Bioceres Crop Solutions denunció una presunta estafa por USD 12 millones que involucra a su exdirectiva Gloria Montarón Estrada.

Según la presentación hecha ante la justicia de Santa Fe el miércoles pasado, Montarón Estrada habría transferido 5,3 millones de acciones de la empresa, lo que habría causado un perjuicio económico para Bioceres y, de manera indirecta, para sus accionistas y acreedores.

La denuncia ubica los hechos en octubre de 2025. Allí se detalla que la operación se realizó a través de una carta de indemnidad, mediante la cual se evitó el trámite habitual de certificación de firmas y se liberó de responsabilidad a la entidad que custodiaba las acciones. Todo el proceso, según comentaron fuentes cercanas al caso a Infobae, fue gestionado por Montarón Estrada, quien en ese momento ya no era parte de Bioceres, sino que presidía el directorio y encabezaba el área legal de Moolec, la holding que controlaba toda la operación.

De acuerdo al escrito judicial, la carta presentada incluía una firma falsa atribuida a Federico Trucco, CEO de Bioceres. Trucco declaró que nunca firmó ese documento ni autorizó a nadie a hacerlo en su nombre. La denuncia sostiene que Montarón Estrada habría aprovechado su relación previa con la empresa para ejecutar la maniobra.

La operación culminó con la transferencia de las acciones a una firma vinculada al ecosistema de Moolec Science, lo que generó una pérdida para Bioceres Crop Solutions, que fue uno los apéndices de la empresa que cotiza en Wall Street (BIOX) y hoy funciona de manera separada, y sus accionistas. Voceros de los fundadores y exdirectores de Bioceres S.A. afirman que los nuevos accionistas, entre ellos el empresario uruguayo, Juan Sartori, no estaban al tanto de la maniobra y señalan a Montarón Estrada como principal responsable.

En el centro del conflicto, marcado por denuncias cruzadas y graves acusaciones económicas, están Federico Trucco, CEO y fundador de la compañía, y Juan Sartori, empresario uruguayo, exsenador y exprecandidato presidencial, quien ingresó como accionista en 2025.

El enfrentamiento entre Trucco y Sartori atraviesa el presente de Bioceres y explica el trasfondo de la crisis. En los últimos años, la compañía biotecnológica, que alguna vez fue señalada como potencial unicornio argentino, quedó envuelta en una profunda crisis financiera y societaria. El conflicto se agudizó luego del ingreso de Sartori como accionista tras la convocatoria de Trucco.

La relación se deterioró rápidamente y derivó en una “guerra de comunicados” y denuncias cruzadas. La nueva conducción, encabezada por Sartori, responsabilizó a Trucco y a la gestión anterior por el deterioro patrimonial y la caída del valor de la empresa. De hecho, atribuyó el colapso financiero a decisiones tomadas bajo la conducción centralizada de Trucco, incluyendo la emisión de pagarés bursátiles, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones de deuda. Alegaron que estas maniobras terminaron por agravar la exposición financiera del grupo y precipitaron el pedido de quiebra de Bioceres S.A., presentado como una “medida necesaria” ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones exigibles.

Por su parte, allegados a Trucco rechazan la versión de la nueva conducción y acusan a Sartori de haber impulsado el default de pagarés y una estrategia hostil con los acreedores. Según fuentes cercanas al ex CEO, Sartori intentó desplazarlo del control de BIOX con una oferta hostil que no prosperó, y luego avanzó con la venta de acciones a pérdida, lo que habría generado una pérdida adicional de unos USD 20 millones. Además, señalan que la quiebra de Bioceres S.A., decretada el pasado 3 de marzo por la justicia santafesina, fue utilizada como herramienta de presión societaria en medio del proceso judicial.

El conflicto escaló en los últimos meses, en paralelo a la caída del valor de las acciones de BIOX en el Nasdaq, que pasaron de USD 7 a menos de USD 1 desde el ingreso de Sartori. Hoy la acción cotiza a USD 0,49, uno de los valores mas altos del papel de BIOX en todo mayo, aunque tuvo picos de USD 0,54. En este escenario, la empresa se encuentra dividida entre quienes responden a Trucco y quienes apoyan a Sartori, mientras las causas judiciales y las acusaciones por el manejo de activos y decisiones estratégicas siguen sin resolverse.

El segundo año de gobierno en el segundo mandato de Nayib Bukele en El Salvador culminó con un crecimiento económico de 3.9% en 2025, reservas internacionales netas históricas, un auge de turismo y un récord en remesas, aunque persisten desequilibrios en el sector externo y aumentan las exigencias de ajuste fiscal.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país experimentó una inusual combinación de expansión, control inflacionario y presión sobre su balanza de pagos en el último año de gestión de Bukele, comprendido del 1 de junio de 2025 a mayo de 2026.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.9% el año pasado, con una proyección de 3.3% para 2026 según el FMI, cifras que superan la media de América Latina y el Caribe.

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el PIB nominal ascendió a 36,708 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción, el turismo y los servicios financieros. El crecimiento sectorial estuvo marcado por una aceleración en la construcción, que registró una expansión de 24.4%.

Este resultado se atribuye a una cartera de inversiones privadas superior a 9,000 millones de dólares, así como a proyectos de infraestructura pública. Los sectores de transporte y almacenamiento, junto con las actividades financieras, también reportaron variaciones positivas.

La seguridad continúa siendo uno de los factores que más inciden en el clima de negocios. El Plan Control Territorial, eje de la administración de Bukele, permitió una reducción de los homicidios, lo que favoreció el auge del turismo y la inversión.

El Ministerio de Turismo reportó que en 2025 el país recibió 4.1 millones de visitantes internacionales, generando ingresos superiores a 3,600 millones de dólares.

Entre enero y abril de 2026, la llegada de turistas extranjeros creció un 35% interanual, con más de 1.7 millones de personas, consolidando al turismo como uno de los nuevos pilares de la economía salvadoreña.

Durante el periodo comprendido entre 2025 y 2026, El Salvador mantuvo una inflación contenida en comparación con gran parte de la región. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y el Consejo Monetario Centroamericano, la inflación promedio en 2025 se ubicó en 0.93%, por debajo del promedio de 1.77% registrado en los últimos quince años. Esta estabilidad de precios respondió tanto al anclaje de la dolarización como a intervenciones focalizadas del Ejecutivo en sectores sensibles de la canasta básica.

Hacia finales de 2025, varias divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraron incluso tasas interanuales negativas. El transporte cayó -1.64%, las comunicaciones retrocedieron -0.88% y la vestimenta -0.48%. El comportamiento general del IPC durante ese año reflejó una prolongada estabilidad, sin registrar shocks abruptos en los precios internos.

No obstante, el escenario inflacionario comenzó a modificarse en el primer cuatrimestre de 2026. La inflación interanual subió hasta 1.47% en marzo y alcanzó 2.16% en abril, con una inflación mensual de 0.71% ese último mes.

El rubro de restaurantes y hoteles lideró los incrementos, con un alza del 4.22% interanual en abril, impulsada por el fuerte crecimiento de la demanda turística. Por su parte, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas —que representan el 26% de la canasta— aumentaron un 2.99% interanual, impactando especialmente en los hogares de menores ingresos.

A pesar de este repunte, las proyecciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén que la inflación promedio de El Salvador para 2026 se mantendrá en niveles bajos, entre el 1.8% y el 1.9%, consolidando al país como el de menor inflación en América Latina.

Entre los factores que explican el alza reciente se cuentan la presión de la demanda por el auge turístico, el encarecimiento de los alimentos y los efectos de las tensiones internacionales sobre los precios de materias primas y combustibles.

Las remesas constituyen el motor principal de la liquidez nacional. En 2025, El Salvador recibió 9,987 millones de dólares en remesas, un crecimiento del 17.8% respecto al año anterior y equivalente a cerca del 24% del PIB.

El 92% de los envíos provino de Estados Unidos, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de crédito, atribuyó este aumento al temor de cambios en la política migratoria estadounidense, lo que motivó a muchos migrantes a enviar mayores sumas a sus familias.

El monto promedio recibido por persona disminuyó levemente, evidenciando un fenómeno de concentración de remesas en segmentos específicos de la diáspora.

El comercio exterior mostró la fragilidad de la estructura económica salvadoreña. Las exportaciones totalizaron 6,428 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 17,848 millones, arrojando un déficit comercial de 11,419 millones de dólares, un incremento del 20.3%.

El auge de la construcción y el turismo incrementó la demanda de bienes intermedios importados, lo que, junto a la debilidad de los sectores transables, acentuó la dependencia de las divisas externas.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones crecieron 5% interanual, especialmente en los rubros textil y azucarero, favorecidas por la eliminación de aranceles temporales por parte de Estados Unidos. Guatemala y Honduras se mantuvieron como socios clave en la región centroamericana.

Las Reservas Internacionales alcanzaron niveles inéditos. En abril de 2026, el BCR reportó un saldo de 5,106 millones de dólares, con un crecimiento sostenido gracias a la entrada de remesas, divisas por turismo y la llegada de financiamiento multilateral tras el acuerdo con el FMI. Este acuerdo, por 1,400 millones de dólares, obligó al Estado a aumentar el encaje legal bancario hasta un 15% y a modificar la Ley Bitcoin, eliminando la obligatoriedad de su aceptación en el sector público.

Según el FMI, el fortalecimiento de las reservas ofrece un colchón frente a eventuales crisis de liquidez y facilita la estabilidad del régimen dolarizado.

El impacto social de estos indicadores se reflejó en la reducción de los índices de pobreza. La última la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), el principal relevamiento oficial de hogares indica que la pobreza monetaria descendió un 14.5% durante 2025, mientras la pobreza extrema cayó un 17.3%.

No obstante, persisten desafíos estructurales en el mercado laboral: la tasa de desempleo subió al 4.7%, y el subempleo afecta al 39% de la población económicamente activa urbana. Además, solo el 27% de la PEA está cubierta por el sistema previsional, que enfrenta una crisis de sostenibilidad.

En el terreno fiscal, el acuerdo con el FMI introdujo una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal y obliga al Estado a reducir el déficit y la deuda pública, con metas de superávit primario y límites claros para el endeudamiento futuro.

El FMI condicionó el desembolso de fondos a la presentación de una reforma integral del sistema de pensiones, que arrastra un déficit actuarial estimado en más de 16,000 millones de dólares.

El gobierno tenía plazo hasta mediados de 2026 para proponer una solución que garantice la viabilidad financiera sin comprometer la protección social, aunque hasta la fecha aún no se ha presentado dicha propuesta.

La buena noticia es que, por fin, después de nueve meses, se rompió la racha de caída interanual en la recaudación impositiva. La mala noticia es que el motivo para este quiebre de tendencia no es un aumento real de los impuestos vinculados a la producción y el comercio, sino a que venció el saldo de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias Sociedades con cierre diciembre correspondiente al período fiscal 2025.

Como el año pasado se había producido una disminución del saldo a ingresar, por los anticipos que se habían hecho en el período fiscal 2024, quedó una base de comparación muy baja, que hace que el rubro de Ganancias registre ahora un aumento de 67,9% en la caja de ARCA.

Gracias a ese efecto es que la recaudación impositiva de mayo tuvo un incremento nominal de 35,6% -lo que implica un aumento real de 1,6% cuando se descuenta la inflación-. Pero la realidad es que, si se excluyera el impuesto a las Ganancias, el resto de la recaudación apenas varió un 21,7% nominal, lo que implica una brusca caída de 8,8% en comparación con el año pasado.

Es una situación que contradice las expectativas, sobre todo por el aporte del comercio exterior. En las últimas semanas, en el ámbito del campo se había proyectado una posible exportación de más de u$s4.000 millones, lo cual generaría una recuperación explosiva de la recaudación por retenciones. Esa revisión de las cifras, plasmada en las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, hacía prever un salto de 50% en la recaudación, aun cuando este año está rigiendo una alícuota menor para los productores de soja y maíz.

Sin embargo, la cifra registrada, pese a ser un 7% mayor que la de abril pasado y mostrar el volumen más alto del año, sigue siendo pequeña si se la compara con mayo 2025, cuando se produjo un boom exportador por la rebaja temporaria de las retenciones. Hace un año, la exportación agrícola había sido de u$s3.054 millones.

Esa combinación de una caída en el volumen exportado y una menor alícuota del impuesto -la soja tributa ahora 24% contra un 26% del año pasado-, hace que la «lluvia de dólares» que celebra el gobierno todavía no se vea reflejada plenamente en las cifras de la recaudación tributaria.

Como, además, las importaciones muestran un estancamiento, también ese rubro del comercio exterior ha dejado un aporte menguado en las arcas fiscales: la recaudación por aranceles creció apenas un 5,4% nominal -en términos reales, un desplome de 15%.

Una recaudación poco reactiva

Pero no terminan ahí las malas noticias. Porque el IVA, el impuesto por excelencia ligado a la actividad comercial e industrial, mostró una nueva caída, después de haber amagado en los últimos meses con una recuperación.

En mayo, el IVA impositivo -es decir, sin incluir al que se cobra en la Aduana- tuvo un aumento nominal de 29,3%, lo que implica una caída de 3% interanual en términos reales. Es un dato que parece contradecir la prédica oficialista sobre una recuperación en el consumo.

Incluso el impuesto al Cheque, que venía mostrando dinamismo, mostró también una caída interanual. Dado que este gravamen representa casi un 8% del total de la recaudación, esta caída implica una situación preocupante desde el punto de vista fiscal.

Una situación similar ocurrió con los tributos vinculados a la seguridad social, como los aportes y contribuciones patronales, que registraron caídas en torno de 5%, confirmando los temores sobre la erosión salarial y del empleo en el sector privado registrado.

Además, incide otro factor: en mayo comenzó a aplicarse el beneficio incluido en la ley de reforma laboral, mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador incorporado hasta abril de 2027.

Esta situación hace prever que en los próximos meses también se registren mermas en la comparación interanual de la recaudación de la Anses.

¿Lo que viene es peor?

La excepción en ese panorama desalentador fue, como era previsible, la recaudación por el impuesto a los combustibles. En un contexto de incremento de precios por la suba internacional del petróleo, este gravamen contribuyó a la caja de ARCA un 42,6% más que hace un año. Esto implica, en términos reales, una suba de 6,8%.

Así, Combustibles ya representa un 2,5% del total recaudado, lo cual lo pone en un escalón similar a las retenciones a la exportación.

¿Qué esperar para el corto plazo? En términos de variación interanual, es posible que se vuelva a ver números negativos, dado que resultará difícil que en junio se pueda superar el récord de $1,2 billón que recaudó ARCA hace un año en el mes de mejor exportación agrícola.

Ajustada por inflación, esa cifra equivaldría a $1,6 billones de hoy. Para estar a tono con esa cifra, el aporte del campo por concepto de retenciones tendría que triplicarse respecto de su nivel actual.

Igualmente, es probable que en junio haya una mejora intermensual respecto de mayo, dado que ante la cosecha mejor a la proyectada inicialmente –se levantarán 50 millones de toneladas de soja y 68 millones de toneladas de maíz- y visto el intenso movimiento logístico en la zona portuaria de Rosario, se prevé que los números de exportación seguirán mejorando.

La incógnita es cuál será el comportamiento del IVA, que por ahora parece dar la razón a los analistas críticos, que hablan de una tendencia de enfriamiento de la economía.

El IVA es uno de los motores de la recaudación, con un 32% del total recaudado. Si bien en los momentos de inflación alta registra subas nominales -porque está vinculado a los precios-, suele reflejar una caída en consonancia con las caídas reales de salario real. En las últimas semanas hubo firmas de convenios por parte de los gremios más numerosos, lo que podría implicar una recuperación en el consumo, con la correspondiente suba en el aporte del IVA al fisco.

Sea cual sea la situación, lo que los números de la recaudación parecen confirmar es que, para asegurarse el superávit fiscal primario -el objetivo es 1,4% del PBI-, el gobierno deberá maximizar su esfuerzo de «motosierra» sobre el gasto público. De hecho, es algo que ya se está notando con el recorte de subsidios estatales, lo cual tiene su correlato en los incrementos tarifarios de los servicios públicos que empiezan a regir en junio.