad distintas propuestas para sostener la actividad; sin embargo, lejos de resolver la situación, la patronal profundizó el ajuste mediante despidos, rebajas salariales, eliminación de adicionales e incumplimiento de acuerdos firmados». 

Apuntaron que «actualmente, la empresa mantiene impagas la segunda quincena de abril y la primera quincena de mayo» y resaltaron: «El plan de pagos propuesto unilateralmente por la patronal tampoco fue cumplido: solo se abonó una cuota y media.  A esto se suman incumplimientos en el pago del aguinaldo, vacaciones adeudadas, retenciones no depositadas, falta de aportes a la obra social y no transferencia de las cuotas alimentarias ordenadas por gestión judicial. Hoy existen trabajadores y trabajadoras que no pueden afrontar obligaciones básicas ni sostener a sus familias».

También destacaron «el sobreesfuerzo permanente impuesto por la reducción de personal y la negativa a sumar nuevos operarios, situación que pone en riesgo la salud física y mental de las y los compañeros», dejando en claro que «las medidas gremiales adoptadas jamás fueron inflexibles ni desproporcionadas. Existió voluntad de diálogo desde el primer momento y las vías institucionales de negociación nunca fueron abandonadas por esta organización». 

Por último, reafirmaron la decisión de «defender cada fuente laboral, exigir el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones salariales y laborales pendientes y continuar sosteniendo todas las instancias de diálogo, siempre dentro del marco legal y en defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores».